Resumen ejecutivo

Pese a haber pasado inadvertido durante décadas,  en los últimos dos años se ha suscitado una gran  polémica alrededor de un elemento presente en  los tratados comerciales internacionales, que  ha mantenido a la ciudadanía, a la política y a los  medios de comunicación en vilo. Nos referimos al  denominado mecanismo de solución de controversias  entre inversores y Estados, más conocido por sus  siglas en inglés como ISDS.

El ISDS está incluido en miles de tratados  internacionales. Este mecanismo permite a las  grandes corporaciones demandar a los gobiernos  por cambios en las políticas públicas – incluidas las de  protección ambiental o de salud – que amenacen con  afectar los beneficios privados de las multinacionales.

Estos casos sobrepasan las cortes nacionales dado  que se dirimen en tribunales internacionales de  arbitraje, es decir ante tres abogados privados que  tienen el poder de decidir si son más importantes  los beneficios privados o el interés público. En  todo el mundo, los tribunales entre inversores y  Estados han facilitado ganancias mil millonarias a  las grandes corporaciones a costa del dinero de los  contribuyentes (es decir, de nuestros impuestos) – en  muchos casos como compensación de alguna medida  de interés público llevada a cabo por los gobiernos. Como respuesta a la propuesta de la Comisión  Europea de incluir este poderoso régimen legal en  el tratado en negociación con los Estados Unidos, el  Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones  (TTIP), una gran ola de oposición se levantó: más  de un 97% de respuestas a una consulta pública  que tuvo un récord de participación de 150,000  personas, expresaron su rechazo a este mecanismo.  También han surgido críticas desde el Parlamento  Europeo y entre los propios Estados miembros de la  UE. Con ello, el “ISDS” se ha convertido, en palabras  de la propia comisaria de comercio de la UE Cecilia  Malmström, en uno de“los acrónimos más tóxicos de  Europa”.

En un intento de darle la vuelta a esta enorme  oposición hacia el ISDS, la Comisión Europea ha  decidido cambiarle la etiqueta. En 2015 se anunció  una propuesta de reforma que se aplicaría a todos  los tratados de la UE en marcha así como a las futuras  negociaciones sobre inversiones, incluido el TTIP.  En lugar del “viejo” sistema del ISDS, la Comisión  promete un sistema “nuevo” y supuestamente  independiente, que protegerá el derecho a regular de  los gobiernos: el Sistema de Tribunal de Inversiones,  o por su nombre en inglés Investment Court System  o ICS.

El análisis propuesto en este informe muestra que  el sistema en el ICS no finiquita el ISDS. Al contrario,  permite que muchas más multinacionales tengan el  poder de esquivar los sistemas legales nacionales  y demandar a sus gobiernos en unos tribunales  paralelos en el caso de que las leyes o regulaciones  limiten su capacidad de generar beneficios  económicos. Este sistema, abriría el camino a que  miles de millones de euros de nuestros impuestos  vayan directamente a las grandes corporaciones.  Atenta contra la capacidad de decisión sobre políticas

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El informe completo en inglés

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