El caballito de batalla contra la corrupción ha servido para los poderes fácticos de nuestros países, en especial de aquellos con gobierno progresistas, como estrategia para forzar la implosión del sistema político pero, en el caso de Venezuela, también parece servir para afianzar al gobierno de cara a la próxima campaña presidencial.

Ya está en plena marcha una campaña bien planificada por los asesores europeos del gobierno, en dos vertientes: una para asegurar la candidatura a la reelección presidencial de Nicolás Maduro y otra contra la corrupción, que muchos ven como una jugada del gobierno para lavarse la cara y eliminar adversarios internos, despejando el camino para las presidenciales del año próximo.

Es más, hay quienes especulan con la posibilidad de que las presidenciales –sin fecha aún- se adelanten para febrero o marzo próximos, para cristalizar la reelección (sin dar tiempo a otros candidatos a compartir escenario), escapando a la crisis económica (en especial la vertiginosa inflación) que en el segundo semestre de 2018 ya sería difícil de dominar.

La sensación se refuerza cada vez que aparece algún dirigente chavista con apetencias de candidatura presidencial. Pasó con la exfiscal general Luisa Ortega Díaz, que comenzaba a inquietar con críticas a resoluciones del Tribunal Supremo de Justicia y –luego, ya fuera del país- con denuncias de corrupción contra Maduro y Diosdado Cabello. Y ahora, con la campaña contra Rafael Ramírez, el ex presidente de Pdvsa y actual embajador en Naciones Unidas, un eventual rival de Maduro en su carrera para su reelección.

Maduro comienza a marcar la cancha en la interna bolivariana. Ya salieron el canciller Jorge Arreaza –desde Uruguay- y el vicepresidente Tarek El Aissami, a hablar de la reelección, lo que para algunos analistas es otro síntoma del ventajismo: un candidato que dice que combate la corrupción -de su propia administración- y hace campaña electoral con fondos del Estado.

En esta estrategia hay un peligro muy grande, que sus asesores europeos no ven: para salvar las culpas de ineptitud, ineficacia, ineficiencia y corrupción del gobierno que encabeza desde hace ya tres años, se intentará tirar la culpa para atrás: o sea, meterse con el imaginario colectivo del presidente Hugo Chávez, asentado en lo más hondo del pueblo.

Seguramente sus asesores extranjeros lo estén convenciendo de que necesita diferenciarse de la gestión anterior, la de Chávez (donde él participó desde el comienzo). A los cuadros políticos que ostentaron cargos públicos claves en ministerios o empresas del estado durante el gobierno “anterior” los clasifican en a) los que muestran una posición que puede poner en riesgo su hegemonía, y b) aquellos que mostraron capacidad de hacer alianzas a cambio de lealtad.

Es así que en el nuevo relato oficial, a exministros claves en el gobierno de Chávez, como Jorge Giordani y Rafael Ramírez los convierten en íconos del “modelo fracasado que heredó Maduro”, el primero como teórico y el segundo como operador. ¿La corrupción? Es un ingrediente, un argumento adicional, mientras se siguen tejiendo alianzas, premiando a determinados grupos dentro del Partido Socialista Unidos de Venezuela (Psuv) y el gobierno, estrategias válidas para mantener los canales de acumulación de poder

Con una definición muy personal de lo que significa diálogo, el 1 de diciembre Maduro señaló en cadena de radio y televisión que “Hace años he planteado el diálogo nacional como única vía para la paz. Lo he logrado, hoy senté a la MUD de manera definitiva’’, reivindicó, mientras delegados del gobierno y oposición y decenas de “mediadores” latinoamericanos y europeos se reunían en Santo Domingo.

“Es una guerra entre bandos para ver quién se queda con el poder”, indicó el opositor Juan Guaidó, presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Explicó que se trata de denuncias de vieja data y recordó que en noviembre del año pasado el Parlamento sancionó políticamente a Ramírez por la presunta malversación de 11 millardos de dólares por irregularidades cometidas entre 2004 y 2014.

“En Pdvsa hay una gran corrupción, pero debe investigarse también todo lo relacionado con el desfalco a la nación con Odebrecht, con las empresas de maletín y con el cambio de divisas”, manifestó. “Hay una purga interna, sin duda”, aseveró.

Vale la pena tener en cuenta que tanto Martínez como Eulogio del Pino son hombres de la industria petrolera, entronizados durante el mandato de Maduro. Del Pino era vicepresidente de Pdvsa desde 2008. En septiembre de 2014 fue Maduro quien lo nombró presidente de Pdvsa y un año después ministro de Petróleo y Minería, manteniéndolo también como titular de la petrolera. En agosto de 2017, tres meses atrás, fue designado nuevamente ministro de Petróleo.

La Fiscalía Pdvsa habla de 48 mil contratos con irregularidades por 35 mil millones de dólares en las operaciones de la Faja del Orinoco, que termina con la detención de del Pino, Martínez y otros 73 funcionarios, de ellos varios de alto nivel, como los cinco de la filial estadounidense de Pdvsa, Citgo. El 20 de enero último, Maduro designó una nueva directiva de Pdvsa, “para ir a un proceso de recuperación, profunda, combatir la corrupción en distintos niveles y sanear la corrupción incubada” allí. “Evidentemente, se equivocó en la escogencia de esos directivos. Como diría la calle, puso a zamuro (buitres) cuidando carne”, señala el director de Últimas Noticias, Eleazar Díaz Rangel.

Y hay algo más grave: Manuel Quevedo, el general que ocupa la presidencia de Pdvsa carece de cualquier experiencia en el negocio petrolero y en una empresa de la magnitud de la estatal venezolana. Hasta ahora la Revolución Bolivariana se había cuidado de “entregar” la industria a la corporación militar. La decisión tomada por Maduro, quizá convencido de que la limpieza de Pdvsa es la forma de mejorar su eficiencia y eficacia, no tiene como único objetivo neutralizar los grupos internos en Pdvsa, sino darle su administración a la Guardia Nacional.

Este es un error que puede ser grave, máxime cuando Pdvsa necesita de personas experimentadas para poder sacarla de la destrucción acumulada de su capacidad productiva. Difícilmente pueda hacerlo desde su nueva distinción como “presidente honorario” Alí Rodríguez Araque, ex presidente de Pdvsa, exministro de Petróleo, exsecretario general de la OPEP y de Unasur y actual embajador en Cuba. Quizá pueda influir para evitar que los militares hagan lo que hicieron hasta ahora con otras instituciones y empresas públicas, incluidos bancos.

Hasta ahora se habla de corrupción. Chávez hablaría de traición a la patria. “Tiene razón: general con calculadora no es ministro de Hacienda”, comentaba el 15 de abril del 2002 el presidente Chávez, refiriéndose a la traición del general Francisco Uzón, un miembro del gabinete sumado al golpe.

Ante el precario estado de la oposición en Venezuela, carcomida internamente por las divisiones, con el candidaturismo presidencial desatado, sin programa, con una organización ineficiente, sin poder de convocatoria, en pleno reflujo, cayendo en las encuestas debido a la confusión y al desánimo de la clientela tradicional, pareciera ser que la campaña anticorrupción también le toca al gobierno.

Ayudemos a desterrar la corrupción

Por el momento no se muestra ninguna política para combatir a la corrupción o para encarcelar a todos aquellos que hayan utilizado lo público en beneficio propio. El nuevo fiscal general, Tarek William Saab, exgobernador (que en épocas de Chávez debió abandonar su cargo por sospechas de manejos indebido de recursos públicos), tiene buen manejo mediático, pero nadie sabe hasta dónde se cristalizará esta campaña ¿pro transparencia?

En Venezuela, el debate con obreros de las estatales Central Azucarero Ezequiel Zamora y productores agrícolas en el Centro Técnico Productivo Socialista Florentino, ambos en Barinas, de propiedad estatal concluye que los proyectos estuvieron bien planteados según las capacidades del territorio, los mercados de compra y venta, y sin embargo no lograron desarrollarse. ¿Qué sucedió entonces?, se (le) pregunta Marco Teruggi.

Las respuestas se concentran en un punto: la corrupción, la utilización de lo público para beneficio personal/familiar, como, por ejemplo, dinero que llegó y no fue invertido, ganado y maquinarias vendidas ilegalmente: evasión de impuestos, cuentas en paraísos fiscales, sobrefacturaciones. ¿Alguna vez se investigará?, (le) pregunta.

El fin de la bonanza de los precios petroleros dejó al descubierto también la acumulación de activos externos, es decir renta petrolera apropiada y fugada en cuentas en el exterior, que alcanzó una magnitud tal, que le permitió a los capitalistas (nacionales e internacionales) fijar el tipo de cambio y aherrojar económicamente a la revolución bolivariana, recuerda el economista Simón Andrés Zúñiga.

La reestructuración negociada de la deuda (calculada en 130 mil millones de dólares) debería realizarse alejándose de la asesoría-negociados de algunos asesores extranjeros, más allá de las consideraciones de que una gran parte de misma está asociada a un mecanismo delictivo de captura de renta petrolera, como la venta de deuda con apetitosos descuentos para los fondos buitres o al banco de inversión estadounidense Goldman Sachs realizado por el Banco Central de Venezuela (BCV) en mayo de este año con un descuento de un 69%, a través de un intermediario financiero.

Una discusión que comenzó con Chávez

El texto que leerá a continuación (el que está en letras itálicas) tiene apenas 14 años y medio, pero parece haber sido escrito ayer. Vale la pena leerlo –más allá de aquello que la historia vuelve a repetirse- para entender lo que sucede en esta Venezuela agredida, bloqueada, vilipendiada, y que a lo largo de 18 años de Revolución Bolivariano ha debido soportar golpes de Estado duros y blandos y una continua operación de desestabilización, política económica y financiera.

“Hasta ahora la realidad nos había mostrado un gobierno incoherente, donde la ineficiencia, ineficacia y brotes de corrupción iban minando la credibilidad de un pueblo que se jugó por el cambio y demostró estar algunos pasos por delante de su dirigencia”, señalaba el editorial del número 11 de la revista Question, de mayo de 2003.

(…) No existe una sola estrategia de la oposición, ya que el archipiélago de grupos intenta algunos movimientos al unísono y muchos otros totalmente discordantes. Durante sus acciones no solo no logró derrocar a Chávez, sino que arruinó su base social. (…) Todo indica que la oposición está hoy igual que Adán en el Día de la Madre: totalmente desorientado. ¿A quién representan los delegados en la Mesa? Lo cierto es que, lamentablemente, la base social de la oposición ha sido abandonada una vez más por esta autodenominada dirigencia”, añadía el mensuario.

A mediados de mayo de 2003, el presidente Hugo Chávez – en su habitual Aló Presidente dominguero- se refirió al editorial de Question y leyó el párrafo donde se habla de ineficiencia, ineficacia y corrupción en la gestión de gobierno. “Sé que se trata de críticas constructivas”, dijo finalmente. Personalmente el diálogo fue más duro, entre “la corrupción es un problema cultural” de Chávez, y “sus cifras son obscenas y se asemejan a la deuda externa de cualquier país latinoamericano”. Y nos vino a la memoria el “chinito de Recadi”, único preso de la altísima corrupción en el gobierno de Jaime Lusinchi.

En octubre de 2013, en su último gabinete ministerial, fue el mismo Chávez quien señaló que había que combatir la ineficacia, la ineficiencia y la corrupción, que ya no se podía esconder debajo de la alfombra ni ser invisibilizada por contralores, fiscales, jueces, cómplices de la impunidad.

Mientras transcurre la “limpieza” (en otras épocas se hablaría de purga), y la ciudadanía sigue esta novela obligada, los ingresos de las familias trabajadoras se pulverizan en medio de una inflación desenfrenada. Hoy cunde la desesperanza ante la arremetida de un enemigo que no muestra su verdadera cara y es escondido bajo el concepto de “guerra económica”, mientras los banqueros y capitalistas que controlan la producción y la distribución, se hacen más y más ricos.

¿Se terminó la “guachafita”?, ¿se acabó la impunidad?

Aram Aharonian es periodista, comunicólogo, magister en Integración, codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE), presidente de la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA)