El 20 de abril, frente a una incontenible protesta urbana, particularmente centrada en la ciudad de Quito, el ex coronel Lucio Gutiérrez hubo de renunciar a la presidencia del Ecuador. Casi un mes y medio después, el 6 de junio, el gobierno de Carlos Mesa en Bolivia correría similar suerte. Más allá de las diferencias entre ambos procesos, las sucesivas dimisiones de Gutiérrez y Mesa, que elevan a la decena el número de gobiernos renunciantes bajo el peso del rechazo o la protesta social en la última década y media en la región, señalaron, para la primera mitad de 2005, la prolongación de la crisis de la gobernabilidad neoliberal, de la renovada capacidad destituyente de los movimientos sociales y de la intensidad que les cabe a los procesos de polarización social, conflictos y transiciones que –como referimos en anteriores oportunidades en esta sección– vive la Región Andina. Ambos procesos tuvieron lugar en el marco de un crecimiento regional de la conflictividad social registrado para el primer cuatrimestre de 2005 respecto del último cuatrimestre de 2004 y que puede apreciarse en el incremento del número de protestas registradas por el OSAL (un 12% mayor a lo contabilizado en el período pasado), situándose en un valor similar (2.131 hechos) al del primer cuatrimestre de 2004 (2.139 hechos). Este aumento general expresa el crecimiento de los conflictos en el área andina y Centroamérica, al tiempo que los registros para el Cono Sur disminuyen por tercer cuatrimestre consecutivo. En el caso de los países andinos, la medición del OSAL muestra un crecimiento general (10%) para la mayoría de los países, con excepción de Perú, donde las cifras disminuyen, siendo que esta región sigue comprendiendo la mayor porción de los hechos registrados (40%). Por otra parte, el incremento más significativo se registra en la Región Norte de Latinoamérica (un 31,4% respecto del cuatrimestre pasado), expresión particular del ciclo de luchas que despierta la marcha de los tratados de libre comercio con EE.UU. y las condicionalidades en términos de políticas públicas que los mismos suponen, siendo que para esta región sólo en Puerto Rico se registra una caída de las protestas. De esta manera, los hechos de conflicto relevados para Centroamérica, México y el Caribe comprenden un 35% del total regional considerado para estos primeros cuatro meses del corriente año. Por contraposición a estas tendencias, la conflictividad social en el Cono Sur disminuye un 4,2%, resultado de la reducción de las protestas apreciada en Uruguay y Paraguay que compensa el incremento de las consignadas para Brasil y Chile. En relación con los sujetos sociales que aparecen protagonizando las protestas referidas, el análisis de los datos provistos por la clasificación realizada por el OSAL permite señalar que el crecimiento regional de la conflictividad social antes presentado viene acompañado en este período por un relativo cambio en el peso que le cabe a los movimientos sociales que los impulsan, ya que crecen aquellos promovidos por jóvenes u organizaciones estudiantiles, por movimientos urbanos, y las protestas multisectoriales, mientras que los protagonizados por los asalariados y campesinos se mantienen en valores similares a los registrados para el pasado cuatrimestre. Estos breves señalamientos en relación con las características generales que presenta la conflictividad social en la región latinoamericana a lo largo del primer cuatrimestre del año nos permiten introducirnos en el análisis de los principales procesos acontecidos a nivel nacional y subregional en este período. En este sentido, la presente reflexión quiere servir como introducción a la lectura de las cronologías de los principales eventos políticos, económicos y de conflicto social acontecidos en diecinueve países de América Latina y el Caribe que presentamos a continuación. Movimientos sociales, gobernabilidad neoliberal y alternativas La modificación de la Corte Suprema de Justicia ecuatoriana promovida por el presidente Lucio Gutiérrez en diciembre del pasado año habrá de abrir en Ecuador un ciclo de conflictos y protestas que, a partir de las manifestaciones de febrero, detonarán la emergencia del movimiento de los “forajidos” (centrado en la ciudad de Quito), de la iniciativa de las asambleas barriales y de la consigna “que se vayan todos” (en un proceso que evoca la experiencia de fines de 2001 en Argentina), precipitando la renuncia del presidente en abril. Por otra parte, en Bolivia, la disputa por la apropiación y distribución de la riqueza hidrocarburífera, en este caso centrada alrededor de la elaboración y sanción de la nueva ley de hidrocarburos –y que se expresa en los reclamos sociales de nacionalización, imposición de nuevos tributos y en la demanda de autonomía planteada por los departamentos petroleros– atravesará todo el cuatrimestre con sucesivas amenazas de renuncia del presidente Mesa, hasta que el espiral de conflictos a partir de mayo signa su definitiva caída a principios de junio. No es nuestra intención referirnos a estos acontecimientos en detalle en esta oportunidad. Una reflexión sobre el proceso en Ecuador puede consultarse en la contribución de Mario Unda que publicamos en este número de la revista. En relación a Bolivia, en números anteriores hemos incluido diversos artículos, y asimismo otros textos están a disposición en la página web del OSAL . Quisiéramos sí reseñar brevemente algunas cuestiones en relación a ambos procesos. En primer lugar, el despliegue de iniciativas de movilización y protestas callejeras promovidas por sectores de las propias élites políticas y económicas (y de los conflictos planteados al interior de las mismas) en un escenario donde la crisis de legitimidad que cuestiona a los regímenes políticos pareciera hasta el momento evitar una resolución a través de intervenciones militares y golpes de estado. Por otro lado, si bien tanto en Ecuador como en Bolivia se constituyeron en la década pasada importantes movimientos indígenas y campesinos, en los recientes procesos habrán de jugar un rol sustantivo también las movilizaciones y levantamientos urbanos en El Alto (en Bolivia) y en Quito (en Ecuador), siendo en este segundo caso significativa la menor participación que le cupo al movimiento indígena en la resolución de la crisis. Por último, como señalamos al comienzo, los procesos vividos en ambos países han vuelto a poner de manifiesto la crisis de legitimidad que cuestiona a las políticas neoliberales y la intensidad de las disputas político-sociales que la misma convoca; especialmente en la Región Andina, rica en recursos naturales, castigada por una polarización social enmarcada en contenidos racistas y caracterizada por el surgimiento de importantes movimientos sociales, particularmente rurales e indígenas. En esta dirección, el abrupto final de los gobiernos de Gutiérrez y Mesa no sólo reactualiza procesos similares vividos en ambos países sino que, sumados a la caída de Fujimori en Perú y de Carlos Andres Peréz en Venezuela, da cuenta de la magnitud de los conflictos planteados en esta región. Las transiciones en disputa abiertas en Ecuador y en Bolivia esbozan nuevos interrogantes y, en el marco de la experiencia venezolana, configuran también nuevos escenarios de posibilidades en el complejo proceso de forjar salidas efectivas al neoliberalismo en Latinoamérica. Por contraposición, en la Venezuela de este período la relativa disminución de la conflictividad social derivada de la polarización política interna –tras el amplio triunfo obtenido por las fuerzas bolivarianas en las elecciones del pasado año– habrá de desplazar los conflictos y amenazas al gobierno bolivariano al plano internacional. Así, de enero a mediados de febrero, el secuestro en Caracas y traslado a Colombia de Rodrigo Granda, delegado internacional de las FARC, habrá de desatar una crisis diplomática con dicho país, reavivando los rumores de un conflicto militar que justificara una intervención multilateral. A partir de febrero, sucesivas iniciativas y declaraciones de funcionarios de la administración norteamericana incrementarán aún más la tensión entre esta y el gobierno del presidente Chavez, particularmente en relación con la compra de armamento y la puesta en marcha de la reserva militar venezolana y en referencia a la propuesta estadounidense de facilitar atribuciones a la OEA para intervenir en la región en salvaguarda de la democracia. En este contexto, y en el marco de la marcha de las políticas impulsadas por el gobierno venezolano, el presidente Chavez hará, en sucesivas oportunidades a lo largo de estos primeros meses de 2005, explícitas referencias al carácter socialista de la llamada “revolución bolivariana”. En el orden interno, el incremento del conflicto social en Venezuela aparece vinculado principalmente a la lucha por la tierra y la vivienda. La iniciativa gubernamental de lucha contra el latifundio promovida en el último año, que plantea la política de reforma agraria más ambiciosa y radical actualmente en marcha a nivel latinoamericano, habrá de acelerarse a comienzos de 2005 con la firma del decreto presidencial contra el latifundio (enero) y la aprobación de la reforma a la ley de tierras (abril). En el marco de este proceso, una dinámica de ocupaciones y lucha por la tierra protagonizada por las organizaciones sociales tendrá lugar en estos meses. Estas acciones, paradojalmente, habrán de tener mayor intensidad en las áreas urbanas bajo la forma de ocupaciones de terrenos para vivienda y las protestas de dueños y vecinos contra estos asentamientos, al punto que un 42% de los hechos de conflicto registrados por el OSAL en Venezuela para este cuatrimestre corresponde a esta disputa. En un marco socio-político distinto del referido para los casos anteriores, el crecimiento de la protesta social en Colombia tendrá lugar frente a un gobierno que, contando con buena aceptación en los principales centros urbanos –en gran medida como resultado de una propagandizada política de seguridad, a pesar de que la misma vulnera libertades democráticas–, está alineado y cuenta con el respaldo de la administración norteamericana. En este período resultan significativas, en enero, las huelgas docentes; en febrero, la movilización contra las negociaciones del acuerdo de libre comercio con EE.UU.; el paro nacional universitario en defensa de la educación pública y contra la privatización a mediados de abril, y las movilizaciones e iniciativas promovidas por organizaciones campesinas e indígenas. A principios de marzo los cabildos indígenas del Cauca y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) habrán de impulsar en esta región una consulta popular sobre el llamado TLC Andino que EE.UU. negocia con Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia en calidad de observador. Con una participación del 75% del padrón electoral (casi 70.000 votos) y recogiendo un rotundo rechazo a dicho acuerdo (un 98% de los votos se manifestaron en contra) esta iniciativa puso de manifiesto tanto el rechazo de los pueblos indios a este tratado como la organización y fortaleza conquistada por el movimiento indígena en Colombia. En el espíritu de la consulta a los pueblos alentada por la campaña continental, la consulta promovida en el Cauca –en el contexto de violencia y represión que vive dicho país– viene a sumarse a las realizadas en Brasil (2002), Argentina (2003) y Paraguay (2003). Por otra parte, enmarcadas por movilizaciones y encuentros motorizados por la coordinación andina contra este TLC, durante el primer cuatrimestre de 2005 habrán de realizarse tres rondas más de negociaciones de este tratado (la VII en Colombia, la VIII en EE.UU. y la IX en Perú), registrándose pocos avances y motivando incluso en algunos países las críticas de sectores del empresariado local. Por último, si bien en Perú el conflicto social disminuye respecto del cuatrimestre pasado, persistiendo la baja popularidad del gobierno de Toledo, vale reseñar en dicho país las protestas en los sectores rurales contra las explotaciones mineras (que logran la suspensión del proyecto polimetálico en Tambo Grande, Piura, de la empresa canadiense Manhattan Minerals), del movimiento cocalero y de los productores de algodón y papa. Las resistencias al libre comercio y las privatizaciones La iniciativa de los llamados Tratados de Libre Comercio (TLC) plurilaterales, promovida por EE.UU. a partir de 2003 ante la parálisis del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), habrá de concentrar su atención, a lo largo del primer cuatrimestre de 2005, particularmente en la región centroamericana. A las propuestas orientadas a profundizar el TLC de América del Norte iniciado en 1994, bautizadas como NAFTA plus, habrá de sumarse así la ratificación parlamentaria en Honduras y Guatemala del TLC negociado con cuatro países centroamericanos y República Dominicana (conocido por sus siglas en inglés CAFTA-RD), que se agrega a la concedida por el parlamento salvadoreño el pasado diciembre. Asimismo tendrán lugar la séptima y octava ronda de negociaciones entre EE.UU. y Panamá en torno a un TLC similar. En el marco de esta “ola de libre comercio” se desarrollará una serie de iniciativas tendientes a reforzar la presencia militar norteamericana y la coordinación de las fuerzas de seguridad en la región. Bajo la pretensión de la lucha contra la amenaza terrorista (reiteradas informaciones de presencia de grupos armados de la FARC colombiana habrán de circular en varios de estos países), de la represión a las bandas juveniles conocidas como “maras” y del control de la frontera sur norteamericana, y en el marco de sucesivas visitas de funcionarios de la administración norteamericana a la región tendrán lugar diferentes acuerdos de cooperación en seguridad y encuentros de coordinación de las fuerzas represivas. Entre estos se destaca la reunión de los ministros de defensa de los países signatarios del CAFTA en marzo, así como el incremento de la presencia militar norteamericana en el Canal de Panamá. En el contexto de esta emergente política de seguridad regional, los procesos de criminalización social habrán de profundizarse en la región. Entre ellos se destaca la situación en Guatemala, donde la intervención de fuerzas de seguridad y grupos paramilitares en diferentes conflictos a lo largo del cuatrimestre habrá de concluir en un trágico saldo de muertos y heridos. Esta respuesta represiva se sitúa en relación con el crecimiento de los conflictos y protestas en dicho país, particularmente aquellas relacionadas con la expansión de las explotaciones mineras (en marzo se constituye un frente regional del altiplano que articula autoridades locales e indígenas de diferentes regiones para oponerse a las licencias de explotación y la minería a cielo abierto) y en el ciclo de luchas desplegado frente a la ratificación parlamentaria del CAFTA, que habrá de tener en el paro nacional del 14 de marzo su punto más álgido (ver artículo de Simona Violetta Yagenova en este número). También en El Salvador, Honduras y Costa Rica se registran protestas contra este acuerdo que constituyen una de las causas del significativo incremento del conflicto social en esta región durante el período considerado. Al mismo tiempo, con intensidad y modalidades diferentes, estos Tratados de Libre Comercio despiertan críticas de distintas corporaciones empresarias que se manifestaran también contra la ratificación del acuerdo exigiendo modificaciones (por ejemplo en Panamá y República Dominicana). En este contexto, y más allá de las presiones por la aprobación del CAFTA-RD, al día de hoy los parlamentos de tres países de la región deben aún ratificarlo, y el gobierno de Bush enfrenta dificultades para conseguir su sanción en el Congreso. Para los movimientos sociales y los espacios de convergencia regional –como lo señala la declaración final adoptada en el IV Encuentro Hemisférico contra el ALCA (abril de 2004)– detener este acuerdo es el principal desafío que enfrenta hoy la batalla continental contra el libre comercio. Por otra parte, las consecuencias de estas negociaciones ya dejan sentir sus efectos en el terreno de las políticas públicas. En relación a ello puede referirse el ciclo de protestas en Panamá frente a la propuesta de reforma de la Caja de Seguro Social (CSS) promovida por el nuevo gobierno de Omar Torrijos. En años anteriores, los reiterados intentos de reestructurar y privatizar la CSS impulsados por la ex-presidente Mireya Moscoso despertaron intensos y extendidos conflictos que consiguieron bloquear en sus líneas fundamentales estas iniciativas. Luego de haberse comprometido a no modificar el statu quo de la CSS, la reforma propuesta por Torrijos nuevamente habrá de despertar un nuevo ciclo de protestas y resistencias que a partir de febrero se desplegaran e irán creciendo en intensidad hasta la actualidad. En el mismo orden vale señalar también la serie de protestas acontecidas en El Salvador y República Dominicana por la calidad de los servicios públicos (electricidad, agua, etc.) y contra su privatización, dando cuenta de la vigencia y magnitud regional del conflicto contra las políticas de ajuste fiscal. En similar perspectiva pueden señalarse los conflictos promovidos en Mesoamérica por los trabajadores del sector público. Aunque no tienen la magnitud alcanzada en períodos anteriores, se destacan las luchas del sector salud en República Dominicana, los docentes y la comunidad educativa en El Salvador y Nicaragua, y los trabajadores estatales en Honduras. La conflictividad social en Nicaragua resulta un caso especial en la medida que se desarrolla en el marco de una cada vez más profunda crisis política que amenaza la estabilidad del gobierno del presidente Bolaños. En el marco de la consolidación de un bloque parlamentario mayoritario de oposición al gobierno (resultado de la alianza entre el FSLN y el PLC) que avanza con una reforma constitucional que quita atribuciones al presidente, se desarrolla en dicho país un extendido e intenso ciclo de conflictos, protagonizado particularmente por el movimiento estudiantil, contra el alza del transporte urbano resultado del incremento de los precios del petróleo. Iniciado a principios de abril con movilizaciones de estudiantes, el crecimiento de la protesta y el apoyo que recoge de organizaciones de trabajadores y pobladores se prolongarán hasta los bloqueos y enfrentamientos que, en el marco de una virulenta represión, recorrerán buena parte de la ciudad de Managua el día 25. La significativa movilización del día 26, la creciente nacionalización de la protesta, y la incorporación de la exigencia de renuncia del presidente, habrán de concluir hacia fin de mes con una solución parcial del conflicto a través del incremento transitorio del subsidio público al transporte. Aunque sin la intensidad de la referida experiencia, también en Honduras, durante el mes de abril, los estudiantes encabezan la protesta contra el alza del pasaje de ómnibus, que concluye provisoriamente –luego de manifestaciones y bloqueos de calles– el 19 de dicho mes con un acuerdo entre la Federación Nacional de Estudiantes de Secundaria y el gobierno nacional. Finalmente, en México, a principios de febrero, llegará a la ciudad capital la caravana campesina en el marco de la Jornada Nacional por la Soberanía, la Justicia y el rescate del campo, promovida por diferentes organizaciones rurales ante el incumplimiento gubernamental de los acuerdos alcanzados luego de las multitudinarias protestas de 2003. Sin embargo, las principales movilizaciones en dicho país tendrán lugar el 7 y el 24 de abril en la ciudad capital (DF) frente a los intentos de desaforar y procesar a Manuel López Obrador –alcalde de la misma y candidato presidencial para las próximas elecciones de 2006. Tierra, trabajo, dignidad y represión A lo largo del primer cuatrimestre de 2005 la región del Cono Sur experimenta una nueva caída de los hechos de conflicto registrados por el OSAL y en relación con el último tercio del pasado año. Sin embargo, en este período es notable el incremento de la protesta en Brasil –con un aumento del 64% respecto de lo relevado para los últimos cuatro meses del año 2004– y en Chile, donde el crecimiento es del 54%. Por otra parte, mientras que en Argentina los registros se mantienen prácticamente estables, en Paraguay y Uruguay observamos disminuciones importantes, del 50% y 44% respectivamente. En lo que atañe a la región en su conjunto, las problemáticas del territorio, la propiedad de la tierra, los recursos naturales y el medio ambiente motivan gran parte de los hechos de protesta social que recorren el conjunto de los países del Sur. La cuestión de la reforma agraria en el campo brasilero y paraguayo, y de la tierra y la defensa de su posesión ancestral en Chile, con las luchas protagonizadas por el pueblo Mapuche en contra de los latifundios, resultan temáticas significativas de los conflictos más importantes. En este mismo orden, la destrucción del medio ambiente provoca el 30 de abril una movilización de más de 40 mil argentinos y uruguayos, que cortan conjuntamente el Puente Internacional General San Martín que une a ambos países en protesta frente a la instalación de dos plantas de celulosa altamente contaminantes sobre la rivera del río Uruguay, en la ciudad uruguaya de Fray Bentos. En relación a ello cabe por último también destacar que la zona de la triple frontera paraguayo-brasilero-argentina sigue siendo, de forma cada vez más explícita, un foco privilegiado en la estrategia de militarización en el Cono Sur del continente. En este sentido, la criminalización de la población de la región, especialmente campesina, y el aumento de la presencia policíaco-militar, sobre todo en Ciudad del Este, Paraguay, se incrementan en el período bajo estudio, así como la continua denuncia por parte de los movimientos sociales que señalan detrás de este recrudecimiento represivo la búsqueda de asegurar el control de un territorio que alberga al Acuífero Guaraní, una de las reservas de agua dulce más importantes del mundo. Uno de los conflictos que aparece en diferentes países de la región durante estos meses es el protagonizado por las poblaciones carcelarias. En primer lugar en Brasil, donde se suceden decenas de rebeliones, algunas con tomas de rehenes y en institutos de menores, en reclamo de mejores condiciones de detención o a partir de intentos de fuga. Por otra parte, en Argentina un aparente enfrentamiento entre detenidos termina con 13 muertos en una prisión de la provincia de Córdoba. En Chile, presos políticos realizan una huelga de hambre durante casi un mes en reclamo de su libertad, despertando la solidaridad nacional e internacional. Por otra parte, a lo largo de este primer cuatrimestre de 2005, se destacan también los niveles de convergencia que alcanzan diferentes movimientos sociales. Así, en Brasil, distintos agrupamientos de trabajadores rurales sin tierra conjugan acciones de lucha por la tierra, en especial en las zonas de mayor violencia por parte de los hacendados. También el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) trabaja solidariamente en defensa de ocupaciones realizadas por organizaciones de Sin Techo en zonas urbanas. En el caso de Argentina resulta importante la coordinación alcanzada por los trabajadores desocupados en los cortes de ruta que, en demanda de aumento del número y valor de los planes sociales, aunque disminuyen en cantidad, resultan en la mayoría de los casos que se registran en esta oportunidad organizados por más de una agrupación “piquetera”; igualmente importantes son las solidaridades intersectoriales que despiertan los diferentes procesos de lucha. En Chile las articulaciones más significativas son realizadas por los estudiantes, en el conflicto contra la Ley de Financiación Privada de las Universidades, cuando cumplimentan acciones nacionales que abarcan tanto a estudiantes segundarios como universitarios. En esta perspectiva se destaca también la creación de “coordinadoras antiimperialistas” tanto en Chile, país visitado por el presidente estadounidense Bush en 2004, como en Argentina, que aguarda la visita de dicho mandatario para noviembre del corriente año. Por último, en cuanto a las protestas protagonizadas por los trabajadores del sector público, las más significativas son aquellas impulsadas por los trabajadores de la salud en Argentina y Paraguay en reclamo de recomposición salarial, y por los docentes en la provincia argentina de Salta, que realizan una huelga de más de cinco semanas en reclamo de aumento de haberes y que sufren una salvaje represión policial en una de sus habituales movilizaciones, con un saldo de decenas de detenidos y heridos. En lo que respecta a los conflictos laborales del sector privado, pueden mencionarse aquellos de los trabajadores del subterráneo de la ciudad de Buenos Aires, quienes realizan huelgas en reclamo de aumento salarial logrando un importante aumento, así como los de los trabajadores de la empresa aérea LAFTA contra la privatización de la misma y en defensa de sus puestos de trabajo. En un marco más general, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) denuncia en la justicia y con movilizaciones el reconocimiento de su personería gremial, denegada hasta el momento. En el caso de Brasil se destacan las huelgas de choferes y cobradores de ómnibus de San Pablo y Río de Janeiro en demanda de aumento salarial. En Argentina, el incendio del local “República de Cromañon” ocurrido el 30 de diciembre de 2004 durante un recital de rock, donde mueren 194 personas, produce una crisis política de envergadura en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Los familiares de las victimas organizan masivas movilizaciones que recorren todo el cuatrimestre y que apuntan a la responsabilidad de dicho gobierno en la masacre, siendo que altos funcionarios del mismo son conocidos empresarios del negocio de la noche porteña. En Brasil aumentan la intensidad y relevancia política de la lucha por la tierra y la reforma agraria, así como también la violencia de las elites y el estado. A comienzos del año se produce la liberación de unos pistoleros acusados de asesinar campesinos en Pernambuco, y en febrero es asesinada la misionera norteamericana Dorothy Stang en la región norte de Pará. Los asesinatos de líderes y activistas sociales cobran también las vidas del sindicalista Daniel Soares da Costa Filho, presidente de la Asociación del Asentamiento Carlos Fonseca, en Paraueapebas, Pará, y del ambientalista Dionisio Julio Ribeiro, asesinado en el sudeste de Río de Janeiro. A mediados de enero el MST abre negociaciones con el gobierno con el objetivo de acelerar el cumplimiento de los compromisos gubernamentales asumidos en relación con la reforma agraria. Desde entonces, los desacuerdos van desde una controversia en torno a las cifras reales de las familias ya asentadas hasta el recorte del presupuesto disponible para el ministerio que tiene a cargo el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA). En este contexto, el MST inicia la preparación de la marcha nacional por la reforma agraria donde más de 12.000 campesinos rurales sin tierra provenientes de nueve estados recorrerán durante diecisiete días miles de kilómetros para arribar a Brasilia el 17 de mayo en el marco del Abril Vermelho (rojo) en reclamo por la aceleración de la reforma agraria, entre otras reivindicaciones(1) (ver artículo de Carlos Walter Porto-Gonçalvez en este número). En estos primeros meses del año en Brasil también son importantes las luchas de los pueblos originarios en reclamo de tierras en Mato Grosso del Sur y en el Amazonas, donde 17 etnias ocupan la sede de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) de Manaos en demanda de representación indígena en la administración local de la entidad. Por otro lado, propietarios madereros de la región de Pará realizan un bloqueo de la carretera federal que se extiende por una semana en protesta contra la inspección y censo de propiedades con más de 100 hectáreas que realizarán el INCRA y el Instituto Brasilero del Medio Ambiente, de carácter obligatorio. En Paraguay tiene lugar una significativa embestida contra los movimientos campesinos que protagonizaron intensos conflictos el pasado año (ver artículo de Tomás Palau en este número). La criminalización de la protesta y de las organizaciones campesinas se intensifica al relacionarlas con el secuestro y asesinato de la hija del ex presidente Cubas Grau, cuyo cuerpo aparece el 16 de febrero. A partir de este caso comienza a afirmarse desde el gobierno que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) serían el cerebro del delito y que tienen contactos directos con los movimientos campesinos a través del partido Patria Libre. A fines de febrero, agentes judiciales, de las Fuerzas Armadas y de la Policía comienzan a rastrillar asentamientos campesinos de la zona de San Pedro. En consonancia con el caso, el 7 de marzo el presidente Duarte Frutos se reúne con su par colombiano Álvaro Uribe para acordar mecanismos de cooperación y asegurar una recíproca asistencia para el combate conjunto y coordinado de actos criminales. A fines de marzo, el gobierno lanza su Plan Nacional de Seguridad Pública “Paraguay Seguro”, y desde abril se multiplica la presencia de policías y militares en las calles del país. En Chile reaparecen en este periodo los conflictos impulsados por la Coordinadora Mapuche Arauco Malleko, que realiza acciones incendiarias contra predios usurpados por empresas en distintos sectores de la IX región del país. El ministerio público ordena el despliegue de patrullas tácticas a fin de resguardar los latifundios que los indígenas reclaman. Frente al conflicto mapuche, y también ante las luchas estudiantiles, recrudecen en Chile los procesos de judicialización de la protesta con cientos de detenidos en las manifestaciones, falsos testigos que actúan en las acusaciones, y ataques paramilitares contra activistas indígenas. En Uruguay es importante considerar la posición autónoma que defiende el Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) en el discurso del 1º de mayo. El mismo reconoce la voluntad transformadora del nuevo gobierno a la vez que manifiesta sus diferencias en torno a la aplicación de la reforma constitucional del agua así como su rechazo a la construcción de las plantas de celulosa en Fray Bentos, y exige un inmediato aumento salarial y una ley de libertad sindical. Los sindicalistas del PIT-CNT enuncian que “la llegada al gobierno no significa necesariamente la llegada al poder” y que la lucha del movimiento sindical “es contra el poder económico, inhumano por naturaleza”. Por último, en la región se realizan durante el periodo importantes manifestaciones de repudio a la guerra de Irak al cumplirse dos años de la invasión el 19 de marzo. Tenemos registro de las mismas en Buenos Aires, Argentina; Asunción del Paraguay; Santiago de Chile; y San Pablo, Brasil. Del Foro Social Mundial al Encuentro Hemisférico contra el ALCA La nervadura de un “nuevo internacionalismo” reflejado en la emergencia del llamado movimiento altermundialista ha teñido de manera profunda y singular la experimentación de los movimientos sociales y populares en América Latina. Muestra de ello ha sido el importante papel que les cupo a las fuerzas sociales y políticas de América Latina (y particularmente de Brasil) en la gestación del proyecto del Foro Social Mundial (2001 a 2005), siendo la ciudad brasileña de Porto Alegre su cuna y sede por cuatro ediciones. En relación a este proceso, el primer cuatrimestre de 2005 habrá de abrirse y cerrarse con la realización en la región latinoamericana de dos de los principales eventos de coordinación internacional y continental forjados por los movimientos sociales en la última década. Así, a fines de enero habrá de tener lugar la V edición del Foro Social Mundial en Porto Alegre, luego de que su anterior reunión se convocara en Mumbai, India, y en la última semana de abril sesionará en la ciudad de La Habana, Cuba, el IV Encuentro Hemisférico contra el ALCA (2002 al 2005). Entre los días 26 y 31 de enero el V FSM en Porto Alegre convocó a más de 150.000 participantes, albergando a casi 35.000 en el Campamento de la Juventud, que marcó una importante presencia juvenil la marcha del Foro. La masividad que fue conquistando esta iniciativa en los últimos años involucró en esta oportunidad a más de 6.800 organizaciones sociales de 151 países en las más de 2.500 actividades autogestionadas distribuidas en los 11 espacios temáticos sobre los que reposó la organización y distribución territorial del Foro (o como se lo bautizó: el territorio social mundial). El Foro estará atravesado por los debates librados en los encuentros de las principales campañas temáticas y las actividades en relación a la lucha contra el libre comercio, las empresas trasnacionales, la guerra, por la defensa de los recursos naturales, sobre la conceptualización del Estado y el poder en una perspectiva transformadora y las alternativas. La conferencia del presidente Chavez el anteúltimo día de sesiones habrá de convertirse en uno de los eventos de mayor convocatoria. Los debates sobre la arquitectura y continuidad del FSM, que se despide por un tiempo de su ciudad natal, Porto Alegre, habrán de concluir convocando su sexta edición bajo forma policéntrica en distintos continentes para el 2006 (Caracas para el continente americano) y previendo una nueva cita mundial para el 2007 en África. La manifestación contra el ALCA y el libre comercio que cerró el Foro habrá de prolongarse, casi tres meses después, en la convocatoria al IV Encuentro Hemisférico de Lucha contra el ALCA en la ciudad de La Habana, Cuba. Allí se darán cita, entre el 20 y el 25 de abril, más de mil delegados de treinta y cinco países de las Américas. Si ya a lo largo de 2004 la dinámica de los tratados plurilaterales –así como la apertura de similares negociaciones con la Unión Europea y los países asiáticos– había promovido la ampliación de la campaña de lucha contra el ALCA hacia el cuestionamiento del “libre comercio” en general (como se reflejó en las resoluciones del III Encuentro), los debates de esta cuarta edición habrán de avanzar en la necesidad de integrar y fortalecer otras programáticas (particularmente las referentes a la militarización continental y la guerra, la deuda externa, la defensa del territorio y los recursos naturales, y la pauperización y concentración del ingreso), entendiendo cada vez más a la dinámica del “libre comercio” como un instrumento más de una estrategia global de dominación imperial. En ambas convocatorias los debates sobre las alternativas regionales ocuparon un papel importante en la atención de los movimientos sociales latinoamericanos. Los avances de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) promovida por el gobierno venezolano frente al ALCA, y las ambigüedades, riesgos y desafíos que plantean otros procesos de integración económica (entre otros el lanzamiento de la Unión Sudamericana en diciembre de 2004) han impulsado el debate sobre el posicionamiento a adoptar por las organizaciones sociales en relación a los caminos y condiciones que debería tener una integración regional no neoliberal y en beneficio de los pueblos. Frente a estos debates y desafíos, los espacios de convergencia regional forjados por los movimientos sociales americanos habrán de afrontar en el futuro próximo el reto de construir la IV Cumbre de los Pueblos, de cara a la V Cumbre de Presidentes de la OEA a realizarse en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, en noviembre, y el VI Foro Social Mundial policéntrico sede Américas y II Foro Social Américas, que tendrá lugar en Caracas, Venezuela, a fines de enero del año próximo. Estos serán puntos de encuentro de los esfuerzos por hacer ese otro mundo nuevo que, como dice la Vía Campesina, plantea globalizar la lucha para globalizar las esperanzas. Notas Como es habitual, para la elaboración del presente artículo se tuvo en cuenta la información suministrada por las cronologías del conflicto social para diecinueve países latinoamericanos y caribeños cuya preparación es coordinada por el OSAL, así como los informes por país preparados por el equipo de jóvenes investigadores del Programa. Agradecemos especialmente a tod@s ell@s por el trabajo realizado y a Emilio Taddei por la sugerencias y comentarios. (1) Ver documento del MST “O que precisa ser feito para mudar a vida do povo!” .