La construcción de una paz estable y duradera como rezan los Acuerdos de La Habana suscritos entre el Gobierno Colombiano y las FARC-EP no será posible en Colombia sin una eficaz actuación de la justicia.

Desde siempre la administración de justicia ha sido problemática en Colombia en donde la probabilidad de que un culpable de asesinato sea condenado es apenas de un 70% y si se trata de asesinatos de líderes sociales, indígenas, afrocolombianos o defensores de derechos humanos es apenas de un 3% pues la tasa de impunidad es en este caso de un 97%. Y ello para referenciar el delito más grave que es el de los asesinatos para no ir a delitos como el Desplazamiento Forzado que ha permanecido en la impunidad o la violencia sexual contra las mujeres y los niños y niñas en donde la impunidad es casi total.

La terminación del conflicto con las FARC-EP ha brindado la oportunidad de que la agenda del debate público se diversifique. Las más recientes encuestas nos señalan que el tema de la paz y la negociación del conflicto ha caído al octavo lugar en la agenda de preocupación de los/as Colombianos/as que ha dado paso a preocupaciones alrededor del tema de la corrupción, la salud, el empleo y los ingresos así como el tema de la seguridad ciudadana. La justicia y sus instituciones como se señala en este número sufren de un descrédito enorme aún un organismo que sobresalía por el aprecio de los colombianos como era el caso de la Corte Constitucional apenas tiene hoy un grado de apoyo del 48% siendo la institución mejor librada de todos los organismos de la Justicia.

La detención de Luis Gustavo Moreno, exfiscal delegado para la lucha contra la corrupción,  por la evidencia aportada por la DEA de los Estados Unidos en un caso de corrupción para favorecer al investigado ex gobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus, que buscaba favorecerlo en las más de 20 investigaciones de que es objeto por parte de la misma Fiscalía General de la Nación ha puesto en el centro de la discusión el tema de la corrupción no sólo en este que es el ente investigador de la criminalidad y del delito en Colombia sino al conjunto de la rama judicial. A este caso se suma la detención de tres magistrados de la Sala Penal del Tribual del Meta por favorecimiento a narcotraficantes y paramilitares. Así mismo la detención de otros 39 funcionarios entre jueces, guardianes del Instituto Nacional Carcelario, INPEC y médicos legistas. No salíamos de estas noticias cuando el CTI de la Fiscalía General capturó al Secretario de Seguridad, Gustavo Villegas,  en Medellín a quien la Fiscalía le imputa cargos por supuestamente entregar información a las bandas criminales ligadas a la Oficina de Envigado aparentemente con el fin de favorecer a sus propias empresas para que no fueran objeto de chantajes y cobros de vacunas por estas organizaciones criminales.

El Portal La Silla Vacía a mi juicio ha planteado las preguntas que el Fiscal General Néstor Humberto Martínez no ha respondido hasta el momento de publicar estas líneas. A la pregunta de quién o quienes recomendaron a Moreno el Fiscal ha respondido que él de manera autónoma lo nombro de un listado de ocho candidatos sin precisar cuál fue el método para seleccionar a Moreno. La Silla Vacía pregunta al Fiscal General -de acuerdo con sus averiguaciones- si es verdad que la recomendación y la presentación provino de Cambio radical Partido Político del Fiscal General y/o del Centro Democrático que ha guardado en este caso un sospechoso silencio. También se señala que la presentación de Moreno como candidato habría sido hecha por ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia que fueron muy diligentes en la elección de Néstor Humberto Martínez como Fiscal General. Héctor Riveros en su columna de la Silla Vacía señala que “Se repitió con el escándalo de la detención del fiscal jefe anticorrupción de la Fiscalía: que el señor era un bandido nadie parece tener dudas, lo cogieron literalmente con las manos en la masa pidiéndole plata a otro señor del que nadie parece tener dudas que es un bandido y que durante su paso por la gobernación de Córdoba cometió todo tipo de tropelías. Tampoco, que al primero lo nombraron en la Fiscalía por recomendaciones políticas y de clientelismo judicial y que ambos han estado asociados en sus ilícitos con sectores políticos de los que se saben sus nombres.

¿Qué es lo que no se sabe del caso? Se conocen todos sus elementos esenciales. Lo demás es chismografía. Lo digo, porque no cambian las consecuencias relevantes del caso. Cambian las circunstancias particulares de los implicados, pero no lo sustancial sobre el funcionamiento del sistema político que ya también se sabía, aunque esta vez con pruebas un poco más miedosas. ..Moreno estaba impedido para ocupar ese cargo. Impedido moralmente, digo, porque hasta el momento de su nombramiento era o había sido abogado de varias decenas de políticos acusados de corrupción y varios de ellos condenados en el marco de casos de gran impacto como el carrusel de la contratación en Bogotá, casos de robos en Arauca, Buenaventura y asociaciones de políticos con paramilitares”.[i]

Aun así el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez lo nombro como el jefe de la lucha en contra de la corrupción que dijo el Fiscal en su discurso de posesión que sería su principal bandera. Con lo cual esta bandera queda seriamente cuestionada. Hasta ahora el Fiscal General no ha respondido de manera clara a los interrogantes que se la han formulado. Pero ello nos remite a un problema más de fondo y es la forma como se eligen los altos dignatarios de la Justicia en Colombia. El nombramiento del propio Fiscal General fue muy controvertida en su momento pues desde su bufete de abogados ha prestado sus servicios a muchos grandes empresarios con lo cual en muchos procesos tendría que declararse impedido. Para muestra un botón. Como lo ha señalado el senador Jorge Enrique Robledo el Fiscal debería declararse impedido en la investigación sobre la firma brasilera Odebrecht. Esta firma contaba dentro de sus aliados a Corficolombiana del grupo de Luís Carlos Sarmiento Ángulo a quien el hoy Fiscal había asesorado. Como se sabe Martínez no se ha declarado impedido en dichas investigaciones.

La falta de transparencia en la elección de los altos funcionarios de la rama judicial es la práctica en Colombia. Desde la elección del Fiscal General hasta la elección de los Magistrados de las altas cortes ha estado permeada por el clintelismo y por el régimen político de los partidos gobernantes en Colombia. La justicia no es independiente del régimen de corrupción que nos gobierna. Según la Contraloría General de la República cada semana se roban un billón de pesos para un gran total al año de 50 billones de pesos. Todo ello en medio de una crisis de la justicia que no ha respondido con la celeridad y el compromiso que se requiere para extirpar ese cáncer que carcome la estructura Estatal en todos los niveles desde el nivel municipal, departamental y el nivel nacional.

Es muy beneficioso para el país que el tema de la corrupción ocupe hoy una de las principales preocupaciones de los ciudadanos y que esa preocupación se traslade a la próxima campaña electoral. Se requieren reformas de fondo en las estructuras de la rama judicial para enfrentar el problema de la corrupción, de la criminalidad, de la infiltración de las bandas criminales y del narcotráfico en el conjunto de las instituciones del Estado y lo que es muy grave en las instituciones que conforman la Fuerza Pública en el país. Y es muy importante que estos temas formen hoy parte de la agenda nacional de cara al próximo debate electoral.

Bogotá 6 de julio de 2017

Pedro Santana Rodríguez

Director Revista Sur

NOTAS

[i] Riveros, Héctor. Las otras preguntas a Moreno, a la Fiscalía o a ambos. La Silla Vacía. Consultado el jueves 6 de julio en www.lasillavacia.com

Fuente: https://www.sur.org.co/justicia-y-corrupcion-en-colombia/