Presenciamos en la actualidad a escala planetaria, una agudización sin precedentes de las históricas contradicciones sociales y ecológicas del desarrollo capitalista mundial: peligros de una escalada bélica internacional, en sus diferentes modalidades[1]; dramáticas tensiones migratorias[2]; crecientes desajustes en el orden de los ciclos climáticos[3]; ralentización del gran salvador de la economía mundial desde 2008, China, y tendencia a la deflación global[4]; desbordamiento progresivo de las precarias “democracias” contemporáneas y conexión cada vez más fuerte entre la política formal y bandas criminales, narcotráfico, grupos extremistas, entre otros –con mayor énfasis en periferias o el Sur Global–[5]; desgarramiento de los tejidos sociales y reconfiguraciones de los límites del pacto social; entre otras.

Cuando el pastel de la riqueza se hace cada vez más pequeño y los apetitos crecen, las ilusiones de progreso se van vaciando, la acumulación capitalista se vuelve aún más salvaje. El neoliberalismo ―como modo de acumulación propio del capitalismo globalizado― se potencia, se reacomoda, busca ocupar espacios y ámbitos que se resisten a su lógica, y así expandir aún más el despojo y la mercantilización de todo. No importa en qué parte del mundo usted se encuentre, no importa si el gobierno de su país es considerado o no “progresista”, esta tensión neoliberal está presente, en diversos grados y formas, en cada proceso de acumulación formal o informal de capital en la actualidad.

            Pregunta de orden estratégico: ¿quiénes, en este momento en América Latina, son las fuerzas antagónicas capaces de detener el avance de la acumulación por desposesión? ¿Qué actores o sectores sociales y políticos pueden aún encarnar hoy una alternativa, no solo a este neoliberalismo mutante[6] que ha coexistido versátilmente entre nosotros, sino al propio orden capitalista?

            Años atrás, parecía evidente que esta alternativa, entendida como “posneoliberal”[7], estaba centrada principalmente en los gobiernos progresistas de la región, y en los líderes que los han guiado. Ya estos gobiernos no serían fundamentalmente dominación, sino representación no sólo de los intereses populares, sino también de la construcción de la vía hacia modelos que podrían estar en un futuro, más allá del capitalismo y la dependencia. A estas alturas, sostener esta idea es más que problemático.

Desde varios meses atrás, venimos presenciando una aceleración de la deriva regresiva en la región, incluyendo claro está a todos los llamados gobiernos progresistas. Cuando baja la marea de las rentas obtenidas por los commodities –un nuevo tiempo de vacas flacas–, todo parece más árido, más tosco, se ve con más claridad la topografía excluyente e insostenible de los modelos extractivistas.

Sumadas a las políticas más conservadoras de la región, que tienen a los gobiernos de México, Colombia y Chile entre sus principales exponentes, resaltan las más claras definiciones a favor del ajuste ortodoxo y flexibilización (Agenda Brasil) en las políticas económicas del gobierno de Dilma Rousseff; en Argentina, se han impulsado reformas como la de la ley de hidrocarburos (oct. 2014), que propone una flexibilización favorable a las compañías petroleras transnacionales –con una de las regalías más bajas de la región[8]– para facilitar la extracción de no convencionales; y el nuevo Código Civil y Comercial (ago. 2015), en el cual se produce la pérdida del acceso público a todos los ríos del país –siendo para Viale y Svampa “la mayor privatización de tierras de la historia de nuestro país (…) en manos de la especulación inmobiliaria”[9]; sin dejar de tomar en cuenta la proyección aún más a la derecha en los horizontes de la política oficial argentina, dadas las candidaturas favoritas para las próximas elecciones presidenciales a fines de octubre de este año.

En Ecuador, además de la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con la Unión Europea (dic. 2014, aún no en vigor), resalta desde 2014 la más agresiva política de endeudamiento de todo el gobierno de Correa –casi 10.000 millones US$, de los 18.000 millones que se han adquirido desde el inicio de su mandato[10]–; el desconocimiento y la omisión de obligación de pago de casi 3.000 millones US$ con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) –afectando el futuro de las jubilaciones[11]–; o la apertura a la participación privada en la prestación de gestiones públicas, a partir del proyecto de Alianzas Público-privadas (APP)[12]; en el marco general de una creciente conflictividad política interna.

En Uruguay, sobresale el ingreso en febrero de 2015 (de muy bajo perfil) del Acuerdo sobre el Comercio Internacional de Servicios (TISA) –que el Frente Amplio ha repudiado recientemente[13]–, un acuerdo impulsado por los EEUU y la UE, que supone un TLC con varios países, donde se propone la privatización de prácticamente todos los servicios públicos[14].

En Bolivia, se ha abierto el camino a transnacionales para nuevas exploraciones petroleras en áreas protegidas (Decreto 2366, mayo de 2015)[15], en el marco de progresivas flexibilizaciones en los términos de negocios con las mismas, donde destaca el reciente anuncio del gobierno boliviano (ago. 2015) de "incentivos a la exploración" para las petroleras, que implica un enorme subsidio de US$ 3.556 millones para elevar sus ingresos en 64% en los próximos diez años[16]; también destaca el avance de proyectos de legislación para una agresiva ampliación de la frontera agroindustrial –apuntando al "modelo cruceño de desarrollo", Agenda Patriótica 2025[17]–. Todo esto, se desarrolla en un momento político en el cual, el gobierno de Evo Morales ha declarado “irregulares” a 38 ONG, entre ellas al CEDIB[18].

Y en Venezuela, ante la crisis del modelo rentista petrolero, y en el marco de una progresiva transformación en las políticas del gobierno nacional, destacan, por un lado, el decreto 1425 de "Ley de Regionalización Integral" (nov. 2014), que plantea la figura de las “Zonas económicas especiales” (ZEE) –tomadas del modelo chino–, las cuales representan una liberalización integral de regiones geográficas del país, para derribar obstáculos al capital (IED) y así “afianzar el desarrollo y enfrentar la pobreza estructural”[19] –la Faja Petrolífera del Orinoco fue declarada como una de las ZEE del país[20] y sería una "vitrina de la Venezuela que se quiere construir"[21]–; y por otro lado, el impulso de la “Operación para la Liberación del Pueblo” (OLP), que implica intervenciones de choque directas de los cuerpos de seguridad del Estado en diferentes territorios del país (rurales, urbanos, barrios periféricos), para "combatir el hampa" –al estilo de las operaciones en las favelas brasileñas–, lo cual tiene, y tendrá, bajo este enfoque, serias implicaciones sociales y políticas[22]. Se tratan en ambos casos, y es fundamental decirlo, de territorializaciones de ajuste.

Pensar estratégicamente: preguntas para un tiempo de mutaciones

La recurrente idea del ataque exterior, encarnada por el imperialismo estadounidense, en articulación con las derechas tradicionales de los respectivos países, a pesar de tener asidero, pues representa actores importantes que ejercen presión en el avance de esta deriva regresiva en la región, ha servido a algunos para querer explicarlo todo con ella. Pero como lo ha propuesto recientemente el propio François Houtart, “La teoría del complot tiene el peligro de velar las causas profundas del proceso”[23]. Nos preguntamos: para convertir la dirección de un Estado en un gobierno de derecha, ¿hace falta cambiar los actuales gobernantes, o también se puede ir configurando su mutación desde adentro (sin “cambio de gobierno”)?

¿Es única y obligatoriamente el ajuste, el horizonte próximo de todos los gobiernos de la región? ¿Podrían los gobiernos progresistas tomar una serie de medidas que en teoría habían combatido en sus inicios?

Si el consumo se ha convertido en el principal factor de consenso político nacional –primordialmente en las ciudades–, lo cual permite amortiguar el impacto de ciertas políticas de ajuste, ¿hasta cuándo y con qué alcance se podría mantener esta modalidad?

También: los trabajadores y trabajadoras de la región, campesinos y pueblos indígenas, ¿prefieren el consenso de Beijing al consenso de Washington? Y de nuevo: ¿quiénes detienen las “restauraciones conservadoras”, o bien las reformulaciones neoconservadoras? En cada vez más ámbitos, los pueblos van contando sólo consigo mismos para defender sus reivindicaciones y territorios.

Ante este cambio de época en marcha en América Latina, e incluso ante la reciente y dramática capitulación de Syriza en Grecia, o la vacilante propuesta de Podemos en España, parece conveniente y profundamente estratégico, preguntarnos qué hemos aprendido como pueblos de estos procesos; insistir en un debate vital en torno a la forma Estado, y nuestra relación con esta. ¿Pueden los desencantos recientes potenciar no solo rabias coyunturales, sino nuevas disposiciones y cosmovisiones sobre la producción de lo político?

También parece conveniente insistir en que, ante la agudización de las contradicciones sistémicas mencionadas al principio, y de las manifestaciones de la crisis civilizatoria, podríamos estar ante escenarios en los cuales se estén configurando radicales modificaciones de las estructuras de poder tal y como las conocemos, de las formas de la soberanía, de las modalidades de control territorial –¿apuntamos hacia nuevas feudalizaciones del poder?[24]–. Si esto fuese así, los debates sobre el Estado se complejizan aún más, toman nuevos matices, aparecen nuevos elementos.

Fenomenología del Estado y territorialización del poder: un diálogo crítico con Álvaro García Linera

Como hemos propuesto, la discusión sobre el Estado, y la idea de la autonomía desde abajo ante el mismo, es profundamente estratégica ante los tiempos actuales. Podemos afirmar que existe en la región toda una línea teórico-política que insiste en la centralidad del Estado como alternativa de transformación social, en la cual el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera (AGL), aparece como uno de sus principales exponentes. La relevante propuesta de AGL intenta reactivar una nueva fe sobre lo estatal.

Para AGL, el debate «Autonomía o Estado» es un falso debate[25]. Nosotros en cambio, planteamos que la fusión (sic) que propone el autor, de integración de las luchas desde abajo con el Estado, es inconveniente; que una lucha popular de múltiples escalas, no supone necesariamente la integración de sus objetivos, formas y acciones con los de la máquina-Estado, que son claramente diferentes. En este sentido, mantener esta diferenciación es estratégico en la agenda política de las luchas desde abajo, sin que en ningún sentido se lleve adelante una política de aislamiento o una propuesta maniquea. Se trata de pensar, antes que en un «Estado Integral», en un horizonte de territorialización del poder.

1. El Estado omnipresente y la subsunción de lo común en lo público en AGL

A partir de lo que AGL llama el principio de incompletitud histórica –propuesto desde el Teorema de Gödel–, el autor propone que la tradición de la dominación^[26] del Estado no es ahistórica, que tiene grietas, y que la gente tiene la posibilidad de trascenderla. Siendo esto cierto, la necesaria pregunta subsiguiente es: ¿cuáles son los límites de esta posibilidad de transformar al Estado?

Y también: aunque es importante definir al Estado como un “campo de lucha”, como una construcción política en permanente movimiento, o una estructura de relaciones maleables, no es la contradicción en sí, el elemento que lo define. Algo debe darle forma, sentido. Y su especificidad histórica, su sentido de existencia es ser una maquinaria de dominación y conducción política, tomando el propio concepto de AGL[27].

Esta modalidad monopólica, centralizadora y abstractalizante de poder, esta forma política de hacer que es el Estado, en AGL es al mismo tiempo materia e idea, es también creencia colectiva[28], lo que permite evidenciar, de manera muy útil, la forma fenomenológica del Estado. Sin embargo, hay una especie de omnipresencia e irresistibilidad que otorga el autor al Estado-idea colectiva: si éste es, por tanto, “las estructuras mentales, los esquemas simbólicos, los sistemas de interpretación del mundo que hacen que cada individuo sea uno con capacidad de operar y desenvolverse en ese mundo”; si las luchas populares, los saberes colectivos, los esquemas de organización del mundo, y las propias identidades sociales no están al margen del Estado, sino que éste los contiene; si éste es “la subalternidad misma en estado institucional y simbólico (…) es la comunidad social, los logros comunes, los bienes colectivos conquistados, aunque bajo una forma fetichizada”; si la “sociedad real (…) ha construido la estatalidad con sus logros y sus desdichas”[29], parece pues, que el afuera del Estado es un desierto.

Estado no es igual a sociedad. No toda producción molecular de lo político es Estado, o tributa a su constitución, aunque coexista o se articule con él, aunque sufra su dominación. Seguramente la constitución popular de lo político está profundamente permeada por el Estado, pero éste no la configura de manera completa. Las exterioridades del Estado son múltiples, en el espacio, en las creencias, en los cuerpos, aunque puedan ser momentáneas y contingentes.

            La rebelión no solo proviene desde la propia experiencia de estatalidad[30] de los sujetos, sino al mismo tiempo de procesos productivos propios y territorializados que están también más allá del Estado. AGL parece incluir todas las contradicciones socio-políticas en el seno estatal.

            Es necesario entonces otro tipo de fenomenología del Estado. Una que reconozca las diversas y múltiples formas de producción de lo político que se encuentra en las afueras de éste, las otras formas de hacer que se distinguen de él; que dé cuenta cómo sus objetivos, formas y acciones difieren de la forma de la estatalidad. La clave del cercamiento fenomenológico que propone AGL, y que al mismo tiempo traba el desbordamiento popular de las fronteras estatales, está en la subsunción que hace el autor de lo común en lo público. Dice AGL:

El Estado solo puede producirse en la historia contemporánea si produce (como fruto de las luchas y de las relaciones sociales) bienes comunes, recursos pertenecientes a toda la sociedad, como la legalidad, la educación, la protección, la historia cívica, los aportes económicos para el cuidado de los demás, etc.; pero este común únicamente puede realizarse si al mismo tiempo de producirse, también se inicia el proceso de su monopolización, su concentración y su administración por unos pocos que, al realizar esa monopolización, consagran la existencia misma de los bienes comunes[31].

En realidad el Estado solo produce bienes públicos, no bienes comunes. El ámbito de lo público ha aparecido tradicionalmente en el imaginario político moderno/occidental como el ámbito por excelencia donde se manifiesta y organiza lo popular. Sin embargo, la forma de lo público se reproduce a través de la representación política trascendental del Estado, lo que supone una gestión monopólica y corporativa del poder territorial. Los bienes comunes, como materialidad de la vida, al ser un don de la misma otorgada a todos, preexiste a la apropiación y monopolización que ejerce el Estado, a diferencia de lo planteado por AGL –“los bienes comunes son creados (…) pero solo existen si son a la vez monopolizados”, dice el autor[32]–. Las múltiples formas de lo común se basan en otra valoración de la Vida (si se quiere, de la naturaleza), en otras formas de gestionar los territorios (ecosistemas), en la acción colectiva dirigida a reproducir la vida inmediata –aunque puedan ser frágiles, discontinuas, inestables–, que en cambio son constitutivas de la dinámica social[33].

La distinción no es arbitraria ni insignificante. Es en el modo de gestión de los territorios, de la reproducción de la vida, en la forma de su horizonte vital, donde se produce este importante deslinde. No hacemos referencia a una comunalidad inmaculada, a un tipo de pureza, o de formas ideales libres de contradicciones. No hablamos de sujetos impecablemente cooperantes, sino pueblos rurales, semi-rurales y urbanos que apelan persistentemente a gestiones colectivas para posibilitar, en primera instancia, el curso de su vida.

Lo que es también importante recalcar, es como la representatividad estatal –siempre fluctuante, y en diversos grados dominante y represiva– impide, en el corto o en el largo plazo, la gestión directa de lo común. Los bienes públicos (como la educación, la vivienda, la salud, etc.) son usufructuados socialmente por la vía de una intermediación, y en numerosas ocasiones, se viven sólo como idea, suspendidos en la promesa de un futuro desarrollo, o una futura mejor gestión. Nuevas posibilidades y horizontes de lo político en la región, pasan por recuperar la centralidad de esta dimensión territorial inmanente de lo común. Producir con el trabajo colectivo y la riqueza inmediata, desde abajo, el experimento político que en algún momento del ciclo progresista quedó abortado.    

2. Extractivismo y la entelequia del «Estado Integral»

Como ya es sabido, AGL plantea que el extractivismo es una fase temporal para generar condiciones para alcanzar una "futura fase social"[34], y en numerosas ocasiones ha propuesto que los críticos del extractivismo le hacen el juego al imperialismo, como lo ha expresado sobre ONGs como CEDIB (Bolivia) en su reciente carta Sobre el papel de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en Bolivia y su financiamiento. Ya en otros espacios hemos intentado replicar esta idea de que para salir del extractivismo hace falta más extractivismo, y hemos señalado el peligroso camino de la satanización de la crítica.

            Pero esta prometida fase temporal del extractivismo se sostiene sobre la idea –que suele ser recurrente– de que, ahora sí, hemos alcanzado un escalafón histórico de las luchas políticas, lo cual se traducirá en una alianza progresiva entre el Estado y el pueblo, que construirá el camino para deshacer al extractivismo. Esta alianza es lo que AGL ha llamado el «Estado Integral»[35].

            Para AGL, a partir de la experiencia boliviana, en este Estado Integral se produce “la presencia directa de representantes de los sectores sociales movilizados en distintos niveles del aparato estatal”, y añade también “la presencia directa de las organizaciones sociales en la definición de las principales políticas públicas”[36]. El Estado en AGL es una trama cotidiana en la cual gobernantes y gobernados, con distintos niveles de influencia, intervienen en torno a la definición de lo colectivo[37]. De ahí que el autor afirme que “Socialismo es entonces un largo proceso de transición en el que estado revolucionario y Movimientos Sociales se fusionan para que día a día se democraticen nuevas decisiones; para que día a día más actividades económicas entren a la lógica comunitaria en vez de la lógica del lucro”[38].

            Conviene insistir en lo siguiente: el extractivismo es una modalidad de acumulación capitalista que centraliza tanto el poder como la soberanía sobre el territorio; esto es, estructura un tipo de soberanía (nacional-estatal) que mercantiliza y monopoliza la decisión sobre los llamados “recursos naturales”. Esta racionalidad, esta forma política de hacer particular, esta modalidad de dominación transnacionalizada y corporativa, que se superpone y evita que la gente realice una gestión directa de los bienes comunes, está dotada de sentido por los procesos de acumulación de capital a escala global, por la División Internacional del Trabajo y la Naturaleza.

La entelequia del «Estado integral» intenta fusionar modos de hacer, de producir de lo político, que se contraponen. Por medio de la coacción y la “manufactura de consensos” (de diversas maneras), éste evita o pone límites a la ocupación, recuperación y reapropiación de lo común (sea en espacios urbanos, tierras agrícolas, áreas de reserva natural, etc), en nombre de la protección de la propiedad privada, de la “soberanía nacional” y del mantenimiento del orden y la estabilidad. El Estado pues, no reconoce otra soberanía que no sea la nacional-estatal –no es casual que, por ejemplo, casi ninguna de las consultas previas en América Latina respecto a proyectos extractivos o desarrollistas sea reconocida por los poderes constituidos[39]–. Adicionalmente, en contextos de aguda crisis como las actuales, el Estado tiende a profundizar mecanismos políticos de acumulación por desposesión como medidas de ajuste, por lo que su conflicto con lo común se intensifica.

Pero sobre todo, es importante insistir en cómo, en las esferas más altas del Estado, donde se concentran las decisiones sobre los bienes comunes para la vida ―los llamados “recursos naturales”―, sobre las Fuerzas Armadas nacionales, las grandes finanzas, se evidencia con más claridad y crudeza la estructura jerarquizada, la modalidad corporativa transnacionalizada que posee la gestión de lo público (extracción de naturaleza, infraestructuras urbanas, adquisición de tecnología militar, financiamiento externo, etc.), lo radicalmente excluyente que es respecto a lo común, y lo complejo de delegar estas gestiones a unos cuantos representantes y voceros de movimientos sociales, para replicar los modelos de concentración de poder y manejo centralizado de la riqueza colectiva. Bajo este modelo, estos ámbitos son prácticamente intocables para las bases populares, por lo cual reformas progresistas sobre igualdad de género, aborto, derecho a la ciudad, figuras de participación política formal, entre otras, se convierten en reformas cosméticas sino se produce un proceso social de re-apropiación territorial.

3. Alternativas, correlación de fuerzas y territorialización del poder: la centralidad de las luchas desde abajo

Aunque se puedan producir las condiciones ―que siempre serán temporales― para llevar adelante una gestión política articulada de las formas de lo público, entre el Estado y una masa crítica popular contrahegemónica organizada ―siempre en diferentes grados―; aunque se resalte la importancia de trastocar y transfigurar la forma Estado “desde adentro” de la maquinaria; lo que consideramos fundamental es quitarle centralidad política a la idea de que hay que, en primera instancia, ocupar el Estado.

En la medida en la que un movimiento político desde abajo, efervescente, numeroso, potente, otorga centralidad en su lucha a la toma de la esfera estatal, se introduce en un campo asimétrico en el que puede, paradójicamente, ocupar al Estado, mientras que el Estado, lo ocupa a él. Si el Estado es también una relación social (dominante), entonces en sus formas se producen tipos de subjetividades, corporalidades, territorialidades, redes moleculares de poder, las cuales son finalmente funcionales a la reproducción del capital. Se genera pues, algo que pudiésemos llamar una dominación productiva, a partir de sus estructuras de relacionamiento y sus formas de racionalidad.

El reconocimiento del Estado como máquina de dominación, no supone un desentendimiento o abandono del mismo, del campo de lo público, cuando se trata de pensar horizontes anti y post extractivistas, rentistas y capitalistas. No solo porque el Estado no va a desaparecer de la noche a la mañana, sino también porque su función en la escala del sistema interestatal mundial y la División Internacional del Trabajo y la Naturaleza, puede variar políticamente, es relativamente maleable, dependiendo de diversas luchas domésticas. Es decir, no solo se configura un duopolio cooperativo entre Estado y Mercado, sino que se pueden desarrollar diferentes niveles de contradicción entre ellos, que podrían ser más o menos favorables a procesos de luchas locales, lo cual puede ser aún más vital y relevante en los débiles Estados-nación periféricos. Se trata de la contradicción planteada por David Harvey entre la lógica del capital y la lógica territorial[40].

Pero lo fundamental, con miras a abrir o mantener las posibilidades de reproducción de una política popular de lo común –resistencia y constitución–, es el estado de la correlación de fuerzas en un espacio-tiempo específico, la síntesis que se produce en el completo campo de la política (que puede ser en un país, pero no únicamente), y que está determinada por las fuerzas y probabilidades de cumplir sus objetivos, por parte de los actores que disputan en dicho campo –para lo que nos compete, las subjetividades contrahegemónicas–. A esto lo podemos llamar la composición política.

Esta composición política pues, está fundamentalmente determinada por las luchas desde abajo. Todo proceso contrahegemónico de horizonte social emancipatorio, se mueve y produce a partir de la lucha popular ―es su factor constituyente y originario―, la cual puede generar una recomposición que mejore las condiciones de disputa, la gestión común de la vida y las posibilidades de transformación social. Esto aplica en particular para el Estado, que posee “internamente” su propia composición política que lo define, y que puede ser reformulada para que ejerza un rol más favorable al proceso reproductivo de lo común.

Es la lucha popular territorial el punto de partida, llevada adelante para reproducir la vida, sin que esto implique, de ninguna manera, el abandono de ámbitos más amplios de disputa política, de escalas municipales, biorregionales, nacionales, continentales o incluso globales. Se trata de la configuración y el ejercicio de otras soberanías, de posibilidades para la autonomía material de pobladores y pobladoras, de producción de narrativas propias, que en primera instancia no admitan límites exteriores y anteriores a su propio despliegue y decisión –como lo ha propuesto Raquel Gutiérrez Aguilar[41]–, y que no detienen su movimiento territorial para esperar una supuesta “resolución histórica” de la contradicción Estado/movimientos sociales, orientada a la conformación de un imaginado «Estado integral».

La territorialización del poder se alimenta de esos otros códigos y formas de hacer contrahegemónicos, de las cotidianas deserciones que producen los pueblos desde abajo, presentes en movilizaciones de diversos tipos, como la de los pueblos indígenas bolivianos o las expresiones cooperativas del chavismo popular urbano. Lo importante es pues, mantener el deslinde vital entre lo público y lo común, entre lo que se instituye y lo constituyente.

Si las luchas masivas tienden inevitablemente a declinar, a agotarse, después de una ola ascendente y efervescente, y con ello, la composición política se hace más adversa a la producción y reapropiación de lo común, y el Estado se hace más reaccionario y conservador, la única alternativa ante esto es procurar el florecimiento territorial de lo común, de la comunalidad –vista como estabilización de lo común–, que permita que los procesos de lucha social, la configuración de alternativas y transformaciones, se hagan más orgánicas.

Si el Estado es también una creencia colectiva, es fundamental construir nuevos sentidos comunes, nuevas creencias sociales que busquen desplazar a la conciencia colectiva de su inevitabilidad, al fetiche del Estado, a su capacidad de abstractalizar el poder, a su esencia trascendente, para en cambio territorializar la posibilidad emancipatoria.

Bogotá, septiembre de 2015

Emiliano Terán Mantovani es sociólogo e investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (CELARG), autor del libro "El fantasma de la Gran Venezuela", mención honorífica del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015.

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