De manera sorpresiva e inesperada la Corte Constitucional tumbó dos literales del Acto Legislativo para la Paz que estableció el mecanismo de vía rápida o Fast Track, que buscaba agilizar y blindar los acuerdos entre el Gobierno y la Guerrilla de las FARC-EP. Los literales declarados inexequibles fueron los literales H y J  del artículo primero  de dicho acto legislativo. El literal H establecía que “los proyectos de ley y de acto legislativo solo podrán tener modificaciones siempre que se ajusten al contenido del Acuerdo Final y cuenten con el aval previo del Gobierno Nacional”. Y el literal J que señalaba “en la comisión y en las plenarias se decidirá sobre la totalidad de cada proyecto, con las modificaciones avaladas por el Gobierno Nacional en una sola votación”. La Corte Constitucional con una votación de cinco contra tres señaló según el comunicado de prensa que estos literales “sustituyen el principio de separación de poderes” pues se estaba limitando la capacidad deliberativa y decisoria del Congreso.

En la práctica lo que resta por desarrollar de los Acuerdos de Paz enfrentarán una nueva negociación en el Congreso de la República que podrá establecer modificaciones a los textos acordados en La Habana y que de manera genérica fueron  aprobados por el Congreso ante la victoria del NO en el plebiscito del 2 de octubre. Recordemos que hasta ahora lo que se ha aprobado de los Acuerdos de Paz han sido en primer término la ley de amnistía que marcha muy lentamente dado que los operadores judiciales apenas están resolviendo las solicitudes; la reglamentación para la participación de seis voceros de las FARC-EP en los debates en el Congreso de la República en todos aquellos proyectos que buscan llevar adelante el contenido del Acuerdo Final del 24 de noviembre firmado en el Teatro Colón de Bogotá; la aprobación del Acto legislativo que ceo el Sistema Integral de Justicia para la Paz y dentro de este sistema la aprobación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas en relación con el conflicto armado, la Comisión de la Verdad y el Tribunal de Justicia para la Paz; el acto legislativo que blinda el acuerdo de paz por un lapso de 12 años; el Estatuto de la Oposición y las reglas del juego y garantías que tendrá el nuevo partido político que surja de las FARC-EP. Esto es lo que se ha aprobado en el Congreso por ahora. A ello habría que agregar los decretos leyes expedido por el presidente de la República con base en las facultades que le otorgo ese mismo Acto Legislativo. Recodemos que dos de dichos decretos se cayeron también en la Corte Constitucional en la revisión que hace este organismo de todos los proyectos tanto de decretos leyes, leyes ordinarias y leyes estatutarias así como de los Actos Legislativos. En ambos casos el argumento de la Corte ha sido que no se han justificado debidamente las razones por las cuales se recurrió a la vía de los decretos y no se presentaron al Congreso de la República para su trámite. El primer decreto se ocupaba del traslado de la Agencia Nacional de Tierras del Ministerio de Agricultura al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y el segundo decreto ley que se cayó creaba una subdirección de protección para que se encargara de la seguridad de los guerrilleros en vía de desmovilización y se autorizaba la contratación para esa labor de unos 1200 exguerrilleros para que integraran los esquemas de seguridad de estas personas. Este es un duro golpe al proceso ante la persistencia de la violencia paramilitar que ha ocasionado ya el asesinato de dos guerrilleros y nueve familiares de guerrilleros que están en el proceso de paz. Como se ha dicho todos estos actos legislativos y leyes aprobadas no se verán afectados por el fallo reciente. Sin embargo hay que aclarar que la Corte Constitucional aún no se ha pronunciado sobre la ley de amnistía y sobre el Acto Legislativo que creó el Sistema Integral de Justicia para la Paz.

Sin embargo lo que resta aún para hacer realidad el Acuerdo Final es más de lo que se ha aprobado hasta ahora. Restan temas muy importantes por desarrollar. Todo el paquete de reforma política que ha sido radicado con un recorte muy grande de  lo que había propuesto la Misión Electoral Especial, MEE,  en su informe propuesta presentado al presidente de la República. Dos recortes son muy preocupantes el primero negar la creación de una Corte Electoral que era a no dudarlo el centro de la propuesta de la MEE y negar la creación de las circunscripciones electorales para la elección del 70% de la Cámara de Representantes. La reforma no va al centro de los problemas que pretendía enfrentar la propuesta de la MEE. Sobre ello volveremos más adelante. Así mismo del punto dos falta por desarrollar una ley estatuaria que buscaría el fortalecimiento de las organizaciones sociales  y que buscaría descriminalizar la protesta social.

Pero también falta por aprobar el acto legislativo que ha sido presentado al Congreso de la República para crear las 16 Circunscripciones Especiales de Paz que buscan dar representación a las comunidades de 176 municipios que fueron los más afectados por el conflicto armado.

Resta así mismo todo el paquete que buscaría desarrollar los puntos 1 y 4 de los Acuerdos, es decir, la creación del Fondo de Tierras para la Paz que ha encontrado una fuerte oposición de los gremios terratenientes que se oponen a la democratización de la propiedad así como a la formalización de la propiedad que en un 63% es informal en Colombia de acuerdo con las cifras del reciente Censo Nacional Agropecuario del año 2014. También resta por aprobar  todo el paquete que desarrolle el punto referido al narcotráfico y la sustitución de los cultivos de uso ilícito.

En el punto 3 que se refiere al proceso de reintegración de los excombatientes de las FARC-EP casi todo está por desarrollar y ha encontrado fuertes oposiciones y resistencias desde la Fiscalía General de la Nación lo cual es muy grave. Nos referimos principalmente a los obstáculos para poner en marcha la política de desmonte del paramilitarismo. Aquí los retrasos son evidentes puesto que no se ha integrado la Unidad Especial de la Fiscalía General de la Nación que debería ponerse al frente de dicha política. Apenas recientemente se ha aprobado por la Comisión Nacional de Garantías poner en marcha dos pilotos uno en Tumaco y otro en Buenaventura para enfrentar y desmontar el fenómeno de las organizaciones paramilitares. El Fiscal General, Néstor Humberto Martínez se opuso al nombramiento de Alexandra  Valencia que había sido nombrada como parte de los Acuerdos de La Habana para dirigir dicha unidad para un período de seis años. En la renegociación de los Acuerdos corresponde ahora al Comité de Electores conformado por cinco personalidades elaborar una terna que presentará al Fiscal General para que este nombre al director o directora de dicha Unidad por un período de cuatro años. Este proceso no se ha iniciado y es parte fundamental para garantizar la seguridad de los excombatientes de las FARC-EP. Pero también  faltan por desarrollar todas las políticas para la reintegración económica de los guerrilleros en tránsito a la sociedad civil.

También falta por aprobar el paquete referido a las víctimas para garantizar sus derechos a la reparación integral. Como se observa es más lo que falta por desarrollar que lo que se ha aprobado hasta ahora. De tal forma que la decisión de la Corte Constitucional es un torpedo de profundidad al Acuerdo de Paz y una decisión irresponsable que a mi juicio abrirá muchos interrogantes sobre el inmediato futuro del proceso. Ante esta realidad solo caben dos alternativas. La primera un gran pacto político de las mayorías en el Congreso para facilitar el trámite de lo que resta por ser aprobado y que las FARC-EP acepten la vía del pacto político para enfrentar la crisis y sacar el proceso del congelador en que lo metió la decisión de la Corte Constitucional. Contra ello conspira el escaso margen de maniobra del Gobierno de Santos frente a los partidos que ahora buscarán  prebendas en la lógica clientelista que los caracteriza.

Una segunda alternativa es la aprobación de una Asamblea Constituyente como mecanismo extraordinario para tramitar el Acuerdo Final para la terminación del Conflicto. Esta segunda salida es más compleja de lo que se piensa pues en el grado de polarización en que se encuentra el país con una oposición fortalecida con los resultados adversos del plebiscito del 2 de octubre pasado, no se garantiza que se obtengan las mayorías requeridas para la aprobación de lo que resta por desarrollar. Pero es evidente que es una alternativa así sean muchos los obstáculos que hay que superar.

Bogotá mayo de 2017.

Pedro Santana Rodríguez

Director Revista Sur

https://www.sur.org.co/las-recientes-dificultades-en-el-proceso-de-paz/