Hay cosas en Chile que son dignas de Ripley, sobre todo en cuanto a las Forestales y a los incendios. Es cierto que hay escándalos grandes como en la pesca, Penta, SQM, el cobre, el litio, el oro, la plata, las AFP, la salud, la educación, etc., pero en éste caso nos abocaremos al caso de las Forestales, actividad que sigue siendo un pingue negocio.

Tienen toda clase de subsidios, tanto en la compra de tierras como en las plantaciones, amén de subterfugios legales, etc., y a pesar de sus grandes utilidades, no pagan los debidos impuestos, los evaden o eluden. Pero como dicen los huasos, para citar los grandes escándalos y los extremos a que se puede llegar como en este caso: “Aquí el burro se paró a mear”.

Estas empresas le están exigiendo al Estado, por intermedio de sus medios de comunicación y algunos de sus mercenarios parlamentarios ya conocidos públicamente, que reconozca ser el responsable de los incendios. Me parece que la Presidenta tiene ya muchas yayas, se ha equivocado mucho y ha cometido cientos de errores –como si fuese una primeriza–, en todo caso más de los aceptables.

Eso es una cosa, y es grave, pero en los incendios, no identificar a los verdaderos culpables, me parece un grotesco crimen político.

Estas empresas forestales, que tienen colosales beneficios, y colosales ganancias como en ningún lugar del mundo, no tienen prevenciones para algo tan propio a ese negocio como son los riesgos de la actividad forestal: tener bien hechos y mantenidos sus cortafuegos, especialmente hacia las poblaciones. Disponer de brigadas contra incendios, así como la maquinaria y los aviones para atacar los fuegos. Por cierto, si no han cumplido con esas normas mínimas, deben asumir la responsabilidad del daño público, del daño al medio ambiente y por sobre todo, del daño que le han causado a miles de familias que perdieron sus viviendas.

Las verdaderas responsables son las forestales, que con su voracidad han hecho mal lo que tenían que hacer, y peor aún, con un estado subsidiario, pequeño, con muy pocas atribuciones, que les ha otorgado atribuciones, garantías e irresponsabilidades.

Ahora contemplamos con pavor los resultados del sistema.

Todo lo que los medios de comunicación difunden, coaligados con los grandes intereses, –exceptuando radio Biobío con Mosciatti–, es obsecuente a los intereses de las forestales. Lo mismo ocurre con diversos parlamentarios que han señalado, con majadería, que sólo los privados hacen las cosas bien y por eso los chilenos debiésemos admitir los múltiples escándalos de estas empresas privadas en estos últimos años, callados y sin protestar.

Todos sabemos que esos mismos privados, bajo sobornos, le han hecho cometer diversos delitos a altos funcionarios públicos, que han prevaricado contra lo que exige la ley. Por eso, ahora que el sol no se puede tapar con mentiras, ni con el dedo, andan tratando de desviar la responsabilidad de los verdaderos culpables de estos deleznables hechos. Tal vez, no sean los únicos responsables, pero sí los más importantes.

Las tres más grandes empresas forestales, de tres familias importantes económicamente y por tanto con un mal habido poder político, tienen el control del 75% de las plantaciones forestal del país.

Todas ellas están aseguradas, por lo tanto poco les importa que se quemen los bosques, “total… el seguro paga”. El negocio lo hacen igual o aún mejor si las plantaciones se les queman. Por eso no les interesa tomar ningún resguardo, ni para el país, ni para los pobladores afectados. El daño ecológico y silvo-agrícola para Chile es colosal. Dejarán tierra estéril y semidesértica, y no responderán jamás por ese daño, pero andan buscando personas e instituciones para trasladarles las responsabilidades y culpas propias.

Hay que ver en los medios de comunicación y en la televisión a estos verdaderos cómplices, cómo se desgañitan para ocultar sus culpas y pretender hacerlas asumir a otros.

El país y nuestros futuros gobernantes, más los representantes del pueblo, deberán representar los intereses sociales de las grandes mayorías y no confundirse con los grandes intereses privados y con sus manos limpias deberían corregir estas atrocidades. Se debe derogar el D.701 y establecer las responsabilidades por comisión u omisión, de todos los que se encuentran involucrados.

Principalmente de las forestales, sus dueños y de quienes les han favorecido retorciendo e interpretando las leyes con el propósito de beneficiar intereses espurios a costa del pueblo de Chile. Permitiéndoles mejorar sus beneficios, sin importar el costo que tienen que pagar los sectores más modestos de la clase media y los pobladores.

Por otra parte las autoridades pertinentes, bajo esas presiones, han logrado paralizar a los agentes fiscalizadores y lo han hecho desde el poder o con artimañas personales, para que no cumplan con su deber.

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