Con la lectura de la “Declaración de Buenos Aires”, documento que sintetiza la visión de centrales obreras, movimientos sociales, políticos y mundo académico, cerró hoy la conferencia internacional “Visión política de los trabajadores sobre el desarrollo”, que contó en dos jornadas con la participación de 412 personas.

 

Una fuerte presencia internacional de centrales obreras, representaciones políticas, movimientos sociales, indígenas y campesinos, y del mundo académico debatió en la ciudad de Buenos Aires los desafíos que presentan la próxima Cumbre de Río de Janeiro, conocida como Río+20; la mirada de los trabajadores sobre el desarrollo sustentable y la visión de los movimientos sociales; y las alternativas al modelo extractivista.

La magnitud del encuentro -organizado por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) en que el anfiteatro Eva Perón de ATE- se mostró en la presencia que rebaso durante el miércoles y jueves y en la presencia de delegaciones de distintos puntos del país, en especial de provincias donde la temática ambiental está en debate como Catamarca, Chubut, La Rioja o Misiones, pero también de representantes internacionales de toda América Latina, de Europa y Africa.

 

Adolfo “Fito” Aguirre, secretario de Relaciones Internacionales de la CTA, y motorizador de esta doble jornada cerró con una carta de solidaridad de las centrales sindicales presentes “a la importante huelga de los trabajadores de España contra la flexiblización que se intenta imponer en ese Estado” y con la lectura de la Declaración de Buenos Aires, consensuada mediante los planteos de estos dos días y la mirada de las delegaciones asistentes.

 

Para el dirigente este encuentro “da un salto de calidad en las estrategias sobre temas de agenda insoslayable hoy como son el cambio climático, el desarrollo sustentable, la soberanía material, ecológica, social, económica y política” por eso “trabajadores, movimientos sociales y políticos debemos buscar consensos sobre distribución de la riqueza y cada una de nuestras cosmovisiones donde puedan convivir nuestras miradas, que son las de la vida, la humanidad, la naturaleza”.

 

“Para llegar a la felicidad hay que pasar por territorio enemigo”, graficó Aguirre.

 

 

 

América Latina es territorio en disputa. Donde los bienes comunes son codiciados y donde también la pobreza y las desigualdades se distribuyen en todo el continente.

 

La intención de recomponer el capitalismo global luego de la crisis, exacerba la perversidad del modelo productivo vigente, avanzando sobre los límites ambientales, profundizando una lógica de saqueo y empujando a la región para mantenerla como proveedora de materias primas o productos semielaborados profundizando una especialización que destruye la diversidad existente.

 

La excusa de las múltiples crisis sirve de fundamento a los gobiernos y organismos internacionales para proponer incluir, en la esfera de las mercancías, a lo que aún permanece fuera de ella: los bienes comunes – el aire, el agua, los ecosistemas – como mecanismos de salvataje de un mercado financiero que agotó otras opciones de valorización.

 

Mientras, este modelo de desarrollo impacta de forma específica en la vida de las y los trabajadores. En nuestra región y en el mundo el creciente desempleo, la pérdida de derechos y la presión por la flexibilización de las condiciones de trabajo son las formas más claras de la expresión de este impacto.

 

América Latina es territorio en disputa porque aun posee en términos relativos una diversidad biológica y de recursos naturales mucho mayor que otras regiones. Esto la ubica como un botín apetecible para las empresas transnacionales que empujan este nuevo proceso de mercantilización y privatización, que ahora se extiende al conjunto de los territorios. Acompañado de injerencia militar externa, presencia de Estados extrarregionales que proponiendo programas de “ayuda humanitaria” o “prevención en caso de catástrofes” justifican la construcción de instalaciones siempre en las cercanías de nuestros recursos.

 

En el marco del proceso hacia la conferencia de Río + 20, que se plantea discutir la propuesta de economía verde y la gobernanza mundial, se esconde bajo la alfombra el balance de los 20 años desde la conferencia de Río 92. Más allá del importante avance en la institucionalidad política de las cuestiones ambientales (creación de secretarías, ministerios, legislación, etc.), todos los indicadores muestran un profundo deterioro de las condiciones socioambientales al punto de poner en riesgo la superviviencia de la vida en el planeta. Frente a un diagnóstico compartido, se plantean como alternativas las mismas que en aquella época: mercantilización y finaciarización de la naturaleza y sus funciones, hoy bajo el nombre de Economía Verde.

 

Seguir modelos de desarrollo como los que siguieron los países centrales, implicaría un colapso ambiental. Esto indica que es urgente trabajar en la construcción de alternativas diseñadas desde la soberanía territorial, involucrando a los pueblos en las decisiones, con conciencia de la finitud de los recursos naturales y con la evidencia de que las políticas de crecimiento no necesariamente garantizan la igualdad, la felicidad y la justicia social, sino que debemos explorar otros caminos, de desarrollo, producción y trabajo.

 

Establecer un nuevo paradigma de sustentabilidad de la vida humana entendida como relación dinámica y armónica entre humanidad y naturaleza, entre humanos y humanas. Esto requiere pensar el equilibrio entre producción y reproducción en que el cuidado de la vida humana este en el centro, y que sea compartido entre hombres y mujeres. El trabajo de las mujeres no debe ser una variable de ajuste para ocultar las injusticias promovidas por ese modelo.

 

Las alternativas están en nuestro pueblo, en nuestra historia, en nuestras costumbres que debemos recuperar y revalorar. Sostener que la naturaleza no es una forma de capital sino un sujeto de derechos, revalorar las formas de producir tradicionales no significa volver al pasado sino recuperar una forma de relacionamiento que debilite el espacio de la economía depredadora

 

Río +20 es un escenario donde esta disputa por la soberanía y la gestión de los recursos se traduce en negociación internacional. Esto se da en el marco de un modelo de gobernanza mundial, caracterizado por la captura corporativa, que es funcional a los intereses de los sectores dominantes. Se hace necesario rediscutir los mecanismos y procesos de toma de decisión que garanticen que los responsables reales del deterioro de las condiciones de vida cumplan con sus obligaciones.

 

Llamamos a movilizarnos durante la cumbre de Río, para que no se rematen nuestros recursos y para que no se firme un acuerdo que permita recomponer al capitalismo global, a través de la financiarización del clima, de la mercantilización de los bienes comunes de la humanidad y con la exclusión de los pueblos de las decisiones.

 

Para rediseñar el rumbo del desarrollo es necesario llegar a acuerdos y construir confianzas, recuperar el espíritu del movimiento global, la solidaridad internacional de los trabajadores y trabajadoras, los conocimientos de los pueblos originarios y de las mujeres, para retomar la ofensiva de la construcción de alternativas y transitar del mundo posible al mundo necesario.

 

No se trata sólo de la cuestión ambiental, se trata de definir el futuro del planeta. Para definir el presente y el futuro son necesarias muchas voces, por eso desde Buenos Aires, convocamos a movilizarnos hacia la Cumbre de los Pueblos como una instancia de recomposición del movimiento global

 

Es hora de la soberanía alimentaria, del buen vivir, de valorizar los saberes de los pueblos originarios y de las mujeres, de la garantía y la consolidación de derechos, de la democracia participativa.

 

Río + 20 no es un punto de llegada. Asumimos el desafío que nos coloca Río+20 y que es un proceso que se diseña para un nuevo ciclo de luchas, en el que no podemos delegar más para la construcción de ese mundo necesario

 

Buenos Aires, marzo 2012

 

Participaron en esta conferencia, movimientos sociales, centrales sindicales, académicos y representantes de gobiernos.

 

 

Agencia CTA: ACTA 825 - 29 de marzo de 2012