El estallido de una poderosa bomba colocada hace doce años en un barrio judío de Buenos Aires le vino como anillo al dedo a Washington para incrementar su escalada de medidas contra el programa nuclear que desarrolla Teherán con usos pacíficos.

Aunque no hay la más mínima vinculación entre un hecho y otro, informaciones recientes dejan en evidencia que podría existir un canal subterráneo de entendimiento que acorta en línea recta los 15 mil kilómetros de distancia entre la Casa Blanca y la Casa Rosada para acorralar a nivel internacional al gobierno de Irán.

El 18 de julio de 1994, durante la presidencia de Carlos Menem, estalló un explosivo de 300 kilos en la calle Pasteur Nº 633, sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y mató a 85 personas. Durante más de una década, las indagaciones del atentado sumaron cerca de 600 expedientes de 200 fojas cada uno y 400 legajos que, en total, acumulan 136 mil páginas pero no condujeron a la más mínima pista para esclarecer el criminal ataque.

Paralelamente a este caso que aún conmueve a la sociedad argentina, varias investigaciones independientes destaparon una olla en la que hervían fiscales nada imparciales, pruebas amañadas suministradas por la CIA y el Mossad, testigos comprados, policías corruptos, testimonios falsos e, incluso, complicidades internacionales vinculadas al tráfico de armas y drogas. Y todo este turbio caldo fue pasado por una licuadora en la Secretaría de Información del Estado (SIDE), el muy cuestionado servicio de inteligencia argentino, cuya mayor destreza es intervenir teléfonos y desperdiciar presupuesto para mantener contento al mandatario de turno.

Ahora se produjo otro fiasco peor: un nuevo juez que retomó el caso ha pedido a Interpol la captura de ocho funcionarios y ex funcionarios del gobierno de Irán –entre ellos el ex presidente Hashemi Rafsanjani y el ex canciller Alí Akbar Velayati– y de Hassan Nasrallah, líder libanés de Hisbolá. La expresión argentina para describir asuntos turbios de esta clase es muy gráfica: “embarrar la cancha”. Y para muchos periodistas, organizaciones políticas y familiares de las víctimas del atentado a la AMIA, el presidente Néstor Kirchner aparece en el fango por presiones de –o negociaciones con– Estados Unidos.

El último número de la revista Forward, publicación judía de Nueva York, menciona que el gobierno de George W. Bush utilizará contra las autoridades iraníes este giro de la justicia argentina que se parece bastante a un forzado pase de prestidigitación. El diario Clarín, de Buenos Aires, confirmó la información el domingo 19 de noviembre a través de una fuente del Departamento de Estado, que declaró: “Para nosotros el fallo del juez es una prueba más de que Irán patrocina terrorismo en el mundo. Por eso es que queremos impedir que ese país siga adelante con su programa nuclear”.

El reportero de investigación argentino Juan José Salinas, autor del libro Narcos, banqueros & criminales, que lleva el subtítulo de Armas, drogas y política a partir del Irangate, fue muy explícito a través de su correo electrónico: “Todo periodista sabe que es posible hacer una montaña de espuma a partir de una pizca de jabón, pero en este caso es una indigerible boñiga travestida de albóndiga”.

Salinas afirma que si se determinara cómo se colocaron las bombas, quedaría claro quiénes las pusieron (según todo indica, agentes y bomberos de la Policía Federal Argentina). Y si se supiera quiénes las pusieron, se podría averiguar quiénes los contrataron (allegados al menemismo y a un famoso capomafia nacido en Siria). Según su hipótesis, si se supiera quiénes contrataron a los asesinos, pronto quedaría claro por qué las pusieron: para forzar la devolución de muchos millones de dólares “mexicaneados” en el curso de grandes operaciones de narcotráfico, venta clandestina de armas y lavado del dinero así obtenido.

El periodista, que desde hace varios años viene investigando el atentado de 1994, sostiene que los encargados del caso AMIA huyen de la verdad “como Drácula frente a las ristras de ajos”.

Si la menor distancia entre dos puntos es una recta, los lentos representantes de la justicia argentina –que parecen estar al servicio de veloces funcionarios del Departamento de Estado– deberían dejar de caminar en zigzag y, al mismo tiempo, en círculos. Por empezar, ya que fueron capacer de acumular 136 mil páginas con testimonios e indagatorias, podrían leer un artículo no muy extenso que publicó el lunes 20 de noviembre el semanario The New Yorker, que cita a la CIA y contradice a la administración Bush.

La información indica que un análisis confidencial sobre la capacidad nuclear iraní, realizado por la agencia de espionaje estadounidense y entregado a la Casa Blanca, revela que no hay evidencias sobre un plan atómico oculto. El documento, según el último número del The New Yorker, puso de mal humor al vicepresidente Richard Cheney.

“La CIA no encontró pruebas concluyentes de un programa secreto iraní de armas nucleares que esté en marcha de forma paralela a las operaciones civiles (nucleares) de las que Irán informó al Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA)”, señala el artículo. Los expertos trabajaron con información de inteligencia recopilada por satélite y otras “pruebas empíricas” suministradas por agentes israelíes, como análisis de muestras de agua y humo de fábricas e instalaciones energéticas para medir su radiactividad.

Según el New Yorker, la Casa Blanca no hizo demasiado caso a las conclusiones de la CIA y se mostró “hostil” al recibirlas, porque no concuerdan con su tesis de que el gobierno iraní está tratando de construir una bomba nuclear. Cheney y sus colaboradores más cercanos “no tuvieron en cuenta” el análisis de la CIA, agrega el artículo, porque prefieren creer que si no se encuentran pruebas del programa secreto es porque están muy bien escondidas.

Quizá tan bien escondidas como las evidencias acerca de quiénes y por qué atentaron contra la Asociación Mutual Israelita Argentina en 1994.

Fuente: Bambú Press
http://bambupress.wordpress.com