El pasado 9 de abril el Presidente Nicolás Maduro se pronunció de manera firme en contra de la criminalización de la lucha campesina y la ola de desalojos denunciada por las organizaciones de este sector. Ordenó crear una comisión especial en seno a la Asamblea Nacional Constituyente para investigar los hechos más recientes e identificar así a los responsables y a los cómplices internos a las instituciones. En su discurso, el Presidente afirmó con fuerza: “¡Ésta no es una Revolución cómplice de los terratenientes! ¡Ésta es una Revolución de los campesinos, de las campesinas, de la justicia!”.

Desde el punto de vista de las y los directamente interesadas e interesados: ¿Qué es lo que está detrás del actual repunte de la criminalización y el hostigamiento hacia el sector campesino? ¿Cuáles acciones deberían seguir al reciente pronunciamiento de Nicolás Maduro? ¿Cómo se debería concretar el respaldo de la Revolución a las organizaciones campesinas?

Las luchas campesinas, principio cardinal de la Revolución

Desde sus inicios, la Revolución Bolivariana ha hecho propia la histórica lucha del campesinado por la democratización de las tierras y los insumos y recursos para la producción agrícola. Eso quedó plasmado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 y en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, una de las 49 leyes aprobadas por vía habilitante por el Presidente Hugo Chávez en 2001, para llevar los principios constitucionales más urgentes a un marco jurídico y concreto de aplicación.

Según un censo de 1998, de las casi 30 millones de hectáreas de tierras cultivables, alrededor de 24 millones (es decir, el 60%) estaban reunidas en latifundios y eran propiedad de menos del 1% de la población. La agricultura campesina familiar y de producción en pequeña y mediana escala constituía el 75% de las granjas de producción agrícola pero estaba relegada en apenas el 6% de las tierras.

La lucha contra el latifundio, en cuanto “contrario al interés social” suscitó reacciones violentas de parte de la oligarquía terrateniente de manera inmediata [1]. Los poderosos intereses económicos de esa casta, ligados a la concentración de la propiedad de la tierra – más que a la producción agrícola, datos los reducidos aportes – están a la base de la violencia, el hostigamiento y la persecución de las comunidades campesinas protagonistas de los rescates de tierras ociosas en pro de la construcción de la soberanía y seguridad alimentaria del País. A lo largo de estos años de Revolución, han habido alrededor de 300 asesinados de campesinos a mano del sicariato, de los cuales la mayoría en los primeros años de aplicación de la Ley.

Hoy, más de 16 años después, asistimos a un repunte de la arremetida en contra del campesinado organizado. Amenazas, desalojos violentos, judicialización y criminalización de la lucha campesina se repiten como constantes de un mismo guion en diferentes estados del País. La gravedad de la situación requirió la intervención del Presidente Maduro.

Para visibilizar los diferentes factores en juego, desde Alba TV hemos recogido el análisis y los aportes de la Plataforma de Lucha Campesina, la cual integra a diferentes consejos y cooperativas campesinas y pequeños productores de diferentes estados del País [2].

1. Elaborar una política agraria acertada y coherente

A la base de la criminalización de la lucha campesina están poderosos intereses económicos ligados a la concentración de la tenencia de la tierra. Para poderse imponer actúan en diferentes niveles y, actualmente, inclusive le sacan provecho de una matriz de opinión que culpabiliza al sector campesino por las dificultades económicas que está viviendo el País. Dicha matriz de opinión toma pie inclusive en las instituciones.

A pesar de que, en la actual coyuntura económica, el 70% de los alimentos que se consumen en las casas venezolanas son producto de la agricultura campesina familiar, “se quiere culpar al campesinado de la crisis que estamos padeciendo, y ese prejuicio toma fuerza porque desde las diferentes instituciones no se cree en un modelo de producción campesino. Se justifican diciendo que el Estado dio tierra, dio créditos, y que el campesino «nunca supo producir»” nos comentan desde la Plataforma.

“Lo que habría que reconocer, en realidad, es que desde el Estado no hubo políticas acertadas que contribuyeran efectivamente al desarrollo del campo. Porque es mentira que la mayoría de las tierras estén en manos campesinas: la mayor parte de la tierra, así como la mayor parte de las maquinarias y el capital que ha existido en Revolución siempre estuvieron en mano del Estado, de empresas del Estado, que anteriormente estaban en la Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL) y que ahora están en parte en la Corporación de Desarrollo Agrícola (DelAgro) y en la empresa Agropecuaria de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (AgroFANB)”.

Si bien a través de los grandes proyectos de carácter estatal nacidos en Revolución se habían alcanzado notables logros en ámbito productivo, la guerra económica de los últimos años ha mermado sus esfuerzos y mostrado su vulnerabilidad, ya sea por ser objeto del contrabando de extracción de alimentos, por dificultades ligadas al equipamiento de las maquinarias y a la sostenibilidad tecnológica, o por errores de gestión, entre otros factores.

El discurso que indica a la agricultura campesina como responsable de la crisis, tiene implicaciones muy graves: “porque, en esa lógica, eso te lleva a decir que «los empresarios sí saben producir, y en grandes cantidades» y por lo tanto hay que hacer alianzas en ese sentido. Pero lo que hay allí es entonces una lógica perversa, que lleva a la restauración del latifundio, bajo el discurso de empresas privadas que pudieran hacer alianzas con el Estado y «poner a producir el campo». Eso significaría el desplazamiento del pequeño productor, del campesino, como se está viendo con estos intentos de desalojo. Implicaría un discurso de traición al legado campesino de Chávez, a todo lo acumulado y a todos nuestros muertos que han caído en estos años. Existe entonces el peligro de una política restauradora”.

Las prácticas de monocultivo intensivo ligadas a las grandes empresas del agronegocio, en Venezuela son ilegales. Así lo establece la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Alimentaria (2008), que reconoce por el contrario la importancia, para el País, del desarrollo de una agricultura sustentable. Sus bases: la agricultura campesina, familiar y de los pequeños productores, como indicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés), la cual evidencia la importancia crucial de la pequeña producción por el hecho de responder al triple desafío de producir más alimentos, crear más puestos de trabajo y conservar la base de recursos naturales.

Por el contrario, la mal llamada “revolución verde” del agronegocio, además de no haber solucionado su supuesto objetivo (acabar con el hambre en el mundo) ha demostrado tener considerables impactos negativos: desgasta la tierra, crea dependencia del monopolio de las grandes corporaciones mundiales para los insumos, genera desplazamiento de la población campesina y empobrecimiento cultural.

“La producción campesina, la producción familiar, en los países de Sur América produce el 80-90% de los alimentos. Grandes extensiones de agroindustria, en manos del capital extranjero o nacional, lo que producen son «commodities». Se trata de dos visiones contrapuestas” advierten desde la Plataforma

2. Garantizar la seguridad jurídica de los rescates

Según datos presentados por el mismo Presidente Maduro, las tierras rescatadas del latifundio han alcanzado las 6 millones de hectáreas. Sin embargo, “hay alrededor 6000 casos de rescates cuyo procedimiento legal se empezó pero que nunca se ha terminado de cerrar” según datos de la Plataforma de Lucha Campesina.

Por ejemplo, en el caso de la Comuna El Maizal, en Lara: “se hizo un rescate en 2008, con el mismo Presidente Hugo Chávez. Fue un rescate vistoso, incluso con la presencia del dueño. Pero ese rescate nunca se concluyó por parte del INTi en los Tribunales. Resultado de eso fue que en 2013 el TSJ ordena devolver esas tierras para el antiguo dueño. Como había un encuentro especial de Comunas, se hizo toda una protesta a nivel nacional y el Presidente Nicolás Maduro se adelantó y echó para atrás esa decisión.”

“Hay miles de casos de rescate abiertos o iniciados que nunca se terminaron o cerraron legalmente, y de ahí su vulnerabilidad. No teniendo actos conclusivos, en cualquier momento una decisión del poder judicial los puede revertir. La responsabilidad en estos casos es del INTi, quien hace todos los trámites legales de los rescates. Muchos rescates tienen denuncias de los supuestos dueños, pero el INTi nunca respondió a los llamados de los tribunales. Existe la posibilidad de perder hasta el 90% de lo rescatado” afirman.

Esto se traduce en una falta de seguridad jurídica, incluso para el proprio campesinado que recibió sus instrumentos agrarios. “Un procedimiento de rescate dura, como mínimo, de seis meses a un año. Pero lo real es que pasan más de cinco o diez años. Si en parte eso se debe a indolencia burocrática, hay que saber también que hay abogados del INTi que reciben sobornos por no hacer nada y que de esa manera se venzan los lapsos legales y se llegue a una perención administrativa. Obviamente al caducar el proceso, se anula todo instrumento entregado, sea carta agraria o adjudicación.”

“De hecho, en el Sur del Lago tenemos un caso de 300 hectáreas para las cuales el Tribunal Agrario recibió una denuncia para que anule la carta agraria que se le entregó a la comunidad campesina el año pasado. Si el Tribunal anula la Carta Agraria, las campesinas y los campesinos van para afuera. Éste es sólo un ejemplo. Y en el escenario de un cambio de gobierno, ni siquiera necesitarían decir «vamos a revertir los rescates». Simplemente se activarían estos casos, que tienen imperencia judicial, es decir que no se vencen, y las tierras regresarían a los latifundistas.”

3. Investigar y sancionar a los responsables y cómplices de hostigamiento y desalojos

A raíz del llamado del Presidente Maduro, este martes el viceministro de Tierras y presidente INTi, Luis Soteldo intervino la sede regional de esta institución en el estado Mérida, luego del sonado caso del desalojo de la finca La Magdalena, en el municipio Obispo Ramos Lora. Allí el pasado 16 de marzo habían sido arrestadas 32 personas de la comunidad campesina, acusadas de invasión a pesar de tener la autorización del INTi para el rescate de las tierras ociosas.

Soteldo destituyó a 17 funcionarios adscritos a la Oficina Regional de Tierras del estado Mérida, por estar presuntamente incursos en hechos de corrupción, y designó un nuevo director. Aún desconocemos si, además de ser destituidos, serán llevados ante la justicia, y si las destituciones guardan relación con los hostigamientos a las organizaciones campesinas o con el saboteo de los procedimientos administrativos de los rescates. En el mismo municipio, se había denunciado la connivencia de funcionarios del INTi con terratenientes, para obstaculizar el procedimiento de rescate por parte de dos consejos campesinos, de 400 hectáreas de tierras ociosas del Fundo el Carmen.

Las investigaciones tendrán que ser amplias. “En el ámbito judicial, la Defensoría Pública debe investigar a fiscales y jueces que tengan algún grado de parcialización con los terratenientes y que se están prestando para los desalojos y para meter presos a campesinas y campesinos” afirman, alegando la presencia de un tejido de corrupción. Por su parte, el Fiscal General de la República Tarek William Saab, el cual desde que asumió el cargo en agosto del año pasado está librando una gran batalla contra la corrupción, declaró que el Ministerio Público enfrentará a los terratenientes con la Ley y asumirá la Defensa de los derechos humanos de las campesinas y los campesinos que sean víctimas de estas intentonas de restauración del latifundio.

Se exige también la investigación a poderes regionales y municipales “porque sus policías también se han prestado para los desalojos.” Es el caso por ejemplo del Hato las Mercedes del municipio Pedraza (estado Barinas) donde alrededor de 450 familias que venían trabajando esas tierras desde 2011 con autorización del INTi, fueron víctimas de un violento desalojo el 7 de marzo de 2017. En otro contexto, también es el caso de la Comuna Minas de Buria, ubicada en el macizo de Nirgua (estado Yaracuy) donde 277 pequeños productores están judicializados y bajo amenaza de desalojo de las tierras en las cuales viven desde hace 50 años, acusados de ocupación ilícita aun teniendo la carta agraria del INTi. La Comuna ha denunciado reiteradamente que detrás de eso estarían en realidad intereses de explotación arenera y minera de la zona.

“Inclusive hay que investigar dentro del sector militar, porque la Guardia Nacional Bolivariana también se ha prestado para desalojar a las comunidades campesinas”. Se trae como ejemplo el caso del Hato Gavilán-La Chaqueta (estado Barinas) donde este 17 de abril, después de casi 80 días, las campesinas y campesinos pudieron regresar a las tierras de las cuales había sido desalojados violentamente. Al momento del desalojo tenían diez meses produciendo alimentos en el latifundio. “Ese hato está protegido por la GNB. ¿Qué tiene que hacer la GNB ahí? Porque hay intereses de autoría política o militar en esas tierras. De eso no se habla, pero hay que investigar, no puede haber impunidad.”

4. Combatir al paramilitarismo y sus financistas

“En muchos estados, los terratenientes nuevamente están utilizando a paramilitares y sicarios para hostigar y amenazar al campesinado, para que salga de las tierras” denuncian desde la Plataforma de Lucha Campesina. “Esa fue una modalidad que utilizaron durante los primeros cinco años de la Ley de Tierras; en esos años se dio la mayor cantidad de asesinados de campesinos”, que, recordamos, amontan a más de trescientos.

Pocos días antes del discurso del Presidente Maduro sobre la cuestión de los desalojos, por ejemplo, unas bandas armadas al servicio de terratenientes habían atacado al Consejo campesino Guasimal - Los Caribes, en la comunidad de las Bateitas, municipio Papelón del estado Portuguesa. “En el ataque quemaron una casa, un tractor y destruyeron sembradíos de los campesinos, que llevan ocho años ocupando y produciendo esas tierras”.

“El consejo campesino Guasimal Los Caribes se encuentra en un latifundio de 24.000 hectáreas, llamado Hato Garzón y denunciado como tierra ociosa ante el INTi. Las 80 familias que desde hace 8 años hacen vida en él producen maíz, frijol, caraotas, plátano y yuca, además de realizar ganadería doble propósito (carne y leche). En todo este tiempo de lucha han venido recibiendo amenazas de grupos armados al servicio de Ali Torrealba quien dice ser el dueño de las tierras ociosas” relatan.

Combatir al paramilitarismo y sus financistas, los terratenientes, es entonces otra tarea urgente para el Estado venezolano. “Debe haber una respuesta por parte de las fuerzas de seguridad pero también a nivel político y jurídico, contra los terratenientes que los financian y los cobijan. Hay que recordar también que muchos terratenientes estuvieron involucrados en las guarimbas, y han quedado impunes”.

Es el caso, por ejemplo, de Julio “César Ronco” García, en Socopó (Barinas), quien puso a disposición de los grupos violentos una retroexcavadora para atacar y demoler edificaciones públicas. Éste además habría sacado «a plomo limpio» a campesinas y campesinos del Hato EL Diamante – Cajarito, tierras de la Nación que se le habrían asignado a través de favoritismos, según denunciado por funcionarios del mismo INTi.

“La impunidad es un elemento que contribuye a que los latifundistas sigan desarrollando la práctica paramilitar y la utilización de sicarios para hostigar, amenazar, desalojar y asesinar a las comunidades campesinas. Hay una deuda histórica del Estado con el movimiento campesino, por la justicia en los casos de los centenares de campesinos asesinados por el sicariato. Se han ayudado a unas veinte o treinta familias, pero no ha habido justicia aún”.

5. Fortalecer la producción campesina

Como ya comentado, la producción campesina es lo que mayormente está alimentando a las venezolanas y los venezolanos actualmente. Sin embargo, “casi todas las políticas de insumos son destinadas a las grandes asociaciones de productores. Actualmente no hay políticas adecuadas con respecto a financiamientos e insumos para la producción a los pequeños productores y campesinos pobres.”

En primer lugar, se tendrían que revisar los costos de los insumos agrícolas, y garantizar su entrega a los productores. “El tema de los insumos agrícolas es central para la producción, y su precio se ha disparado. Por ejemplo, la urea, que es un insumo que se produce en Venezuela y que pasó de 60.000 a 500.000 bolívares. Es un golpe al productor, a la producción nacional.”

“El Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI) tiene alrededor de 12 laboratorios a nivel nacional para la producción de bioinsumos. Todos los laboratorios están parados, entonces quien quiere producir de forma agroecológica no tiene insumos” dicen.

“Ya estamos a la mitad de abril, pronto empieza el ciclo de siembra y no hay insumos. A menos que el Estado o sectores del Gobierno estén priorizando trabajar con las grandes asociaciones de productores, y no con los pequeños, que son quienes están produciendo de verdad. ¿Qué va a pasar con sus familias y con la soberanía y seguridad alimentaria de Venezuela?”

En el actual contexto de guerra económica es imprescindible fortalecer la producción. “y para eso se necesita seguridad jurídica, financiamiento oportuno y acceso a los insumos para los pequeños productores. También es prioritario el acceso al uso de maquinarias y la viabilidad agrícola”.

Un tema importante es también el de la seguridad en la producción, frente a los robos de cosechas, maquinarias e implementos que se está generalizando. “Pareciera ser que parte de la guerra contra la Revolución es destruir la poca producción que hay en el campo y que ha permitido aliviar las consecuencias de la guerra económica. Lo que estamos comiendo – la yuca, el plátano, el frijol, la caraota, el maíz, la batata, el arroz, lo están produciendo campesinas y campesinos. Pero si te roban una motobomba, no tienes para regar. Si te roban un transformador, un tractor... eso lleva a detener la producción y se profundiza la guerra económica”.

Venezuela, 20 de abril de 2018

Notas

[1] Así lo rememoró el mismo Comandante Chávez: “¿Saben ustedes lo que hicieron los representantes de la oligarquía terrateniente cuando se aprobó la ley y salió en Gaceta Oficial? Hicieron un acto público y rompieron la ley en acto público, delante de todo el país. Algún buen periodista venezolano dijo que un terrateniente que rompa la Ley de Tierras se puede comparar con un narcotraficante que rompa la Ley Antinarcóticos”. (Discurso del Foro Social Mundial de Porto Alegre, 26 de enero de 2003)

[2] La Plataforma de Lucha Campesina integra a diferentes consejos y cooperativas campesinas así como a pequeños productores y productoras de los estados: Aragua, Guárico, Cojedes, Barinas, Portuguesa, Mérida, Táchira, Trujillo, Lara, Yaracuy, Carabobo, Vargas y Zulia.

http://www.albatv.org/La-Revolucion-Bolivariana-y-la-21234.html