“Si los educadores permanecen en paro, no negocio y no hay pago”[1].

Desde el 19 de Abril del presente año, a través de los medios de comunicación oficiales de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE), se anunció que desde el día 22 de Abril se iniciaría el paro indefinido de los docentes del magisterio, debido a que después de dos meses de una intermitente negociación, no se logró un acuerdo frente al pliego de peticiones presentado al Gobierno Nacional desde el 26 de febrero, visibilizando la insatisfacción de los docentes frente a las propuestas encabezadas por la Ministra de Educación actual, Gina Parody.

Ante estas circunstancias, apoyándose según su argumento, en una sentencia de la Corte Constitucional que le prohíbe al Estado pagar salarios a los trabajadores públicos que no cumplan sus funciones[2], deja claro públicamente que no accederá ante las acciones de hecho y la movilización social, considerando que este paro es injustificado y que ha sido difícil negociar con el gremio de educadores, debido a su actitud radical, la cual ha desconocido las altas concesiones en inversión que el gobierno ha propuesto frente a nivelación salarial, negándose a su vez a incursionar en estándares de calidad y excelencia docente, un proceso clave para el desarrollo del país que se proyecta para la competitividad y la productividad.

En el marco de este breve contexto, retomo la afirmación que se consigna en el actual Plan Nacional de Desarrollo “Todos Por Un Nuevo País: Paz, Equidad, Educación”, donde se considera la educación como “el más poderoso instrumento de igualdad de la sociedad”[3] y se afirma que su adecuado ejercicio como derecho llevaría a una “mayor participación en el sistema político, en la economía de mercado y en la defensa de sus propios derechos”[4]: en ese orden de ideas, que los gremios docentes planten preocupaciones sobre la propuesta de ajustes salarial presentada por el Ministerio y su diagnóstico presupuestal, que sigue sin responder a una política estructural salarial; que existan diferencias sobre los mecanismos de evaluación y ascenso docente, donde se apunte unívocamente a una estandarización de la evaluación docente sin criterios claros o sin estar bajo un debido análisis sobre la situación y los contextos donde los docentes desarrollan su quehacer laboral o que se quiera controvertir el sistema de seguridad social del magisterio, que es ineficiente y sumamente costoso, reconocido por la propia Ministra ¿no representa acaso en el escenario conjunto de negociación, este disenso y su amplia manifestación pública como un pleno ejercicio ciudadano de exigibilidad del derecho a la equidad, a la inclusión social, a la participación, a una anhelada igualdad?

Me pregunto, ¿cómo podemos los docentes llegar a nuestras aulas y hablar sobre la democracia, la participación, la posibilidad de la construcción con el diferente, cuando ante la manifestación de nuestra inconformidad, se nos castiga como el padre al hijo : “si no te tomas esta sopa, te dejo sin merienda”?

Una de las grandes ganancias de convertirnos en un Estado Social de Derecho, fue el reconocimiento como interlocutores válidos a las agremiaciones trabajadoras y su asociación, a los partidos políticos de oposición, a las comunidades, a las organizaciones sociales, con una, dos o varias identidades o reivindicaciones por exigir, con la plena posibilidad de ejercer sus acciones de resistencia y manifestación, siendo escuchadas y respetadas, no satanizadas o tergiversadas a la restante ciudadanía como un conjunto de personas díscolas, que se la pasan elaborando estrategias para “eludir el cumplimiento del horario laboral” o como lo tuiteo la Ministra, indolentes que utilizan la protesta para violar el derecho a la educación[5].

Si se trata de violar el derecho a la educación, habría que poner de manifiesto el enfoque mercantilista y corporativista con el que se erige el pilar de la Educación en el actual Plan Nacional de Desarrollo. Cuando el gobierno nacional promueve políticas de financiamiento de la educación a los más bajos costos, donde se exime de dicha responsabilidad de inversión y propone que son los ciudadanos quienes deben pagar para educarse si desean tener una mejor calidad de vida, dándole a si un carácter de bien de consumo, dicha fórmula atenta directamente con el derecho fundamental a la educación y cuestiona seriamente el compromiso político de este gobierno con la construcción de paz a nivel territorial y la protección real de la dignidad humana.

Por consiguiente, esta coyuntura plantea retos de largo aliento no solo a los ciudadanos, a los estudiantes y a las instituciones públicas, relaciona de manera central a los protagonistas de esta movilización social, a los docentes, exigiéndole un rol activo y controversial no solo sobre el cumplimiento de los derechos individuales que los afecta, sino manifestando una lectura crítica sobre el modelo de educación que se viene proyectando para nuestro país y si desde allí donde construimos una práctica democrática real y transformadora de la vida.

Lina Macías

Asesora Estrategia de Educación Ciudadana, Corporación Viva la Ciudadanía

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 443

Semana del 24  al 30 de abril de 2015

Corporación Viva la Ciudadanía

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