La entrevista sostenida entre los miembros de la Comisión de la Verdad y el expresidente Álvaro Uribe Vélez deja en la opinión pública una sensación agridulce. Muchos se podrían haber hecho la ilusión que el expresidente Uribe iba a hacer aportes significativos a la verdad que reclaman las víctimas no solo sobre los hechos ocurridos durante sus ocho años como presidente de la República sino de sus tres años como gobernador del Departamento de Antioquia en que ocurrieron múltiples actos de violación de los derechos humanos, algunos de esos hechos y pese a haber transcurrido muchos años siguen enredados en los órganos judiciales en los cuales no se resuelven ni con diligencia ni con apego a las normas. Sobre los primeros, baste mencionar las masacres del Aro y de la Granja en Ituango Antioquia, ocurridos a finales de los años noventa del siglo pasado y, también, el asesinato del defensor de derechos humanos, Jesús María Valle. El único avance o decisión sustancial, de esos casos, es que en el año 2018 la Corte Suprema de Justicia -en donde han reposado durante largos años- decidió declararlos como delitos de lesa humanidad con lo cual la acción penal no prescribe y siguen abiertos. Ahora nuevamente en la fiscalía de Barbosa, donde dormirán los tres años que le faltan a este fiscal de bolsillo de Duque Uribe. Nada pasará allí.  
 

Y sobre sus actuaciones como presidente de la República nada dijo a no ser que se arrepentía de haber pronunciado aquella frase en contra de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales cuando los revictimizó diciendo que “no estarían recogiendo café”. Bueno y como no puede negar los hechos que se han desprendido de los avances de las investigaciones de la JEP que ha documentado durante su mandato el asesinato de 6.402 civiles indefensos por parte del Ejército colombiano, pues decidió de manera cobarde echar la culpa a los soldados que lo habrían engañado a él y a los altos mandos militares. En este aspecto no dijo como era de esperarse nada nuevo. Generalidades, mentiras, imprecisiones y una exhibición de poder machista sobre todo enfrente de la comisionada Lucía González. Ese es Uribe. 
 

En búsqueda de la impunidad 
 

Quizás lo más notorio y significativo como desatinado al final de la entrevista fue su propuesta que para buscar la paz debería recurrirse a la figura de una amnistía general. Esa figura que fue intentada y aplicada sin éxito por las dictaduras militares del cono sur en Argentina, en Chile y en Uruguay fracasaron. Y lo hicieron con el retorno a la democracia en que los tribunales judiciales independientes echaron abajo las leyes de punto final que en estos países se aprobaron para cubrir delitos como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas en que incurrieron los regímenes golpistas. Al mismo tiempo, por ejemplo, en el caso del Uruguay fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que echo abajo esas leyes de impunidad. 
 

En Colombia el llamado “perdón y olvido” se ha aplicado muchas veces y de forma arbitraria dejando a las víctimas sin verdad, ni justicia ni reparación y ante esa impunidad se han repetido los crímenes contra ellas. Quizás el proceso más doloroso y que nos costó otros sesenta años de confrontación armada fue la impunidad del “perdón y olvido” con la que se selló la guerra civil de facto que vivió nuestro país entre los años 1948-1960 eufemísticamente nombrada como la “época de la violencia”. Más de 200 mil asesinatos quedaron en la más completa impunidad, dos millones de víctimas de desplazamiento forzado despojadas más de 3 millones de hectáreas de tierras a las familias campesinas, violaciones a mujeres, asesinatos atroces de niños, todo ello quedo en la impunidad y si bien con el reparto burocrático y de los recursos públicos entre liberales y conservadores se logró que cesara la matazón entre ellos, se incubó la nueva guerra que en sus orígenes dio nacimiento a las guerrillas de las FARC, del EPL y del ELN que reclamaron las tierras despojadas y la reforma rural integral que aún no se ha hecho y que es causa de confrontaciones y violencia por el despojo y el desplazamiento, pero también por el acaparamiento de las tierras, que nos ha conducido a tener una de las tasas de mayor concentración de la propiedad agraria en el mundo. Allí se incubó esa nueva guerra que desgraciadamente aún persiste en las guerrillas del ELN. 
 

De modo que esa vía ya se ha practicado y sin éxito. Pero además en el escenario nacional e internacional han surgido como nuevos actores las víctimas a quienes, de manera justa, hoy protegen tanto el derecho internacional de los derechos humanos como el derecho internacional humanitario. Justamente el nacimiento del Estatuto de Roma y con él de la Corte Penal Internacional busca la justicia penal en contra de los principales perpetradores de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y delitos de agresión. Es en nombre de la necesidad de brindar justicia a las víctimas que se crean estos organismos y ese código penal y de procedimiento penal para juzgar estos crímenes considerados crímenes contra toda la humanidad. Precisamente la propuesta de Uribe es trasnochada, esa época de las amnistías generales que involucre actores responsables de estos crímenes no es factible hoy. Urbe lo sabe y sin embargo lo propone. 
 

Y no son factibles hoy por el avance en el reconocimiento universal de los derechos de las víctimas a quienes los Estados deben garantizar los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación y brindar garantías de no repetición. Precisamente a ese dilema se enfrentaron los negociadores de la guerrilla y el gobierno en la Mesa de negociaciones de La Habana y de allí surgió el sistema de Justicia Transicional que en nuestro caso está conformada por la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de personas desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Las dos primeras entidades no tienen carácter judicial pero la JEP si lo tiene y está encargada justamente de la investigación y el juzgamiento de los responsables de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra. Si no existiera ese tribunal estos crímenes deben ser investigados por los organismos de la llamada justicia ordinaria que si no lo hacen exponen a los perpetradores a ser juzgados por la Corte Penal Internacional. Ese es actualmente el marco normativo. Uribe lo sabe, entonces ¿por qué propone una figura imposible hoy en el mundo?, ¿Y en Colombia? 
 

Yo creo que es una manera de tratar de desviar la atención y mantener vigente su discurso, aunque a costa de ser anacrónico y falto de oportunidad política. Con ello logra que los medios masivos de comunicación, en manos de sus aliados, le den protagonismo como el que buscó con la entrevista concedida a la Comisión de la Verdad. Mantenerse vigente para sus cada vez y por fortuna más reducidas huestes. 
 

Yo creo que hizo bien la Comisión de la Verdad en ir hasta Llano Grande a pesar de los vejámenes a que fue sometida. En esa entrevista quienes representan el futuro son los integrantes de la Comisión de la Verdad, el pasado lo representa Uribe. Eso quedo perfectamente claro a mi juicio.