El gobierno de George Bush planea la reforma como un pilar en la cuenta regresiva a las próximas elecciones. Sin embargo, la realidad de los inmigrantes trabajadores está lejos resolverse.

Ante la tan golpeada imagen del presidente estadounidense George W. Bush –considerado por muchos como el peor de la historia- la cuestión de la inmigración es uno de los principales puntos de atención en la política interna. De cara a las elecciones presidenciales, sumado a que el 72 por ciento de los estadounidenses considera que su país en general va mal; el 76 por ciento cree que la ocupación en Irak no tiene sentido y el 60 por ciento desaprueba el manejo gubernamental en los temas migratorios. Bush pretende sacar rédito de la tan controvertida reforma migratoria.

Bush cabildea para cimentar el apoyo al proyecto de demócratas y republicanos en el Capitolio, cuando los legisladores lo analicen una vez que reanuden sus labores. El proyecto de ley otorgaría residencia permanente a millones de indocumentados, reforzaría la vigilancia fronteriza y obligaría a las empresas a verificar la situación legal de los trabajadores que contraten.

Este proyecto incluye medidas respaldadas por los conservadores como el programa de verificación legal de los trabajadores para impedir que los indocumentados obtengan empleo, y un nuevo sistema de puntos que da preferencia a los conocimientos profesionales y nivel de estudios en lugar de a los lazos familiares a la hora de decidir quién podrá inmigrar a Estados Unidos.

En este sentido la periodista de La Jornada de México Ana María Aragonés asegura que el verdadero objetivo y el punto en el que todos coinciden de la reforma es que cualquier acuerdo migratorio deba pasar primero por el reforzamiento fronterizo.

Pero como cualquier moneda la reforma tiene, por los menos, dos caras. La primera repetida hasta el cansancio por la administración Bush y los conservadores en tanto control del influjo de personas con más muros fronterizos. La segunda -y subyacente- es la que le da al gobierno la posibilidad de regularizar la situación migratoria de 12 millones de indocumentados (todos los que ingresaron antes del 1 de enero de 2007), que viven y trabajan en Estados Unidos y de esta forma asegurar para su economía el “blanqueo” de mano de obra barata o no calificada para su economía.

Y las cifras hablan por si solas. La lista de gastos y medidas que figuran en la página oficial de la Casa Blanca (www.whitehouse.gov) es muy gráfica. “Desde que el Presidente inició su mandato, hemos aumentado los fondos para seguridad fronteriza en 66 por ciento y expandido la Patrulla Fronteriza de 9,000 a 12,000 agentes. Para fines de 2008 vamos a aumentar el número de funcionarios de la Patrulla Fronteriza en otros 6,000 adicionales, con lo cual se habrá duplicado el número de la Patrulla Fronteriza desde el inicio de su mandato”, señala el portal.

A una década del negro antecedente que dio la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1996 (Immigration and Nationality Act) en la que muchos de aquellos deportados de acuerdo con dicha ley fueron en realidad declarados culpables de crímenes serios, pero también muchos otros no lo fueron. Por entonces, el tema no solo saturó a la justicia sino que puso en apuros a la presidencia. De esta forma el refuerzo de la frontera pone contentos a los grupos antinmigrantes y de forma automática sigue favoreciendo el flujo de indocumentados. Porque los que ya están allá nunca van a aceptar "salir de la oscuridad" para convertirse en trabajadores temporales bajo esas condiciones.

El plan de legalización para los doce millones de indocumentados exige que, para obtener la residencia permanente, estos “reconozcan que violaron la ley, paguen una multa (que podría ser de 5 mil dólares), se sometan a una revisión de antecedentes, tengan trabajo fijo y no tengan historial delictivo”. Pero los senadores conservadores insisten en que el proyecto es una amnistía “inmerecida” que aparte no frenará la inmigración ilegal.

En ese marco, los sindicatos y organismos de defensa al inmigrante afirmaron que se creará una subclase de bajos salarios, sin beneficios ni protección de salud y seguridad. Y agregan que para los empleadores esto no estabiliza el empleo quedando un gran sector de trabajadores mal pagados, en rotación constante y una subclase a niveles muchos más bajos que la propia sociedad estadounidense.

A su vez, para México -principal país expulsor de mano de obra hacia Estados Unidos- este tipo de iniciativas no son siquiera paliativas al problema real. Gulmaro Ventura, Responsable legal de la Asamblea de Migrantes de la Ciudad de México, sostuvo a los medios que es claro que “esta medida tiene tintes electorales, pero también obedece a la demanda de mano de obra que tiene el país vecino para sostener su crecimiento. Tengo serias dudas de que esto resulte”.

En resumen, volviendo con Aragonés, ella asegura que al “seguir incrementando el flujo de indocumentados, mantener una reserva de mano de obra de segunda clase para Estados Unidos que "haga los trabajos que los nativos no quieren hacer", evitando la "migración en cadena con un programa verdaderamente temporal", lo que se traduce en falta de opciones para desarrollarse como cualquier trabajador y favoreciendo los intereses económicos estadounidenses”. Y de este modo "competir en el marco de la globalización", según las propias palabras de Bush.

Por otro lado es notable la tendencia de la política inmigratoria actual en otros sectores. Como muestra puede verse como los llamadas “ Dependencias” o “estados libres asociados a los Estados Unidos” como Puerto Rico, Islas Midway, Bahía de Guantánamo, e Isla Wake entre otros; son legalmente ciudadanos estadounidenses, pero no pueden, por ejemplo, elegir el presidente de la república mientras residan en la isla. Estados Unidos argumenta que no las considera colonias, aunque así figuran en la Carta de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Otro aspecto importante es que Canadá y México -países limítrofes con Estados Unidos- son además sus dos principales socios económicos. El primero con el 20 por ciento, y el segundo con el 12 por ciento; de las transacciones, seguido de China (continental 10 por ciento, Hong Kong 1 por ciento) que ocupa el tercer Lugar. Hay que ver que tipo de reacciones pueden surgir de estas relaciones bilaterales si avanza este crudo manuscrito. Sumado Japón, estos cinco países conforman más del 50 por ciento de todo el comercio estadounidense, según estudios realizados al respecto.

La inmigración en la actualidad, es un tema que gana espacio a diario en la opinión pública. Por citar un caso reciente, la reforma en Suiza que hace una semana votó una amplia mayoría de legisladores a favor de adoptar leyes más severas para el otorgamiento de asilo político y de la residencia para los extranjeros, en especial que provienen de países que no están incluidos en la Unión Europea (UE) es un claro ejemplo de la demagogia de los estados y las siniestras reglas de mercado.

Un contexto mundial en el que los desplazamientos de población, en busca de trabajo son uno de los fenómenos sociales más notables de las últimas décadas. El factor central desencadenante de las migraciones sería el desajuste entre oferta y demanda de fuerza de trabajo. Las migraciones servirían para restablecer el equilibrio entre ambos factores.

Según comenta Saskia Sassen en su artículo “¿Perdiendo control?” la internacionalización de la economía afecta los mecanismos que vinculan a los países de inmigración con los de emigración y a sus correspondientes mercados de trabajo. La notable es que la ausencia de contención de los estados originarios se potencia con el desentendimiento de los estados receptores y en tanto los países desarrollados atribuyen sólo al migrante la decisión de trasladarse a otro país, sin asumir la responsabilidad que le cabe al Estado y a las empresas de promover –directa o indirectamente- dicho desplazamiento.

Y el problema parece retornar a su origen cíclico. Un mercado mundial liberal que propone fomenta e instrumenta la libre circulación de personas. Y tras la consecuente marginación de personas en sus países de origen, prohíben nuevamente la libre circulación de las personas. El sistema lleva a los estados a crear en pos del libre comercio y el libre mercado espacios económicos sin fronteras; mientras que agudiza el control fronterizo para impedir la entrada de inmigrantes y refugiados condenando la libre circulación de personas.

Es por ellos que mientras en Estados Unidos los senadores conservadores y grupos afines insisten en que el proyecto es una “amnistía inmerecida” y que, tal como está concebido, no frenará la inmigración ilegal, los grupos pro inmigrantes piden aumentar las protecciones para los indocumentados y sus posibilidades para lograr una residencia permanente y poder regular su situación laboral y de residencia.

Es esta por fin una reforma que presenta varios tintes electoralistas y que apuntan en su discurso a los mismos sectores a los que alguna vez les cayó bien la política de “guerra preventiva” que desencadenó en la invasión a Irak. Mucho debate, pero pocas soluciones a la cuestión de fondo, arroja como resultado que este Proyecto de Ley de Inmigración controvertido y postergado sea en realidad una medida que a las claras no parece convencer a nadie.

Fuente: Agencia Periodística del MERCOSUR (APM), Mar del Plata / Argentina
http://www.prensamercosur.com.ar