Si la versión publicada en algunos medios especializados en políticas de radiodifusión es cierta, y nosotros no lo dudamos, el COMFER habría llegado a un acuerdo con la Comisión Nacional de Comunicación, la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA) y el diputado Osvaldo Nemirovsky (titular de la comisión parlamentaria respectiva) para poner fin a las emisiones de nada menos que 130 emisoras de AM en todo el país. Según un cálculo de fuentes extraoficiales, el total de esos medios apenas superaría el doble de esa cifra. Los dos organismos gubernamentales regidos por normas de facto, la cámara empresarial del sector, que no tuvo pudor en apoyar abiertamente y a nivel internacional a la última dictadura militar, y un legislador que el 10 de diciembre finalizará su mandato y podría ser reemplazado por la nueva composición parlamentaria, siguen con la ilegítima e ilegal faena de combatir la libertad de expresión y las fuentes laborales de los trabajadores de la comunicación, a la vez de continuar implantando las condiciones para completar la entrega del espectro radioeléctrico a los monopolios y multimedios hijos de la ley político-militar en vigencia que ningún gobierno ni ninguna mayoría legislativa, desde 1983, se atrevió a abolir. La promesa del interventor Julio Bárbaro, acorde la misma versión, habría sido que los mismos radiodifusores cuyos equipos resultarían clausurados y decomisados, podrían obtener las licencias a través de los nuevos concursos. Con un pequeño detalle: en tanto las emisoras eliminadas serían 130, las licitadas apenas alcanzarían a una docena. ¿El resto? Muy sencillo: el espacio se achicaría en esa proporción. Así, menos radios y más concentración. Ningún misterio. La misma política desde los tiempos militares. Miles de periodistas, operadores técnicos, productores publicitarios y empleados administrativos quedarían sin trabajo. Miles de programas periodísticos con contenidos muy diversos, centenares de informativos de noticias de muy distintas fuentes y ángulos, pequeñas y medianas empresas cuyos ingresos no les permiten ser avisadores de los grandes medios de comunicación, millones de oyentes ávidos de pluralidad política y cultural, desaparecerían a favor de la monopolización del patrimonio de los medios y de la comunicación social. Esta es la obra pública con la que quieren aportar, en una época de anuncios preelectorales, los funcionarios presidenciales que manejan el COMFER y la CNC, la cámara empresarial representativa de los intereses de los multimedios y un legislador de los que nunca tuvieron capacidad para terminar con la ilegitimidad de las políticas públicas de los gobiernos en la materia. El próximo Congreso Mundial de Periodismo y Comunicación, seguramente será un marco propicio para analizar esta situación entre miles de comunicadores sociales dispuestos, como se demostró durante la década menemista, a decir: "ESTAS RADIOS NO SE TOCAN". - Héctor López Torres (ANC-UTPBA).