Después de casi tres semanas de intensas movilizaciones que desembocaron en una multitudinaria marcha, al presidente Abel Pacheco no le quedó más remedio que ceder a las demandas planteadas por los trabajadores del Instituto de Energía Costarricense (ICE). La serie de demandas sociales organizadas y una demostración colectiva que reunió a más de 50 mil personas de diferentes sectores de la sociedad civil concluyó con uno de los paros más importantes de la huelga general convocada por los sindicatos estatales y diversos sectores de la sociedad civil. Los movimientos sociales reclaman al gobierno un giro en su política neoliberal; así como la destitución de su equipo económico. Movilizaciones de este tipo no tienen precedentes en Costa Rica, país centroamericano de bajo perfil de conflictividad social. Al cumplir su primer año de gobierno, el presidente costarricense Abel Pacheco enfrenta una de las más graves crisis políticas en la historia reciente de Costa Rica. En las elecciones del 2002, Pacheco lleva por segunda vez consecutiva al Partido de Unidad Social Cristiana (PUSC) al poder. A pesar de sus promesas de gobierno, el nuevo presidente continúa y profundiza las políticas de ajuste estructural que en toda Latinoamérica poseen el mismo estilo: recorte del presupuesto fiscal en las áreas sociales, privatización de los servicios públicos, elevación de impuestos y del pago a la deuda externa. A más de una amplia apertura a los tratados de libre comercio y la manifiesta adhesión a los Estados Unidos en el caso de la guerra contra Iraq. Es a partir de este panorama, que se genera un creciente descrédito de la clase política de Costa Rica; así como el resurgimiento de una lucha social antes incipiente en el país. Descontento manifestado en una serie de protestas y reclamos que el 16 de mayo provocaría la huelga del Instituto Costarricense de Energía, la que más tarde se convertiría en el emblema de lucha de diversas organizaciones de la sociedad civil. La huelga del ICE se lleva a cabo principalmente por un recorte de su presupuesto, el que le impediría ejecutar obras de mantenimiento, mejoras e inversión; y que también afectaría gravemente a la oferta de prestaciones del Instituto. Existe la sospecha de que este haya sido un intento de forzar la privatización del servicio eléctrico costarricense. El ICE es una institución que a más de ser considerada un oferente de calidad, genera superávit en sus operaciones. A la causa del ICE se sumaron los sindicatos estatales, incluyendo el gremio de maestros, y más de 35 organizaciones ecologistas, comunales y grupos religiosos que declararon su apoyo a la protesta. Los temas principales de la agenda unificada de la huelga se centran en el financiamiento del presupuesto del ICE, la asignación completa de los pagos correspondientes al sistema escolar público y la solución de los problemas de la provincia afro- costarricense de Limón. Aunque en principio la huelga del ICE se halla concluida, la tensión se mantiene en el país. Los conflictos del gobierno con los gremios de la educación -de los más poderosos de Costa Rica- y con la provincia del Limón aún están por resolver. La crisis costarricense ha llegado a tal punto que dos diputados cercanos al mandatario costarricense y seis de sus ministros han abandonado la administración. Por otro lado, dirigentes sindicales han denunciado fuertes represiones por parte del gobierno. Además, han manifestado que a pesar de que en Costa Rica el derecho a huelga está previsto en la Constitución, todos estos actos son declarados ilegales en el país. Principalmente, debido a que la legislación exige un mínimo del 60% de adhesión a esta medida por parte de los trabajadores de la institución o la empresa paralizada; exigencia que requiere de listas de personas que más tarde son utilizadas para despidos. Además, el procedimiento judicial para su legalidad es sumamente prolongado (su duración promedio es de tres años). Razón por la cual, los sindicatos de trabajadores han manifestado su profunda preocupación por la falta de libertad laboral, así como por la implementación de políticas de libre comercio atentatorias contra el bienestar nacional. Negociaciones del PPP y el TLC A tiempo que los movimientos sociales costarricenses se hallan preocupados por las indiscriminadas formas de apertura comercial, como el Tratado de Libre Comercio (TLC), el Plan Puebla Panamá, y el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), la política de Estado del gobierno de Pacheco mantiene distancias y acercamientos con sus vecinos. Costa Rica no pertenece al Parlamento Centroamericano; sin embargo, busca el liderazgo de la región, tanto en las negociaciones del TLC Centroamericano con los Estados Unidos (CAFTA), como en la implementación del Plan Puebla Panamá, plan promovido por los norteamericanos para la creación de una infraestructura regional, consistente en la modernización y privatización de servicios eléctricos, de comunicaciones, e interconexión vial. En los asuntos del ALCA, esta nación centroamericana se muestra cautelosa. Vale recalcar el hecho de que este país ha firmado acuerdos de libre comercio con la República Dominicana y se halla en el mismo proceso con Chile y Canadá. Además explora la posibilidad de entablar negociaciones con Trinidad y Tobago y Corea del Sur. Mientras el gobierno norteamericano considera que las negociaciones para la firma del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y Centroamérica (CAFTA) van por buen rumbo, los movimientos sociales y organizaciones sindicales de Costa Rica han protestado y denunciado irregularidades en este nuevo tipo de tratados internacionales. Entre las denuncias consta, el pago de millonarias sumas de dinero a negociadores costarricenses por parte de la Fundación CR-USA, ex?USA-AID. De la misma manera, diversos sectores de la sociedad civil han manifestado que los objetivos del TLC atentan contra el beneficio nacional, pues, entre los mandatos de los negociadores norteamericanos constan, la reducción o eliminación de las barreras y obstáculos al comercio internacional de servicios, a la inversión extranjera, o a cualquier actividad que pudiese disminuir las oportunidades de mercado para las exportaciones de los EUA. También existe la desconfianza de que a través del Plan Puebla Panamá, multinacionales estadounidenses pretendan aprovecharse de la extensa red fluvial de Costa Rica. En este país, existen ríos con gran potencial para la producción de energía eléctrica que serían privatizados y transferidos al capital extranjero; lo que indudablemente iría en detrimento del Instituto Costarricense de Energía (ICE). Las organizaciones sociales han convocado a la realización de jornadas contra el ALCA y el Plan Puebla Panamá, demandando la no apertura de los servicios públicos de electricidad y telecomunicaciones en el TLC. Respecto al Tratado de Libre Comercio, Manuel Orozco, director del proyecto centroamericano del Diálogo Interamericano en Washington, admitió sus probables consecuencias para Costa Rica. Según el funcionario, el punto duro de la negociación es la cuestión agrícola. Empero, también están el área de servicios, propiedad intelectual, salud, seguros, telecomunicaciones y refinamiento de petróleo, servicios aún controlados por el Estado costarricense. De la misma manera, se halla la presión de la inversión extranjera norteamericana por entrar al país. Por su parte, Barbara Bowie- Whitman, coordinadora del ALCA en el Departamento de Estado de EE.UU., manifestó que su país reconoce que hay sensibilidades y, por tanto, dará plazos largos para eliminar aranceles en esos casos, pero que ningún sector estará fuera de la mesa de negociación del TLC. La administración estadounidense repitió que "no habrá exclusiones". No obstante, ante las numerosas dudas planteadas por organizaciones sociales acerca del TLC, el Plan Puebla Panamá y el ALCA, así como, ante la grave crisis política y social del país, la ratificación del Tratado de Libre Comercio Costa Rica - Estados Unidos podría tambalear. Policía internacional y militarización Respecto al componente militar del Plan Puebla-Panamá y el ALCA, José Merino del Río, (ex- diputado de la Asamblea Legislativa de Costa Rica), señala que, si bien los mercados y el libre comercio pueden funcionar sin la regulación de los estados nacionales, no lo harán sin la protección de las fuerzas policial y militar que de seguro se aplicarán contra "los subversivos y las clases peligrosas", contra los que se resistan a los nuevos acuerdos de comercio internacional liderados por los Estados Unidos. En este contexto, en junio de 2002, el embajador estadounidense John J. Danilovich y el ministro costarricense de Gobernación, Policía y Seguridad Pública Rogelio Ramos Martínez, firmaron un acuerdo para la creación de una Academia Internacional de Policía en Costa Rica dirigida por militares norteamericanos. En el acuerdo para su instauración, se hallan privilegios, inmunidades diplomáticas y exenciones de impuestos para el personal de dicha institución. Los objetivos propuestos para la formación de la "Academia" se dirigen a apoyar el fortalecimiento institucional de la justicia criminal en América Latina, haciendo énfasis en los derechos humanos y la democratización; también están la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, los delitos financieros y cibernéticos, el tráfico ilegal de armas de fuego, de personas y de inmigrantes, entre otros. Para los movimientos sociales integrantes del Foro Social Mundial capítulo Costa Rica, un gobierno que se niega a ratificar la Corte Penal Internacional, la Convención de la Niñez y el Protocolo de Kyoto no puede enseñar a su país cómo vivir. No obstante, la preocupación que causa la apertura de la "Academia" ha abierto el debate acerca de las fuerzas policiales de este país. Si bien la Constitución de 1949 elimina la existencia de fuerzas armadas y de servicio militar en esta república centroamericana, las fuerzas policiales han cobrado un carácter particular, diferente al resto de repúblicas latinoamericanas. En Costa Rica, cada ministerio controla su propia y respectiva fuerza policial, no existe una estructura de comando central; hecho que otorga disparidad de condiciones a las fuerzas de seguridad y provoca un difícil control sobre sus actividades. También, se calcula que el 85 % de la ayuda extranjera que reciben la Guardia Civil y la Guardia de Asistencia Rural costarricenses proviene de distintas agencias de los Estados Unidos. Entre las actividades de cooperación de ambos países, se encuentra la realización de patrullajes conjuntos que permiten a ambas naciones poseer bases policiales y militares compartidas en el Atlántico y en el Pacífico. Asimismo, la policía Costarricense recibe apoyo técnico y entrenamiento en academias militares en Taiwan, Corea del Sur e Israel. Expertos militares consideran a la Guardia Civil de este país, como una de las mejor entrenadas en América Latina. Tiene un sistema de rangos militares y armamento altamente tecnificado. Todos los altos oficiales son mantenidos permanentemente en sus puestos de trabajo, sin excepción. Además, mientras otras agencias del gobierno son afectadas en sus presupuestos anuales, las finanzas de operación de las fuerzas policiales aumentan. No obstante el velado militarismo existente, Costa Rica es un país con vocación de paz. Este país no ha pasado por guerras internas como las de sus vecinos: Nicaragua, El Salvador y Guatemala, en los años 80; además, es considerada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) caso aparte dentro del contexto de los países centroamericanos, cuyo informe anual del 2001 clasifica a esta nación en el umbral de los países de elevado índice de desarrollo humano. Asimismo, Costa Rica ha logrado la moratoria de la explotación petrolera y la expansión minera; ha disminuido los niveles de corrupción política. Además, ha llevado a la práctica su intención de proteger el medio ambiente, mediante la conservación de sus paisajes, la ampliación de sus fronteras turísticas y la exportación exclusiva de banano orgánico. En este sentido, las jornadas de protesta del pueblo costarricense muestran un país con capacidad de respuesta social que insiste en una democracia que incluya su participación.