El 5 de marzo, el presidente Martín Vizcarra inauguró la primera de cuatro bases militares en la región amazónica de Madre de Dios, en el sureste del país, la región más afectada por la minería aurífera ilegal.

La extracción de oro no es nueva en Madre de Dios. Desde al menos mediados de la década de 1970 existían en esa región los lavaderos de oro, que usaban el método tradicional de lavado de arenas para extraer oro aluvial y llegaron a constituir una atracción turística. Sin embargo, el aumento del precio internacional del oro atrajo a miles de personas que se ubicaron a lo largo de los ríos para recuperar las pepitas de oro que arrastran los ríos provenientes de la cordillera de Carabaya, en el departamento de Puno.

Según el Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA), entre 1985 y el 2017 se perdieron más de 95,000 hectáreas de bosques por la minería aurífera ilegal e informal; sólo entre el 2009 y el 2017 desaparecieron 64,500 hectáreas de bosques. Igualmente, la tercera parte de la deforestación registrada en las últimas tres décadas se concentra en las zonas de amortiguamiento de tres áreas naturales protegidas: Reserva Nacional Tambopata, el Parque Nacional Bahuaja Sonene y la Reserva Comunal Amarakaeri.

El precio internacional del oro, que en julio de 2011 alcanzó los US$1,900 la onza, y la construcción entre el 2006 y el 2011 de la Carretera Interocéanica, que conecta la costa sur peruana con el estado de Acre, en Brasil, aceleró la pérdida de bosques.

El portal informativo ambiental Mongabay, precisó que en el periodo de construcción de la Carretera Interoceánica, “la tasa de deforestación creció en un 425%. Si en el 2006 la deforestación era de 2,010 hectáreas al año, en el 2011 llegó a 8,536 hectáreas anuales”.

Aunque los mineros ilegales habían empezado a instalarse en las orillas de los ríos de Madre de Dios dos décadas atrás, la vía interoceánica aceleró la migración de personas de los departamentos andinos de Arequipa, Cusco y Puno quienes construyeron campamentos al borde de la carretera, como es el caso de La Pampa, entre los kilómetros 98 y 115. Junto con los mineros ilegales llegaron también otras plagas como las mafias del narcotráfico, la tala ilegal, el tráfico de personas y la explotación infantil.

Para extraer el oro, los mineros empezaron a usar mercurio y cianuro y maquinaria pesada. Quedó atrás el método tradicional y empezaron a arrasar con bosques y ríos.

Francisco Román, director científico del CINCIA, explicó a Mongabay que “el daño es mayor con las bombas de succión porque con ellas se lava el suelo a alta presión, hasta llegar a la capa donde se encuentra el oro. Ese medio metro a un metro que se desaparece con el lavado es donde están todos los nutrientes, donde se gesta la biodiversidad y que permitirán regenerar el suelo con mayor rapidez”.

Desde el 2010 se han realizado infructuosos operativos para detener la minería ilegal. Se destruyen dragas y maquinarias, pero luego que las cámaras de la prensa se apagan, todo vuelve a fojas cero.

El portal de periodismo de investigación Ojo Público, indicó que “entre el 2013 y 2016 se realizaron 109 acciones de interdicción (operativos) en la zona, con un presupuesto total estimado en 93 millones de soles [alrededor de US$28 millones]. Sin embargo, la minería ilegal no se detuvo. En ese mismo tiempo, la minería destruyó en Madre de Dios 30,500 hectáreas de bosques”.

César Ipenza, abogado especializado en temas ambientales y exasesor de la Alta Dirección del Ministerio del Ambiente, declaró a Ojo Público que “los operativos que solamente son para llevar fuerzas armadas y prensa para cubrir la destrucción, no funcionan”.

Aunque el precio internacional del oro ha caído desde el 2011 a un promedio de US$1,200 la onza actualmente, la actividad ilegal no ha cesado. El 20 de febrero se realizó una nueva intervención militar policial, llamada Operación Mercurio, en la zona de La Pampa, centro neurálgico de la minería ilegal en Madre de Dios, logrando desalojar a centenares de mineros.

En declaraciones a la prensa, el general Luis Vera, jefe de Medio Ambiente de la Policía Nacional, señaló que esta es una primera etapa que pretende “instalar la presencia del Estado de manera permanente", agregando que “la operación se hará por vía terrestre, vía aérea y vía fluvial hasta reforestar la zona en beneficio del país”.

La instalación de las cuatro bases militares es la segunda etapa de la Operación Mercurio. El ministro de Defensa, José Huerta, explicó a un pool de periodistas de la prensa extranjera que las bases serán de “alta movilidad, dedicadas a proteger la Amazonia, un hecho inédito a nivel local en el uso de militares en defensa de los bosques tropicales”.

“El gobierno ha tomado la decisión política de estar presente en esta región para erradicar la minería ilegal”, dijo.

La primera base se instaló en un campamento minero llamado “Alfa Balata”, donde funcionaban bares y centros de acopio de oro. El gobierno envió motocicletas, cuatrimotos y un equipo de comunicación telefónica así como de internet para que los efectivos militares y policiales estén conectados con sus centrales de Lima.

Huerta precisó que para vigilar las miles de hectáreas deforestadas por la minería ilegal en esta región se usarán drones, imágenes satelitales y una nave militar para tomar fotografías aéreas.

De acuerdo con información oficial, la Operación Mercurio, además de erradicar la minería ilegal, tiene como objetivo combatir el tráfico ilícito de drogas, trata de personas, explotación sexual infantil y evasión de impuestos, entre otros delitos conexos. Cuenta con la participación de 1,200 efectivos de 16 unidades policiales especializadas y 300 integrantes de las Fuerzas Armadas, 70 fiscales especializados en trata, crimen organizado y ambiente, personal de los ministerios de Mujer y Poblaciones Vulnerables, de Salud y de Trabajo, así como de la Superintendencia de Administración Tributaria y Aduanas (SUNAT) y del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Para el exviceministro del Ministerio del Ambiente, Hugo Cabieses, es necesario que en este operativo también tenga presencia el Ministerio de Agricultura y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), con programas agrícolas y forestales “que permitan reinsertar a todas las personas involucradas en estas actividades delictivas, y apoyar la recuperación de las zonas degradadas”.

Asimismo, agregó Cabieses, “debe estar involucrado el Programa Bosques del Ministerio del Ambiente para impulsar alternativas de manejo de bosques con los pueblos indígenas, uno de los sectores sociales más afectados por la minería ilegal”.

No obstante, dónde va el oro extraído ilegalmente es un aspecto que también debe ser abordado en este tipo de operativos.

“No sólo ir a destruir maquinaria o desalojar gente, sino también a identificar quienes son los principales comercializadores de este oro que sale por la frontera”, dijo Ipenza a Ojo Público.