Por si no bastara con la triste historia del decretazo del 10 de octubre de 2002, en el que el gobierno federal dio la espalda a la sociedad para tener una nueva Ley Federal de Radio y televisión digna de una sociedad en transición hacia la democracia, ahora la Cámara de Diputados en una estrategia silenciosa y sin mayor aviso hacen cambios a dicho ordenamiento como si de vender cuadros se tratara. A la añeja demanda de un cambio integral a la Ley Federal de Radio y Televisión siempre se le ha dado la vuelta, y esta vez lo hizo un poder del Estado que tiene por obligación legislar para favorecer a las mayorías y aminorar los desequilibrios, pero por el contrario, los cambios que se aprobaron el día de ayer, al más viejo estilo autoritario, fueron sobre las rodillas y contraviniendo los estándares de libertad de expresión mínimos en materia de derechos humanos a nivel internacional. Ahora se darán concesiones mediante subasta, al mejor postor, un bien público como es el espectro radioeléctrico se dejará en manos del que más dinero tenga, de acuerdo a lo que establezca la nueva COFETEL, con ello se deja atrás de manera sumamente peligrosa el interés público y la responsabilidad social inherentes a las actividad radiodifusora, la asignación de frecuencias al mejor postor es antidemocrático y contraviene los principios de libertad de expresión y derecho a la información, tal como se establece en los principios de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que México ha firmado, ratificado y esta obligado a cumplir, o sea que esta vez los diputados lo que han aprobado es nada más y nada menos que normas que legalizan la asimetría y la exclusión, pues aquellos grupos que menos capacidad económica tienen quedaran fuera, la regla se cambio para favorecer a los grupos económicos más poderosos, en pocas palabras, si tienes dinero podrás ejercer tu derecho a la libertad de expresión, sino, como reza la popular frase "lástima Margarito". Los responsables de legislar para un Estado de derecho justo y equitativo, de espaldas a la sociedad realizan cambios a la ley para favorecer a los menos con el criterio más antidemocrático que es el dinero. En materia de permisos en la nueva versión, se dice que la radiodifusión permisionada será solamente para dependencias federales, organismos paraestatales, a los gobiernos estatales y municipales y a instituciones de educación públicas. De tajo se imposibilita con este criterio a los grupos ciudadanos a operar radios comunitarias en el país, quienes en los últimos años demostraron la razón de los argumentos y el derecho que tienen de acceder a las frecuencias radioeléctricas, por ello el propio gobierno federal tuvo que otorgarles los recientes permisos y porque fueron recomendaciones explícitas de organismos internacionales de derechos humanos. Los supuestos representantes del pueblo demuestran que son representantes de sus propios intereses, y omitieron deliberadamente dar cauce a la creciente demanda social para que las comunidades, especialmente las más vulnerables y empobrecidas puedan contar con medios de comunicación propios para su desarrollo. Los diputados en su con junto negaron los derechos a las comunidades, legalizaron la exclusión también con este criterio y contravienen derechos humanos reconocidos universalmente. Si se consideraba un avance el otorgamiento de los 11 permisos a las radios comunitarias por parte del gobierno federal, esta nueva versión de la ley en materia de concesiones y permisos, es, por decir lo menos, un retroceso en lo que se considera una transición democrática. Un parche ilegítimo y excluyente de las mayorías, una muestra de cómo se sirve al poder, de arreglos por debajo de la mesa. Esta iniciativa llegará a la Cámara de Senadores, esperemos que no consumen, ni avalen semejantes parches y retomen, lo que en amplias consultas con todos los sectores se ha propuesto como aspiración para contar con un nuevo marco normativo de radiodifusión que tenga como base el bien común, la responsabilidad social y las garantías al ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información, bases esenciales de la democracia, y en esas bases estamos de manera sustancial los ciudadanos, no se les olvide señores legisladores. - Aleida Calleja, AMARC México