No es posible entender la crisis actual en Venezuela sin analizar en conjunto los factores que se desarrollan ‘desde adentro’, y que no son explicados en su conjunto por los principales medios de comunicación. Planteamos siete claves de la crisis actual en donde se resalta que no se puede comprender lo que pasa en Venezuela sin tomar en cuenta la intervención foránea y que el concepto de ‘dictadura’ ni explica el caso venezolano ni es una especificidad regional de ese país. A su vez planteamos que se están desbordando el contrato social, las instituciones y los marcos de la economía formal y que se está canalizando el devenir y las definiciones políticas de la actual situación por la vía de la fuerza y a través de un buen número de mecanismos informales, excepcionales y subterráneos. Proponemos que el horizonte compartido de los dos bloques partidarios de poder es neoliberal, que estamos ante una crisis histórica del capitalismo rentístico venezolano y que comunidades, organizaciones populares y movimientos sociales se enfrentan a un progresivo socavamiento del tejido social.

El trato que se le da a Venezuela en los grandes medios de comunicación internacionales es sin duda especial en todo el mundo. No tenga dudas que hay demasiadas tergiversaciones, demasiado maniqueismo, demasiados slogans, demasiadas manipulaciones y omisiones.

Más allá de las versiones cretinizantes de la neolengua mediática que interpreta todo lo que ocurre en el país en clave de ‘crisis humanitaria’, ‘dictadura’ o ‘presos políticos’, o bien de la narrativa heroica de la Venezuela del ‘socialismo’ y la ‘revolución’ que interpreta todo lo que ocurre en el país en clave ‘guerra económica’ o ‘ataque imperial’, hay muchos temas, sujetos y procesos que son invisibilizados, que ocurren mar adentro y que esencialmente constituyen el escenario político nacional. No es posible entender la crisis actual en Venezuela sin analizar en conjunto los factores que se desarrollan ‘desde adentro’.

El criterio de acción e interpretación basado en la lógica ‘amigo-enemigo’ responde más a una disputa entre élites de los partidos políticos y grupos económicos que a los intereses fundamentales de las clases trabajadoras y la defensa de los bienes comunes. Es necesario apostar por miradas integrales del proceso de crisis y conflicto nacional, que contribuyan a trazar las coordenadas para trascender o enfrentar la coyuntura actual.

Presentamos 7 claves para su comprensión, analizando no solo la disputa gobierno-oposición, sino también procesos que se están desarrollando en las instituciones políticas, en los tejidos sociales, en las tramas económicas, al tiempo que se resaltan las complejidades sobre el neoliberalismo y los regímenes de gobierno y gobernanza en el país.

I. No es posible comprender lo que pasa en Venezuela sin tomar en cuenta la intervención foránea

El rico y vasto conjunto de los llamados ‘recursos naturales’ del país; su posición geo-estratégica; su desafío inicial a las políticas del Consenso de Washington; su influencia regional para la integración; así como sus alianzas con China, Rusia o Irán; le otorgan un notable significado geopolítico a Venezuela. Sin embargo, hay sectores intelectuales y mediáticos que continuamente buscan obviar las muy fluidas dinámicas internacionales que impactan y determinan el devenir político en el país, donde resalta el persistente accionar intervencionista del Gobierno y los diferentes poderes fácticos de los Estados Unidos.

En este sentido, estos sectores se encargan de ridiculizar la crítica al imperialismo, y presentan al Gobierno Nacional como el único actor de poder en juego en Venezuela, y por ende el único objeto de interpelación política.

Sin embargo, desde la instauración de la Revolución Bolivariana se ha desarrollado un intenso intervencionismo estadounidense hacia Venezuela, el cual se ha recrudecido y tornado más agresivo a partir de la muerte del presidente Chávez (2013) y del contexto de agotamiento del ciclo progresista y restauración conservadora en América Latina. Vale recordar la Orden Ejecutiva firmada por Barack Obama en marzo de 2015 en la cual se declaraba a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de los EEUU –‘an unusual and extraordinary threat to the national security and foreign policy of the United States’[1]. Ya sabemos qué le ha ocurrido a los países que son catalogados de esta manera por la potencia del norte.

Actualmente, además de las amenazantes declaraciones del Jefe del Comando Sur, el Almirante Kurt W. Tidd (6 de abril de 2017), planteando que la ‘crisis humanitaria’ en Venezuela podría obligar a llevar adelante una respuesta regional –‘The growing humanitarian crisis in Venezuela could eventually compel a regional response’[2]–, y de la evidencia de la agresividad de la política exterior de Donald Trump con el reciente bombardeo a Siria, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, encabeza junto a varios países de la región el intento de aplicación de la Carta Democrática para abrir un proceso de ‘restitución de la democracia’ en el país.

Los ideólogos y operadores mediáticos de la restauración conservadora en la región se muestran muy preocupados por la situación de Derechos Humanos (DDHH) en Venezuela, pero no logran explicar en sus análisis porque extrañamente no se hace ningún esfuerzo supranacional del mismo tipo frente a la espantosa crisis de DDHH en países como México y Colombia. En este sentido parece que la indignación moral es relativa y prefieren callar.

Sea pues, por razones de intencionalidad política o ingenuidad analítica, estos sectores despolitizan el rol de los organismos supranacionales desconociendo las relaciones geopolíticas de poder que los constituyen, que hacen parte de su propia naturaleza. Una cosa es una lectura paranoica de todas las operaciones impulsadas por estos organismos globales y otra muy diferente es una interpretación puramente procedimental de su accionar, obviando los mecanismos de dominación internacional y control de mercados y de recursos naturales que se han canalizado a través de estas instituciones de gobernanza global y regional.

Pero hay algo importante que agregar. Si hablamos de intervención, no podemos solo hablar de los EEUU. En Venezuela hay crecientes formas de intervencionismo chino en la política y las medidas económicas que se han ido tomando, lo que apunta a pérdidas de soberanía, incremento de la dependencia con la potencia asiática y procesos de flexibilización económica.

Una parte de la izquierda ha preferido callar estas dinámicas, dado que parece que la única intervención que merece ser señalada es la estadounidense. Pero ambas vetas de injerencia foránea se están desarrollando para favorecer la acumulación capitalista transnacional, la apropiación de ‘recursos naturales’ y para nada tienen que ver con las reivindicaciones populares.

II. El concepto de ‘dictadura’ no explica el caso venezolano

Casi desde el inicio de la Revolución Bolivariana se ha tildado a Venezuela de ser una ‘dictadura’. Este concepto sigue siendo objeto de amplios debates en la teoría política debido a que ha sido desafiado por las transformaciones y complejización de los regímenes y ejercicios de poder contemporáneos, sobre todo en la actual época globalizada, lo que plantea serios vacíos e imprecisiones en sus definiciones.

La ‘dictadura’ suele estar asociada a regímenes políticos o tipos de gobierno en los cuales todo el poder está concentrado, sin limitaciones, en una sola persona o un grupo de ellas; hay una ausencia de división de poderes; ausencia de libertades individuales, de libertad de partidos, libertad de expresión; e incluso en ocasiones el concepto ha sido vagamente definido como ‘lo opuesto a la democracia’.

El término ‘dictadura’ en Venezuela ha sido utilizado y masificado en la jerga mediática de manera bastante superficial, visceral y de una forma moralizante, prácticamente para plantearlo como una especie de especificidad venezolana, distinguiéndose así de los otros países de la región, donde en teoría sí habría regímenes ‘democráticos’.

El asunto es que en Venezuela en la actualidad difícilmente se puede decir que todo el poder está concentrado sin limitaciones en una sola persona o un grupo de ellas, debido a que en el país estamos ante un mapa de actores, que si bien es jerarquizado, es a la vez fragmentado y volátil –sobre todo después de la muerte del presidente Chávez–, en tanto la existencia de diversos bloques de poder que pueden aliarse o bien estar enfrentados entre ellos y que desborda la dicotomía gobierno-oposición.

Aunque exista un gobierno con un componente militar importante, con crecientes expresiones de autoritarismo y con cierta capacidad de centralización, el escenario es altamente movedizo. No hay dominación total de arriba hacia abajo, y hay cierta paridad entre los grupos de poder en disputa. En cambio el conflicto podría desbordarse, caotizando aún más la situación.

El hecho de que la oposición venezolana controle la Asamblea Nacional, la cual ganó contundentemente por la vía electoral, señala además que antes que una pura ausencia de división de poderes, hay en cambio una disputa entre ellos, hasta ahora favorable a la combinación Ejecutivo-Judicial.

Antes pues que hablar de un régimen político homogéneo, estamos ante una amplia y conflictiva red de fuerzas. La metástasis de la corrupción hace que el ejercicio del poder se descentralice aún más, o bien se dificulte su centralización por parte del Poder Constituido.

Lo que sí tiene que ver con el viejo concepto romano de dictadura, es que en este contexto el Gobierno nacional está gobernando por medio de decretos y medidas especiales en el marco de un declarado ‘estado de excepción’, que se oficializa desde principios de 2016. En nombre de la lucha contra la guerra económica, el avance de la delincuencia y del paramilitarismo, y los avances subversivos de la oposición, numerosas mediaciones institucionales y procedimientos democráticos están siendo omitidos. Destacan por su gravedad políticas de seguridad como la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), que representan intervenciones de choque directas de los cuerpos de seguridad del Estado en diferentes territorios del país (rurales, urbanos, barrios periféricos), para "combatir el hampa", los cuales suelen tener polémicos saldos en muertes; la paralización del referéndum revocatorio; la suspensión de las elecciones a gobernación en 2016 sin todavía quedar claro cuando se realizarán; crecientes represiones y excesos policiales ante el descontento social producto de la situación en el país; y un incremento de procesos de militarización, resaltando las zonas fronterizas y las declaradas de ‘recursos naturales estratégicos’.

Este es el mapa político que, junto a las diversas formas de intervención foránea, configuran el escenario de guerra de baja intensidad que atraviesa prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana de los venezolanos. Es este el marco en el que se desenvuelven las libertades individuales, la oposición y pluralidad partidaria, la convocatoria y realización de marchas, expresiones de disidencia y críticas en los medios de comunicación, entre otras formas de la llamada democracia en Venezuela.

III. En Venezuela se están desbordando el contrato social, las instituciones y los marcos de la economía formal

Si hay algo que podría definirse como una especificidad del caso venezolano es que su escenario socio-político actual está desgarrado, profundamente corrompido y altamente caotizado. Hemos sostenido que en el país estamos ante una de las crisis institucionales más severas de toda América Latina[3], haciendo referencia con esto al conjunto de las instituciones jurídicas, sociales, económicas, políticas, entre otras, que conforman la República venezolana.

La crisis histórica del modelo de acumulación rentista petrolero, la metástasis de la corrupción en el país, severas vulneraciones al tejido social desde el ‘período neoliberal’ y en especial desde 2013, y la intensidad de los ataques y disputas políticas, han desbordado en su conjunto los marcos de las instituciones formales de todos los ámbitos de la sociedad, canalizándose muy buena parte de las dinámicas sociales por la vía de mecanismos informales, subterráneos e ilegales.

En el ámbito económico, la corrupción se ha transformado en un mecanismo transversal y motorizador de distribución de la renta petrolera, desviando enormes sumas de divisas a discrecionalidad de unos pocos, y socavando las bases de la economía formal rentista. Esto ocurre de manera determinante con PDVSA[4], la principal industria del país, así como con fondos clave como el Fondo Chino-Venezolano o con numerosas empresas nacionalizadas.

El colapso de la economía formal ha hecho de la informalidad prácticamente uno de los ‘motores’ de toda la economía nacional. Las fuentes de oportunidades sociales, sea de ascenso social o de posibilidad de mayores ganancias, se encuentran con frecuencia en el llamado ‘bachaqueo’ de alimentos (el comercio ilegal, a altísimos precios, dirigidos al mercado negro)[5] u otras formas de comercio en los diversos mercados paralelos, sea de divisas, medicinas, gasolina, etc.

En el ámbito político-jurídico, el estado de derecho carece de respeto y reconocimiento por parte de los principales actores políticos, quienes no solo se desconocen mutuamente sino recurren a movidas políticas dispuestos a todo para vencerse el uno al otro. El Gobierno nacional enfrenta a las que considera las ‘fuerzas enemigas’ con medidas de excepción y conmoción, mientras que grupos de la oposición más reaccionarios despliegan operaciones violentas de vandalismo, confrontación y ataque a infraestructuras. En este escenario se ha mermado sobremanera el estado de derecho, haciendo muy vulnerable a la población venezolana.

Cada vez reina una mayor impunidad, la cual se ha expandido a todos los sectores de la población. Esto no solo hace que se enquiste aún más la corrupción, que luce indetenible, sino que implica que la población no espere nada del sistema de justicia, y cada vez más la ejerza con sus propias manos.

El colapso del contrato social genera tendencias de ‘sálvese quien pueda’ en la población. La fragmentación del poder también ha contribuido a que se generen, crezcan y se fortalezcan diversos poderes territoriales, como lo son los llamados ‘sindicatos mineros’ que controlan con armas minas de oro en el estado Bolívar, o bandas criminales que dominan sectores de Caracas como El Cementerio o La Cota 905[6].

El marco presentado implica nada más y nada menos que el devenir y las definiciones políticas de la actual situación en el país se están desarrollando en muy buena medida por la vía de la fuerza.

IV. La crisis de largo plazo del capitalismo rentístico venezolano (1983-2017)

El hundimiento de los precios internacionales del crudo ha sido determinante en el desarrollo de la crisis venezolana, pero no es el único factor que explica este proceso. Desde la década de los años 80 hay crecientes síntomas de agotamiento del modelo de acumulación basado en el extractivismo petrolero y la distribución de la renta que genera. La actual fase de caotización de la economía nacional (2013-hoy) es también producto del devenir económico de los últimos 30 años en el país. ¿Por qué?

Varias razones lo explican. Alrededor del 60% de los crudos venezolanos son pesados y extra-pesados. Estos crudos son económicamente más costosos y requieren mayor uso de energía y el empleo de procesamientos adicionales para su comercialización. La rentabilidad del negocio que alimenta al país va descendiendo con respecto a tiempos anteriores, cuando prevalecían crudos convencionales. Esto ocurre al mismo tiempo que el modelo exige cada vez más ingresos rentísticos y cada vez más inversión social no solo para paliar las crecientes necesidades de una población que sigue en aumento.

La hiper-concentración poblacional en las ciudades (más de 90%) promueve un uso de la renta orientado fundamentalmente en el consumo (de bienes importados) y muy poco en formas productivas. Las épocas de bonanza promueven el fortalecimiento del sector extractivo (primario) –los efectos de la llamada ‘Enfermedad Holandesa’– lo que vulnera notablemente a los ya débiles sectores productivos. Luego de finalizada la bonanza (como ocurrió a fines de los 70 y ahora desde 2014), la economía queda más dependiente y aún más débil para enfrentar una nueva crisis.

La corrupción socio-política del sistema también posibilita fugas y descentralizaciones fraudulentas de la renta, lo que impide el desarrollo de políticas coherentes de distribución para paliar la crisis

La creciente volatilidad de los precios internacionales del crudo, así como cambios en los balances de poder global en torno al petróleo (como la progresiva pérdida de influencia de la OPEP) tienen también significativos impactos en la economía nacional.

Mientras se desarrollan todos estos vaivenes económicos en el país, los recursos ecológicos se siguen socavando y agotando, lo que amenaza los medios de vida de millones de venezolanos para el presente y futuro.

La actual solución que impulsa el Gobierno nacional ha sido incrementar notablemente el endeudamiento externo, distribuir la renta de manera más regresiva para la población, expandir el extractivismo y favorecer al capital transnacional.

En suma, cualquiera de las élites que gobierne en los próximos años, tendrá que enfrentar, sí o sí, los límites históricos que se han alcanzado con el viejo modelo rentista petrolero. No bastará solo esperar un golpe de suerte para que los precios del petróleo suban. Se vienen trascendentales cambios y habrá que estar preparados para enfrentarlos.

V. ¿Socialismo? en Venezuela se está llevando a cabo un proceso de ajuste y flexibilización económica progresivo

En el país se está desarrollando un proceso de ajuste progresivo y sectorizado de la economía, flexibilizando previas regulaciones y restricciones al capital, y desmantelando paulatinamente los avances sociales alcanzados en tiempos anteriores en la Revolución Bolivariana. Estos cambios aparecen enmascarados en nombre del Socialismo y la Revolución, aunque representan políticas cada vez más rechazadas por la población.

Destacan políticas como la creación de las Zonas Económicas Especiales, las cuales representan liberalizaciones integrales de partes del territorio nacional, una figura que entrega la soberanía a los capitales foráneos que pasarían a administrar prácticamente sin limitaciones dichas regiones. Se trata de una de las medidas más neoliberales desde la Agenda Venezuela implementada por el gobierno de Rafael Caldera en los años 90, bajo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional.

También resaltan la paulatina flexibilización de los convenios con las corporaciones foráneas en la Faja Petrolífera del Orinoco; liberalización de precios de algunos productos básicos; creciente emisión de bonos soberanos; devaluación de la moneda, creándose un tipo de cambio flotante (Simadi); aceptación de algunos trámites comerciales directamente en dólares, por ejemplo, en el sector turismo; o el fiel cumplimiento de los pagos de deuda externa y los servicios de la misma, lo que implica un recorte en las importaciones y consiguientes problemas de escasez de bienes de consumo básico.

Se está impulsando el relanzamiento de un extractivismo flexibilizado,  apuntando fundamentalmente hacia las nuevas fronteras de la extracción, donde destaca el mega-proyecto del Arco Minero del Orinoco, el cual plantea instalar como nunca antes la mega-minería en un territorio de 111.800 kms² de extensión, amenazando fuentes de vida claves para los venezolanos, en especial para los pueblos indígenas. Estos proyectos suponen además el atornillamiento por largo plazo a los esquemas de dependencia que produce el extractivismo[7].

Cabe destacar que estas reformas se combinan con el mantenimiento de algunas políticas de asistencia social, continuos aumento de los salarios nominales, algunas concesiones a demandas de las organizaciones populares y el uso de una narrativa revolucionaria e antiimperialista. Esto evidentemente tiene como uno de sus principales objetivos el mantenimiento de los apoyos electorales que quedan.

Estamos en presencia de lo que hemos llamado un ‘neoliberalismo mutante’, en la medida en la que se combinan formas de mercantilización, financiarización y desregulación con mecanismos de intervención estatal y asistencia social.

Parte de la izquierda ha estado muy enfocada en evitar la llegada de gobiernos conservadores al poder para así evitar la ‘vuelta del neoliberalismo’. Pero olvidan mencionar cómo gobiernos progresistas también avanzaron en varias medidas selectivas, mutantes e híbridas de perfil neoliberal, que finalmente afectan al pueblo y a la naturaleza[8].

VI. ¿La alternativa? El proyecto de los partidos de la ‘Mesa de la Unidad Democrática’ (MUD) es neoliberal

La derechista ‘Mesa de la Unidad Democrática’ (MUD) es el bloque predominante de la oposición partidista al Gobierno nacional, aunque una oposición de izquierda haya venido creciendo lentamente y es muy factible que lo siga haciendo. Esta izquierda crítica, al menos la más definida, no se identifica con la MUD por lo que no articula políticamente con esta.

La MUD no es un bloque homogéneo, y en cambio existen sectores que van, desde influyentes grupos radicales de extrema derecha –que podríamos llamar ‘uribistas’–, hasta llegar a algunos sectores de conservadurismo light, y de liberalismo elitario con cierta tendencia distribucionista. Estos diversos grupos tienen una relación conflictiva entre ellos y con eventuales careos y desplantes mutuos.

A pesar de sus diferencias, a los diferentes grupos de la MUD los une al menos tres factores fundamentales: su matriz ideológica, las bases de su programa económico y su agenda reaccionaria ante el Gobierno nacional y ante la posibilidad de una profunda transformación de corte popular emancipatorio. Nos referiremos a las dos primeras.

Su matriz ideológica está profundamente determinada por la teoría neoclásica y por el liberalismo conservador, enalteciendo obsesivamente la propiedad privada, el fin de la ‘ideologización’ por parte del Estado y el auge de las libertades empresariales e individuales.

Estos pilares ideológicos son más claros en la programática de este bloque que en sus propios discursos mediáticos, donde la retórica es simplista, superficial y llena de consignas. La síntesis más acabada de su modelo económico se encuentra en los ‘Lineamientos para el Programa de Gobierno de Unidad Nacional (2013-2019)’[9]. Se trata de una versión neoliberal más ortodoxa del extractivismo petrolero, en relación al proyecto del actual Gobierno venezolano.

Destaca el hecho de que, a pesar de enarbolar la bandera del ‘cambio’ y la ‘Venezuela productiva’, su propuesta plantea llevar la extracción de petróleo en Venezuela hasta 6 millones de barriles diarios, poniendo énfasis en el incremento de las cuotas de la Faja Petrolífera del Orinoco. Aunque se acusen, riñan y señalen públicamente, las propuestas petroleras de Henrique Capriles Radonski (Petróleo para tu Progreso)[10] y Leopoldo López (Petróleo en la Mejor Venezuela[11]) son gemelas, y consensuan con el ‘Plan de la Patria’ 2013-2019 impulsado por el Gobierno nacional. El cambio anunciado no es más que otro atornillamiento con el extractivismo, más rentismo y desarrollismo, y las consecuencias económicas e impactos socio-ambientales y culturales que conlleva este modelo.

VII. La fragmentación del ‘pueblo’ y el progresivo socavamiento del tejido social

En todos estos procesos de guerra de baja intensidad y caos sistémico, el principal afectado es el pueblo trabajador. La potente cohesión socio-política que se configurara en los primeros años de la Revolución Bolivariana ha sufrido no solo un desgaste sino una progresiva desarticulación. Pero estas afectaciones han llegado incluso a la propia médula de los tejidos comunitarios del país.

La precariedad para cubrir las necesidades básicas de la vida cotidiana; los incentivos a la resolución individual y competitiva de los problemas socio-económicos de la población; la metástasis de la corrupción; la canalización de los conflictos y disputas sociales por la vía de la fuerza; la pérdida de referentes ético-políticos y el desgaste de la polarización debido al descrédito de los partidos; la agresión directa a experiencias comunitarias fuertes o importantes y a líderes comunitarios por parte de diversos actores políticos y territoriales; hacen parte de este proceso de vulneración de los tejidos sociales que apunta a socavar los verdaderos pilares de un potencial proceso de transformación popular-emancipatorio o de las capacidades de resistencia de la población ante un mayor avance de fuerzas regresivas en el país.

Mientras tanto, diversas organizaciones de base popular y movimientos sociales a lo largo y ancho del país insisten en construir una alternativa desde sus territorios. Los tiempos dirán cual será su capacidad de resistencia, adaptación y sobre todo su habilidad colectiva para articularse entre ellos y disputar con mayor fortaleza el rumbo del proyecto político nacional.

Si hay una solidaridad irrenunciable que debería impulsarse desde las izquierdas en América Latina y el mundo, debe ser con este pueblo luchador, ese que históricamente ha cargado sobre sus hombros la explotación y los costos de la crisis. Ese que frecuentemente ha desbordado y se ha re-apropiado de las calles buscando que sus demandas sean escuchadas y atendidas. Ese que en la actualidad se enfrenta a los complejos dilemas que suponen los actuales tiempos de reflujo y regresiones. Este pareciera que es el verdadero punto de honor de las izquierdas. El costo de darle la espalda a estas contra-hegemonías populares en nombre de una estrategia de conservación del poder podría ser muy alto.

Caracas, abril de 2017

Emiliano Terán Mantovani es sociólogo venezolano, ecologista político e investigador en ciencias sociales.