A pesar de la crisis que ha desatado la pandemia, el extractivismo no está confinado: aunque con altibajos, sigue operando y se reposiciona estratégicamente. Esto ocurre mientras el grueso de la población se encuentra agobiada y restringida por la situación. En este artículo intentamos cartografiar las coordenadas del extractivismo en la pandemia en América Latina, sus ritmos, reajustes y atajos. Resaltamos sus políticas para la expansión de fronteras, impulsar una ola de neoliberalización e imponer formas de secutirización de la vida. Finalmente, destacamos las movilizaciones, re-existencias y alternativas ante la compleja situación.

“Tenemos la oportunidad, en este momento en el cual la atención de la prensa está concentrada casi exclusivamente sobre el COVID […] ahora que la prensa está dando un poco de tregua sobre los otros temas, de aprobar las reformas infralegales de desregulación y de simplificación en materia, todas aquellas reformas de las que tenemos necesidad […] Necesitamos nuestro esfuerzo, ir ‘pasando el ganado’, ir cambiando todo el reglamento y simplificando normas del IFAM, del Ministerio de Agricultura, del Ministerio del Ambiente”.

Ricardo Salles, ministro del Ambiente de Brasil, 2 de abril de 2020

“La pandemia les venía como anillo al dedo porque nos habían metido a todos en la casa, pero al ver que el extractivismo no estaba haciendo cuarentena, nos vimos forzados a romper la cuarentena para salir a movilizarnos y además lanzar una nueva iniciativa popular con muchísimo más vigor y más fuerza que el anterior”.

Leo Travaglia, Asamblea No a la Mina de Chubut, 6 de julio de 2020

El continente americano es hoy uno de los puntos álgidos de la pandemia global de la Covid19. Misma que está generando impactos múltiples en América Latina y va trastocando las coordenadas y ejes del patrón y modo de acumulación dominante en la región: el extractivismo. Estamos en medio de un largo proceso de crisis y reestructuración sistémica muy accidentado e impredecible.

A pesar de la coyuntura y la gran inestabilidad, el extractivismo no está confinado; mucho menos está sentado esperando a que llegue el tan mentado “mundo post-covid”. El extractivismo ‘está en la calle’, tiene salvoconducto y también impunidad. Esto hay que tomarlo muy en cuenta, pues está ocurriendo mientras el grueso de la población se encuentra agobiada y restringida por la situación de la pandemia.

La orientación de una ‘nueva normalidad’ está ya en agenda y construcción en la región, que posibilite la apropiación y capitalización de la naturaleza y el trabajo, partiendo de la administración del binomio seguridad/emergencia y rescate/crisis económica. ¿Hacia dónde marchamos? En este artículo intentamos cartografiar las coordenadas del extractivismo en la pandemia. De sus ritmos, sus reajustes, sus altibajos, sus atajos. Veamos.

Commodities, crisis, pandemia y protestas: cuatro determinantes de la situación

Primeramente, las dinámicas del extractivismo en la pandemia hay que entenderlas en el marco de procesos globales, nacionales y territoriales que están siendo determinantes (y lo seguirán siendo), de los cuales es importante resaltar al menos cuatro aspectos entrelazados:

1. Impactos en la demanda y mercados globales de energía y commodities: en general, la pandemia ha deprimido la demanda de materias primas, provocando a su vez una caída en los precios de la mayoría de los commodities. Esto ha sido así especialmente para hidrocarburos y commodities metálicos¹. Además de la estrepitosa e histórica caída de la demanda y precios del petróleo (que impacta a Venezuela, Colombia, Brasil, Ecuador, Bolivia, México, Perú o Argentina), destacan también la del cobre (afectando especialmente a Chile y Perú) y el caucho. También, aunque en menor medida, se evidencian caídas en los precios de la soja, el maíz, el café o la caña, entre otros. Muy al contrario, los precios del oro están experimentando una notable alza, que se mantienen en ascenso y rozan records. Todos estos factores tienen una alta incidencia en las dinámicas del extractivismo. Por ejemplo, la debacle petrolera va incrementando las tendencias hacia la minería, aunque está también provocando una crisis sobre los agrocombustibles (afectando los negocios sobre el maíz y la caña); se eleva el atractivo sobre los commodities agroindustriales; mientras que el alza del oro produce más presiones en la Amazonía y otros territorios campesinos e indígenas, donde existen reservas del mineral. Lo que vaya ocurriendo en este sentido será determinante sobre el curso de las tendencias que configuren al extractivismo en la región;

2. Procesos de ajuste económico y el desarrollo de la crisis económica: por otro lado, la pandemia emerge cuando ya América Latina venía, desde al menos 2014-2015, desarrollando una crisis económica que estaba evolucionando de la mano de una progresiva expansión de políticas neoliberales (que incluyeron a gobiernos ‘progresistas’). Organismos como la Cepal o el FMI prevén que a raíz de la pandemia se viene para Latinoamérica la peor recesión de su historia². Esto tiene múltiples y tremendas implicaciones, entre las que destaca el hecho de usar retóricamente al extractivismo como el ‘gran salvador’ y tratar así de legitimarlo. Otra cuestión es que, de la mano de la creciente precarización de la población y del autoritarismo en los gobiernos, probablemente el extractivismo se haga mucho más conflictivo;

3. Dinámicas de flujo social y comercial en la pandemia: la restricción, severa en muchos casos, de la circulación de personas y el comercio, a raíz de la pandemia, ha tenido un impacto tremendo en la forma que ha tomado la crisis. Las tendencias que vayan imponiéndose en el tiempo –por ejemplo, la instauración de circulaciones permanentemente restringidas en diversas áreas, o diversas formas de desglobalización– van a ser determinantes en la ‘normalización’ de una u otra modalidad de extractivismo (dependiendo de los emprendimientos);

4. Emergencia, masividad y/o intensidad de las protestas y resistencias: la región ha sido un amplio territorio de movilizaciones sociales masivas contra diversas políticas anti-populares, así como de resistencias territoriales contra el extractivismo. El año 2019 fue año de explosión de estas expresiones de poder de los pueblos, que hicieron un muy importante contrapeso a los poderes establecidos. Diversas movilizaciones se han podido ver en 2020, lo que muestra que la cuarentena y el miedo al contagio pueden ser relativos. El extractivismo y sus reacomodos dependen también del nivel de las resistencias sociales que se desarrollen en los tiempos venideros.

El ‘esencial’ extractivismo no está en cuarentena: opera sobre trabajadores contagiados y los gritos de la selva

El shock social, económico y político que implicó la globalización de la pandemia, ciertamente ha estremecido todo, incluyendo las economías de la región y los emprendimientos extractivistas. Pero, en general, el extractivismo, en sus diversas facetas, ha seguido operando, y, sobre todo, las élites políticas de nuestros países se han encargado de ello, a pesar de los sensibles costos sociales, sanitarios y ambientales que conlleva en este tiempo de tanta vulnerabilidad.

En buena parte de los países latinoamericanos, mientras se declaraban estados de emergencia y se imponía el aislamiento social obligatorio, actividades como la minería, el agronegocio o la tala eran declaradas “actividades esenciales” para la economía y la sociedad, lo que implica que estas funcionan sin restricciones. Esto fue así, por ejemplo, para gobiernos como el de Fernández en Argentina, de Vizcarra (Perú) o el de Bolsonaro en Brasil. El gobierno de Lenin Moreno (Ecuador) eximió a las empresas mineras de los cierres impuestos a la población, mientras que el Gobierno de Piñera en Chile afirma que ha hecho ‘grandes esfuerzos’ para mantener la minería en pie³ durante la pandemia.

En estos críticos meses de la Covid19 en la región, ciertamente la minería ha tenido altibajos. Sin embargo, esta actividad extractiva ha tenido un lugar privilegiado y, de acuerdo a comunidades, organizaciones y trabajadores, ha actuado saltándose normas y protocolos establecidos para la coyuntura. En México, las principales empresas de la rama –como el Grupo Frisco, Fresnillo o Industrias Peñoles– de una u otra forma no han suspendido operaciones⁴; en Chile, la Cámara Minera de ese país se jacta de haber aumentado las cuotas de extracción en varios de sus emprendimientos de cobre y otros minerales⁵; en Argentina, se retoman actividades como ocurre en los yacimientos de la provincia de Santa Cruz –llegando a producir al 80% de su capacidad⁶–; mientras que en Brasil, se alcanzó la notable cifra de 29 toneladas de oro (oficialmente) extraídas⁷. Respecto a la minería ilegal (e informal), aunque en sus inicios se generó una significativa ralentización (o parón, dependiendo de los casos) de la actividad, posteriormente esta se reposicionó, como ha ocurrido en Colombia⁸, Perú⁹ y Venezuela¹⁰.

El agronegocio, en sus diversas formas, ha venido también funcionando con impunidad en casi todos los países de la región. En Colombia, nuevas fronteras son colonizadas de forma mafiosa para el acaparamiento de tierras, además de la ganadería extensiva o la agroindustria –como ocurre con el rápido crecimiento de cultivos de eucalipto y palma en las sabanas de La Fuga (Guaviare)¹¹; en Perú persisten operaciones como las de las empresas de palma aceitera –como ocurre en Ucayali¹²–; e incluso se registran aumentos de las exportaciones agroindustriales como en Brasil con la carne y la soja¹³, o en Paraguay, con un incremento del 24% de los envíos de carne al exterior en relación a 2019¹⁴.

En relación al extractivismo petrolero, este ha continuado operando, pero la crisis lo ha llevado a la baja (como ocurre en grados diversos en Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Venezuela, entre otros).También es relevante mencionar la continuación de otras operaciones como el tráfico ilegal de madera, como se da en el Ecuador¹⁵; o la intensificación de la pesca ilegal marítima, como sucede en la Argentina.

Lo que resalta de estas particulares dinámicas del extractivismo en la pandemia, son al menos tres factores muy perversos: en primer lugar, la persistencia del extractivismo se ha sustentado en una lógica de sacrificio humano (marcado por patrones raciales, de clase y género), al puro estilo colonial que, para mantener las actividades operativas han forzado a las y los trabajadores a exponerse al contagio del coronavirus. Esta política de poner la ganancia de unos pocos por encima de la salud de la población se repite en un grado u otro en todos los países, con la negligencia de cumplir normativas por parte de las empresas o la laxitud de controles por parte de organismos estatales. Esto se produce, por ejemplo, en las plantas de carne o en emprendimientos mineros de Brasil; con trabajadores de las plantaciones de bananos y palmeras, fábricas de mariscos o granjas de flores en Ecuador¹⁶; en empresas petroleras en el Perú¹⁷ o en mineras en Chile¹⁸ y México¹⁹. El resultado no ha sido sólo numerosos contagios de trabajadores y trabajadoras, sino que los propios emprendimientos extractivistas se van convirtiendo en importantes vectores de contagio, como ha ocurrido en Rio Grande do Sul, un centro de exportación de carne donde más de una cuarta parte de los nuevos casos confirmados de la Covid19 en mayo, fueron entre trabajadores de estas plantas industriales²⁰.

En segundo lugar, se han replicado los terribles impactos ambientales del extractivismo, pero ahora en un tiempo de gran impunidad y con serias dificultades para poder atenderlos. Destaca el dramático aumento de la deforestación en la Amazonía: unas 75.000 hectáreas ya se registraban para abril en la parte colombiana (buena parte en bosque primario)²¹, mientras que sólo en mayo en Brasil se deforestaron 82.900 hectáreas²². De seguir estas tendencias, 2020 podría ser el año más destructivo para la selva amazónica. A esto hay que sumarle el desmonte de 9.000 hectáreas de bosque en el norte de Argentina – principalmente en Salta– y el avance deforestador en los departamentos de Guairá y Canindeyú en Paraguay²³.

No podemos dejar de mencionar el aumento de las quemas en la Amazonía boliviana –que comienzan antes de lo previsto y de enero a mayo se registraba un 80% más de focos de calor en comparación con enero-mayo de 2019²⁴– y en la brasileña –en junio se registró la peor marca para ese mes en 13 años²⁵–; derrames petroleros como el ocurrido en los ríos Coca y Napo en la Amazonía ecuatoriana a principios de abril –el mayor derrame de petróleo en la zona en los últimos 15 años, afectando a cerca de 120.000 personas²⁶–; o fumigaciones con agrotóxicos, como ocurre en el centro y noreste argentino²⁷.

En tercer lugar, lo que nos parece un elemento central: a pesar de la situación general a la que hemos llegado, en la cual la pandemia de la Covid19 es apenas el síntoma de un planeta enfermo de capitalismo y extractivismo, lo que presenciamos es no sólo una abismal ceguera de las dirigencias políticas, que ignoran cualquier alternativa o camino diferente a este; sino, y sobre todo, una pisada en el acelerador de la locomotora de la devastación, aniquilando las condiciones que permiten la vida en la Tierra, al tiempo que se potencian las vulnerabilidades sociales y se socavan las capacidades de enfrentar esta u otras perturbaciones que podrían desarrollarse en los tiempos venideros. Se camina en sentido contrario. ¿Hacia dónde marcha el extractivismo?

Horizontes extractivistas: avance estratégico y reposicionamiento del capital

Derechas, extremas derechas, centros o izquierdas: todas nos ponen más y más extractivismo en el horizonte. Ciertamente la pandemia representa también un desafío para los intereses de estas élites económicas y políticas regionales. Pero parecen dejarnos claro que, cuando hablan de la situación de la Covid como una ‘oportunidad’, se refieren a relanzar las inversiones y/o ampliar las fronteras de la apropiación y la extracción.

En este escenario, la minería queda aún más realzada. En Argentina, de los numerosos proyectos mineros que están a la espera de luz verde o reimpulso, podemos resaltar el anuncio en mayo del gobernador de la provincia de Mendoza, Rodolfo Suárez, de la reactivación del viejo Proyecto Potasio Río Colorado (cloruro de potasio)²⁸; la celebración del secretario de Minería de Salta, Ricardo Alonso, ante el anuncio en abril de Barrick Gold de la explotación del proyecto El Quevar (plata, plomo y zinc)²⁹; o la nueva embestida en Chubut por parte de la empresa canadiense Yamana Gold para avanzar en su proyecto de extraer oro y plata en la localidad de Esquel –¡a pesar de las históricas resistencias!–, con el apoyo de la gobernación de provincia³⁰, y en el marco del apoyo que el presidente Fernández ha planteado antes y durante la pandemia a la actividad minera en el país.

En Venezuela, en medio de la desastrosa crisis que se vive, el 8 de abril se promulgó la Resolución N° 0010 mediante la cual se autoriza la práctica minera de oro, diamantes y demás minerales estratégicos, en importantes ríos de la Amazonía venezolana, lo que supone una dramática expansión de las áreas de explotación en el marco del devastador proyecto Arco Minero del Orinoco³¹. En Chile, la Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso aprobó en abril, a través de videoconferencia, las prospecciones de la Compañía Minera Vizcachitas Holding –propiedad de la canadiense Los Andes Coppers– en Putaendo³², mientras que Barrick Gold anunciaba nuevas negociaciones para entrar en nuevos proyectos mineros, así como los intentos de viabilizar Pascua Lama³³. Y en Ecuador, se le dieron aprobaciones regulatorias para exploraciones a la empresa australiana SolGold –que controla 75 concesiones regionales en 14 provincias del país– en los proyectos Porvenir, La Hueca y Blanca (ubicados en las provincias de Zamora Chinchipe y Carchi)³⁴, para lo que sería la explotación de cobre y oro. En numerosos casos, presenciamos declaraciones de los ministros de minería de los países valorando a esta actividad como el ‘salvavidas’ para la reactivación de la economía, buscando legitimar viejos y nuevos proyectos, como ha ocurrido con la ministra de Energía y Minas del Perú, Susana Vilca, quien no descarta impulsar la reactivación de los polémicos proyectos Conga y Tía María, mientras pide a las comunidades que se oponen, que ‘reflexionen’ sobre su posición, ante la crisis económica que se vive³⁵; o bien el breve (ex)ministro de minería de Bolivia, Fernando Vásquez, quien afirmaba en mayo que el gobierno buscaría todos los medios para impulsar una exploración intensiva de minerales en el país³⁶.

Similar situación de avance y reposicionamiento se produce con el agronegocio. En Honduras, con los decretos PCM-030-2020 (abril) y su reforma PCM-041-2020 (mayo), se facilita a las empresas agroexportadoras el acceso a tierras nacionales y ejidales³⁷, mientras que en Ecuador, el 2 de junio el pleno de la Asamblea Nacional aprobaba el proyecto de Ley para el Fortalecimiento y Desarrollo de la Producción, Comercialización, Extracción, Exportación e Industrialización de la Palma Aceitera y sus Derivados, que promueve aún más este tipo de cultivos y la producción de biodiesel –afectando también tierras comunales y áreas en conservación³⁸. El gobierno de Añez en Bolivia autorizó a principios de junio la importación de eucaliptos para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales, que incluye un paquete tecnológico que “utilizará material genético con características inmunológicas más fuertes”³⁹, mientras que en Chile, en los territorios del Wallmapu, forestal Arauco aprobó en mayo un aumento de capital de casi 700 millones US$ para el cuestionado proyecto MAPA⁴⁰, el mayor complejo industrial de celulosa en construcción del mundo. También, en países como Perú y Bolivia, se busca abrir el camino para la introducción de transgénicos, como veremos más adelante.

En el caso de las infraestructuras, resaltaremos el caso del polémico proyecto del Tren Maya impulsado por el gobierno de López Obrador y presentado como el ‘motor’ de la reactivación económica. El 1 de junio, a pesar de las numerosas oposiciones, AMLO inauguraba obras en tiempos de pandemia, aunque para mediados de julio las mismas fueron detenidas por atentar contra la salud de comunidades y pueblos indígenas⁴¹.

Sin embargo, y a diferencia de los otros sectores mencionados, como ya señalamos el sector hidrocarburos se encuentra en serias dificultades dadas las particulares circunstancias energéticas globales. Importantes caídas y estancamiento en las inversiones han generado el estrangulamiento de algunos emprendimientos y las proyecciones son muy inciertas, muchas de ellas pesimistas. Esto de ninguna manera supone que este tipo de extractivismo de un paso al costado. De hecho, mientras Ecuador se encontraba en cuarentena y estado de excepción, una nueva carretera de 2,2 kilómetros se ha venido construyendo desde mediados de marzo en el controvertido Bloque 43, más conocido como ITT, ubicado en el corazón del Parque Yasuní (en la Amazonía) –según lo revela un reciente reporte de MAAP⁴².

En todo caso es muy relevante mencionar que los que quedan en una comprometida situación son los proyectos de hidrocarburos no convencionales, poniéndose seriamente en entredicho su viabilidad, como ocurre con Vaca Muerta en Argentina o la Faja Petrolífera del Orinoco en Venezuela. En el caso de Pre-sal en Brasil, probablemente queden inactivas las plataformas de aguas poco profundas con mayores costos de extracción (al menos temporalmente)⁴³, mientras que la crisis parece allanar el camino hacia privatizaciones. Unas 18 empresas del fracking en los Estados Unidos han ido a la quiebra, entre las que se cuenta la pionera de esta técnica, Chesapeake Energy⁴⁴. A pesar de este contexto, el presidente Iván Duque se ha mantenido activo e insistente en la promoción del fracking en Colombia, y a principios de julio la administración de Ecopetrol se asoció con la multinacional ExxonMobil para la puesta en marcha de los proyectos piloto en el Magdalena Medio⁴⁵. ¿Cómo lo va a sostener económicamente? ¿A quiénes se le va a cargar la cuenta?

‘Pasando el ganado’: dejar colar una ola de flexibilización, endeudamiento y desregulación del extractivismo

Cuando el ministro del ambiente del Gobierno de Bolsonaro, Ricardo Alles, afirmaba con total crudeza y cinismo –en un video filtrado de abril de este año–, que había que aprovechar que la gente y la prensa estaban distraídas con la pandemia para impulsar una desregulación de la política ambiental del país⁴⁶, para “ir pasando el ganado”, estaba no sólo mostrando la grotesca y desinhibida forma del extractivismo actual en Brasil, sino también lo que en realidad es una política compartida en la región, aunque varíe en sus grados de intensidad e intencionalidad. Como típica expresión de un proceso de acumulación por desposesión, estos movimientos de avance estratégico y reposicionamiento del extractivismo en la región vienen aparejados de lo que podría ser una ola de flexibilización, endeudamiento y desregulación, ante la cual hay que tener mucha atención. Aquí mencionamos al menos 4 modalidades de este proceso:

1. Eliminación, congelamiento o entorpecimiento de evaluaciones y leyes de protección ambientales: en Chile durante la pandemia se ha introducido más del doble de la cantidad de proyectos que el promedio de los dos años anteriores, para ser escrutados en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. En un informe presentado por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), la organización indica que los más de 500 proyectos en calificación superan con creces la capacidad de evaluación de la institución, a pesar de que las Asociaciones de Funcionarios Públicos de los Servicios Ambientales del Estado, han solicitado públicamente congelar todos los procedimientos en este periodo, dado que provocará una precaria y deficiente evaluación ambiental⁴⁷. Olca también señala que, durante el estado de excepción, la autoridad ambiental ha congelado el trámite de evaluación ambiental para proyectos que contemplan la Participación Ciudadana (PAC) y/o deben hacer consulta indígena. Esto se intensifica con el llamado “Acuerdo Covid” alcanzado a mediados de junio entre el Gobierno de Piñera y parte de la oposición, el cual contempla la reducción de los plazos en evaluación ambiental de grandes proyectos⁴⁸. Por otro lado, en Colombia, el gobierno nacional ha resuelto que audiencias públicas para el otorgamiento de licencias ambientales se realicen en línea, como se ha evidenciado en el caso del proyecto aurífero Soto Norte en el páramo de Santurbán, lo que ha sido denunciado por el Comité para la Defensa del Agua y los Páramos de Santurbán⁴⁹. Misma situación se registra en Honduras, siendo que la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente de ese país anunció el 31 de marzo que los trámites para licencias ambientales se pueden hacer de manera virtual, señalando la necesidad de no detener la operatividad del comercio y las empresas, ni la promoción de la inversión en el país⁵⁰.

2. Facilitación y aprobación de ingreso de nuevos insumos para el extractivismo: en Bolivia, el 8 de mayo el gobierno de Añez le dio paso a la autorización al Comité Nacional de Bioseguridad para establecer procedimientos abreviados para la evaluación de eventos transgénicos, en cultivos como el maíz, la caña de azúcar, el algodón, el trigo y la soja (Decreto Supremo 4232)⁵¹. Situación un tanto similar se presenta en Perú donde, después de una moratoria de 10 años, el gobierno ha emitido un decreto, el 22 de mayo, en el cual ordena que se publique el reglamento que regula, con criterios de seguridad de la biotecnología, el desarrollo de actividades con Organismos Vivos Modificados (OVM) en el sector agrario⁵². Diversas organizaciones han señalado que se trata del primer paso para la liberación de transgénicos en el país, declarándose públicamente contra este decreto. En Brasil, entre marzo y mayo, el gobierno de Bolsonaro ha aprobado 118 nuevos agrotóxicos para ser vendidos en el mercado nacional, superando el registro del año pasado (que fue record) para el mismo período⁵³. Algo parecido se da en la Argentina cuando, en un claro favor al agronegocio, el ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá –mismo ministro de Menem que en aquel entonces le abrió la puerta del país a los ‘paquetes tecnológicos’– redujo a finales de abril aranceles para potenciar la importación para la fabricación de los herbicidas glifosato y 24D en el país. Esto, en el marco del Acuerdo de Complementación Económica del Mercosur⁵⁴.

3. Flexibilización y reducción de obligaciones laborales y sanitarias: en numerosos casos en varios países, como mencionamos anteriormente, además de otorgársele prioridad a los emprendimientos extractivistas antes que, a la salud de la población, se han generado reclamos y conflictos por parte de sindicatos, comunidades, organizaciones sociales y gobiernos locales ante el incremento de los contagios en los trabajadores y las malas condiciones para el desarrollo de las jornadas. Esto se dio también por omisión e incumplimiento de protocolos, complicidad gubernamental o medidas directas de favorecimiento a las empresas. Por ejemplo, en Perú, bajo presión de las empresas mineras entre mayo y junio se realizaron modificaciones el protocolo del Ministerio de Energía y Minas en relación a la protección de la salud de los trabajadores, lo que para Cooperación se trata de una acción en pro de estas grandes empresas. Dicha modificación supuso medidas como la reducción de la distancia social mínima que debe existir entre los trabajadores en varios espacios de los centros laborales, reducción del números de personas comprendidas en la categoría ‘grupo de riesgo’ o la eliminación de la especificación de que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es la instancia encargada de la aprobación del Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo⁵⁵.

4. Formas de endeudamiento para el extractivismo: podríamos mencionar al menos dos modalidades resaltantes relacionadas con formas de ejercer poder a partir del financiamiento, requerido por gobiernos locales y nacionales en estos tiempos de crisis. En primer lugar, el caso de empresas que realizan sustanciosas ‘donaciones’ de dinero para ‘causa social’ y para afrontar la pandemia, generando claros conflictos de interés y promoviendo formas de captura corporativa del Estado. Un caso claro de esto es la muy cuestionada transnacional minera Barrick Gold, la cual, a la par que en el contexto de la pandemia dona un hospital de campaña por más de 10.000 millones de pesos (unos 13 millones de US$) y anuncia posibles inversiones por 3.500 millones de US$ en el país, declara que su idea es encontrar ‘rápidamente’ un proyecto de primer nivel y dice que la industria minera jugará un rol fundamental en la recuperación económica chilena tras superar la pandemia⁵⁶. Similar situación se evidencia en Brasil, cuando apenas unos días después que empresas mineras como la Vale, donara al gobierno federal 5 millones de kits de análisis para Covid19, el Ministerio de Energía y Minas aprobó la resolución 135/2020 que catalogó a la minería como ‘actividad esencial’⁵⁷. En segundo lugar, está una forma de endeudamiento de tipo macro, que vincula la deuda pública asumida por gobiernos locales y/o nacionales con viejos y nuevos proyectos extractivistas. En Argentina –caracterizada por su alto nivel de endeudamiento–, existe un proyecto de reestructuración de la deuda pública de la provincia de Chubut presentado por el gobernador Arcioni en junio que, según señala la Unión de Asamblea de Comunidades de Chubut, implicaría aceptar entregar ingresos de coparticipación municipal y provincial, y/o regalías de los bienes comunes naturales de la provincia como garantía. Esto se conecta con la declaración en video-conferencia que el 28 de mayo hiciese el Secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, quien afirmó que están trabajando en un plan estratégico para el desarrollo minero argentino, con el fin de atraer divisas para pagar la deuda interna generada en este contexto de aislamiento social obligatorio. El otro que habló en dicha conferencia fue Alfredo Luenzo, senador por Chubut⁵⁸.

Las precarias democracias no pueden respirar: securitización de la pandemia, continuidades del estado de excepción y vulneración de lo público

El surgimiento de la pandemia se produce cuando en América Latina, en el marco del fin del llamado ‘período progresista’, fue tomando determinante fuerza la presencia de lógicas del estado de excepción y el incremento de la violencia extractivista. Este nuevo estado de emergencia no sólo abre una nueva fase de este proceso de excepcionalidad, reorganizando y redefiniendo las gobernanzas, sino también, de una u otra forma, se va articulando con el avance estratégico y reposicionamiento del extractivismo. La serie de nuevas reformas, proyectos de inversión, ajustes y reestructuraciones en curso, intentan también apoyarse en los nuevos regímenes de poder de la pandemia, en nuevas biopolíticas, cosa que además evoluciona en un escenario que es y será más conflictivo.

En este sentido, conviene examinar cómo se configuran los marcos generales de este proceso, así como las políticas y dinámicas en los territorios. En relación a lo primero, además de una generalización de las declaraciones formales de estado de emergencia y/o de excepción en los países de la región, podríamos afirmar que nos encontramos ante un proceso de securitización de la pandemia. Esto tiene múltiples y profundas implicaciones, entre las que es importante resaltar una militarización de cada vez más ámbitos de la vida; mayor potestad de los Estados sobre los cuerpos, sus movilidades y su clasificación; una mayor politización de los criterios de bioseguridad; una mayor cabida a enfoques neo-darwinistas y/o neo-malthusianos; o el manejo a conveniencia de narrativas sobre la emergencia y la tipificación de amenazas por parte de los Estados y las corporaciones. La crisis que va dejando la pandemia, se ha traducido en una mayor debilidad de las instituciones, mientras que los espacios de deliberación y participación política van quedando relegados –destacando la postergación del plebiscito sobre la reforma constitucional en Chile y de las elecciones presidenciales en Bolivia. Del mismo modo se va generando una vulneración del ámbito y el espacio público, el cual va perdiendo contrapesos y formas de escrutinio, mientras la población y sus derechos van quedando más expuestos ante diversas formas de violencia oficial y extralegal. Todo esto configura un escenario enrarecido que ha servido para impulsar mayores formas de control social y de justificación de las mismas, al tiempo que estas han venido siendo aprovechadas en pro de un avance estratégico y reposicionamiento del extractivismo.

En lo que se refiere a las políticas y dinámicas que se expresan en los territorios, el marco descrito supone severas dificultades para los defensores y líderes sociales, así como para organizaciones de derechos humanos y de defensa del ambiente. En los tiempos de pandemia hemos visto cómo en Perú, desde fines de marzo, el gobierno de Vizcarra aprobó la anteriormente promulgada "Ley de Protección Policial", que permite el uso de fuerza letal, con total impunidad, por parte de la policía y el ejército⁵⁹; en Guatemala, El Salvador y Honduras se imponen toques de queda y se endurecen sanciones a quienes rompen la cuarentena, siendo que en este último país se señala un incremento del hostigamiento policial y de las detenciones ilegales⁶⁰, algo también denunciado en México en contra de defensores del territorio⁶¹. En Bolivia, el gobierno de Añez ha aumentado la represión ante las protestas sociales por la crisis, ha encarcelado decenas de opositores políticos y restringido seriamente la libertad de información, a través del decreto supremo 4.200 del 25 de marzo⁶². En Venezuela, el presidente Maduro y otros actores estatales han criminalizado a los migrantes venezolanos que entran al país por pasos fronterizos irregulares, acusándolos de ser parte de un plan foráneo para ‘contaminar’ a Venezuela⁶³, siendo que el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada llegó a calificarlos como “bio-terroristas”⁶⁴. Y en tiempo de pandemia, persisten los dramáticos asesinatos de líderes sociales en Colombia (así como de excombatientes de las Farc)⁶⁵; cosa que también se replica en Honduras, y con periodistas y activistas en México⁶⁶.

Sorteando la cuarentena, defendiendo la vida: contrapesos y re-existencias populares y comunitarias

Ciertamente tenemos ante nosotros un escenario muy complejo en el que vemos cómo las lógicas de expolio, racismo, explotación, despojo, colonialismo y precariedad entran en una nueva fase con la pandemia, planteándonos extraordinarios desafíos. Como hemos visto, el extractivismo se moviliza, reacomoda y reposiciona en América Latina ante la situación. Sin embargo, no debemos de ninguna manera asumir este movimiento y ajuste extractivista como un proceso unilateral, estable, lineal e irresistible. La crisis en la que nos encontramos es de tal profundidad que no se trata sólo de si un sector económico se hunde y otro emerge o se fortalece. Lo que enfrentamos es una crisis del orden histórico civilizatorio, en la que se revela no sólo la inviabilidad del sistema capitalista global, con sus contradicciones a nivel máximo, sino también el que hayamos alcanzado un punto de degradación de los ecosistemas del planeta Tierra que está poniendo en serio peligro la vida tal y como la conocemos. La pandemia es no sólo un síntoma de esta profunda crisis, sino que está representando un punto de inflexión para que muchas cosas ya no vuelvan a ser como eran hasta ahora.

Si asumimos pues que se están moviendo las placas tectónicas del orden histórico civilizatorio, esto impacta, como hemos mencionado, no sólo a los pueblos sino incluso a las élites económicas y políticas, a la viabilidad de sus proyectos económicos, a la perdurabilidad de sus particulares sistemas de dominación. La volatilidad y la incertidumbre son la marca de la normalidad actual y futura. Nada está garantizado y absolutamente todo está en disputa.

Así que quedan ciertamente vías y caminos abiertos. Es en este sentido que se ha afirmado que la pandemia nos abre también oportunidades. Pero el aprovechamiento de dichas oportunidades y la emergencia de nuevas alternativas societales que tributen a los pueblos y a la vida en la Tierra, no surgirán espontáneamente. Muy al contrario, requerirá de los pueblos en movimiento y la organización social, grandes esfuerzos y lucha.

En este sentido, si el extractivismo se va volviendo cada vez más autoritario y agresivo, entonces hay que resaltar la fuerza de las masivas movilizaciones sociales en América Latina, las cuales no sólo nos revela el descontento de las poblaciones de la región ante el estado actual de cosas, confronta a los crecientes procesos de neoliberalización, cambia favorablemente la correlación de fuerzas, sino también potencia procesos democratizadores, abre caminos para posibilitar y expandir las democracias. Las causas que originaron los malestares, rabias y las extraordinarias movilizaciones que se vieron en Latinoamérica en 2019 siguen estando ahí, sin resolverse. El 2020 también nos ha mostrado que los pueblos siguen en las calles, buscando reformular la expresión de sus descontentos ante estos tiempos de pandemia, mientras que buscan adaptarse a las nuevas situaciones y encontrar nuevos sentidos de lo político. A pesar de los confinamientos, la impunidad, el estado de excepción y la constante inyección de miedo a la población, al profundizar la crisis e intensificar todos los males del sistema imperante, la pandemia también está generando las condiciones para más y nuevas protestas y estallidos sociales.

Pero si ponemos la mirada en la especificidad de los territorios en este período, también presenciamos movilización, organización y resistencia. En Argentina, ante los intentos de imponer nuevos proyectos mineros en la provincia, la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut rompió con la cuarentena para movilizarse, al ver que extractivismo no la estaba cumpliendo. A partir de ahí lanzaron una propuesta más fuerte, que convoca a más de 20 localidades: el proyecto de ley de Iniciativa Popular (IP) 2020, una herramienta legislativa planteada para proteger a la provincia de la avanzada minera en los territorios⁶⁷. En Chile se ha producido una situación similar en Putaendo (provincia de San Felipe de Aconcagua), cuando los vecinos se han movilizado desde abril para manifestar contra las nuevas pretensiones de la minería (Vizcachitas Holding) en sus territorios y en defensa del agua⁶⁸. En la Amazonía peruana, pueblos indígenas como el Awajún, en territorios que han sido muy afectados por la minería informal, cerraron sus comunidades desde inicios de la pandemia al ingreso de otras personas⁶⁹. En México, desde el 21 de abril 290 organizaciones, colectivos, comunidades y personas de varios estados del país han exigido mediante diversas acciones legales (como demandas de amparo y medidas cautelares) el cese de las actividades del proyecto del Tren Maya por riesgo sanitario, además de solicitar las garantías de participación equitativas para las comunidades afectadas, lo que finalmente se tradujo en una orden de paralización del proyecto a fines de junio⁷⁰. Y en Venezuela, comunidades de Maripa, en el estado Bolívar, ha protestado en contra de la instalación de nuevas plataformas para la explotación minera en el Río Caura –en el marco del Arco Minero del Orinoco–, además de la situación de precariedad de los servicios públicos en la zona.

El cuestionamiento al extractivismo en América Latina sigue siendo fuerte. Las élites económicas y políticas intentan ya en la pandemia reposicionarlo y legitimarlo como un ‘salvador’ de la economía, por lo que la disputa por los caminos que debemos transitar para ‘salir de la crisis’ será muy intensa. Muy al contrario de ideas como estas, este es un tiempo propicio y necesario para el post-extractivismo. Nos encontramos en una encrucijada como región y como planeta, y la opción no puede ser retomar o insistir en esa ‘normalidad’ expoliadora y depredadora. Es fundamental crear y promover espacios de confluencia de las diferentes luchas en las que se puedan tejer redes de acción, compartir visiones estratégicas y establecer algunos horizontes comunes. Espacios como el Pacto Eco-social del Sur⁷¹ permiten hacer confluir propuestas e iniciativas congregadoras para la región, tales como la solicitud de la condonación de la deuda externa –que contribuye no sólo a frenar la debacle que produce la pandemia sino también al extractivismo, que se sustenta en dicho endeudamiento–, una transformación tributaria solidaria o la construcción de economías y sociedades postextractivistas. Por su parte, la Asamblea Mundial Amazónica, realizada desde el 17 de julio, ha permitido articular organizaciones de varias partes del mundo con el fin de generar movilizaciones urgentes ante la situación de esta delicada biorregión⁷².

El extractivismo es hoy, más que nunca, una opción de muerte y destrucción. Quienes defienden la vida están convocados a oponerse a ello, reivindicando su derecho a existir y a re-existir.

-Emiliano Terán Mantovani es sociólogo venezolano, miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela