III Foro Social Mundial de las Migraciones

Trabajo esclavo y el derecho al trabajo de las personas migrantes

Carlos Juliá

12/09/2008

Opinión

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En el marco del III Foro Social Mundial de las Migraciones, que se lleva a cabo estos días en Rivas Vaciamadrid (España), se realizó el Seminario "Trabajo esclavo, estafas y el derecho al trabajo de los y las migrantes", coauspiciado por el Grito de los Excluidos/as junto con el Euskal Sindikatua (la organización sindical mayoritaria del País Vasco), la Confederación Intersindical, el Sindicato de Obreros y Campesinos de Andalucía, la Coordinadora de ONG's de Euskadi de Apoyo a Inmigrantes y ATTAC Francia. El panel fue coordinado por Luiz Bassegio, coordinador del Grito de los Excluidos Continental.

La "industria" de la trata de migrantes

En primer lugar, habló el doctor José Ángel Esnaola, representante de la Coordinadora de ONG's de Euskadi de Apoyo a Inmigrantes (Harresiak Apurtuz) quien se refirió a la situación laboral y a las leyes que se aplican en el estado español, a los trabajadores extranjeros. Con la llegada del presidente Zapatero, los trabajadores extranjeros que pudieran probar que tenían un contrato laboral legal, obtendrían sus documentos. Sin embargo, muchos fueron estafados por redes mafiosas y no pudieron demostrar la existencia de un contrato. En este marco, la organización Harresiak Apurtuz impulsó cuatro procesos legales contra empresas fantasmas, obteniendo luego de tres años de litigar, dos sentencias condenatorias. "El sistema jurídico español fracasó, ya que permite que muchas personas estén desprotegidas legalmente, no garantizando los derechos del trabajador", puntualizó el doctor Esnaola.

Esto pone de manifiesto, que está en crisis la idea de que un Estado existe para dar garantías al ciudadano. Además se necesitan jueces y policías que garanticen los derechos de los trabajadores "irregulares", ya que no alcanza con la sentencia de los tribunales constitucionales. El doctor Esnaola concluyó señalando que las redes de trata de personas migrantes tienen un poder económico muy grande, con capacidad de corromper los poderes del Estado y ni la ciudadanía ni las instituciones tienen la capacidad de brindar efectiva protección a los migrantes indocumentados.

Las migraciones agrícolas en el sur de España

El representante del Sindicato de Obreros y Campesinos de Andalucía, comenzó señalando que el tema de los trabajadores migrantes y de la migración es un fenómeno complejo, dramático y difícil. Andalucía es una zona agrícola por excelencia, con el 17% de la tierra de España y donde trabajan 500 mil jornaleros sin tierra; el 2% de los propietarios poseen el 80% de las tierras por lo que hay una enorme concentración de la propiedad.

La agricultura en la región ha generado una industria intensiva en la utilización de la mano de obra, que no tiene en cuenta a la persona y su único interés es el lucro. En las ocho provincias que integran Andalucía, en determinadas épocas del año, hay falta de mano de obra lo que lleva a contratar migrantes "trabajadores golondrina" (con contratos temporales hechos en el lugar de origen), para recolectar los diferentes productos agrícolas de la región, entre ellos la fresa, la naranja, la aceituna, los espárragos, etc. Cientos de miles de migrantes, provenientes de la Europa del Este, de África y también de América Latina, arriban en distintas épocas del año para satisfacer la demanda de mano de obra.

Este tipo de contratos da lugar a diversos tipos de abuso, entre ellos los abusos sexuales pues en algunas actividades se contratan solo mujeres, generalmente entre los 25 y 40 años, casadas y con hijos para que vuelvan a su territorio de origen; estas mujeres sufren acoso y abuso sexual en las fincas donde llegan a trabajar. También se dan casos de abusos contra la libertad, pues las viviendas donde habitan las personas migrantes son cercadas con el fin de que no puedan salir del lugar, sus documentos son retenidos y carecen de transporte para moverse; aparte de eso, son incumplidos todos los convenios laborales.

Violaciones laborales en el País Vasco

La representante de Euskal Sindikatua, señaló que había que analizar los límites y las contradicciones del sistema neoliberal, ya que sus bases no son tan sólidas como quieren hacernos creer y lo demuestra la actual crisis financiera que sufre el sistema. En él, los jóvenes y los inmigrantes son los que más sufren la injusticia laboral, y en el País Vasco tan solo el 72% tiene una situación laboral regular, dentro de esa estadística también hay una discriminación de género y los varones tienen un 15% más de regularidad que las mujeres en el País Vasco y en Navarra un 18% más.

Igualmente, tener la documentación en regla no es garantía de lograr un trabajo regularizado para los migrantes, ya que las barreras jurídicas y sociales vigentes permiten que la patronal se aproveche de las ventajas que brinda el sistema. Por otra parte se vuelven a repetir las diferencias de género pues las mujeres solo consiguen trabajo en los sectores más precarios. Asimismo, señaló que no hay políticas europeas en beneficio de los inmigrantes, y en esto no hay diferencia entre gobiernos de izquierda o de derecha.

Finalmente, indicó que la ley de residencia exige 5 años de vivir en el país con los dos últimos de manera ininterrumpida, a la fecha de solicitar la regularización migratoria, lo cual es una condición difícil de salvar para los inmigrantes. Además en el País Vasco se agregan requisitos adicionales a los que se piden en el territorio español, lo que agrava aún más la situación. En este marco, el Euskal Sindikatua propone aumentar la inversión social y el pleno reconocimiento de los derechos humanos de las personas migrantes.

Trabajo esclavo y casos en el sistema judicial de la República Argentina

El coordinador del Grito de los Excluidos en la Argentina, compañero Carlos Juliá, afirmó que hay que entender el todo y cómo funciona el mundo, para actuar en consecuencia. Recordó la intervención de Francois Houtart hace dos años en la inauguración del segundo FSMM, cuando puso de manifiesto que las empresas multinacionales y sus subsidiarias, producen bienes y servicios para el 30% de la población mundial que trabaja en relación directa o indirecta con ellas. Empresas que producen mercancías de alto rango con gran valor agregado y "marcas" acreditadas para un consumo selectivo.

En la Argentina, a partir de un incendio en un taller textil clandestino tres años atrás, donde murieron cinco familias de trabajadores/as bolivianos/as, se pusieron de manifiesto las formas de producción en estos talleres con trabajadores esclavos, indocumentados, en locales insalubres donde al mismo tiempo habitan y producen las familias en condiciones de servidumbre.

A raíz de este hecho, se inició una causa judicial en el juzgado federal a cargo del doctor Norberto Oyarbide, donde fueron denunciadas empresas de indumentaria que contrataban talleres con inmigrantes indocumentados en condiciones de máxima precarización laboral. Luego de un largo litigio, los tres directivos acusados como responsables del siniestro, fueron sobreseídos por considerar el juez Oyarbide "...que ese modo de explotación sería herencia de costumbres y pautas culturales del altiplano boliviano, de donde provenía la mayoría de los talleristas y costureros"; según el juez, se trata "...de un grupo humano que convive como un ayllu o comunidad familiar extensa, originaria de aquella región, que funciona como una especie de cooperativa".

Por su parte, el Cónsul General de Bolivia, opinó que el juez "...debió haberse informado sobre la naturaleza de las costumbres ancestrales, que nada tienen que ver con los tristes sistemas de esclavitud" que rigen en los talleres clandestinos.

En esta causa, solo se responsabilizó a las personas encargadas de los talleres, pero nunca a las empresas y propietarios responsables de las mismas, quedando los trabajadores y víctimas sin trabajo y librados a su suerte.

En uno de los casos que llegó a este expediente, el juez Oyarbide se declaró incompetente y por sorteo cayó en el juzgado federal del doctor Sergio Torres. El magistrado tuvo oportunidad de ver con sus propios ojos un sistema de producción por el cual se ha sometido a miles de personas -especialmente a migrantes bolivianos-, a condiciones de semi-esclavitud, a las que se arrojó a condiciones inhumanas de vida y malos tratos cotidianos, violándose toda normativa laboral, penal y de derechos humanos.

El caso que se está juzgando es consecuencia de una estructura de costos esencialmente injusta, cuyos principales beneficiarios pueden quedar en la impunidad y no son otros que los dueños de las marcas. Cabe destacar que el juez decidió secuestrar las máquinas de los imputados y ponerlas a disposición de los mismos trabajadores, quienes de esta forma podrán continuar con su trabajo pero en condiciones dignas y cumpliendo las normas correspondientes.

La decisión del juez Torres, a diferencia del proceder del juez Oyarbide, pone de manifiesto que los jueces penales no solo investigan y dictan condenas. También pueden y deben reparar situaciones degradantes que nos envilecen como seres humanos y como nación. A partir de ahora nadie podrá decir que desconoce la existencia de un sistema semi-esclavista e inhumano, que aprovecha la extrema debilidad de los migrantes para beneficio de los empresarios.

- Carlos Juliá, Grito de los Excluidos/as Minga Informativa de Movimientos Sociales.

https://www.alainet.org/de/node/129699