La lucha contra la inseguridad se ubica como la mayor demanda ciudadana en Argentina, con un 59,7% de la población preocupada por ella según un estudio reciente de la consultora Analogías. Este alto porcentaje de ciudadanos tiene motivos sobrados de alarma porque, según datos oficiales, en la última década el número de delitos aumentó en un 53% .

Las estadísticas señalan que mientras en 1995 se cometían 2043 delitos por cada 100 mil habitantes, en 2005 esta cifra llegó a 3127 hechos delictivos por cada 100 mil habitantes. A esto debería agregarse una estadística silenciada, que tiene su origen en que sólo el 28% de las víctimas denuncian el delito. El resto no lo hace por temor o falta de confianza en las fuerzas de seguridad y en la justicia, agravado por el hecho de que sólo el 2,7% de los acusados de delitos reciben sentencia condenatoria y uno de cada tres delincuentes condenados son reincidentes.

Desde la crisis de 2001, el incremento de los delitos contra la propiedad ha sido notoria, en especial los asaltos a comercios en los barrios, el robo de automóviles o a personas mayores, los robos por arrebato o descuido, y aquellos relacionados con el consumo de drogas o su venta al menudeo. En los últimos años el consumo de drogas baratas por las clases bajas ha ido en aumento, como también los hechos delictivos relacionados con el narcotráfico, que combina ramificaciones de comercialización nacionales e internacionales.

Pero el momento más difícil de lucha contra la delincuencia se vivió en Argentina en el año 2004, cuando se sucedieron los secuestros “express” y los secuestros de miembros de familias acaudaladas, con el fin de obtener millonarios rescates. En uno de estos hechos fue secuestrado Axel Blumberg, joven hijo de un industrial, quien logró escapar de sus captores pero fue recapturado y asesinado con alevosía.

Su padre, el ingeniero Juan Carlos Blumberg, tomó el liderazgo del reclamo por seguridad en aquel momento y logró movilizar a miles de personas, hasta 150 mil en una de las principales demostraciones, solicitando cambios en el proceder de la policía, los jueces y los tribunales y también en la legislación, con el fin de establecer procedimientos más duros en el accionar contra la delincuencia y mayores condenas para los delincuentes, en especial para los reincidentes.

En aquel momento, la prédica de Blumberg tuvo mucha influencia sobre todo en el ámbito legislativo y todavía se recuerdan las sesiones parlamentarias en las que se discutió esta nueva legislación ante la mirada atenta del ingeniero. Era evidente que frente a este monitoreo, que era seguido por las cámaras de la televisión, ningún legislador quería parecer débil ni “garantista” por temor a ser criticado por la opinión pública.

Nuevos embates por mayor seguridad

Si bien ya prácticamente han cesado los secuestros extorsivos y la policía asegura que hay una baja en el número de delitos comunes, los hurtos y robos se suceden a diario, con el agravante de que muchos de ellos son cometidos por menores de edad. En esta nueva oportunidad, Blumberg salió a la calle nuevamente a pedirle al gobierno más seguridad en las calles y apuntó su discurso a la necesidad de imponer penas de cárcel a los menores de edad, que en Argentina son considerados no imputables cuando tienen menos de 16 años.

Pero el escenario ha cambiado para este tipo de demandas. Si bien esta nueva convocatoria fue importante, ya que el acto tuvo lugar en la Plaza de Mayo con la concurrencia espontánea de unas 30 mil personas, los rumores de que los partidos políticos de centro derecha tenían sus ojos puestos en Blumberg para una posible candidatura política crearon una suerte de desconfianza a la transparencia de su accionar.

Es cierto que el discurso del ingeniero Blumberg es conservador y que sus seguidores pertenecen mayoritariamente a la clase media alta. También es cierto que en 2005, unos 19 mil menores de edad fueron apresados por delitos comunes, muchos de ellos de alta violencia, y que en los últimos meses la policía en la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, arrestó a dos menores por hora por la comisión de delitos.

Entre los 18 puntos del petitorio que Blumberg pretendía en esta oportunidad presentar al gobierno, y que no fueron recibidos en los despachos oficiales, hay cuestiones que no suenan descabelladas. Lo que ocurre es que la visión de la sociedad y de la justicia que están por detrás de este petitorio son autoritarias, represoras, discriminatorias (como si la juventud pobre y humilde fuera la principal responsable de la criminalidad en el país), y se limitan a considerar que sólo el castigo y el encierro por largos años pueden dar respuesta al aumento de la delincuencia, aunque en esta oportunidad Blumberg pareció comenzar a reconocer la necesidad de políticas sociales activas como complemento para hacer frente a la problemática.

Es esta visión represora la que rechaza la mayor parte de la sociedad argentina y que en esta oportunidad no encuentra eco en los legisladores. El año pasado el Congreso Nacional aprobó la ley 26061 que estable un régimen de protección integral a la niñez y que sostiene que el diseño de un sistema penal juvenil debe estar en consonancia con los contenidos de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. “No se trata de mandar a los chicos a la cárcel, sino que el objetivo es lograr su integración social. El aumento de las penas no resuelve nada”, aseguraron varios legisladores al matutino “La Nación”, órgano que no disimula su apoyo al discurso del ingeniero Blumberg.

Mientras tanto los analistas políticos consideran que si bien Blumberg es el exponente de una preocupación social relevante, su figura como político podría no tener apoyo. Consideran que la gente valora a este industrial dolido por la pérdida violenta de su hijo como referente social, como valor moral de lucha y coraje ante la adversidad, pero que podría cuestionarlo si manifestara aspiraciones políticas.

Por otro lado, buena parte de la sociedad no olvida otras inseguridades, esta vez relacionadas con la impunidad de los represores que torturaron, asesinaron y forzaron la desaparición de miles de opositores políticos durante la última dictadura militar (1976-1983). Resulta ejemplificadora la condena a prisión perpetua de Miguel Angel Etchecolatz, responsable del terror que se impuso en la provincia de Buenos Aires durante los años más aciagos de la dictadura junto al jefe de la policía Ramón Camps y de numerosas violaciones a los derechos humanos, que fue juzgado por genocidio y crímenes de lesa humanidad. Esta condena, ocurrida a mediados de septiembre en un juicio oral y público impecable, permite pensar que la democracia y sus tribunales de justicia están afirmando una seguridad mayor, construida durante 30 años de memoria activa impulsada por los organismos de derechos humanos y por una ciudadanía que quiere soluciones integrales y duraderas ante el delito que superen la ideología de la represión y derroten la impunidad.