La Plataforma Agraria, sin ser una opción partidaria, reivindica su derecho a participar políticamente en este proceso electoral mediante la difusión y el debate de sus propuestas para atender la grave problemática que vive la mayoría de habitantes en las zonas rurales. Es limitado otorgar únicamente espacios de difusión pública a los partidos políticos y sus respectivos candidatos. Expresiones de la sociedad civil, no empresarial, demandamos que se tomen en cuenta nuestras iniciativas políticas en este proceso electoral. Durante casi tres años, hemos trabajado en definir una propuesta de desarrollo rural, titulada "Abriendo Brecha", y un plan de emergencia por la crisis del café, que nombramos "Reforma Cafetalera". Un proceso de reflexión y debate de 25 organizaciones sociales, grupos de acompañamiento y centros de investigación es el origen de ambas iniciativas. Las cinco medidas que proponemos en esta mesa redonda tienen el respaldo de la Plataforma Agraria, una alianza multisectorial, cuyo punto de unión es el compromiso de fortalecer el movimiento campesino y rural, capaz de lograr las transformaciones estructurales y la atención de demandas inmediatas que exige el agro guatemalteco para mejorar la calidad de vida de las personas excluidas por siglos de la riqueza generada en nuestro país. La primer medida sugerida se vincula a democratizar el acceso a la tierra y otros recursos, con base en el enunciado de "restitución y compensación de derechos" establecido en los Acuerdos de Paz; así como en los principios de que la tierra es para quien la trabaja, la función social de la propiedad y el reconocimiento de los derechos históricos. En los primeros 100 días del próximo gobierno demandamos la aplicación del recurso de la expropiación (reconocido constitucionalmente) en casos de tierras abandonadas y en fincas que tengan un mínimo de dos años con ilegalidades laborales cometidas por los empleadores. Ello para iniciar la redistribución de la riqueza, indispensable para disminuir los índices de pobreza en el campo. La segunda medida propuesta es hacer realidad sin más tardanza el compromiso de aplicar un impuesto sobre tierras ociosas que impulse a los propietarios de grandes extensiones a hacerlas productivas, ya sea generando empleos o trasladando dichas propiedades a campesinas y campesinos sin tierra. Las grandes zonas cafetaleras han significado explotación y pobreza para la población trabajadora, actualmente han reducido drásticamente las fuentes de empleo. Al trasladar dichas propiedades a la economía campesina, que por cierto tiene mayor capacidad para realizar la diversificación de cultivos e incrementar la productividad, se abrirán oportunidades a los conglomerados rurales tradicionalmente rezagados. La negación del derecho a la alimentación y al trabajo para miles de familias campesinas exige un instrumento para el desarrollo agropecuario, no un mecanismo de intermediación financiera como el Fondo de Tierras, que por cierto debió ser reestructurado desde 1999. La dotación de tierras vía el mercado en los últimos siete años ha demostrado que ese instrumento ha tenido un mal funcionamiento, extrema burocracia, gastos elevados y no resuelve la demanda de miles de solicitantes. La Plataforma Agraria plantea como tercera medida que la adjudicación de tierra tiene que ser a escala suficiente, dentro de zonas de desarrollo para establecer cadenas productivas, con acceso a recursos de infraestructura y posibilidad para articular otras economías no agropecuarias. Todo esto lo ignora el Fondo de Tierras. Por tal razón, proponemos que la adjudicación de tierras sea a través de vías extra financieras, no vía créditos con intereses ni menos a precios del mercado. Asimismo, demandamos la condonación de deudas a grupos que obtuvieron terrenos con el fondo, ya que éstas son impagables. Otro punto relevante en el marco de los cambios legislativos urgentes se refiere al cumplimiento de las obligaciones patronales. Es urgente el reconocimiento jurídico pleno de las mujeres, en su calidad de trabajadoras del campo (independientemente de su condición de madre o estado civil). Esto pasa por reconocerlas como sujetas de derecho laboral, no como coadyuvantes en tareas agrícolas. Esta demanda ningún partido político la ha defendido, a pesar de que desde hace años grupos de mujeres y dos alianzas de organizaciones de mujeres rurales lo han exigido. La Plataforma Agraria demanda como cuarta medida modificar el artículo 139 del Código de Trabajo para que a las trabajadoras agrícolas se vinculen al empleador con un contrato y así garantizar que reciban sus prestaciones laborales como pago del séptimo día, vacaciones, Bono 14, así como las prerrogativas que protegen la maternidad y periodos de lactancia. La asignación presupuestal aprobada por el Congreso cada año tiene que estar en función de las necesidades urgentes de la población. El espacio urbano rebasa sustancialmente a lo rural debido a que se ha visto lo rural en función de lo urbano. Esta lógica debe cambiar, al igual que el enfoque militarista que asigna elevados recursos al Ministerio de la Defensa. La Plataforma Agraria exige como quinta medida que los diputados reduzcan el presupuesto para el ejército en un 50%. En su lugar, proponemos que el Presupuesto Nacional del 2004 incluya una asignación para ejecutar sin tardanza el Plan de Atención Social por la Crisis del Café. Así se garantizará que este plan se convierta en política pública para los próximos años y se cumplan sus cuatro ejes: apoyo en alimentos y subsidio para arrendamiento, soluciones ágiles y efectivas a problemas agrarios y laborales, acceso a tierras y recursos proyectos productivos para economías campesinas. Estas cinco medidas propuestas se inscriben dentro de una reforma agraria que inicie hoy con una visión de futuro, que busque la equidad de oportunidades, tenga congruencia con la realidad sociocultural de Guatemala, aliente la participación social y sostenga un enfoque crítico a las políticas neoliberales. * Plataforma Agraria. Ciudad Guatemala.