Colombia

Los diálogos de paz en La Habana: un paso adelante en la agenda

Pedro Santana Rodríguez

09/02/2013

Opinión

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Oficialmente poco se sabe sobre el avance de las negociaciones en La Habana entre el gobierno y el grupo insurgente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. El método escogido de avanzar en la negociación sin informar a la opinión pública comienza a mostrar sus limitaciones. Si bien es cierto esta metodología permite avanzar en la negociación sin la interferencia de los medios de comunicación y alejar los micrófonos y el protagonismo de los actores de la negociación y hasta ahora el método ha funcionado, también comienza a mostrar sus límites máximo en medio de la persistencia del conflicto armado que ha ocasionado bajas de parte y parte en una continuación de la absurda tesis de que cada uno de los actores es responsable por las acciones militares que se suceden a diario en distintas regiones del país. Esto conlleva unos riesgos como ya se pudo constatar con la retención de dos policías y un soldado en los más recientes enfrentamientos en el Valle del Cauca. Si a esta prolongación del conflicto se suma la poca información oficial de la mesa sobre los puntos en torno a los cuáles se ha avanzado, tenemos una mesa y unas negociaciones rodeadas de misterio y que poco entusiasman a la opinión pública. Es sobre esta situación que la derecha uribista puede pelechar oportunistamente en su oposición a los diálogos y a la negociación.

No basta con las palabras tranquilizadoras del presidente de la República, Juan Manuel Santos que en esta semana anunció que se han logrado avances en la mesa sin especificar en qué puntos se han logrado acuerdos o avances significativos. Pensamos que la metodología de la negociación debe abocar algunos cambios que permitan un mínimo de información que orienten a la opinión pública en torno a los eventos que se anuncian de respaldo al proceso como la anunciada movilización para el 9 de abril del año en curso de cuya convocatoria es proponente la Alcaldía de Bogotá y un sinnúmero de organizaciones de la sociedad civil. Si se quiere una vigorosa movilización de la sociedad en respaldo de la negociación y de la búsqueda de una salida negociada es preciso que la Mesa de Negociaciones asuma unos acuerdos para informar sobre la marcha de las negociaciones. Esta demanda por información no da espera sobre todo en una realidad en la cual los enemigos abiertos y encubiertos del proceso no dan tregua.

Podemos colegir que hay avances por varios hechos significativos que se han presentado en los últimos días. Dos hechos son significativos. El primero la presentación que los delegados de las FARC han hecho en días recientes sobre los 10 puntos de su propuesta agraria y el adelanto que han hecho igualmente sobre el tema del narcotráfico y de los cultivos de uso ilícito.

Sobre el desarrollo agrario las FARC han presentado un programa mínimo de 10 puntos. Han señalado que esos 10 puntos son la base de su propuesta a la mesa de negociaciones. El primer punto es el de Reforma Agraria “una reforma rural y agraria integral, socioambiental, democrática y participativa, con enfoque territorial” cuyo propósito “es la superación de las condiciones sociopolíticas que generan la violencia de Estado en Colombia, la democratización del poder territorial, la erradicación del hambre y la justicia en las relaciones urbano-rurales” son la base de esta propuesta. La guerrilla plantea la necesidad de promover “el acceso y el disfrute del derecho a la tierra y al territorio de los campesinos sin tierra y de las mujeres en especial”, pide establecer límites a la extranjerización del territorio, reconocer los territorios colectivos e incentivar la economía campesina. A ello agregan la necesidad de establecer “una política de investigación y desarrollo científico técnico, de protección de las semillas nativas y del conocimiento propio y exige la revisión de los TLC que afecten la soberanía alimentaria.

La segunda propuesta presentada por Marcos Calarcá el 19 de enero en La Habana, tiene que ver con la “erradicación del hambre, la desigualdad y la pobreza de los pobladores rurales” a través de la puesta en marcha de “programas masivos de nutrición y alimentación y empleo rurales” y “de dignificación y laboralización del trabajo agropecuario”. La erradicación de las condiciones de desigualdad debe venir acompañada según las FARC de la “correspondiente infraestructura social en educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, cultura y deporte, acompañada de la disposición extraordinaria de recursos del presupuesto público”.

La tercera propuesta presentada también por Calarcá tendría como objetivo construir una nueva realidad en el campo, basada en la “democratización de las relaciones urbano-rurales, y en el principio de justicia territorial”. Para lo cual debería saldarse la deuda histórica con el campo. Para ello habría que desmilitarizar el Estado, superar la estigmatización de los campesinos, reordenar el territorio urbano-rural con base en criterios de equidad y distribuir la riqueza entre todas las comunidades del país.

Un cuarto punto es lo que las FARC denominan la desganaderización de la tierra. La enuncian como el derecho al acceso y uso de la tierra por parte de los campesinos y comunidades del país. Para ello plantean “la protección de los ecosistemas frágiles y el acceso y disfrute estratégico del agua por parte de la población”, estimular los usos agrícolas de la tierra que “desganadericen los territorios y establecer límites estrictos o limitaciones a la “extracción de gran minería a cielo abierto, de hidrocarburos, de generación de energía hídrica y de producción de agrocombustibles”.

En este punto la guerrilla propuso también alternativas frente a los cultivos ilícitos, señaló que es necesario “transitar hacia producciones alternativas o de sustitución” e incluso señaló que sería posible legalizarlos para fines “medicinales y terapéuticos o por razones culturales”.

En un quinto punto propuso la creación de un “Fondo de Tierras, conformado por tierras provenientes de latifundios improductivos, ociosos o inadecuadamente explotados, tierras baldías, tierras apropiadas mediante el uso de la violencia y el despojo, y tierras incautadas al narcotráfico”. Este Fondo según las FARC, debería “dotar de tierras a campesinos sin tierra y a mujeres de manera prioritaria” y sería creado para mejorar las “condiciones de propiedad y producción de los pequeños y medianos propietarios, incluida la superación del microfundio”. Proponen así mismo estimular las economías campesinas asociativas, reconocer la definición de territorios campesinos, indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueros e interétnicos, y generar un catastro alternativo para realizar un proceso de reparación integral a las víctimas del despojo.

La sexta propuesta exige el reconocimiento de territorios colectivos, lo que implica “la titulación colectiva de sus tierras y territorios, respeto real y efectivo de la autonomía y organización política, económica, social y cultural de esas comunidades, con fundamento en jurisdicciones propias, y la responsabilidad del Estado para su protección y financiamiento”.

En el séptimo punto plantean reconocer y definir los territorios campesinos y que estos espacios tengan los mismos alcances que otras formas de asociación agraria colectiva. Respeto real y efectivo “por la autonomía y la organización política, económica, social y cultural, en el establecimiento de jurisdicciones campesinas propias, y en la responsabilidad del Estado para su protección y financiamiento”. Para la guerrilla estos espacios asumen dos formas: primero, como territorio colectivo de Zonas de Reserva Campesina; segundo, como Zonas de Producción Campesina de alimentos. Estas propuestas deben acompañarse con medidas que “garanticen la vida y las concernientes a la dignificación y al reconocimiento político de los campesinos y campesinas por parte del Estado”.

Una octava propuesta se ocupa de la economía campesina. El propósito según el documento debe ser el de exigir al Estado un compromiso con la soberanía alimentaria mediante el estímulo de “diversas formas de producción de alimentos destinadas al cubrimiento de las necesidades nutricionales y de alimentación del pueblo colombiano”. Lo cual requiere crear condiciones de “producción, circulación, comercialización y consumo de los alimentos” y debería venir acompañada de “infraestructura física, especialmente de vías de comunicación, riego, de transporte, de acopio y almacenamiento, de comercialización y acceso a los mercados local, regional, nacional e internacional, de crédito y de otros medios de financiación”. La economía campesina merece protección especial y estimulo por parte del Estado Colombiano.

En una novena propuesta la guerrilla plantea que se debe estimular la investigación y el desarrollo científico y tecnológico y también la “protección y promoción del conocimiento ancestral y propio, a las semillas nativas”. Esto garantizaría según el documento una base teórico material que sirva como sustento para el abastecimiento alimentario y el desarrollo industrial.

En su décima propuesta la insurgencia pide denunciar o revisar los acuerdos o tratados comerciales que “menoscaben la soberanía alimentaria y las condiciones de nutrición y alimentación de la población, propicien la extranjerización de la tierra y el territorio, promuevan su acaparamiento en manos de consorcios de trasnacionales o estimulen la especulación financiera, propicien la producción transgénica o la imposición de paquetes tecnológicos por transnacionales de los agronegocios o de alimentación”. Mientras se da esta revisión o denuncia las FARC proponen expedir medidas inmediatas de “protección y subsidio a las economías de producción de alimentos, en especial a la economía campesina”.

Parece que sobre estas propuestas es que se ha avanzado en la discusión alrededor de unos ocho millones de hectáreas para esta economía campesina que provendrían unos dos millones de la restitución a los despojados, dos millones de los baldíos de la nación, dos millones por la extinción de dominio de las propiedades ilegales y del narcotráfico y dos millones restantes que deberían adquirirse por el Fondo Agrario propuesto. Esta sería la propuesta del gobierno. No sabemos cuál es en términos concretos la propuesta de la insurgencia. Pero, lo que debemos señalar es que la propuesta es realista y que sobre ella se puede avanzar en la negociación. El país tiene recursos económicos para comprar la tierra o para indemnizar por las expropiaciones a que haya lugar. En los ocho años de Uribe se destinaron más de 80 mil millones de dólares a la guerra. Con una parte de los recursos que se destinan a la guerra se puede financiar un plan de reforma agraria y de desarrollo rural como el planteado en los 10 puntos de las FARC.

Lo que nos parece e insistimos en ello es que se requeriría de unos acuerdos mínimos que eviten el escalamiento del conflicto o un cese al fuego bilateral. Si las negociaciones avanzan como parece sobre tierra firme se requiere crear unas condiciones de apoyo masivo al proceso y de acuerdos mínimos que impidan el escalamiento del conflicto como hemos señalado.

- Pedro Santana Rodríguez es Presidente Corporación Viva la Ciudadanía

Semanario Virtual Caja de Herramientas, Nº 338, Corporación Viva la Ciudadanía,

Semana del 8 al 14de Febrero de 2013

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