El pasado es perseverante, por la elemental razón de que guarda las claves del presente. Esta es una premisa indiscutible en todo proceso de justicia transicional. Otra premisa es la que manifiesta que si no se logra romper el círculo de la impunidad, el horizonte del futuro trae consigo una carta blanca para que la sociedad ceda a la negación y las graves violaciones a los derechos humanos se repitan.

Las declaraciones recientes del Jefe de Bloque del Pro, Nicolás Massot, en la Cámara de Diputados no son palabras aisladas lanzadas al terreno del debate social, sino que integran la estrategia clara y acumulativa de una ideología revivida recientemente a partir de las conjeturas negacionistas del ahora ex Ministro de Cultura Darío Lopérfido. Como reflexionara Hannah Arendt, uno pierde el control de las palabras cuando las vierte en el tejido social; pero esto no niega la posibilidad de que múltiples interlocutores tenga un objetivo específico y controlado. 

En este sentido, sugerir “hacer como Sudáfrica y llamar a la reconciliación” es apelar -de modo deliberado- al retroceso.

La Memoria, la Verdad y la Justicia son en su conjunto un proceso indivisible que constituimos todas y todos los argentinos, y en especial, las organizaciones de derechos humanos, con constancia y presencia. Cada 24 de marzo, cada baldosa por la memoria, cada sitio de homenaje a las víctimas y de condena a los crímenes de lesa humanidad y en sí, cada acción tendiente a reparar a un pueblo que padeció un genocidio, renuevan la afirmación de una postura colectiva frente este proceso popular único en el mundo.

Argentina, concluida la dictadura cívico militar, adhirió a la mayoría de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y se ubicó en el podio como uno de los Estados exportadores de “tecnología y saberes” en la promoción y protección de los derechos humanos. Signatario de los nueve grandes tratados de Naciones Unidas, Argentina tuvo un rol central junto a Francia, en la redacción de la Convención para la Protección de Todas las Personas a la Desaparición Forzada. A su vez los organismos de derechos humanos argentinos tuvieron una participación activa en el impulso de la ratificación y la puesta en marcha del Comité contra la Desaparición Forzada (CED). La Convención misma está dedicada a Marta Ocampo de Vázquez, entrañable Presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. 

En mayo de 2012 Naciones Unidas constituyó la Relatoría Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición reconociendo la necesidad de que exista un Experto independiente que diera cuenta técnicamente de los principales desafíos que había en esta temática. En su último informe a la Asamblea General de octubre de 2017 (A/72/523)^[1], éste desarrolló acerca de la necesidad de tener un enfoque marco de la prevención ante graves violaciones de derechos humanos como es el Genocidio. En este sentido, recomendó como imprescindible para garantizar la no repetición de estos crímenes la realización de intervenciones en el ámbito de la cultura y las artes, el fortalecimiento de la educación en derechos humanos y la protección de los archivos a fines sociales y judiciales. Evidentemente el Relator retomó estrategias exitosas que se implementaron en Argentina en el camino hacia la justicia y que persisten como praxis de un proceso abierto y presente.   

¿Que es del caso Sudafricano entonces? A diferencia de Argentina, no existió posibilidad alguna de constituir un Juicio a las Juntas o iniciar otro tipo de proceso de Justicia Transicional en dicho país.  Esto se debió a que por un lado el poder político y económico continuaba en manos de quienes fueron los perpetradores de los crímenes del apartheid y por el otro, a que existía una alta la posibilidad de caer en una guerra civil. La Comisión de Verdad y Reconciliación de Sudáfrica fue el camino posible no el óptimo.

Sus objetivos eran descubrir la verdad del pasado del sistema apartheid y consolidar la Nación. Esta Comisión solo entendió el tratamiento de un número reducido del total de las víctimas de este sistema de segregación y tenía grandes limitaciones en su competencia. Los perpetradores debían presentarse a la misma y ser investigados para poder acceder a un indulto individual que sería otorgado, o no, después de una evaluación por el Comité de Amnistía. Todo esto condicionado a un acuerdo para obtener la verdad, que era el objetivo político perseguido por la Comisión.

En las propias palabras de Mandela la Comisión contribuyó de forma magnífica al proceso de curación de Sudáfrica porque las víctimas de las atrocidades pudieron conocer lo que les había ocurrido a sus seres queridos. Sin embargo esta negociación que consideraron conveniente -amnistía por verdad- fue blanco de intensas críticas y hasta demandas en contra de la Comisión por parte de familiares de víctimas quienes consideraron que su accionar violaba el derecho internacional.

Para muchos no fue un precio justo para la paz, ya que la justicia debería no ser negociable.

En conclusión, y aprendiendo del análisis comparativo de ambas experiencias, el tratamiento integral de los hechos como los sucedidos en la última dictadura debe buscar la verdad -como derecho fundamental de las víctimas y la sociedad toda-, la justicia con el desbaratamiento de todas las estructuras que sostienen la impunidad, establecer mecanismos reparatorios y consolidar la construcción de una memoria colectiva y crítica. Cabe destacar que por más de 15 años, durante la vigencia de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, en este país reinó la impunidad y eso conllevó a que los genocidas no vertieran a la sociedad ni una sola gota de verdad.

Reconciliarse cuando los genocidas reaccionan justificando sus acciones e incluso amenazando a los testigos en los juicios, cuando resta por conocer crucial información sobre las víctimas y lejos de restituirse la identidad de cientos de personas, es sencillamente imposible. La Argentina ha logrado justicia y reparación para las víctimas sin menoscabar un solo ápice de las garantías constitucionales procesales, ya que los genocidas han podido hacer uso de todas sus defensas en los Juicios.

Por ello, la memoria, la verdad y la justicia hacen a la democracia, son un antídoto integral ante la negación y el desconocimiento y constituyen el único marco social en el cual puede reconstruirse una relación ética entre la gente, las instituciones y el futuro.

Notas

Alejandra Serantes

Abogada. Maestreanda en Diversidad Cultural. Especialista en Derecho Internacional.

Rodrigo Gómez Tortosa

Politólogo y Abogado. International Coalition Against Enforced Disappearances (ICAED). Federación Latinoamericana de Familiares Desaparecidos (FEDEFAM).  Twitter: @rodagt