La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció el año pasado el inicio de un proceso constituyente para elaborar una nueva Constitución. La primera etapa de ese proceso ya se cumplió y tuvo como objetivo comunicar y explicar los objetivos y métodos para su elaboración. En la segunda etapa denominada “participativa constituyente”, la presidenta hizo un llamado a la sociedad civil chilena a ser parte de este proceso en el cual se podrán integrar cabildos locales, regionales y debatir sobre los siguientes temas: valores y principios que deben inspirar y dar sustento a la Constitución; derechos, deberes y responsabilidades que la Constitución debe establecer para todas las personas; instituciones que debe contemplar la Constitución y qué características deben tener.

Para el 23 de abril de 2015, está previsto dar inicio a la primera fase de la llamada etapa participativa del proceso constituyente. Para esta etapa el énfasis es la ciudadanía, todos por igual, parlamentarios, ministros, empresarios, trabajadores, estudiantes. Luego de esta etapa de encuentros locales se llevarán a cabo los cabildos provinciales que se fijaron para un sólo día: el 23 de julio. Allí se debatirán las conclusiones extraídas de los encuentros locales. El proceso deliberativo culminará el 6 de agosto con los cabildos regionales, instancias de debate que se harán en cada capital regional. Toda esta información se comenzará a sintetizar en octubre, en donde se redactarán las bases ciudadanas.

En diciembre del año 2015, el gobierno creó el Consejo Ciudadano de Observadores, cuya función es garantizar la transparencia de los Diálogos Ciudadanos, en el marco del proceso para formular una Nueva Constitución para Chile. Actores políticos cuestionaron la inclusión de varios de sus integrantes, indicando que se debería haber creado un grupo de abogados constitucionalistas para iniciar este proceso.

Igualmente los actores políticos expresaron su punto de vista sobre la propuesta de reforma constitucional, destacando:

-El diputado de Renovación Nacional Germán Becker, rechazó la difusión mediática de la campaña, donde se obliga a los canales a publicitar el proceso, además de lamentar la falta de información que se ha registrado por parte del Ejecutivo.

- El presidente Unión Demócrata Independiente (UDI), Hernán Larraín expresó su temor en que "las garantías que exige un proceso de esta naturaleza no están claras. Habríamos esperado de la Presidenta que hubiese garantizado este proceso neutral, objetivo, en que busca conocer la opinión ciudadana y no de imponer la opinión del Gobierno".

-El jefe de bancada de senadores de la Democracia Cristiana (DC), Andrés Zaldívar dijo que "la Constitución nunca puede ser la primacía de una mayoría sobre una minoría, tiene que ser un marco de referencia en la cual todos los ciudadanos sientan que tienen parte. La Constitución tiene que ser muchas veces neutral, no puede ser ideológica, no puede solo representar un sector el pensamiento político".

-El líder del MAS, senador Alejandro Navarro, sostuvo que con este llamado a que estén todos incluidos lo ideal es que los partidos políticos ahora sí sean escuchados en comparación con la etapa previa.

-Jaime Quintana, presidente del Partido por la Democracia (PPD), destacó que “resultaría sorprendente que en un proceso constituyente, los partidos no tuvieran un rol definido. Eso ha quedado claro, que no va en la etapa ciudadana, sino en la etapa institucional. Pero eso no quita que en cada lugar del territorio en cada uno de estos encuentros autoconvocados, algún militante no pueda formar un grupo y tener opinión”.

Además de los partidos políticos antes señalados, especialista en derecho de ese país, se han manifestado sobre este tema. Para el abogado Jorge Carey si se analiza la reforma desde la perspectiva del programa de la presidenta Bachelet, hay cosas que serían muy preocupantes como: eliminar la independencia del Banco Central, que es un logro de Chile y sería un retroceso; la propiedad de los recursos con una visión que se pensaba superada; volver al tema de que el Estado tenga un control innecesario, indebido, de los recursos naturales. A su juicio se ve claramente que el espíritu detrás de la reforma es la visión económica de la izquierda de los años 60. A pesar de estos señalamientos, el especialista es optimista respecto de la clase política chilena y que finalmente se impondrán fuerzas realistas acordes con los tiempos actuales.

La Constitución de Chile data de 1980, fue aprobada bajo el gobierno de Augusto Pinochet y se mantuvo vigente durante el régimen de facto y durante los gobiernos de la democracia (1990). La redacción de una nueva Carta Magna, fue una promesa de la campaña de Bachelet para lograr un segundo mandato en las elecciones de 2013 y formaba parte del conjunto de reformas que proponía junto a la educativa y la fiscal.

Distintos actores sociales y políticos chilenos sostienen que la actual Constitución Política de Chile carece de legitimidad, porque fue impuesta en un régimen de facto y fuera de todo procedimiento democrático y constitucional en 1980. Representa sólo a un sector de la sociedad e impone fuertes trabas para su modificación y para legislar sobre temas, actualmente importantes, como: la educación, el trabajo, la protección social, la multiculturalidad, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el medioambiente, el sistema político, entre otros. También consideran que los niveles de representatividad de la ciudadanía son bajos, y si se otorga participación popular cuando se trata de situaciones locales o comunales, en materias relevantes y de carácter nacional, no se permite la intervención ciudadana.

La última reforma a la constitución Chilena fue implementada bajo el mandato de Ricardo Lagos (2005). En esa oportunidad se rebajó de seis a cuatro años el periodo constitucional, se puso fin al sistema de senadores designados y a la inamovilidad de los altos cargos de las fuerzas armadas.

La actual Constitución chilena no contempla mecanismos para elaborar una nueva Carta Magna, por lo que se tiene previsto durante el segundo semestre de 2016 enviar una reforma que habilite al próximo Congreso a decidir el mecanismo en que se discutirá el proyecto de cambio a la Constitución. El Parlamento podrá decidir entre cuatro alternativas: 1) Comisión Bicameral compuesta por un grupo de senadores y diputados; 2) Convención Constituyente mixta que incluya parlamentarios y ciudadanos; 3) Asamblea Constituyente; 4) Plebiscito para que la ciudadanía decida entre las tres opciones anteriores..

Conclusiones

1. Existe consenso en todos los sectores de la sociedad chilena de poner fin al orden económico-social y político generado por la dictadura y en la redacción de un nuevo texto constitucional más democrático, representativo y participativo.

2. A pesar de las críticas que ha recibido el gobierno de Bachelet, por la forma como se ha llevado hasta ahora el proceso constituyente, diversos sectores del país tienen interés en participar y evitar así que se imponga los planteamientos de una minoría.

3. Para el año 2017, se instalará un nuevo Parlamento que decidirá el mecanismo constituyente y discutirá el proyecto de Nueva Constitución. Para que sea rápido y exitoso este proceso es fundamental la inclusión de todos los actores políticos, porque se desconoce que bancada tendrá la mayoría.