Es indudable que vivimos tiempos de grandes amenazas a las conquistas democráticas que América Latina acumuló a lo largo de los últimos años, desde el inicio del siglo XXI.  A un ciclo de expansión de la participación social en proyectos políticos populares, de ampliación del gasto público en políticas sociales (aun cuando no se avanzó en cambios económicos estructurales) y de importantes avances en los procesos de integración regional, amenaza imponerse un periodo de reinstauración conservadora en el continente. 

Se trata del regreso a un pensamiento económico profundamente fallido en sus propias bases, el neoliberalismo del siglo XX, y su probada receta económica que extrapoló los niveles de pobreza y miseria en la región y redujo las economías de América Latina a niveles recesivos.  Se trata del regreso a rupturas del estado de derecho y el voto popular, ya no por la vía de los golpes militares, sino a través del uso de representaciones parlamentarias profundamente cuestionables articuladas a poderosas campañas mediáticas desplegadas por los monopolios comunicacionales.  Se trata de un boicot sistemático a los proyectos de integración regional y a sus diversos intentos de elaboración estratégica para retornar a una política de realineamiento con la visión hegemónica de Estados Unidos.  Se trata de utilizar el concepto de autonomía para suprimir el dominio democrático a instituciones absurdamente poderosas, como los Bancos Centrales, cuyos técnicos pretenden estar por encima de cualquier política pública sujeta a control democrático.

La pregunta clave es ¿Cuánto tiempo puede durar esta ofensiva?

Es poco probable que este ciclo de reinstauración conservadora se extienda por mucho tiempo.  Son varias las razones que conducen a este análisis.  En primer lugar, el hecho de que las clases dominantes y los sectores políticos que promueven este proceso, se articulan a una potencia hegemónica decadente.  Los principales indicadores de la economía mundial muestran que Estados Unidos ha perdido, desde hace ya algún tiempo, su condición de mayor economía del mundo.  Según el Fondo Monetario Internacional, en 2014 el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, medido en dólar estadounidense por poder paritario de compra (PPP), había pasado al segundo lugar a nivel mundial, después de China.  En 2015 la diferencia entre el PIB chino y el de Estados Unidos se amplía.  Las proyecciones de PwC[1] indican que en 2030 la economía estadunidense representará apenas 66% de la economía china y en 2050, el PIB de Estados Unidos se colocará en tercer lugar, después de India y China.  Los indicadores de ciencia y tecnología muestran el desplazamiento de los centros más dinámicos desde Estados Unidos y Europa hacia el sudeste asiático.  Tal vez la única dimensión donde Estados Unidos mantenga aún una hegemonía incuestionable sea en el ámbito militar, de ahí su gran interés en negociar con la UE un acuerdo contra la “amenaza rusa” y el “terrorismo” que signifique la obligatoriedad de destinar el 2% del PIB de los países del bloque al gasto militar.  Vale observar que este 2% está muy por encima de los niveles de gasto militar de la mayoría de países de la UE.  Evidentemente, este acuerdo tiene como finalidad dinamizar la industria militar en Estados Unidos.

Este es, tal vez, el error de cálculo más grave de las clases dominantes de la región, poco interesadas por un análisis más pertinente de la economía y la geopolítica mundial y profundamente subordinadas a intereses, sobre todo ideológicos, que les aportan réditos económicos particulares.

La segunda razón que proponemos para una duración efímera del ciclo de reinstauración conservadora es el potencial de la respuesta popular y la conciencia política acumulada a lo largo de más de una década de participación de la población organizada, las comunas, los movimientos populares en diferentes esferas de gestión de gobierno y toma de decisiones en las varias y diversas experiencias de construcción de poder popular en la región.  Cuanto mayor el despliegue de proyectos neoliberales articulados a la contención del gasto público, a la reducción de la inversión en políticas sociales, a la creación de estructuras normativas que legitimen la pérdida de derechos laborales y civiles, a la pérdida de soberanía, a la reducción de los servicios de salud y educación, etc., más rápido será el desgaste político y corrosión de la base social que, eventualmente, apoya este proceso.  De ahí la necesidad de restaurar prácticas autoritarias, anti democráticas y de criminalización de los espacios y mecanismos democráticos.

De lo anterior se deduce que un análisis histórico de larga duración sea tal vez una de las dimensiones analíticas más contundentes para esclarecer las tendencias de la coyuntura latinoamericana que se inicia a fines del 2015, con la elección de Mauricio Macri en Argentina, seguido de la destitución de la presidenta Dilma Rousseff en Brasil y el recrudecimiento de los intentos para desplazar al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

El contenido democrático de las luchas en América Latina

América Latina tiene una vasta tradición de luchas democráticas, desde el período de la colonia en que los poderes locales llegaron a ejercer una presencia significativa y colocar en riesgo el poder colonial, a través de los consejos de comuneros (véase  el levantamiento de los Comuneros del Paraguay 1717-1735 o la Rebelión de Tocuyo en Venezuela 1749-1751, por ejemplo).  Las luchas por la independencia resultaron en gobiernos republicanos con pocas excepciones, como el caso de Brasil.

Durante todo el siglo XIX la lucha por el fin de la esclavitud y el servilismo fue permanente y alcanzó su culminación con algunas de las vitorias más importantes  como fue la descolonización de Cuba y de Puerto Rico, a las que Estados Unidos intentó aplastar en nombre de su participación en la “guerra contra España”.  Esta estrategia de anexión tuvo un éxito relativo en Puerto Rico y con una fuerte oposición en Cuba, cuyo proceso abrió camino, 50 años después, al triunfo del movimiento guerrillero comandado por Fidel Castro. 

De esta manera, la soberanía de los pueblos se aproxima de la soberanía nacional, puesto que la autonomía de los Estados nacionales es condición para el ejercicio de la soberanía de los pueblos.  Es importante destacar que, tanto la soberanía de los pueblos como las soberanías nacionales en nuestro continente se integran fuertemente a la idea de una soberanía regional.  La fuerza de la figura de Bolívar es prueba de la dimensión profunda del ideal de soberanía regional contra un poder considerado amenazador, que sería el de los Estados Unidos cuando se apodera de tierras mexicanas y levanta la doctrina Monroe como base de una visión hemisférica Panamericanista que se opone drásticamente a la unidad subregional.

Es muy importante destacar que las luchas por la democratización y contra las dictaduras de los años 50, 60 y 70 tuvieron un fuerte contenido regional.  La manutención del proceso revolucionario en Cuba se articula con el ideal martiniano de “Nuestra América”.  Ideal contra el cual se volcó la Organización de Estados Americanos (OEA), bajo la imposición de Estados Unidos, cuando promovió la ruptura de relaciones de todos los países de la región con Cuba, excepto México.  Históricamente, la afirmación de proyectos de derecha en el continente, siempre pasaron por la negación y el combate a la unidad continental. 

En el ámbito económico, los proyectos de desarrollo involucraron siempre una cooperación regional que tuvo dificultad de realizarse por la oposición sistemática de Estados Unidos y los instrumentos creados a lo largo del siglo XX en el contexto del desarrollo panamericanista.  Solo a inicios del Siglo XXI se puede verificar que esta  acumulación de luchas históricas consigue materializarse en la creación de espacios continentales de integración como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) en 2007 y la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC), en 2012, con un elemento crucial para el éxito de la cooperación continental que es la participación de todos los países del Caribe que ya habían alcanzado una cooperación intrarregional importante, a través de la Comunidad del Caribe, CARICOM.

Esta integración económica requiere una integración política basada en gobiernos populares y en sistemas democráticos que involucren la participación directa de las comunidades, la sociedad civil y los pueblos en la gestión del Estado.  La construcción de Estados Plurinacionales en Bolivia y Ecuador, al incorporar diversas esferas del poder comunal al poder del Estado, no sólo representa un cuestionamiento al modelo de Estado moderno europeo (y estadounidense) que inspiró la formación de los Estados nacionales en América Latina, sino que nos coloca frente a la posibilidad de resignificar la democracia representativa al incorporar poderosos instrumentos de participación popular.  Este conjunto de experiencias encuentra una expresión más radical en los intentos de construir un poder popular que emerge desde la organización comunitaria de base, como elemento estructurante de una nueva concepción de democracia participativa.  La comprensión de estos procesos políticos requiere la formulación de nuevos enfoques teóricos sobre el Estado en América Latina y ha abierto una amplia discusión en torno a un nuevo constitucionalismo.

Las experiencias de participación comunitaria en Venezuela, muy próximas de las de Cuba, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra en Brasil y la Vía Campesina, han influido en programas y proyectos políticos en todo el continente, como el Presupuesto Participativo en Brasil y experiencias de autogestión en Argentina, Nicaragua, etc.  Como expresión de este movimiento de “abajo hacia arriba”, podemos destacar en particular la creación del Foro Social Mundial, que elevó esta visión regional a la esfera del debate mundial.

Todas estas experiencias demuestran las inquietudes sociales frente a las debilidades de la democracia representativa para atender las demandas de las fuerzas populares.  Tema que está en discusión a partir de movilizaciones de masa en los últimos años en Brasil, por ejemplo, y en otras partes de la región, que expresan una pérdida de legitimidad de las formas de representación política.

Amenazas y resistencias

A. Los “golpes blandos” y la criminalización de la política

En este contexto, es previsible el amplio despliegue de acciones sistemáticas de las clases dominantes y los centros hegemónicos del poder mundial para inviabilizar e impedir la consolidación de los avances democráticos en la región.  La ofensiva antidemocrática iniciada con el fallido golpe de Estado contra el gobierno constitucional de Hugo Chávez en Venezuela (11 de abril de 2002), encuentra su auge en el nuevo ciclo de reinstauración conservadora que se inicia a fines de 2015.

Fracasados el golpe de Estado en Venezuela, el intento de golpe de Estado en Ecuador (2010) bajo la conducción de sectores de la Policía Nacional y la preparación de una confrontación armada en Bolivia, se elabora una intervención más sofisticada con el mismo objetivo de la reinstauración del proyecto neoliberal.  Se puede afirmar que esta estrategia empieza a dibujarse en la experiencia de Honduras que demostró que una alianza del Parlamento con el Poder Judicial, aún con una participación militar poco importante pero con el poderoso instrumento de los medios de comunicación monopólicos, consigue derrocar el gobierno de Manuel Zelaya (2009).  Este mismo experimento fue repetido en Paraguay (2012), donde las instancias de integración suramericana, particularmente la UNASUR, no consiguieron cambiar el rumbo del proceso golpista.  En el caso de Brasil, inmediatamente después de una derrota electoral de la derecha, se instala un proceso de destitución de la presidenta Dilma Rousseff, que usa una apariencia legal a través de una combinación de procesos jurídicos sin fundamento, articulación sistemática de lobbies empresariales y políticos, manipulación de movimientos de calle y la coordinación de todo el sistema mediático multimedia.  Así se consigue concretizar un golpe de Estado institucional con la destitución de la Presidenta de la República sin la comprobación de ningún crimen.

B. La reinstauración neoliberal

Frente a la expansión de los gobiernos populares del siglo XXI, los representantes del gran capital se han volcado a una acción sistemática con el objetivo de restaurar el proyecto neoliberal.  En primer lugar está el convencimiento de que la hegemonía de Estados Unidos sobre el sistema mundial es, y debe ser, mantenido ante la expansión económica, política e ideológica originada en la regiones consideradas periféricas.  Esta negación sistemática de los hechos conduce a la idea de la restauración de la hegemonía estadounidense como principio ideológico.  En segundo lugar, el intento de preservar el rol determinante del llamado “libre mercado” apoyado en la idea del intercambio entre productores privados organizados por la mano invisible del mercado.  Esta visión ignora el papel fundamental de los monopolios privados y de la intervención estatal como los organizadores de un mercado mundial que determina cada vez más los mercados nacionales y locales.

El sistema que se estructura después de la Segunda Guerra Mundial, bajo el liderazgo del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial es concebido como una forma de viabilizar economías de libre mercado cuando de hecho son gigantescas formas de intervención del Estado, especialmente sobre las economías periféricas y dependientes.  En tercer lugar, frente a los cambios de correlación de fuerza y de las estrategias geopolíticas de alcance regional que se desdoblan cada vez más en estrategias mundiales, el centro del sistema intenta garantizar su hegemonía a través de acciones militares, actos de fuerza y control ideológico que tiene un alto costo económico, financiero y humano.

Cuarto, al ignorar los intereses de vastos sectores de la población afectados por estas políticas y despreciar su capacidad de reacción, se configura una visión del mundo y un sistema irracional que pone en riesgo la sobrevivencia de la humanidad, sea a través de la creciente militarización y de las guerras permanentes, sea a través de una capacidad colosal de destruir el medio ambiente y el planeta.

3. Recolonización y militarización de los territorios

La expansión de la demanda de recursos naturales a nivel mundial, profundiza estas contradicciones.  La disputa por el acceso, gestión y apropiación de recursos naturales estratégicos se convierte en un elemento central de la acumulación capitalista que privatiza y financieriza la naturaleza.  La visión estratégica de Estados Unidos, que establece que el acceso y gestión de recursos naturales es una “cuestión de seguridad nacional” que garantiza “la salud de su economía y de su población”, ha sido capaz de articular una estrategia multidimensional de apropiación de recursos naturales a nivel global, en la medida en que las principales reservas de los mismos se encuentran fundamentalmente fuera de su territorio continental y de ultramar.  A partir de esta visión, Estados Unidos ha desplegado un conjunto de políticas de recolonización de los territorios y los países que detentan estos recursos. 

En América Latina tenemos innumerables ejemplos de la puesta en marcha de esta estrategia que combina instrumentos militares, políticos, diplomáticos y económicos, y cuyos operadores, las empresas transnacionales que actúan en el sector, desarrollan también estrategias globales[2].  El ciclo de reinstauración conservadora en América Latina ha colocado, como uno de los principales objetivos de sus programas, la articulación de los gobiernos a esta visión estratégica de Estados Unidos, a través de una política sistemática dirigida a debilitar los procesos de integración regional que se desarrollaron en el marco de una nueva visión de soberanía en relación al aprovechamiento y gestión de estos recursos.

En este contexto se abre la necesidad de un debate serio para analizar las tendencias de la coyuntura actual en América Latina y elaborar una agenda regional que articule la acción de las fuerzas progresistas frente a las amenazas a las conquistas populares y la restauración del proyecto neoliberal que unifica los intereses de la derecha.

- Monica Bruckmann es socióloga, profesora de la Universidad Federal de Río de Janeiro, directora de investigación de la Cátedra UNESCO sobre Economía Global y Desarrollo Sustentable, REGGEN; y presidenta de ALAI.