En octubre pasado se hizo viral un hashtag por las redes sociales: #PerúPaísDeVioladores, a raíz del ataque sexual que fue víctima una empadronadora voluntaria durante el Censo 2017. El hecho puso en evidencia que la sociedad peruana es violenta y que los abusos hacia las mujeres no sólo están normalizados sino que son generalmente justificados.

El objetivo del hashtag era llamar a la reflexión sobre la elevada tasa de violencia sexual que existe en el país. Aunque la iniciativa fue saludada y reconocida, también muchas personas reclamaron que no se generalice y que dejaba muy mal la imagen del Perú.

Según la abogada Fátima Toche, “el hashtag #PerúPaísdeVioladores es un grito de protesta y auxilio frente a la situación precaria de seguridad en la que las mujeres nos debemos desenvolver”.

En su columna en el diario Perú21, publicado el 29 de octubre del 2017, Toche precisó que el Perú es país de violadores porque:

• Sólo de enero a setiembre del 2017, 5,707 mujeres han sido atendidas en los Centros de Emergencia Mujer por violencia sexual, de las cuales el 70% son menores de 17 años. Imaginen cuántos casos más hay sin denunciar.

• Amanecemos un día con la noticia de la violación de una bebé de 2 meses y a los dos días con otra sobre la misma atrocidad a una bebé de 12 días de nacida.

• Ante cada noticia de una violación, siempre hay un juzgamiento a la víctima, por su forma de vestir, su vida sexual o el más mínimo detalle que pueda hacerla ver culpable.

• El acoso sexual en las calles, centros de trabajo y redes sociales es pan de cada día.

• Se han normalizado las “bromas” y memes sobre violaciones.

•No hay una autocrítica sobre la masculinidad que permita salir del hoyo en el que estamos.

• El sexo se sigue viendo como una forma de ejercer poder sobre el otro.

“¿Les molesta más la realidad o un hashtag?”, escribió Toche.

La primera ministra Mercedes Áraoz pidió que “borremos el hashtag, el Perú no es un país de violadores. Hay algunas personas que nos hacen daño pero hay muchos hombres decentes que están comprometidos, en serio, con la igualdad de derechos entre hombres y mujeres”. Incluso dos legisladoras de izquierda fueron denunciadas en el Congreso ante la Comisión de Ética por el uso de la frase en sus redes sociales.

Lo que muchos hombres y mujeres en el Perú, que reclamaron airadamente contra el hashtag, no reconocen es que la violencia sexual en el Perú es un problema de seguridad pública, por el daño que causa en las víctimas y la impunidad que alimenta el delito. En el 2013, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló en un informe que el Perú ocupa el tercer lugar en violencia sexual en el mundo detrás de Etiopía y Bangladesh.

Detrás de toda esta campaña por no denunciar las violaciones y ataques sexuales está el conservadurismo religioso, particularmente el evangélico secundado por ciertos sectores católicos, que desde hace un tiempo viene promoviendo la campaña “Con mis hijos no te metas” dirigida a evitar que se incluya la educación sexual en el Currículo Nacional de Educación Básica, aprobado por el Ministerio de Educación, bajo el argumento de que es parte de una “ideología de género” dirigida a promover la homosexualidad y el libertinaje sexual, y provocar la desestabilidad del núcleo familiar. Para ello, han logrado congregar a miles de personas en marchas por las calles de Lima y otras ciudades con carteles celestes y rosados como símbolos de los lugares que cada sexo debe tener. Estos sectores conservadores, que tienen una importante representación en el Congreso, quieren además prohibir cualquier mención al término “género”.

A mediados del 2016, el cardenal Juan Luis Cipriani, del Opus Dei, dijo en su programa de radio que “las estadísticas nos dicen que hay abortos de niñas, pero no es porque hayan abusado de las niñas, sino porque, muchas veces, la mujer se pone, como en un escaparate, provocando”. Poco antes había mencionado que “las campañas para dañar la dignidad de la mujer en su ser mujer y madre, queriendo imponer la llamada ideología de género, no son humanas”.

El más reciente escándalo sobre una niña de 9 años que dio a luz como consecuencia de la violación que fue víctima por parte de su padre, ha puesto en evidencia el estado de indefensión en que se encuentran miles de niñas en el Perú. Entre el 2001 y el 2016, según cifras del Seguro Integral de Salud, 11,781 niñas entre 9 y 14 años fueron madres: 8 tenían 9 años, 51 tenían 10 años, 182 tenían 11 años, 573 tenían 12 años, 2,323 tenían 13 años y 8,644 tenían 14 años.

Pero lo que más ha generado indignación son las declaraciones del médico Luis Almeyda, jefe del Servicio de Adolescencia del Instituto Nacional Materno Perinatal, que en una entrevista televisiva señaló que “la naturaleza humana es maravillosa: hemos tenido un caso hace varios años de una niña que se embarazó y que tuvo a su bebé a los 8 años (...). Una de las grandes discusiones era si debería dar de lactar, pero aquí la labor de la psicóloga es fundamental porque (la niña) tiene que vencer dos traumas: el trauma de la violencia sexual y el trauma del bebé (...) y finalmente pudo darle de lactar”.

Al parecer, Almeyda no sabe (o no quiere saber) que una niña de 8 años no “se embaraza”: es violada, y que el embarazo que se da una etapa en la que el cuerpo de esa niña no está preparado para la maternidad pone en riesgo su vida e integridad física y psicológica, no es que la naturaleza humana sea “maravillosa”.

Los servicios de salud públicos deben estar al servicio de la víctima, no forzar un embarazo de alto riesgo —menos aún promover la lactancia— y aplicar el protocolo de aborto terapéutico.

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Ana María Choquehuanca, aseguró que su cartera asumirá la defensa legal de la víctima y evitará que el delito quede impune. Según Choquehuanca, el caso llegó a su despacho en octubre del año pasado cuando la niña tenía 27 semanas de gestación.

“El descubrimiento del hecho fue casual, cuando la obstetra fue a ver a la mamá que estaba a punto de dar a luz y vio a la niña y comentó que la menor estaba embarazada. Es la obstetra quien denunció el hecho al Centro de Emergencia Mujer”, indicó la ministra, quien dispuso el traslado de la niña desde Puno a Tacna a un albergue bajo el cuidado del MIMP.

“La niña tiene la plena conciencia de que la mamá nunca la protegió”, dijo Choquehuanca. “Nosotros vamos a evitar que él [violador] salga. Al margen de sentar precedentes, tenemos que actuar con la dureza del caso y la crudeza con la que actúan los violadores; no podemos darles tregua”.

Según el MIMP, de enero a agosto de este año, 4,998 mujeres sufrieron violencia sexual, de las cuales 71% eran niñas y adolescentes, número que podría ser cuatro veces mayor si se toman en cuenta los casos de violación sexual no denunciados.

- Cecilia Remón para ALAI