Antecedentes

Desde la década de 1970, varios países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en particular los europeos, han comenzado a destinar una parte de sus recursos públicos para la Cooperación Internacional para el Desarrollo, gestionada por sus centrales sindicales y agencias de cooperación de organizaciones de la sociedad civil de los países industrializados.  Estos recursos fueron importantes para apoyar el establecimiento o restablecimiento de los sindicatos reprimidos por los gobiernos dictatoriales en varios países de América Latina, África y Asia, y para apoyar la sociedad civil en los países en desarrollo.

Por otro lado, esta política de cooperación presentó varios problemas, como la insuficiencia de recursos, limitación temática, condiciones inadecuadas, análisis de objetivos insuficiente, dificultades de operacionalización, entre otros.  Sin embargo, estos problemas se resolvieron en lo posible por medio del diálogo democrático entre donantes y receptores.  Mientras tanto, fueron elaboradas varias propuestas, como por ejemplo la adopción de un nivel mínimo de 0,7% del PIB para financiar la cooperación internacional, el criterio 20-20 para fijar contrapartidas, los nuevos métodos para desarrollar proyectos y medir resultados, entre otros.

Desde la década de 1980, se percibió que la transferencia total de recursos que los países “en desarrollo” pagaban a los países “desarrollados” a título de deuda externa comenzó a superar en hasta tres veces la cantidad invertida en la cooperación internacional de los países industrializados.  Por otra parte, en la década de 1990 –que fue la década de conferencias sociales de la ONU– quedó evidente que los objetivos y metas aprobadas por la ONU eran totalmente incompatibles con las directrices económicas draconianas emitidas por las instituciones económicas internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Perspectivas

En este nuevo siglo el cuadro empeoró, pues la ofensiva del sector privado sobre los recursos asignados a la cooperación internacional para el desarrollo mira a la privatización de los servicios públicos.  En este sentido, en el caso de empresas contratadas para construir una instalación pública, por ejemplo un servicio de suministro de agua, además de que la construcción es financiada con fondos de la cooperación, el contratista también adquiere el derecho a explotar el servicio.  Es decir, una situación de win-win con un sólo jugador. Esta situación se agrava en la medida en que se fortalecen y concentran las cadenas globales de suministro que avanzan en el sector de los servicios.

Con la excusa de aprovechar los recursos del sector privado para la cooperación, en la práctica se acaba favoreciendo sólo a este sector, pues la privatización de los servicios públicos permite el acceso sólo a quienes puedan pagar por ello.

Otro problema, que ha generado numerosos obstáculos e impedido el enfrentamiento de la pobreza y de otros problemas sociales, es el criterio de la división de las naciones en los países “desarrollados”, países “menos desarrollados” y los países de desarrollo o renta “media”.  En particular, este criterio ha sido extremadamente perverso, pues considera un promedio del ingreso per cápita apenas superior a la línea de pobreza, e ignora la pobreza y la desigualdad a nivel regional.  La adopción de este criterio por la mayoría de los países europeos ha obligado a sus sindicatos y agencias de cooperación a aceptar los criterios gubernamentales para la selección de los beneficiarios de la cooperación, dejando afuera muchos países de “renta media” con grandes problemas internos de desigualdad.

Al mismo tiempo, en el mercado laboral aumentaron las violaciones de los derechos fundamentales de trabajo en todo el mundo, especialmente en términos de libertad de asociación y negociación colectiva. Incluso la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha sido objeto de ataques desde el sector empleador, para limitar la libertad sindical y extinguir el poder normativo de la institución.

Ante estos hechos, es urgente ampliar, democratizar y fortalecer la cooperación internacional para el desarrollo con el fin de responder a las nuevas situaciones que han surgido en el mercado de trabajo de las cadenas de suministro globales, en particular el intento por parte de las empresas multinacionales de desvincularse de cualquier control estatal a través de los "Arbitrados Inversor- Estado".

El movimiento sindical como actor de desarrollo

Frente a este escenario, la Confederación Sindical de las Américas (CSA) –mayor expresión sindical del continente y expresión regional de la Confederación Sindical Internacional (CSI)[1] – desde su fundación defiende un modelo de desarrollo sustentable con el trabajo decente y la justicia social en su centro.  Con ese objetivo, la CSA, junto a sus organizaciones afiliadas, las instancias sindicales subregionales, organizaciones sindicales fraternas y movimientos sociales aliados, formuló en 2014 la Plataforma de Desarrollo de las Américas (PLADA), documento estratégico a través del cual el movimiento sindical de la región presenta su propuesta alternativa de desarrollo sustentable para las Américas.

En la PLADA, así como en sus resoluciones congresuales[2], la CSA reconoce a los trabajadores/as y sus organizaciones como actores de desarrollo, por su labor de promoción de derechos.  Por lo tanto, se considera que el movimiento sindical debe ser proactivo en el área de la cooperación al desarrollo, pues allí se reflejan directamente las disputas relativas al modelo de desarrollo.

Para desempeñar su labor en el área de la cooperación al desarrollo, desde 2008 la CSA y CSI constituyeron la Red Sindical de Cooperación al Desarrollo (RSCD)[3], cuyo objetivo es,  por un lado,  aportar la perspectiva sindical a los debates políticos, para incidir en las políticas de desarrollo nacionales e internacionales; por otro lado, mejorar la coordinación y la eficacia de las actividades sindicales relacionadas con la cooperación al desarrollo.

En su trabajo de incidencia en el área de la cooperación al desarrollo, la CSA defiende la cooperación como política de Estado y rechaza la privatización de la cooperación, por estar orientada al lucro privado en vez del interés público.

A nivel de principios, la CSA afirma que toda cooperación –sea Norte-Sur, Sur-Sur o Triangular– deba promover el enfoque de derechos humanos y respetar determinados principios[4], como la apropiación democrática, la coherencia, la transparencia, la responsabilidad y la sostenibilidad.  Con esta premisa, considera que la cooperación Sur-Sur y Triangular tiene el potencial de reformular las asimetrías históricas entre Norte y Sur, ampliando el marco global de gobernanza de la cooperación.

Además, la CSA afirma que la clasificación de los países prioritarios para la cooperación debe basarse en un conjunto de indicadores más allá el PIB per cápita, como la pobreza multidimensional, el enfoque de brechas estructurales o la evaluación del índice de desarrollo humano.

Con esta visión como referencia, el movimiento sindical de las Américas está comprometido a participar activamente –en alianza con otros movimientos sociales– en el proceso de definición, implementación y evaluación de las políticas de desarrollo y cooperación de los Estados.  En este marco, la CSA pretende incidir en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (Agenda 2030) y de los acuerdos del proceso global sobre financiación del desarrollo, reivindicando una propuesta de desarrollo construida por el movimiento sindical, cuya sustentabilidad armonice las dimensiones laboral, social, política, económica y ambiental.

Giulia Massobrio y Kjeld Jakobsen, Red Sindical de Cooperación al Desarrollo, Confederación Sindical de las Américas – CSA.

Artículo publicado en la revista "¿Qué cooperación para qué desarrollo?", coeditada por ALAI y AOED-ALC http://www.alainet.org/es/revistas/515