El Instituto Espacio para la Memoria organizó una jornada en la capital argentina para debatir y buscar estrategias contra la impunidad en América Latina.

Un centenar de latinoamericanos se encontraron en un lugar emblemático para consensuar estrategias de lucha contra la impunidad. Diversos representantes de organismos de derechos humanos convocados por el Instituto Espacio para la Memoria (IEM) se reunieron el pasado martes 3 de marzo en un salón de la Manzana de las Luces, sitio por demás simbólico en la capital de la Argentina.

Ese lugar donde han asumido presidentes como Bernardino Rivadavia y Bartolomé Mitre, funcionó el Congreso nacional y fue refugio de los revolucionarios a principios del siglo XIX; espacio resignificado ahora para paseos turísticos y jornadas de distintas organizaciones sociales y gubernamentales.

En aras del Bicentenario de la Revolución por la Independencia de Argentina (1810-2010), el país y sus vecinos debatieron y buscaron soluciones en conjunto para resolver las distintas aristas de la impunidad que se presenta por estos días.

Y la impunidad es un fantasma de cuerpo presente que viaja desde los hechos del pasado reciente, como las distintas dictaduras y regímenes militares, hasta los casos de gatillo fácil y crímenes “extrajudiciales” cometidos tanto por efectivos policiales como por bandas paramilitares.

El esquema del encuentro fue claro: una mesa de charla inicial por la mañana, apertura de los talleres de reflexión, receso para almorzar, cierre y conclusiones de los talleres y charla final con la presencia de dos jueces trascendentales en las causas de violaciones a los derechos humanos y en casos específicos de crímenes de lesa humanidad: Raúl Zaffaroni y Carlos Rozanski.

Por tanto, en la mesa de inicio hubo un abanico de voces, cuyo coro estuvo compuesto por tonos argentinos, uruguayos y paraguayos. Y entre discursos, charlas informales en el patio de ese edificio colonial y conclusiones tras los talleres, lo que queda claro es que hay debates que no están saldados cuando ya parecían cosa juzgada.

El arranque tuvo las palabras de rigor de la directora del IEM, Ana María Careaga, ex detenida desaparecida, cuya madre María Esther Ballestrino de Carega desapareció buscándola, el día que el represor Alfredo Astiz marcó a tres señoras y dos monjas francesas con un beso en la mejilla, decidiendo que su destino fuera la desaparición forzada hasta que las encontrara el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Pero Ana María no recordó su historia al auditorio. En cambio, se refirió a las políticas públicas sobre Memoria, que deben llevarse a cabo en conjunto entre el Estado y las organizaciones sociales. También remarcó que los procesos militares que hubo en América Latina estuvieron orquestados por los Estados Unidos, y que este encuentro estaba pensado para “intercambiar experiencias y estrategias de lucha contra la impunidad”.

Por su parte, Mauro Tomassini, miembro del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) de Uruguay y de la Coordinadora que moviliza la nulidad de la Ley de Caducidad, se refirió a que en la nación charrúa la búsqueda de justicia en crímenes de lesa humanidad, como las torturas, los fusilamientos y las desapariciones ocurridas durante la dictadura cívico-militar entre 1973 y 1985, fue encarada básicamente por la sociedad civil, con gran ausencia de iniciativa desde el Estado.

Tomassini destacó que a nivel estatal su país tardó mucho tiempo en reconocer que allí existieron violaciones a los derechos humanos. “La primera vez que el Estado reconoció que hubo violaciones y que se instauró el Terrorismo de Estado fue en 2002 y actualmente sabemos que no alcanza con que haya un gobierno de izquierda desde 2005, porque éste también tarda en determinar qué casos de desapariciones y torturas que involucran a políticos y militares pueden incluirse o excluirse de la protección de la Ley de Caducidad”, afirmó el joven uruguayo.

Las contrapartidas son constantes en Uruguay: “Aunque tarda en reconocer algunos casos, el gobierno abrió los Batallones donde se cometieron delitos y esto permitió encontrar cuerpos de desaparecidos; pero por otra parte no autoriza abrir los Archivos del Terrorismo de Estado, que están bajo la órbita del Poder Ejecutivo”, agregó el representante del Serpaj.

Y como remate de este planteo respecto de las “políticas gubernamentales ambiguas sobre nuestro pasado reciente”, al decir de Tomassini, el joven destacó que desde hace años se realiza en la ciudad de Montevideo una Marcha del Silencio cada 20 de mayo.

Sin embargo, desde el gobierno instauraron el 19 de junio como fecha para conmemorar que “nunca más haya un hermano contra otro hermano, permitiendo que veamos discursivamente entrelíneas la teoría de los dos demonios de unos contra otros”, sostiene Tomassini y destaca que esa fecha de junio recuerda el natalicio de Gervasio Artigas.

Caracterizando al gobierno de Tabaré Vázquez como el que “lleva una política amortiguadora” e insistiendo en que “debe tratarse debidamente el tema de la Memoria en Uruguay y anular la Ley de Caducidad, porque es una ley muy simbólica en mi país, que da cuenta de que la violencia estructural caló hondo en los sujetos de la sociedad civil”, Tomassini cerró su disertación y dejó paso a la representante del Paraguay.

Clyde Soto, activista feminista y miembro de la Plataforma Internacional sobre Derechos Humanos Capítulo Paraguay, se refirió a una investigación y posterior informe presentado el año pasado ante organismos internacionales, respecto de los crímenes y desapariciones de trabajadores campesinos paraguayos (los “chocoqüé” en guaraní); cientos de ejecuciones posteriores a la dictadura, cometidas durante los gobiernos democráticos en ese país.

Este informe abarca el período 1989-2005, “desde el fin de la dictadura de Stroessner y durante la transición democrática”, explicó Soto. “A varios compañeros nos llamaba la atención ver noticias aisladas en los distintos medios de comunicación, que no tenían luego trascendencia pública ni a nivel estatal, y que trataban sobre campesinos que aparecían muertos en determinadas ciudades de Paraguay”, agregó la disertante.

“Con este informe y la continuación que estamos elaborando, pretendemos acabar con la invisibilidad de las muertes de estos campesinos que son varones y líderes de movimientos sociales que luchan por recuperar su derecho sobre las tierras y por una reforma agraria, pero cuyos asesinatos parecen naturales y nadie los recuerda”, adviertió Soto.

A estos llamados de atención sobre vejámenes que quedan impunes, Mabel Gutiérrez, madre de Alejandro, estudiante de periodismo desaparecido en la ciudad argentina de La Plata, le sumó la incertidumbre, el enojo y el temor que produce que en Argentina pueda haber “impunidad biológica”, fundando su explicación en que si los juicios a los represores genocidas siguen retrasándose en la Justicia, indefectiblemente van a morir muchos en libertad y sin haber sido juzgados y condenados por sus violaciones a los derechos humanos.

El debate estaba abierto y el auditorio se repartió en los tres talleres de reflexión propuestos por los organizadores, que consistían en pensar qué estrategias de lucha contra la impunidad pueden sugerirse y presentarse a los tres Poderes del Estado: el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

La primera parte de los talleres fue más catárquica, según el ímpetu de cada participante y consistió en relatos testimoniales sobre la historia, los padecimientos y las luchas individuales y grupales, tanto en el cautiverio, como en la búsqueda de familiares o a través de organizaciones. Es decir, un paneo de distintas estrategias usadas en el pasado y en el presente.

Luego aparecieron las discusiones no saldadas, como por ejemplo, si se debe insistir o no en la Justicia argentina para que se juzgue bajo la figura de “genocidio”; así como en agrupar causas para acelerar los juicios, permitiendo e induciendo a los juzgados nacionales para que se condene por Centro Clandestino de Detención (CCD) y por todos los represores que participaron en cada uno de éstos bajo la cadena de mando. Es decir enjuiciar y condenar a “todos los represores por todos los detenidos desaparecidos”.

Otra discusión que se planteó desde los representantes uruguayos fue la preocupación en buscar estrategias de comunicación para transmitir las temáticas y problemáticas vinculadas a la construcción social de la Memoria Colectiva, destacando el particular “desinterés en gran parte de la juventud en nuestro país por la búsqueda de justicia en los crímenes del pasado reciente”, al decir de Mauro Tomassini.

Entre las conclusiones de cada taller, como planteamientos de estrategias de lucha contra la impunidad se sugirió, entre otros ítems, crear Tribunales Especiales y Específicos, por Nación e incluso a nivel Continental, para contemplar el hecho de hacerse cargo de causas judiciales latinoamericanas, a las que no se les dé asidero en su país de origen.

Otra de las conclusiones fue la importancia de fomentar en los distintos niveles educativos la formación y conocimiento en Derechos Humanos y la creación de instancias curriculares donde se conozca de qué cuestiones ninguna persona puede estar privada; que se estudien y debatan los vejámenes cometidos en cada país y a nivel regional; y destacar planificaciones que involucraron a distintos países, como fue el Plan Cóndor.

A pesar de que las respuestas de los tres poderes no puede ser inmediata y que la actitud que sobrevoló fue, que desde ese momento todos los presentes sabían que contaban con distintas respuestas, posibilidades y posturas para actuar según la causa, unos instantes después de la lectura de las conclusiones se escuchó en primicia absoluta: una resolución reciente de la Corte Suprema de la Justicia argentina para acelerar los juicios a los genocidas.

Uno de los ministros de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni explicó que, luego de las recientes reuniones con funcionarios estatales y con organismos de derechos humanos que reclamaban celeridad en los juicios a represores, se decidió convocar a jueces y personal de distintos tribunales orales federales del país para que se ocupen de estas causas.

“Entendemos que los tribunales orales estén abarrotados de causas y tarden porque se ocupan no sólo de causas por crímenes de lesa humanidad sino también de todos los otros delitos contemplados en el Código Penal argentino; entonces dimos la orden de que otros tribunales orales, como el de Ushuaia, Bahía Blanca y Corrientes tomen estas causas para descomprimir a los juzgados de Capital Federal y Gran Buenos Aires”, explicó Zaffaroni.

“Los elegimos porque son Tribunales que sólo tienen tres o cuatros juicios orales al año, por lo que sumarles algunas de las causas referidas a delitos cometidos durante la última dictadura militar no afectaría el desempeño de cada juzgado”, agregó el magistrado, y dibujó un par de sonrisas y otras tantas caras de asombro entre los presentes.

Está claro que el debate sobre la impunidad no tiene un fin próximo, porque gran parte de los vejámenes cometidos siguen sin condena fija, porque los Estados nacionales tienen que estar más atentos a los crímenes que ocurren a diario, y porque hay un alto porcentaje de cada sociedad latinoamericana que hace oídos sordos a las injusticias que respiran en los entornos más cercanos. No perder la sensibilidad ante el dolor del prójimo que también es el de cada uno y recuperar la solidaridad, podría ser una buena estrategia para empezar.

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Fuente: www.prensamercosur.com.ar/apm