Las enseñanzas del 30 de septiembre ecuatoriano II
América Latina vive en Ecuador
01/10/2010
- Opinión
El 30 de septiembre la región vivió una nueva jornada destituyente. El gobierno popular de Rafael Correa estuvo jaqueado por el levantamiento de las fuerzas policiales, propiciadas por la derecha ecuatoriana, los medios de comunicación hegemónicos y las siempre latentes incursiones estadounidenses.
El último día de setiembre se reafirmó la Revolución Ciudadana. El pueblo ecuatoriano rescató a su presidente y sostuvo la institucionalidad democrática. Rafael Correa estaba secuestrado por agentes policiales en un hospital militar. La derecha de aquel país, encabezada por Lucio Gutiérrez, fue parte del intento golpista.
En las primeras horas de la mañana, cientos de policías se sublevaron y tomaron un cuartel al norte de Quito. El motivo declarado fue el rechazo a una ley de Servicio Público que, según ellos –y a instancia de los medios de comunicación que se encargaron de desinformar- les recortaba algunas bonificaciones y condecoraciones.
Enterado de la situación, y comprometido personalmente con su resolución, el presidente se presentó en el cuartel e intentó entablar un diálogo con los amotinados. Mientras el mandatario pedía tranquilidad y aclaraba el verdadero contenido de la normativa aprobada por la Asamblea Nacional, se escuchaban gritos, insultos y amenazas por parte de los agentes rebelados. Fue así que Correa los interpeló: “señores, si quieren matar al presidente, aquí está, mátenlo, pero seguiremos con una sola política de justicia, de equidad”.
Lo que siguió fue ampliamente difundido durante esa jornada y las siguientes. El presidente intentó retirarse del cuartel, pero allí recibió golpes, amenazas y hasta bombas de gas lacrimógeno. Las fuerzas del orden público atentaron contra la vida de su presidente.
Afectado por los golpes y el gas, la policía aprovecho el desvanecimiento de Correa para trasladarlo al Hospital de la Policía. Allí fue atendido, pero ese cuarto se convirtió en la prisión en la cual pasaría secuestrado las próximas 12 horas.
La sublevación se repitió en varios cuarteles en todo el país, algunos aeropuertos fueron tomados e inhabilitados por sectores de las Fuerzas Armadas, y hasta el vicepresidente, Lenín Moreno, quedó varado en la ciudad de Guayaquil.
El motivo declarado del motín policial no resultaba verosímil para los ecuatorianos y la comunidad internacional. En una de las comunicaciones telefónicas que el presidente pudo entablar con la radio pública de su país, advirtió que estaba retenido y que el trasfondo real de la situación tenía el sello de la oposición política, que contó con la complicidad de los medios hegemónicos que prepararon el terreno de violencia, y que un nombre clave para entender lo que ya tenía definición de “intento de golpe de Estado” era Lucio Gutiérrez.
El ex presidente de Ecuador, coronel Lucio Gutiérrez, fue el principal protagonista del golpe de Estado contra el ex presidente Abdalá Bucaram, el 5 de febrero de 1997. El portal especializado Observador Global lo definió “en las antípodas de Correa” y como un artífice del antibolivarianismo en Latinoamérica.
En ese mismo artículo, se expresó que el ex mandatario golpista terminó por perder el poder porque “sus pactos con empresarios conservadores y su posterior alineamiento con Washington provocaron la pérdida del sostén popular. Además, ante la falta de coordinación de las facciones que lo llevaron al poder, Gutiérrez estableció nuevas alianzas con partidos de derecha y siguió las políticas de ajuste del FMI”.
Durante la jornada del 30 de setiembre, el ministro de Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño, reafirmó la denuncia de Correa. Dijo que “hay sectores golpistas que ya tenemos identificados en este país (...) que entendemos han estado preparando las intenciones para esto". Además, informó que ya el Gobierno conocía la existencia de sectores de extrema derecha que se estaban uniendo a la protesta de la Policía para propiciar escenarios desestabilizadores.
La certeza de que la protesta salarial, “legítima” según el propio presidente, no era argumento creíble para tal amenaza a la institucionalidad, quedó abonada por explicaciones del canciller Patiño. “Desde que llegó la Revolución Ciudadana a Ecuador la Policía y las Fuerzas Armadas han tenido importantes aumentos de sus sueldos"dijo el funcionario; y agregó: “con la ley de Servicios Públicos se trata de homologar los salarios de los servidores públicos, ponerlos en orden", por lo que insistió que los manifestantes están mal informados.
Todas esas valoraciones fueron repetidas por Rafael Correa cuando, pasada la medianoche, fue rescatado del hospital policial por un grupo especial de las Fuerzas Armadas, cuyos altos mando sostuvieron durante todo el día que mantenían su fidelidad al gobierno constitucional y al presidente.
Durante la jornada, centenas de miles de ciudadanos independientes y organizaciones políticas ecuatorianas se concentraron frente el palacio de gobierno en reclamo por la libertad de su presidente. Desde allí, y llamados a la movilización por Patiño, por ministros nacionales y el alcalde de Quito, se dirigieron hacia el hospital policial donde debieron enfrentar la represión policial que les impedía acercarse para rescatar a Correa.
En la sede de la Asamblea Nacional, los policías sublevados también mantuvieron secuestrados a varios diputados. Según el relato de comunicadores del colectivo Radialistas, con sede en Ecuador, “a las afueras del edificio, un grupo del MPD (partido radical que, como se sitúa a la izquierda de la izquierda, le hace el juego a la derecha) apoyaba a la policía (esa misma policía que en todas las manifestaciones los ha masacrado)”.
Liberado ya, y desde el balcón del palacio de gobierno, el presidente Correa relató que preguntó a los agentes que lo retenían si alguno de ellos la había leído la ley que denostaban y las respuestas fueron todas negativas. Resta determinar si los policías rebeldes estuvieron mal informados y, por ello, manipulados por otras fuerzas en la sombra; o si participaron a conciencia del intento golpista bajo el paraguas de un reclamo sectorial.
A horas del secuestro de Correa, el respaldo internacional se hizo sentir. Los países de la región fueron los primeros en condenar el intento de golpe y la retención del presidente. Argentina, Venezuela, Cuba, Perú, Colombia, Bolivia, México y Chile demostraron su respaldo al gobierno.
Con la claridad y la contundencia que lo caracteriza, el presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó en un comunicado que él mismo dio ante las cámaras que lo que se vivía en Ecuador era “un golpe a la UNASUR -órgano presidido actualmente por Correa-, a la integración latinoamericana”. Por ello, instó a no perder de vista que este levantamiento era continuidad de la destitución de Manuel Zelaya en Honduras y del intento golpista que se vivió en Bolivia en 2008.
Para Morales, a la derecha y a la oligarquía ecuatoriana se debía sumar otro elemento destituyente: las manos siempre presentes de Estado Unidos en la región. "A los presidentes como Chávez, como en Bolivia, al compañero Rafael Correa, nos acusan de totalitarios, de dictadores, de autoritarios desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos, pero si desde allá se gestan golpes de Estado", dijo el presidente.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, apuntó en el mismo sentido: “Washington actúa financiando con millones y millones de dólares a movimientos de la extrema derecha, muchos de los cuales andan conspirando para desestabilizar a los gobiernos de los países de la Alianza Bolivariana ”.
Jean-Guy Allard escribió el jueves 1 de octubre en Diario Granma que un informe difundido de 2008 era presagio del levantamiento del 30 de setiembre de 2010. El periodista señaló que en el informe se precisaba que unidades de la Policía de Ecuador “mantienen una dependencia económica informal con Estados Unidos, para el pago de informantes, capacitación, equipamiento y operaciones”.
También recordó que en el escrito presentado se afirmaba que “el uso sistemático de técnicas de corrupción de parte de la CIA para adquirirse la ‘buena voluntad’ de oficiales fue descrito y denunciado en numerosas oportunidades por el ex agente de la agencia de inteligencia estadounidense, Philip Agee, quién antes de abandonar sus filas estuvo asignado a la Embajada de Estados Unidos en Quito”.
Esta infiltración norteamericana en la policía fue documentada por el ministro ecuatoriano de Defensa, Javier Ponce, quien reveló cómo diplomáticos norteamericanos se dedicaban a corromper a la policía y a oficiales de la Fuerzas Armadas. Todos esas denuncias fueron sistemáticamente desestimadas por las autoridades de Estados Unidos.
El miembro de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, Eugenio Zaffaroni, aportó un elemento más al análisis de lo ocurrido. En conversación telefónica con la radio pública de su país, el juez explicó que la existencia de policías nacionales, es decir, un cuerpo de policía unificado para todo el territorio nacional –tal es el caso de Ecuador- constituye un elemento de alto riesgo.
Una policía nacional se transforma casi “en una cuarta fuerza armada”, explicó Zaffaroni, y agregó que “es aún más peligrosa cuando se subleva porque su inserción en el tejido social”, en todas las capas de la sociedad, es mucho mayor que la de las Fuerzas Armadas y por ese motivo pueden desbaratar el orden radicalmente.
Respecto de la actuación de organismos internacionales frente a los sucesos de Ecuador, tanto la Organización de Estados Americanos (OEA) como la Unión de Naciones Suramericana (UNASUR) expresaron rápidamente su respaldo a la democracia ecuatoriana. Claro, con algunas diferencias.
Durante las primeras horas de la tarde del jueves, en Washington se convocó a una reunión de la OEA. Su titular, el chileno Miguel Insulza llamó a reunirse, pero, al igual que el departamento de Estado norteamericano, minimizó los hechos al asegurar que no había intento de golpe de Estado sino, simplemente, una rebelión policial. De ese encuentro salió un tibio comunicado llamando a deponer la actitud de los rebeldes y renovando el reconocimiento al gobierno constitucional de Correa.
El tono de la UNASUR fue otro. La convocatoria se hizo para la medianoche en Buenos Aires. La presidenta argentina, Cristina Fernández, se comunicó con los mandatarios del bloque y organizó el encuentro.
El secretario general del organismo, Néstor Kirchner, expresó el repudio a lo que se denominó “intento de golpe de Estado”. Los presidentes se reunieron en la madrugada del viernes 1 de octubre, minutos después de que Correa fuese liberado gracias al operativo de las Fuerzas Armadas.
Los mandatarios mantuvieron una reunión a puertas cerradas, y aunque el episodio en Ecuador ya estaba controlado, las resoluciones de ese encuentro fueron más contundentes. Entre otros puntos, se estableció que se aprobará “en la Cuarta Reunión Cumbre Ordinaria de Jefas y Jefas de Estado y de Gobierno de la Unión de Naciones Suramericanas, a celebrarse el 26 de noviembre en Guyana, un Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de la UNASUR que establezca la cláusula Democrática”.
Es decir, se establecerá un plan de acción común y simultáneo, de puesta en práctica inmediata, toda vez que un gobierno democrático de la región estuviese en peligro.
Además, se decidió en Buenos Aires, el traslado de sus cancilleres a la ciudad de Quito “para expresar el pleno respaldo al presidente constitucional de la República de Ecuador, y al pueblo ecuatoriano, partícipe indispensable del pleno restablecimiento de la institucionalidad democrática en ese país”. El viaje se concretó y los funcionarios mantuvieron reuniones y charlas con el presidente ecuatoriano.
Derechas locales y corporación mediática hegemónica vuelven a protagonizar intentonas destituyentes y golpistas en los países gobernados por presidente con alta adhesión popular. Estados Unidos quedó implicado, una vez más, como cómplice organizador de las sublevaciones e intentos de golpe de Estado en esos países.
Como afirmó el director de APM en la nota central de este despacho, “la intención de este texto es simple y modesta: “recordar algunos datos para estar alertas en torno a las maniobras sigilosas de los monopolios mediáticos”.
En las primeras horas de la mañana, cientos de policías se sublevaron y tomaron un cuartel al norte de Quito. El motivo declarado fue el rechazo a una ley de Servicio Público que, según ellos –y a instancia de los medios de comunicación que se encargaron de desinformar- les recortaba algunas bonificaciones y condecoraciones.
Enterado de la situación, y comprometido personalmente con su resolución, el presidente se presentó en el cuartel e intentó entablar un diálogo con los amotinados. Mientras el mandatario pedía tranquilidad y aclaraba el verdadero contenido de la normativa aprobada por la Asamblea Nacional, se escuchaban gritos, insultos y amenazas por parte de los agentes rebelados. Fue así que Correa los interpeló: “señores, si quieren matar al presidente, aquí está, mátenlo, pero seguiremos con una sola política de justicia, de equidad”.
Lo que siguió fue ampliamente difundido durante esa jornada y las siguientes. El presidente intentó retirarse del cuartel, pero allí recibió golpes, amenazas y hasta bombas de gas lacrimógeno. Las fuerzas del orden público atentaron contra la vida de su presidente.
Afectado por los golpes y el gas, la policía aprovecho el desvanecimiento de Correa para trasladarlo al Hospital de la Policía. Allí fue atendido, pero ese cuarto se convirtió en la prisión en la cual pasaría secuestrado las próximas 12 horas.
La sublevación se repitió en varios cuarteles en todo el país, algunos aeropuertos fueron tomados e inhabilitados por sectores de las Fuerzas Armadas, y hasta el vicepresidente, Lenín Moreno, quedó varado en la ciudad de Guayaquil.
El motivo declarado del motín policial no resultaba verosímil para los ecuatorianos y la comunidad internacional. En una de las comunicaciones telefónicas que el presidente pudo entablar con la radio pública de su país, advirtió que estaba retenido y que el trasfondo real de la situación tenía el sello de la oposición política, que contó con la complicidad de los medios hegemónicos que prepararon el terreno de violencia, y que un nombre clave para entender lo que ya tenía definición de “intento de golpe de Estado” era Lucio Gutiérrez.
El ex presidente de Ecuador, coronel Lucio Gutiérrez, fue el principal protagonista del golpe de Estado contra el ex presidente Abdalá Bucaram, el 5 de febrero de 1997. El portal especializado Observador Global lo definió “en las antípodas de Correa” y como un artífice del antibolivarianismo en Latinoamérica.
En ese mismo artículo, se expresó que el ex mandatario golpista terminó por perder el poder porque “sus pactos con empresarios conservadores y su posterior alineamiento con Washington provocaron la pérdida del sostén popular. Además, ante la falta de coordinación de las facciones que lo llevaron al poder, Gutiérrez estableció nuevas alianzas con partidos de derecha y siguió las políticas de ajuste del FMI”.
Durante la jornada del 30 de setiembre, el ministro de Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño, reafirmó la denuncia de Correa. Dijo que “hay sectores golpistas que ya tenemos identificados en este país (...) que entendemos han estado preparando las intenciones para esto". Además, informó que ya el Gobierno conocía la existencia de sectores de extrema derecha que se estaban uniendo a la protesta de la Policía para propiciar escenarios desestabilizadores.
La certeza de que la protesta salarial, “legítima” según el propio presidente, no era argumento creíble para tal amenaza a la institucionalidad, quedó abonada por explicaciones del canciller Patiño. “Desde que llegó la Revolución Ciudadana a Ecuador la Policía y las Fuerzas Armadas han tenido importantes aumentos de sus sueldos"dijo el funcionario; y agregó: “con la ley de Servicios Públicos se trata de homologar los salarios de los servidores públicos, ponerlos en orden", por lo que insistió que los manifestantes están mal informados.
Todas esas valoraciones fueron repetidas por Rafael Correa cuando, pasada la medianoche, fue rescatado del hospital policial por un grupo especial de las Fuerzas Armadas, cuyos altos mando sostuvieron durante todo el día que mantenían su fidelidad al gobierno constitucional y al presidente.
Durante la jornada, centenas de miles de ciudadanos independientes y organizaciones políticas ecuatorianas se concentraron frente el palacio de gobierno en reclamo por la libertad de su presidente. Desde allí, y llamados a la movilización por Patiño, por ministros nacionales y el alcalde de Quito, se dirigieron hacia el hospital policial donde debieron enfrentar la represión policial que les impedía acercarse para rescatar a Correa.
En la sede de la Asamblea Nacional, los policías sublevados también mantuvieron secuestrados a varios diputados. Según el relato de comunicadores del colectivo Radialistas, con sede en Ecuador, “a las afueras del edificio, un grupo del MPD (partido radical que, como se sitúa a la izquierda de la izquierda, le hace el juego a la derecha) apoyaba a la policía (esa misma policía que en todas las manifestaciones los ha masacrado)”.
Liberado ya, y desde el balcón del palacio de gobierno, el presidente Correa relató que preguntó a los agentes que lo retenían si alguno de ellos la había leído la ley que denostaban y las respuestas fueron todas negativas. Resta determinar si los policías rebeldes estuvieron mal informados y, por ello, manipulados por otras fuerzas en la sombra; o si participaron a conciencia del intento golpista bajo el paraguas de un reclamo sectorial.
A horas del secuestro de Correa, el respaldo internacional se hizo sentir. Los países de la región fueron los primeros en condenar el intento de golpe y la retención del presidente. Argentina, Venezuela, Cuba, Perú, Colombia, Bolivia, México y Chile demostraron su respaldo al gobierno.
Con la claridad y la contundencia que lo caracteriza, el presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó en un comunicado que él mismo dio ante las cámaras que lo que se vivía en Ecuador era “un golpe a la UNASUR -órgano presidido actualmente por Correa-, a la integración latinoamericana”. Por ello, instó a no perder de vista que este levantamiento era continuidad de la destitución de Manuel Zelaya en Honduras y del intento golpista que se vivió en Bolivia en 2008.
Para Morales, a la derecha y a la oligarquía ecuatoriana se debía sumar otro elemento destituyente: las manos siempre presentes de Estado Unidos en la región. "A los presidentes como Chávez, como en Bolivia, al compañero Rafael Correa, nos acusan de totalitarios, de dictadores, de autoritarios desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos, pero si desde allá se gestan golpes de Estado", dijo el presidente.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, apuntó en el mismo sentido: “Washington actúa financiando con millones y millones de dólares a movimientos de la extrema derecha, muchos de los cuales andan conspirando para desestabilizar a los gobiernos de los países de la Alianza Bolivariana ”.
Jean-Guy Allard escribió el jueves 1 de octubre en Diario Granma que un informe difundido de 2008 era presagio del levantamiento del 30 de setiembre de 2010. El periodista señaló que en el informe se precisaba que unidades de la Policía de Ecuador “mantienen una dependencia económica informal con Estados Unidos, para el pago de informantes, capacitación, equipamiento y operaciones”.
También recordó que en el escrito presentado se afirmaba que “el uso sistemático de técnicas de corrupción de parte de la CIA para adquirirse la ‘buena voluntad’ de oficiales fue descrito y denunciado en numerosas oportunidades por el ex agente de la agencia de inteligencia estadounidense, Philip Agee, quién antes de abandonar sus filas estuvo asignado a la Embajada de Estados Unidos en Quito”.
Esta infiltración norteamericana en la policía fue documentada por el ministro ecuatoriano de Defensa, Javier Ponce, quien reveló cómo diplomáticos norteamericanos se dedicaban a corromper a la policía y a oficiales de la Fuerzas Armadas. Todos esas denuncias fueron sistemáticamente desestimadas por las autoridades de Estados Unidos.
El miembro de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, Eugenio Zaffaroni, aportó un elemento más al análisis de lo ocurrido. En conversación telefónica con la radio pública de su país, el juez explicó que la existencia de policías nacionales, es decir, un cuerpo de policía unificado para todo el territorio nacional –tal es el caso de Ecuador- constituye un elemento de alto riesgo.
Una policía nacional se transforma casi “en una cuarta fuerza armada”, explicó Zaffaroni, y agregó que “es aún más peligrosa cuando se subleva porque su inserción en el tejido social”, en todas las capas de la sociedad, es mucho mayor que la de las Fuerzas Armadas y por ese motivo pueden desbaratar el orden radicalmente.
Respecto de la actuación de organismos internacionales frente a los sucesos de Ecuador, tanto la Organización de Estados Americanos (OEA) como la Unión de Naciones Suramericana (UNASUR) expresaron rápidamente su respaldo a la democracia ecuatoriana. Claro, con algunas diferencias.
Durante las primeras horas de la tarde del jueves, en Washington se convocó a una reunión de la OEA. Su titular, el chileno Miguel Insulza llamó a reunirse, pero, al igual que el departamento de Estado norteamericano, minimizó los hechos al asegurar que no había intento de golpe de Estado sino, simplemente, una rebelión policial. De ese encuentro salió un tibio comunicado llamando a deponer la actitud de los rebeldes y renovando el reconocimiento al gobierno constitucional de Correa.
El tono de la UNASUR fue otro. La convocatoria se hizo para la medianoche en Buenos Aires. La presidenta argentina, Cristina Fernández, se comunicó con los mandatarios del bloque y organizó el encuentro.
El secretario general del organismo, Néstor Kirchner, expresó el repudio a lo que se denominó “intento de golpe de Estado”. Los presidentes se reunieron en la madrugada del viernes 1 de octubre, minutos después de que Correa fuese liberado gracias al operativo de las Fuerzas Armadas.
Los mandatarios mantuvieron una reunión a puertas cerradas, y aunque el episodio en Ecuador ya estaba controlado, las resoluciones de ese encuentro fueron más contundentes. Entre otros puntos, se estableció que se aprobará “en la Cuarta Reunión Cumbre Ordinaria de Jefas y Jefas de Estado y de Gobierno de la Unión de Naciones Suramericanas, a celebrarse el 26 de noviembre en Guyana, un Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de la UNASUR que establezca la cláusula Democrática”.
Es decir, se establecerá un plan de acción común y simultáneo, de puesta en práctica inmediata, toda vez que un gobierno democrático de la región estuviese en peligro.
Además, se decidió en Buenos Aires, el traslado de sus cancilleres a la ciudad de Quito “para expresar el pleno respaldo al presidente constitucional de la República de Ecuador, y al pueblo ecuatoriano, partícipe indispensable del pleno restablecimiento de la institucionalidad democrática en ese país”. El viaje se concretó y los funcionarios mantuvieron reuniones y charlas con el presidente ecuatoriano.
Derechas locales y corporación mediática hegemónica vuelven a protagonizar intentonas destituyentes y golpistas en los países gobernados por presidente con alta adhesión popular. Estados Unidos quedó implicado, una vez más, como cómplice organizador de las sublevaciones e intentos de golpe de Estado en esos países.
Como afirmó el director de APM en la nota central de este despacho, “la intención de este texto es simple y modesta: “recordar algunos datos para estar alertas en torno a las maniobras sigilosas de los monopolios mediáticos”.
APM | Agencia Periodística del Mercosur | www.prensamercosur.com.ar/apm
Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Universidad Nacional de La Plata.
https://www.alainet.org/de/node/144639?language=en
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