Cuando supe que el gobierno filipino me había acusado de ser una "terrorista", mi reacción inmediata fue abrazar a mis nietos, temiendo por su seguridad. Entonces, comencé a hablar. Otra vez.

Soy Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Mi mandato es informar cuando las comunidades en cualquier parte del mundo se ven obligadas a trasladarse, son desarraigadas de sus tierras, sus líderes son considerados delincuentes o son asesinados. No todos quieren escucharlo, pero el mensaje debe difundirse. En Filipinas, están disparando a los mensajeros.

El país lidera a Asia en el número de asesinatos de activistas indígenas y ambientales, con 41 personas asesinadas el año pasado. El asesinato denunciado más reciente fue el del líder indígena Ricardo Mayumi; fue asesinado este mes por insistir que las comunidades indígenas vivían donde el gobierno quería colocar una represa.

Soy una de las cientos de personas en una nueva lista gubernamental de "terroristas". Esta lista, en una petición legal presentada ante una corte de Manila, incluye a muchos líderes y activistas indígenas y sus representantes legales, así como a cuatro miembros de grupos paramilitares que son buscados por el asesinato de un líder indígena en 2012.

Al mezclar a sus críticos con criminales, el gobierno busca hacernos a todos culpables por asociación y, por lo tanto, hacernos objetivos próximos de los guardias y policías deshonestos que han liderado la sangrienta guerra del presidente Rodrigo Duterte contra las drogas. Ahora, comenzó una nueva guerra con nuevos objetivos.

Esta no es la primera vez que tengo que preocuparme por la violencia patrocinada por el gobierno. Cuando era adolescente y miembro del pueblo Kankanaey Igorot, me uní al movimiento de protesta contra el proyecto de la represa Chico River, que habría inundado nuestro territorio ancestral y habría desplazado a 300,000 personas. Nuestro líder, Macliing Dulag, fue asesinado y muchos otros fueron detenidos y torturados. Pero no nos dimos por vencidos y, finalmente, el proyecto fue cancelado.

Más tarde, trabajé para establecer programas de salud para las comunidades que carecían de servicios gubernamentales básicos. La dictadura de Ferdinand Marcos vio este esfuerzo como una amenaza y en respuesta envió al ejército nacional a hacer una redada en mi casa.

He pasado mi vida defendiendo pacíficamente los derechos de mi pueblo y otros pueblos indígenas de todo el mundo. Me entristece ver que Filipinas vuelve a deslizarse hacia el fascismo que muchas otras naciones han abrazado, pero tampoco estoy dispuesto a rendirme ahora.

Mis colegas insisten en que mi nombre está en la lista en represalia por hablar sobre los atropellos a los derechos contra los pueblos indígenas en la isla de Mindanao. La ONU ha estado tratando de llamar la atención sobre esta crisis desde 2003, ya que los intereses corporativos se han confabulado con funcionarios gubernamentales para limpiar las tierras de sus habitantes, evitar el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y eliminar a los líderes más abiertos.

Sus tierras tienen un valor estimado de US$ mil millones en recursos naturales codiciados por intereses extranjeros, pero la gente local ya vive de estos recursos, de manera sostenible, sin transformar el medio ambiente. Al igual que la gran mayoría de los pueblos indígenas de todo el mundo, muchos en Mindanao no tienen títulos legales de las tierras en las que sus antepasados han vivido y protegido por generaciones. De la noche a la mañana, los gobiernos pueden declararlos ocupantes ilegales y si los bulldozers no los obligan a moverse, la fuerza letal es a menudo el siguiente paso. Los asesinos rara vez son llevados ante la justicia.

He informado sobre el impacto de estos asesinatos y la "criminalización" que a menudo los precede, a lo largo de mis viajes en nombre de la ONU, a Honduras, Brasil, México y muchos otros países. He visto las cicatrices dejadas por las balas y las tumbas de los líderes asesinados. Los asesinatos son noticia, pero detrás de estos titulares hay algo aún más insidioso: el silenciamiento de comunidades enteras.

Mi próximo informe a la ONU se centrará en el tema de la criminalización indígena. Estamos escuchando testimonios de líderes indígenas y comunitarios, funcionarios de derechos humanos y expertos académicos de más de dos docenas de países, y emitiremos un informe oficial más adelante este año.

A medida que el gobierno continúe presionando este caso, tendré que incluir mi propia experiencia, aunque palidezca en comparación con lo que otros han enfrentado. Si soy arrestada o atacada personalmente, este próximo informe de la ONU podría retrasarse, pero soy solo una de muchos mensajeros que denuncian las numerosas violaciones de los derechos humanos.

Puedes seguir disparando al mensajero, pero te quedarás sin balas antes de que nos quedemos sin mensajeros y, al final del día, se escuchará el mensaje.

- Victoria Tauli-Corpuz es Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y líder indígena del pueblo Kankanaey Igorot de la Cordillera en las Filipinas

Publicado en inglés en:

Financial Times  29/03/2018
https://www.ft.com/content/4561c904-2dfb-11e8-97ec-4bd3494d5f14