Tragedia que pudo haberse evitado si funcionarios públicos cumplieran con su deber.

El derrumbe que ha soterrado a aproximadamente 600 personas en Santa Catarina Pinula hace evidente los costos sociales que tiene la disfunción del Estado, obligado a garantizar el derecho a la vida. Las lluvias no son las responsables de la tragedia ocurrida en ese municipio periférico a la capital guatemalteca, sino la pésima administración pública que permite asentamientos humanos en zonas de alto riesgo e ignora los informes de la Comisión Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) que detectaron desde 2008 el peligro que representaba el suelo arenoso para las y los habitantes de la colonia El Cambray II, donde el deslizamiento de un cerro cubrió alrededor de 125 viviendas.

En este país, como en muchos otros, la falta de inversión pública para obras sociales ha obligado a miles de personas a emigrar a las áreas conurbadas, porque sólo ahí logran concretar su aspiración de comprar una casa, a pesar de que las instituciones del Estado no les garantizan el acceso a todos los servicios públicos a que tienen derecho.

El exceso de lluvias por sí mismo no provoca la muerte en zonas urbanas, lo que principalmente la origina es la mala planificación y la ausencia de un ordenamiento territorial que garantice la construcción de viviendas en terrenos propicios. Lo sucedido en El Cambray II ocurre todos los años en otras zonas, de igual manera se reporta el grave déficit habitacional en Guatemala sin que existan planes para superarlo.

Pasarán varios días para conocer con exactitud cuántas mujeres y hombres perdieron la vida en esa aldea, cuántos resultaron heridos o están desaparecidos; también tendrá que transcurrir un lapso, quizás mayor, para que se informe a cuánto ascienden las pérdidas económicas más allá de las viviendas. Pero, cuándo serán resarcidas todas las familias y cuánto tiempo pasará para que se juzgue a los culpables de que esta tragedia ocurriera.

Es terrible pensar en lo que están viviendo quienes sobrevivieron y buscan a sus seres queridos, pasarán las 72 horas reglamentarias para buscarlos con vida, después su anhelo se concretará en el rescate -al menos- de sus cuerpos. Muchas lágrimas saldrán de múltiples rostros afligidos por esta tragedia, una tragedia más que pudo haberse evitado, ¡cuándo duele!

Además de dolor viene una gran indignación, al reflexionar sobre los hechos de corrupción perpetrados por funcionarios públicos que se juzgan actualmente, asimismo, observar el desabasto en los hospitales públicos y ver cómo ya se empieza a utilizar esta desventura para levantar el perfil de un candidato a presidente de la República.

El pueblo guatemalteco demostrará su solidaridad con quienes hoy necesitan urgente ayuda, ya lo ha demostrado en otras ocasiones. Que este dolor e indignación unan de nuevo a esa ciudadanía consciente para exigir una investigación para esclarecer lo ocurrido en Santa Catarina Pinula y seguir fiscalizando a quienes gobiernan. Imposible justificar esta tragedia con el argumento que Guatemala es un país vulnerable, entonces por qué las zonas ricas residenciales se mantienen tan sólidas.