Nadie planteo que la puesta en marcha del Acuerdo Final suscrito el 26 de noviembre y aprobado el

1 de diciembre de 2016 por parte del Congreso de la República, que dio por terminado el conflicto armado entre el Estado Colombiano y la insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, iba a ser fácil, pero tampoco que el camino iba a tener las trabas que se han presentado y los obstáculos que a diario se presentan. “Es una vergüenza internacional que casi siete meses después de que el Congreso aprobó una ley de amnistía, hoy sigan presos un número importante de guerrilleros”, sentenció un alto funcionarios de Naciones Unidas, refiriéndose a las dificultades en la implementación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC.

Como hemos señalado para la cabal implementación del Acuerdo Final para la terminación del Conflicto faltan aún por aprobar en el Congreso de la República por lo menos 20 proyectos entre actos legislativos, leyes estatutarias y leyes ordinarias por parte del Congreso de la República y para que tengan plena seguridad jurídica deben haber sido revisados y aprobados por la Corte Constitucional pues en el Acto Legislativo Especial que recibió la aprobación de la Corte todos los decretos leyes, actos legislativos, leyes ordinarias y estatutarias deben haber pasado por el filtro de la misma Corte Constitucional. Y solo unos pocos han surtido este trámite. Aún quedan pendientes de ser fallados por ese organismo aspectos que son centrales en el Acuerdo Final, nos referimos a la Ley de Amnistía y al Acto Legislativo que crea el Sistema Integral de Justicia para la paz, amén de 34 decretos leyes que fueron expedidos en la víspera que se terminaran las facultades concedidas al presidente de la República para hacerlo. Y ese camino no está fácil.

Un ejemplo ilustra la complejidad del asunto. Haciendo uso de esas facultades el presidente  de la República promulgó el decreto 902 de 2017 que estableció el Fondo de Tierras para la Paz con tres millones de hectáreas destinadas a familias campesinas sin tierra como también a excombatientes de las FARC que tengan como proyecto económico la explotación agrícola y la formalización de la propiedad de 7 millones de hectáreas que busca beneficiar principalmente a familias campesinas que no poseen títulos de propiedad adecuados. Antes que la Corte emita su fallo la Procuraduría General de la Nación debe emitir un concepto jurídico sobre la constitucionalidad de los mismos. En este caso concreto la Procuraduría acaba de enviar su concepto a la Corte Constitucional y sin pies ni cabeza lo que dice es que los contenidos de dicho decreto deberían haber sido aprobados por el Congreso de la República y no por la vía del decreto ley expedido por el presidente de la República. Propone que la Corte se pronuncie pidiéndole al Gobierno que presente el proyecto de Ley al Congreso y que en caso de que éste no lo apruebe la Corte en un año asuma el estudio del decreto ley promulgado por el presidente de la República. Es decir que difiera una decisión de fondo durante un año. Entre tanto y durante ese año que se aplique el decreto. Esto es no entender la esencia del Acuerdo Final para la terminación del conflicto que requiere medidas urgentes en temas centrales como este que es el punto que desencadenó el conflicto. El tema de la tierra despojada y la excesiva concentración de la propiedad fueron las causas esgrimidas para ese levantamiento armado. Las instituciones del régimen no parecen entender que lo que se logró en La Habana fue un acuerdo con una guerrilla en armas que no pudo ser derrotada y que los acuerdos deben ser cumplidos para finalizar esa confrontación. De modo que las cosas como vienen se muestran más complejas de lo que los pesimistas habían pronosticado.

La ley de amnistía aprobada hace siete meses viene funcionando muy lentamente lo cual genera problemas de inseguridad en la base guerrillera y fuertes presiones de los militares y policías que supuestamente serían beneficiaros de dicha ley. Según los datos de la Oficina del Alto Comisionado para la paz, a la fecha, las FARC han enviado un listado en el que se acreditan 3.421 presos como miembros de su organización. Sin embargo, teniendo en  cuenta la funesta experiencia con las listas de los paramilitares, el Gobierno se reservó el derecho de revisar cada nombre y por eso, hasta hoy, ha acreditado 2.775 personas en situación de privación de la libertad y ha hecho observaciones sobre 298 que requieren clarificar su situación. En cuanto a las personas que al día de hoy se han beneficiado de la Ley de Amnistía e Indulto, el Gobierno ha informado que 413 han sido amnistiadas, 681 gozan de libertad condicionada, 415 fueron trasladadas a las zonas veredales en condiciones de reclusión y el presidente Santos ha firmado 191 indultos.

Para las FARC según su información han sido beneficiados 1.700 de los 3.421 miembros en prisión. Es decir, que siete  meses después de promulgada la ley aún no se llega al 50%. Por ello y para exigir celeridad en la aplicación de la ley vienen adelantando una huelga de hambre en la que participan cerca de 2.000 presos en cerca de 22 penitenciarias del país. Para uno de los comandantes de las FARC y además miembro de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo de este agrupación, Pablo Catatumbo, las razones son principalmente los trámites burocráticos de los jueces de ejecución de condenas que “siguen aplicando la justicia ordinaria a pesar de cumplir todos los requisitos exigidos por la Ley de Amnistía. Vemos que la Fiscalía está obstaculizando la aplicación de la ley y esto nos pone en riesgo el proceso de implementación del Acuerdo y la consolidación de un país en paz”. El diario El Espectador identifico los principales cuellos de botella que impiden la aplicación de la norma. La principal es la negación de los beneficios por parte de algunos jueces en particular. Segundo, las diferencias entre el Gobierno y las FARC en torno a los listados de miembros de la guerrilla. Y tercero, la enorme dificultad que ha tenido el sistema judicial para acumular los procesos que cursan contra cada integrante de la guerrilla, puesto que en muchas ocasiones, ese preso tiene varios procesos en distintos órganos judiciales.[i]

Al mismo tiempo se conoció el octavo informe de la Misión Especial de la ONU que hace tanto el seguimiento como la verificación de la concentración de los miembros de la guerrilla y es la que controla y es depositaria del desarme de los guerrilleros ya concentrados en las 26 zonas veredales y en los campamentos. En este informe se contrasta nítidamente el cumplimiento de los cronogramas y compromisos por parte de la guerrilla pero así mismo y pese al lenguaje diplomático del informe se percibe el incumplimiento por parte del Gobierno. El informe señala que ya fueron ubicadas 660 caletas de armas de las FARC, de las 940 que existen. 94 de esas caletas ya fueron intervenidas exitosamente y verificadas esas intervenciones por observadores internacionales. En este último mes se han registrado tres incidentes graves a juicio de la Misión de la ONU. El primero el que protagonizado por miembros de la Fuerza Pública que ingresaron vestidos de civil a una zona Veredal y dos hechos protagonizados por las FARC, el primero cuando miembros de las FARC vestidos de civil ingresaron con armas cortas a las Zonas de Seguridad de una Zona Veredal y otra cuando miembros de la guerrilla pasaron sin autorización por un puesto de control. Son incidentes graves pero que no empañan para nada la marcha general del proceso.

En el mismo informe la Misión de la ONU señala el gran retraso en la construcción y dotación de las zonas veredales. En tres de ellas dice el informe las obras tienen un avance apenas entre el 0 y el 25% están son las de Mesetas, en el departamento del Meta y las de Policarpa y Caldono en el departamento del Cauca; el resto de las 26 Zonas Transitorias superan el 60%. Las causas para dicho retraso son el mal estado de las vías de acceso y las continuas lluvias. Detalla además el informe la atención a la salud de los guerrilleros.

En resumen por donde se examine el proceso se encuentra el reiterado retraso en la implementación por parte del Gobierno que contrasta fuertemente con el cumplimiento por parte de la guerrilla. A ello habría que agregar las dificultades que encontrará el Gobierno para aprobar las normas que se requieren aún para la debida implementación del Acuerdo final toda vez que con el fallo de la Corte que le dio potestad al Congreso para introducir modificaciones a los contenidos de los acuerdos y con la votación artículo por artículo de las normas no solo se retrasará formalmente sino la dificultad política que implica que varias bancadas han anunciado por ejemplo serios reparos a varios de los proyectos pendientes, pero, principalmente a la reforma política y a la ley de reforma rural integral. La coalición de Gobierno se viene resquebrajando y ello puede implicar un serio riesgo a los temas aún por aprobar en el Congreso. A ello se suma que la oposición uribista no ceja en su cerril y obstinada oposición a la implementación del Acuerdo Final con las guerrillas pese a los avances y al compromiso de éstas guerrillas con los compromisos asumidos.

Bogotá julio 12 de 2017

Pedro Santana Rodríguez

Director Revista Sur

NOTAS

[i] El Espectador. Los cuellos de botella para la Ley de Amnistía. Alfredo Molano Jimeno/Lorena Arboleda Zárate.  Julio 11 de 2017.