Introducción

Desde su creación en la década de 1950, la Unión Europea (UE) ha desarrollado sus relaciones con el resto del mundo a través de una política comercial común, la ayuda al desarrollo (en muchos casos vinculada a intereses comerciales europeos) y los acuerdos comerciales y de cooperación con países individuales y grupos regionales.

La política comercial común de la UE funciona a dos niveles. Por una parte, en la Organización Mundial del Comercio (OMC), donde la UE participa activamente en el establecimiento de las normas del sistema multilateral de comercio mundial y, por otra, la UE negocia sus propios acuerdos bilaterales con países o grupos regionales de países.

El Parlamento Europeo se manifiesta como un firme partidario de la OMC, que establece e impone las normas que son motor de la liberalización del comercio mundial, así como un firme enemigo de cualquier medida protectora de los mercados interiores en los países más débiles económicamente. Así, la UE se ha convertido en protagonista junto a Estados Unidos (EE.UU.) de las rondas sucesivas de negociaciones multilaterales destinadas a liberalizar el comercio mundial.

La UE, con una población actual de 450 millones de habitantes, una cifra superior a la de los Estados Unidos y Rusia juntos, se ha convertido en la mayor potencia comercial del mundo y genera la cuarta parte de la riqueza mundial.

La Unión Europea y América Latina

Aunque las normas comerciales son multilaterales el comercio en sí es bilateral, se realiza entre compradores y vendedores y entre exportadores e importadores. En consecuencia, la UE ha desarrollado una red de acuerdos comerciales bilaterales con países individuales y regiones de todo el mundo.

En la actualidad la UE es el segundo socio comercial más importante de América Latina, su fuente principal de inversión directa y el primer donante de ayuda al "desarrollo" de la región.

Cada dos años, la UE y todos los países latinoamericanos y caribeños celebran una cumbre regional bilateral sobre un amplio abanico de temas principalmente políticos y económicos, aunque también abarcan materias científicas, tecnológicas, culturales y sociales. Hoy todos los países latinoamericanos, individualmente o en grupo, mantienen relaciones con la UE a través de acuerdos comerciales, de asociación o de cooperación.

La UE tiene ya acuerdos de asociación (incluidos acuerdos de libre comercio) con México y Chile, firmados en 1997 y 2002, respectivamente. Y desde finales de 1999 busca cerrar un acuerdo de asociación con MERCOSUR (Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela) que incluya la creación de una zona de librecambio entre las dos regiones.

A finales de 2003 se esbozaron desde Europa dos acuerdos de cooperación y dialogo político separados, uno con la Comunidad Andina y otro con América Central. Los intereses entre UE y Centroamérica para formular un Acuerdo de Asociación fueron anunciados durante la IV Cumbre de Jefes de Estado de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, celebrada en Viena a mediados de mayo del 2004. En la Declaración de Viena, con la que se finalizaba oficialmente la Cumbre, los gobiernos declaraban en su artículo 31:

"Recordando el objetivo estratégico común de la Declaración de Guadalajara y teniendo en cuenta el buen ejercicio conjunto de evaluación de la integración económica regional llevado a cabo con Centroamérica, celebramos la decisión tomada por la UE y Centroamérica de entablar negociaciones relativas a un acuerdo de asociación, incluida la creación de una zona de libre comercio. Centroamérica ha confirmado su compromiso de aplicar, tal como estaba previsto, las decisiones adoptadas por los Jefes de Estado centroamericanos el 9 de marzo en Panamá, así como buscar la ratificación del Tratado centroamericano sobre inversiones y servicios y desarrollar un mecanismo jurisdiccional que pudiera garantizar la aplicación de la legislación económica regional en toda la región. Acogemos con satisfacción la participación de Panamá en el proceso (...)."

El 23 y 24 de abril se iniciarán oficialmente en Ciudad de Guatemala las negociaciones entre la UE y los seis países centroamericanos (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) más Panamá. Estas negociaciones se articularán en torno a un mandato negociador que fue elaborado por la Comisión Europea, y que ya fue aprobado por el Consejo de la UE en su momento.

Acuerdo de Asociación

El comercio puede ser un motor para el desarrollo que podría sacar a millones de personas de la pobreza, pero evidentemente no con las reglas que han predominado en los tratados de libre comercio (TLC) que la UE ha firmado anteriormente en América Latina. Estos en realidad han sido limitadores de la capacidad de los estados latinoamericanos para promover políticas en favor del desarrollo y la lucha contra la pobreza y la desigualdad.

El objetivo marcado entre los gobiernos de Centroamérica (más Panamá) y Europa de llegar a la creación de una zona de libre comercio birregional en el año 2010 ha sido condicionada por parte europea por dos medidas previas o iniciales. La UE ha impuesto sobre los países centroamericanos dos condiciones para llevar a cabo un TLC con la región: que sea compatible con la Ronda de Doha (OMC) y que haya un avance significativo en el proceso de integración centroamericana.

A escasos días de que comiencen las negociaciones oficiales es difícil concluir que las dos condiciones impuestas por la UE hayan sido cumplidas, o lo vayan a ser en algún momento.

El supuesto "avance" en la Ronda de Doha, después de la reunión ministerial en Hong Kong 2005 y el colapso de las negociaciones tras maratónicas reuniones en Ginebra en julio de 2006, donde los integrantes del G6 no pudieron ponerse de acuerdo sobre las subvenciones agrícolas, ha significado un retroceso para los países en desarrollo que han tenido que ceder en materia de acceso a mercados de productos industriales, a cambio de una promesa a futuro de la UE y EE.UU. de reducir sus subsidios agrícolas. Los objetivos de desarrollo de la Ronda de Doha (que pretendían estar cerrados en 2004), como la aplicación de un trato diferenciado para los países en desarrollo, la posibilidad de producir medicamentos genéricos y una reducción notable a los subsidios agrícolas y ayudas internas, continúa como asignatura pendiente de los países desarrollados, mientras europeos y estadounidenses se echan la culpa mutuamente de esta situación.

La OMC lanzó la Ronda de Doha en 2001 bajo el pretexto de reducir las barreras comerciales internacionales como una forma de sacar de la pobreza a millones de personas y desarrollar la economía de todo el mundo. Hace unos días, a primeros de abril, la ministra de Comercio de Francia, Christine Lagarde, manifestaba que todavía son fuertes las diferencias entre los países y que parece muy poco probable que se puedan resolver a mediano plazo.

Paralelamente, la viabilidad de la integración centroamericana de verdad, necesaria por otro lado para tener condiciones de competir comercialmente con la UE y hacer frente a los retos que depara el siglo XXI, se ve también poco posible a corto plazo. De hecho es un proceso que se da en Centroamérica forzado desde fuera, no es el fruto de la voluntad de sus gobiernos.

A pesar de que la premisa de la integración no sea una opción sino una necesidad imprescindible para Centroamérica, ésta sufre una serie de graves problemas que le impedirán responder exitosamente. Los desafíos de la integración regional son tanto sustantivos como procedimentales.

Entre los primeros destacan la ya mencionada falta de voluntad política en los Estados centroamericanos para dotar al Sistema regional de capacidad supranacional real. Esta renuncia que se expresa de manera cotidiana en las agendas políticas de los diferentes países sólo ha sido superada de manera esporádica en algunos periodos recientes debido a las presiones europeas.

El predominio en las estructuras de poder en toda la región de élites económicas y políticas históricamente opuestas a la integración, cuyos intereses no se ven beneficiados de manera directa por la conformación de un Mercado Común y más bien propugnan el desarrollo de vínculos bilaterales de sus países con contrapartes externas, pone de manifiesto una suprema debilidad del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) cuya solvencia institucional y financiera sería fundamental para la consolidación de un proyecto regional.

Los intereses latifundistas (ganaderos, cafetaleros, arroceros, cañeros) y comerciales siempre vieron en la integración una amenaza ideológica y una competencia económica.

Sin embargo los horizontes de integración podrían ser viables si los objetivos se orientasen a lograr un ingreso per cápita similar y lo más digno posible entre los Estados miembros, poseer un tipo de cambio fijo, reducir la inflación y las tasas de interés y hacerle frente a los profundos problemas sociales que tiene toda la región, que entre otros conllevan aspectos vinculados al empleo, la educación, la salud y el respeto por los derechos humanos.

El "libre mercado" por encima de todas las cosas

Las negociaciones que se iniciarán este mes en Guatemala tendrán sobre la mesa el TLC (CAFTA, en sus siglas anglosajonas) firmado entre Centroamérica y EE.UU. Aunque desde algunas fuentes gubernamentales centroamericanas se ha dejado entrever que negociar con los europeos será más fácil que negociar con los "gringos", la utilización del CAFTA firmado con EE.UU. como punto de partida, ha sido el procedimiento empleado por la UE en las negociaciones anteriores llevadas a cabo con México (TLCUEM) y Chile (TLC UE-Chile) y, evidentemente, la UE no aspira a menos concesiones que las que ya han ofrecido estos países al gigante norteamericano. El CAFTA con Centroamérica es un acuerdo que ha ido más allá de una compatibilidad con la OMC y que no está basado en una integración centroamericana, sino en una serie de negociaciones bilaterales entre EE.UU. y cada uno de los países centroamericanos.

Sin embargo el CAFTA ignora un trato diferenciado que reconozca las enormes asimetrías entre las economías de ambas partes e ignora a su vez todos los aspectos que no son estrictamente comerciales, dejando a un lado los económicos (estructurales), políticos, institucionales, sociales y culturales.

La UE y muchos países de América Latina han defendido el sistema multilateral de comercio frente al unilateralismo estadounidense en los últimos años y han enfatizado el papel de la OMC como el foro principal para acordar los términos de las relaciones comerciales con terceros países. Sin embargo, y en contradicción con esto, la UE impulsa en Latinoamérica TLC bilaterales que sean "OMC Plus" (que vayan más allá de lo hasta ahora acordado en acuerdos como AGCS, ADPIC y ASA) e introduzcan los llamados Temas Singapur (inversiones, compras de gobierno y regalías de competencia).

La actividad comercial actualmente existente entre ambas zonas indica que Centroamérica (con excepción de Costa Rica) exporta hacia Europa primordialmente bienes primarios, mientras que importa bienes manufacturados. Debido al menor dinamismo en el crecimiento de la demanda de los bienes primarios, es previsible que si esta estructura de intercambio comercial se mantiene, las exportaciones de la UE hacia Centroamérica crecerán mientras en sentido contrario se vivirá un proceso mucho más lento.

A su vez, y en el marco de las asimetrías, es necesario contemplar algunas realidades de las economías centroamericanas, entre las que destacan: la falta de capacidad interna dadas las condiciones de subdesarrollo empresarial, la carencia de cadena productiva, la falta de crédito suficiente y competitivo para la explotación, así como la incapacidad de los gobiernos a la hora de diseñar políticas que fomenten los mercados regionales.

El único marco donde los países centroamericanos podrían lograr mayores concesiones para la exportación sería en el tema de las barreras comerciales. Sin embargo, la poca disposición para la liberalización agrícola de la UE en la Ronda de Doha (la UE es el miembro de la OMC que reporta los más altos porcentajes de ayudas internas y subsidios a la explotación de su sector agrícola), y el estancamiento de las negociaciones con el MERCOSUR por el mismo motivo, ponen estos objetivos en duda.

Además, actualmente el 45% de las exportaciones de Centroamérica a la UE entran libres de aranceles y un 23% tiene libre acceso o rebajas arancelarias, debido al Sistema Generalizado de Preferencia (SGP, que elimina los aranceles de muchos productos que entran en la UE provenientes de países dependientes, como los de Centroamérica, Caribe, África y otros).

Los condicionantes más importantes que hacen que Centroamérica no tenga capacidad exportadora a la UE son: por un lado, que los productos centroamericanos no han desarrollado estándares de calidad para que sus productos sean aceptados en el competitivo y exigente mercado europeo; y por otro lado, porque los productos agropecuarios europeos reciben subsidios de sus gobiernos para que sean competitivos y no se vean amenazados los puestos de trabajo del sector debido a la competencia extranjera (el subsidio anual de la UE a su agricultura es de 134.000 millones de dólares, esta cifra es similar al total de la producción durante dos años en Centroamérica).

Con este panorama es de prever que los productores agrícolas e industriales de bienes sensibles en Centroamérica percibirán los costos y perjuicios de un TLC con la UE, de igual manera que están percibiendo los de los CAFTA que entraron en vigor en torno a un año. La eliminación de aranceles con los EE.UU. no sólo ha significado la desprotección de los productos nacionales, sino el reducir entradas importantes de divisas a los Estados regionales, que podrían ser aplicadas a gastos sociales, tan necesarios como escasos en el istmo americano.

El mercado centroamericano

La UE no ha considerado atractiva la región hasta muy recientemente. El interés en su mercado como destino de Inversión Extranjera Directa (IED) responde a los tiempos actuales, y de hecho uno de los motivos por los que plantea la integración regional es porque lo considerará más atractivo en función de que se transforme desde el actualmente existente (segregado en pequeños países) en un mercado ampliado. De hecho, la UE pretende que de aquí a fin de año exista una unión aduanera en Centroamérica, cosa que en la práctica se augura como algo imposible en tan breve plazo de tiempo.

También es importante considerar los 8.000 millones de euros invertidos por la UE en Panamá en el último año, lo que ha suscitado el interés europeo en que este país forme parte del Acuerdo de Asociación, a pesar de no considerarse geográficamente dentro de lo que podríamos definir históricamente como Centroamérica.

Cuadro 1: Comercio entre Centroamérica y UE (año 2005)


Fuente: www.sica.org.gt / Sistema de Estadísticas de Centroamérica. Datos en millones de dólares.

En la actualidad existe una gran cantidad de inversión europea (no comercio) en la región, por lo tanto, para algunos sectores sociales el Acuerdo de Asociación más bien parece un mecanismo de defensa de las inversiones europeas en la zona, que la construcción real de un mercado nuevo.

Desde la perspectiva europea, sin embargo, se habla de interés en captar el mercado centroamericano de algunos bienes y servicios. De hecho esto ya ha sucedido en áreas como telecomunicaciones, energía y la industria cervecera. Otro de los intereses europeos se basa en que la región le pueda servir como plataforma de exportación para llegar al mercado de los EE.UU. Y por último, otra de las posibilidades que ofrece este mercado es la de disminuir costos de producción, situando factorías de producción de empresas europeas en estos países para posteriormente exportar a Europa (comercio intra-firmas).

En los últimos ocho años la exportación de Centroamérica hacia la UE ha crecido un 50%; lo que podría parecer una cifra satisfactoria se desvanece cuando salen a relucir los datos contrarios. Las importaciones de Centroamérica desde la UE se han incrementado un 300% en ese mismo periodo.

De todo lo que Centroamérica vende en la UE, Costa Rica exporta casi el 60%, es decir, vende más que todos los otros países juntos. Y compra el 44%; siendo este un indicador importante del escaso comercio existente entre Centroamérica y la UE.

Costa Rica vende banano y productos industriales, sobre todo electrónicos. Los demás países venden café, banano, mariscos y azúcar; en estos productos se concentra el 90% de las exportaciones. Eso es así desde hace más de cincuenta años.

Cuadro 2: Comercio entre Centroamérica y UE (año 2005), Datos Import/Export


Fuente: Equipo Maíz.

En total, las ventas de Centroamérica hacia la UE son pequeñas, solo representan el 12% de todo lo que la región vende en el mundo. El 45% del comercio de Centroamérica se realiza con EE.UU. y casi el 30% entre los mismos países de la región. Al resto del mundo va el 13% restante.

La mayor parte de la IED proveniente de la UE ha servido, o bien para establecer relaciones de subcontratación u outsourcing de empresas locales, o para la compra de activos ya existentes, orientándose de forma significativa al sector servicios, consecuencia de las privatizaciones del sector público. Esto hace que esta IED apenas haya servido para crear empleo o generar nuevas empresas.

En la actualidad y a pesar de su crecimiento reciente, el porcentaje de IED europeo que llega a Centroamérica sobre el volumen del IED en el conjunto de América Latina es muy pequeño, esto hace que ya se esté hablando desde los gobiernos centroamericanos sobre la posibilidad de ofrecer mayor desregulación laboral y mayor protección sobre las inversiones, apertura a las compras de los gobiernos (hasta ahora sólo en manos de empresas nacionales) y reglas de competencia que delimiten el rol de los Estados en el fomento económico, todo ello a cambio de incrementar las cotas de IED a partir del TLC.

Una de las mayores preocupaciones en determinados sectores sociales con este tipo de acuerdos es lo que se llama "cláusula de prohibición de requisitos de desempeño a la inversión". Los requisitos de desempeño consisten en exigir al inversor, para autorizar la inversión, determinadas conductas destinadas a proteger la economía nacional: utilizar materia prima nacional, exportar parte de la producción para incrementar el ingreso de divisas, etc.

Estas prohibiciones serían incluso ilegales con la legislación vigente en Centroamérica, que actualmente contempla algunos requisitos de desempeño, como el que un porcentaje de los trabajadores de empresas transnacionales sea de la población nacional o local.

La posibilidad de limitar requisitos de desempeño para la IED, lo que ya es una realidad en el CAFTA, y muy posiblemente forme parte de las cláusulas del Acuerdo de Asociación con la UE, cuestiona seriamente cuál es la contribución real que hace la IED a las economías de la región.

Las privatizaciones en Centroamérica

El proceso de privatización de los servicios públicos en Centroamérica tomó fuerza en la década de los 90 del siglo pasado. Estos procesos fueron iniciados de forma entusiasta por los gobiernos de los países centroamericanos, con el apoyo financiero de entidades internacionales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Es cada vez más preocupante la intención de que una amplia gama de servicios públicos, así como los insumos y recursos naturales de los que algunos dependen o están compuestos, sean privatizados bajo el pretexto de aumentar su calidad y hacerlos "más eficientes". La justificación de la Comisión Europea es que "la presencia de las empresas europeas en América Latina es fuente de crecimiento y empleo y puede contribuir a reducir la desigualdad social". Según la Comisión Europea, también "favorece la transferencia de tecnología y ofrece mercados a las empresas locales (subcontratación)". El resultado de la apertura a las inversiones europeas en servicios en América Latina nunca ha sido lo que se ha prometido, y desde hace unos años se han venido demostrando decenas de casos en los cuales transnacionales europeas que han invertido en diferentes servicios y países de Latinoamérica otorgan servicios deficientes, violan leyes nacionales, afectan a los derechos humanos y algunas participan en actos de corrupción.

Cuadro 3: Sectores Servicios en Centroamérica (P:Privatizado; E:Estatal; P/E: Combinado)


Fuente: Informe sobre orientación e impactos de la inversión extranjera en los servicios públicos en América Central. Centro para la Defensa del Consumidor (El Salvador).

El desmantelamiento del sector público llevado a cabo por los gobiernos centroamericanos, en particular en el sector servicios, no le han traído los beneficios anunciados a "bombo y platillo" a las economías de estos países. Tampoco los usuarios han salido beneficiados con una mayor calidad en los servicios, más bien todo lo contrario. El suministro de electricidad en la región por parte de transnacionales, como la española Unión Fenosa, denostada por todos (población y gobierno) en Nicaragua, es sólo uno de los muchos ejemplos en los que las transnacionales europeas se han aprovechado de los vacíos dejados por la desregulación, para conformar estructuras anticompetitivas y repartirse el mercado, con una clara tendencia hacia la integración de monopolios u oligopolios privados, atentando de forma muy grave contra la soberanía de estos países al no respetar sus marcos normativos e institucionales.

Todo ello se da en un marco político y social muy deteriorado, donde la mayoría de la población centroamericana se ha visto en condiciones de vida aún peores de las que disfrutaban hace unos años. El nivel de desempleo es alarmante y los sistemas de educación y salud están en quiebra. Los Estados son incapaces de asegurar los servicios públicos básicos y la capacidad productiva ha bajado con respecto a baremos anteriores.

En el mandato negociador del Acuerdo de Asociación, la Comisión Europea (sus autores intelectuales) habla de un periodo de transición de 10 años para liberalizar de forma total el comercio y los servicios en el conjunto de la región, ignorando de forma cínica todo lo mencionado anteriormente.

¿A quién benefician los TLC?

Los CAFTA, el TLCAN (más conocido por NAFTA, firmado entre Canadá, EE.UU. y México), el TLCUEM o el TLC UE-Chile han tenido impactos económicos sociales negativos, al tiempo que han beneficiado a un reducido grupo de la población contribuyendo así a la generación de desigualdades sociales y de violaciones de los derechos humanos.

Los máximos beneficiarios de los TLC, como siempre, han sido las grandes multinacionales de los países desarrollados, en estos casos EE.UU. y la UE, aunque también los grandes empresarios importadores, es decir, los que traen productos desde los países desarrollados a las grandes superficies, los sectores financieros y los amos del mercado inmobiliario.

Sin embargo, la UE tiene una característica especial en sus TLC, revestirlos de democráticos y adornarlos con amplios discursos en defensa de los derechos humanos y lucha contra la pobreza.

En todos los TLC que firma la UE se incluye una cláusula democrática que estipula que "los derechos humanos son un elemento esencial de las relaciones entre los Estados Parte". La UE afirma que su principal preocupación son los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, así como que objetivo es también promover los derechos de las mujeres y los niños, así como de las minorías y las personas desplazadas.

Los acuerdos de la UE con sus socios de todo el mundo ofrecen una cláusula que permite a la UE suspender o suprimir el comercio o la ayuda si el país socio no respeta los derechos humanos.

En el caso del Acuerdo de Asociación, los países involucrados deberían cumplir 27 convenios internacionales que hacen referencia a los derechos humanos para poder llegar a los objetivo de "Aranceles 0". Algo difícil de creer en Centroamérica.

Sin embargo esta cláusula democrática, como otras cláusulas de carácter social o medioambiental en los Acuerdos de Asociación, carece de mecanismos concretos que aseguren su operatividad. Sin estos mecanismos estas cláusulas no superan en sí mismas lo que podríamos definir como un "alegato de buenas intenciones". Por poner un ejemplo, en ningún momento se ha puesto en cuestión el TLCUEM a consecuencia de los informes que ponían en entredicho el respeto a los derechos humanos por parte del gobierno mexicano tanto en Chiapas, como en Oaxaca más recientemente.

Según la Subcomisión para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, órgano dependiente de las Naciones Unidas, los Estados deben asegurar en las negociaciones e implementaciones de los TLC, "la primacía de las obligaciones relativas a los derechos humanos en virtud del derecho internacional sobre las políticas y acuerdos económicos" y asegurar así que al formular políticas económicas internacionales se "tengan plenamente en cuenta las obligaciones y principios internacionales de derechos humanos". En cambio, mediante la apertura comercial y las inversiones en el marco de los TLC se busca cómo garantizar nuevos derechos para los inversionistas mediante reglas obligatorias que pueden inhibir la capacidad de los Estados de promover políticas en favor de los derechos humanos (incluyendo entre éstos los económicos, sociales y culturales). Sin olvidar también que los TLC suelen ir en contra de las disposiciones del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales.

De igual manera, el combate a la pobreza y la desigualdad, el impulso al desarrollo y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, son objetivos explícitos tanto de la UE como de los países de América Latina. Sin embargo, los esfuerzos de la cooperación para el desarrollo y el combate a la pobreza dependen cada vez más de que se impulsen las reformas económicas que exige la UE para estimular el comercio y las inversiones.

Desde Europa se declara públicamente que la UE y América Latina deben seguir cooperando para consolidar el sistema comercial multilateral en el marco de la OMC con, entre otros, el siguiente objetivo: "avanzar en el acceso al mercado de bienes y servicios resolviendo el problema de los elevados aranceles que América Latina sigue aplicando a ciertos productos industriales". Son muchas las contradicciones: el desmantelamiento de las protecciones arancelarias a los productos industriales es evidentemente dañino para los países en desarrollo, tanto para el ingreso de las divisas necesarias para el gasto social como para el apuntalamiento de sectores industriales estratégicos; mediante cláusulas como la de trato nacional la lógica del "libre mercado" implica que las industrias de países menos desarrollados pierdan el derecho a programas especiales de fomento por parte de sus Estados y deban entrar a competir de "igual a igual" con las grandes empresas transnacionales. Además, la UE exige en sus TLC bilaterales la incorporación de temas como inversiones, compras de gobiernos y política de competencia, a pesar de que estos inhiban la capacidad de los Estados de impulsar el fomento económico y garantizar el respeto y la promoción de los derechos humanos.

Los puntos críticos de las economías nacionales en Centroamérica están fuera de cualquier negociación. Migración, protección de recursos naturales, protección de la biodiversidad y patrimonio cultural de las poblaciones centroamericanas, no están en las agendas de los TLC ni de sus entes negociadores.

El posible impacto del TLC en el sector agropecuario

El sector agropecuario será sin duda uno de los sectores más afectados por el tratado. De hecho, este sector ya vive una crisis profunda que afecta de forma esencial a la pequeña y mediana producción campesina.

El descenso de la producción agrícola y ganadera en Centroamérica se debe a la disminución por parte de los distintos gobiernos, de los recursos destinados al agro, reduciendo a su vez los aranceles consecuencia de los CAFTA firmados con EE.UU., que facilitaron la entrada de productos importados en clara competencia con los sectores nacionales.

Tan solo Nicaragua tiene una situación algo diferente, que según análisis realizados por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), es debido a la reforma agraria de los años ochenta, que permitió crear importantes cooperativas, con financiación y apoyo técnico. De hecho, Nicaragua es el único país de la región que aumentó su inversión en el agro.

El nivel de pobreza del campesinado centroamericano ha hecho que las vacas y cerdos existentes hayan disminuido en 224.000 y 189.000 cabezas, respectivamente, desde el año 1990.

Si ya el TLC con EE.UU. ha significado un importante impacto en el sector, se teme que el acuerdo con la UE termine por arrasar buena parte de la producción de la región.

Por su parte, la producción de cereales y hortalizas no se encuentra con una mayor vitalidad.

En Honduras, El Salvador y Guatemala la producción de arroz está por los suelos. Sus cuotas de producción no alcanzan ni el 50% de las que fueron en 1990.

A modo de ejemplo, el caso salvadoreño es significativo. En el año 1990, en El Salvador se producían 62.000 toneladas de arroz y se traían del exterior 5.000. En el año 2005, se produjeron 26.000 toneladas y se trajeron de fuera 89.000. La situación de Honduras y Guatemala no es diferente. El caso del maíz es muy similar.

Por su parte, las hortalizas han sufrido una bajada en su producción en países como Nicaragua, El Salvador y Honduras. En Costa Rica apenas crece y en este sentido Guatemala es el único país en el que se mantienen en baremos beneficiosos.

Sin embargo, los gobiernos locales pretenden poner a competir estos productos entre sí a través del Acuerdo de Asociación con la UE. Volviendo al caso del arroz, los arroceros de Centroamérica están gravemente amenazados por el TLC firmado con EE.UU., país donde el subsidio a este producto cubre el 65% del costo. El TLC con la UE vendría a empeorar aún más la situación.

Cuadro 4: Pagos compensatorios del arroz de la UE (Año 2003)


Fuente: www.unctad.org y Equipo Maíz.

A todo esto hay que añadir que en Centroamérica hay 80.000 personas que producen arroz y generan 1.500.000 puestos de empleos entre directos e indirectos en el sector.

La Cooperación en el marco del Acuerdo de Asociación La cooperación de la sociedad civil europea (entendiendo por ésta la cooperación no gubernamental, donde la ayuda se da en condición no retributiva, son donaciones que se suponen al margen de las incidencias políticas e intereses específicos o sectoriales de los donantes) surgió con objetivos de ampliar y fortalecer las organizaciones sociales de Centroamérica; para canalizar apoyo internacional al desarrollo y la democracia a través de mecanismos de la sociedad civil y para la ejecución de programas y proyectos que beneficiaron de manera directa a los sectores más necesitados de la región, dándole participación y protagonismo a nuevos actores sociales; esto a su vez, rompió el monopolio de la cooperación a los gobiernos.

Se inició en el contexto de la guerra fría y la intensificación de los conflictos armados en Centroamérica, a finales de los setenta y principios de los ochenta, en donde los EE.UU., a través de la política de Reagan, estaban convencidos de imponer con una solución militar sus criterios en la zona. El triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua; la agudización de los conflictos armados en El Salvador y Guatemala; la presencia de la Contra nicaragüense en Honduras y el surgimiento de grupos guerrilleros en este país, constituyeron un escenario que desafiaba la hegemonía e intereses de los EE.UU. en la región, lo que incrementó la presencia e intervención de esta potencia en los asuntos internos de la región. La militarización de la mayoría de los países de la zona; los espacios políticos y sociales restringidos; las violaciones de los derechos humanos y el continuismo de los regímenes autoritarios sensibilizaron a los europeos, lo cual en este contexto privilegió el canalizar recursos financieros a través de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), tales como fundaciones, partidos políticos, sindicatos y universidades, para fortalecer a la Sociedad Civil en Centroamérica. Todo ello propició el florecimiento de aproximadamente más de mil ONG locales en Centroamérica.

En la década de los setenta la cooperación europea era escasa, y de muy poca trascendencia. Con el triunfo de la revolución sandinista en 1979 el apoyo e interés en la región aumentó, cientos de ONG europeas se trasladaron a Nicaragua para cooperar con el proceso transformador revolucionario y las perspectivas democráticas que se vislumbraban en la región.

Este auge de las ONG europeas fue incrementándose conforme avanzaron las condiciones e iniciativas para solucionar los conflictos armados. Los años noventa sobresalen por los cambios que se manifiestan en la región al lograrse la paz, orientándose la ayuda a los programas de reconstrucción y reinserción de ex combatientes a la sociedad y estructuras productivas, iniciándose cambios en las prioridades e intereses de los donantes.

En los noventa se dieron impactos y cambios en las tendencias de esta cooperación por el cese de los conflictos armados, el fin de la guerra fría, y el interés hacia otras regiones como África y Europa del Este, así como la influencia de la economía en la definición de los nuevos paradigmas sociopolíticos, reflejándose esta visión en una reducción de los porcentajes de cooperación para la región, experimentándose fuertes presiones de los donantes para que los receptores de ayuda cambien sus prioridades y políticas institucionales para enfocar la ayuda a proyectos productivos y a nuevos ejes temáticos como medioambiente y género en los proyectos, situación que abona el llamado "Proyectismo", en donde se elaboran programas y proyectos en Centroamérica como moda y no como necesidades objetivas nacionales o locales. Los proyectos y programas de capacitación en la práctica han desaparecido o se han orientado hacia el fortalecimiento de aspectos productivos, el enfoque solidario pasó a centrarse más en el desarrollo real. Todo ello se vio reflejado en el acuerdo marco de cooperación que suscribió la UE con Centroamérica en el año 1993 y que entró en vigor el primero de mayo de 1999.

El huracán Mitch en octubre de 1998 (Centroamérica recibió entonces la mitad de la ayuda de la UE para América Latina) y la tendencia en los noventa de reducción del Estado en Centroamérica y de recortes presupuestarios en las partidas destinadas a programas sociales, continuó y sigue siendo un incentivo y condición que permite seguir canalizando recursos hacia el área. El Acuerdo Marco para la Cooperación de 1993 pretendió paliar los acuerdos de ajuste estructural aplicados para la modernización y dinamización de las economías centroamericanas. Sin embargo a fecha de hoy, no se ha hecho ningún balance de lo que fue ese acuerdo.

Durante la Cumbre UE-América Latina y el Caribe, celebrada en mayo de 2002, la UE y seis países centroamericanos (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá) acordaron negociar el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, el cual fue suscrito el 15 de diciembre de 2003, en Roma. Significó un nuevo reajuste de la cooperación europea en Centroamérica y los países firmantes de la zona acataron sin rechistar el acuerdo planteado por la UE (ni una coma se modificó en el proceso de discusión sobre el borrador elaborado desde Europa). El fruto de este acuerdo es que la región recibe entre los seis países una media de 150 millones de dólares anuales en materia de cooperación basado en criterios puramente europeos.

Durante los últimos dos años la UE la reformulado las directrices de la cooperación, diseñando un nuevo marco para 2007-2013. Las estrategias de la UE han cambiado y se van a enmarcar dentro de lo que será el Acuerdo de Asociación. Por lo poco que se conoce hasta el momento, no se sabe aún como la van a poner en práctica, la pretensión europea es enfocar dicha cooperación hacia la economía de la zona, referenciando en su mandato negociador la necesidad de integración económica, creación de puestos de empleo, apoyo al comercio, crecimiento económico, etc., dejando a un lado cualquier tipo de referencia a la prioridad sobre gobiernos más justos o relaciones más equilibradas en la zona.

También son significativas las referencias desde Europa de los que han denominado "Apoyo Presupuestario", lo que viene a significar que la parte más importante de la cooperación estará destinada directamente a los gobiernos centroamericanos para que estos hagan las inversiones que la nueva zona de libre comercio requerirá. Aunque en su discurso bonito, la UE habla de que estos apoyos presupuestarios estarán condicionados a la participación ciudadana, está por ver que alguna vez esto haya sido así. Por poner un ejemplo, en los últimos años se han aportado importantes recursos de cooperación para la integración regional, una parte importante de estos se han gastado en consultorías, estudios y diagnósticos, sin llegar en ningún caso a las comunidades que han de integrarse, y lejos de la participación de éstas en el proceso de toma de decisiones.

Experiencias de otros TLC de la UE en América Latina

Sería conveniente que antes del comienzo de cualquier TLC entre UE y Centroamérica se desarrollaran evaluaciones objetivas sobre los impactos que han tenido los TLC entre la UE y países América Latina. En concreto el TLCUEM y el TLC UE-Chile.

Hasta la fecha no se han hecho estas evaluaciones, en las que deberían participar grupos de afectados de la sociedad (grupos indígenas, campesinos, consumidores o de pequeños empresarios). Los gobiernos han realizado declaraciones conjuntas que se han dedicado a visualizar cómo el comercio y la inversión han aumentado, pero con escasa o nula referencia a la calidad de ese comercio y de esas inversiones, así como de sus repercusiones sociales y ambientales.

Los dos TLC firmados hasta la fecha por la UE con países de América Latina tienen en común que fueron firmados con dos países que han privilegiado su relación con EE.UU., a través de la firma de TLC, por encima de la promoción de la integración latinoamericana. La UE se caracteriza en América Latina por ir firmando TLC con quienes ya han firmado TLC con los EE.UU. Ambos TLC siguen el modelo de los TLC con EE.UU. y no reconocen las asimetrías económicas y sociales entre las partes.

Tanto el TLCUEM como el TLC UE-Chile son instrumentos, esenciales pero no únicamente europeos, de la evolución de la política de globalización corporativa hacia el espacio latinoamericano y caribeño.

De hecho, en el caso de México, el TLCAN (NAFTA) fue el modelo neoliberal de tratado comercial y financiero bilateral, entre una potencia económica y un país subdesarrollado, que la UE decidió aprovechar para dar la batalla geoestratégica frente al bloque estadounidense y avanzar hacia otros espacios. La diferencia central con el TLCAN es que el TLCUEM fue adornado con una mejor retórica política, que evitaría el escándalo de las buenas conciencias del viejo continente, además de presentarlo cual producto mejorado a las oposiciones del mercado interno.

Además, México siempre fue el alumno aplicado de América Latina en materia de liberalización. El 85% del comercio de México están centralizado con EE.UU., cosa que no mermó el interés de la UE por la firma del TLCUEM en su momento. En cuanto a los impactos económicos, una diferencia entre ambos TLC es que México se ha visto incapacitado para diversificar sus exportaciones con el TLCUEM y sigue dependiendo fuertemente del mercado de EE.UU. El acuerdo entró en vigor en el año 2000 y en seis años (el 31 de diciembre del 2006) el déficit comercial mexicano con respecto a la UE se cifraba en 16.800 millones de dólares (el doble que cuando entró en vigor el tratado).

El único comercio que ha habido con la UE desde México ha sido entre filiales de empresas con sus casas matrices en UE (comercio intra-firmas), excepción hecha, claro está, en el caso del petróleo. Los sectores de inversión más importantes del capital europeo en México han sido el sector manufacturero (50% de la inversión total) y el financiero (25% de la inversión total), siendo cuatro países de la UE (el Estado español, Alemania, Reino Unido y Holanda) los protagonistas del 20% de las inversiones europeas en el país azteca.

Por su parte, Chile sigue dependiendo de exportaciones primarias, y en el caso de "sus" exportaciones de productos manufactureros éstas contienen un escaso contenido nacional y se trata en buena medida de comercio intra-firmas. De acuerdo con datos oficiales, tanto México como Chile han registrado una mayor IED europea desde la entrada en vigor de los TLC con esta región. La mayoría de ésta, sin embargo, se ha dedicado a la compra de activos, especialmente en el sector financiero (y telecomunicaciones en Chile), y las promesas de creación de más y mejores empleos no se han visto realizadas.

- Decio Machado Observatorio de Multinacionales en América Latina Asociación Paz con Dignidad