La farcpolítica se está aclarando. Y no se está logrando en las salas de redacción de los medios, ni en los corrillos del Congreso, ni en los cafetines de pueblo. Lo está haciendo en la Corte Suprema de Justicia, que está precluyendo los procesos abiertos contra importantes dirigentes políticos de izquierda democrática, luego de que fueran denunciados de ser aliados del terrorismo.

 

Las denuncias nacieron de la creatividad de los investigadores oficiales que creyeron encontrar las pruebas contundentes contra los acusados en el mágico computador de Raúl Reyes, el otrora canciller de las Farc. La acción de combate en la que murió le ha costado a Colombia el rompimiento de las relaciones políticas y comerciales con el vecino del sur. Un encono que no se ha sanado y que mantiene a los productos colombianos muy lejos de los consumidores ecuatorianos y a nuestros industriales en un ataque de nervios.

 

De ese computador, del que han salido toda clase de acusaciones, surgieron las supuestas pruebas que calificaban a los senadores Piedad Córdoba, Gloria Inés Ramírez y Jaime Dussán; al representante a la Cámara Wilson Borja, al periodista y director de Voz, Carlos Lozano, y al ex ministro Álvaro Leyva como aliados de las FARC, una acusación que muchos creyeron poder convertir en un gran escándalo que opacaría la parapolítica, en la que se han visto envueltos 80 parlamentarios oficialistas.

 

La Farcpolítica permitiría, según los enemigos de la izquierda democrática, demostrar que esa organización guerrillera, había comprado la conciencia de los dirigentes de la oposición, lo que derrumbaría la moral de quienes creemos que la parapolítica ha sido un crimen de lesa humanidad que para consumarse le costó la vida a miles de compatriotas.

 

La parapolítica es una de las más lesivas expresiones de la degradación del conflicto armado, porque surgió de una alianza criminal de políticos, comerciantes, terratenientes y algunos militares con grupos armados de extrema derecha financiados por el narcotráfico para tomarse el poder a costa de la vida de miles de personas, a quienes les arrebataron sus propiedades y convirtieron en estadísticas de horror. La Fiscalía ha denunciado que tan solo 600 paramilitares reconocieron haber cometido 21 mil asesinatos. La cifra de víctimas es incalculable.

 

Ninguno de los acusados renunció a su fuero, como lo hicieron la mayoría de los implicados en la parapolítica. Las decisiones de la Corte dejaron sin piso las toneladas de especulaciones contra los absueltos. Pero faltan más personas por liberarse del estigma de aliados del terrorismo. Falta Piedad Córdoba, quien ha entregado su vida a la causa de la reconciliación y se ha erguido como una luchadora incansable por el acuerdo humanitario y la liberación de los secuestrados. Y Wilson Borja, a quien los demócratas reconocemos como un hombre de principios que se le ha plantado a la extrema derecha, a la que sobrevivió milagrosamente después de que ordenaran su ejecución.

 

Bucaramanga, Julio, 2009

 

Colombia Plural