Este domingo 26 de agosto los colombianos estamos convocados a las urnas en una consulta popular de iniciativa ciudadana que logró el respaldo de un poco más de 4,3 millones de personas que expresaron su decisión de someter a la ciudadanía colombiana una propuesta para que se exprese en las urnas en la lucha contra la corrupción. Colombia afronta una verdadera crisis ocasionada por la corrupción que como bien lo señala una reciente investigación publicada esta semana por la Universidad Externado de Colombia, es un verdadero flagelo, que culturalmente se expresa en asumir con naturalidad el camino del atajo, de la violación de las normas tanto en la vida cotidiana como en la contratación pública. Que el 91% de los empresarios entrevistados en la investigación señalen que se debe recurrir a la corrupción para obtener la aprobación de proyectos en la contratación con el sector público nos da una idea de la magnitud que la corrupción ha alcanzado en Colombia.

Pero esta corrupción se alimenta desde el propio Estado que se ha negado a abandonar el clientelismo como la forma más común en el ejercicio de la política. No existe una verdadera carrera administrativa en donde los cargos en el Estado se provean mediante el concurso público, por el contrario, los partidos políticos se han convertido en agencias de empleo para la provisión de los empleos públicos; legalmente los parlamentarios de la coalición de Gobierno disponen en el presupuesto nacional de unas partidas presupuestales para inversión en sus regiones que no solo sirven para alimentar sus clientelas sino que se prestan para toda clase de contrataciones irregulares signadas por la corrupción, una parte de esos recursos ingresan por distintas vías a las finanzas de los propios parlamentarios con los que alimentan sus recursos para reelegirse indefinidamente en el Congreso. Éstas partidas presupuestales son asignadas por el Ejecutivo a cambio de respaldo político para la aprobación de los proyectos gubernamentales en el Congreso con lo cual no solo alimentan redes clientelares y de corrupción sino que doblegan la independencia del Congreso y lo subordinan a los intereses del Gobierno de turno. Y no son pequeños recursos. Según informe reciente de la Contraloría General de la República en los últimos 14 años, se distribuyeron por esta vía 57 billones de pesos, es decir, un promedio de 4 billones de pesos al año. Es por ello que una campaña al Senado de la República en un departamento como Córdoba puede llegar a costar unos 14 mil millones de pesos cuando los topes legales de financiamiento no sobrepasan los 900 millones de pesos.

Otra actividad en que la corrupción se ha desbordado de manera incontrolable es el de la contratación pública. En esta materia la Contraloría General de la República ha calculado que anualmente el costo de la corrupción en la contratación pública es de 50 billones de pesos, es decir, un poco más de 15 mil millones de dólares. Es decir que cerca de un quinto del presupuesto nacional se destina a pagos destinados a la corrupción.

Es esta realidad la que ha provocado una reacción ciudadana que se expresó en el apoyo masivo de los ciudadanos a la propuesta de la hoy exsenadora Claudia López y la actual Senadora Angélica Lozano del Partido Alianza Verde para convocar una consulta de iniciativa ciudadana que se realizará este domingo 26 de agosto. La indignación ciudadana también se expresó en la pasada campaña electoral. La lucha contra la corrupción fue una de las mayores demandas de los electores. Como lo señalaron en su momento las promotoras de la consulta popular el Congreso de la República se ha negado no una sino muchas veces a aprobar mecanismos legales y expeditos que permitan resultados ciertos en la lucha contra la corrupción en una coyuntura en que desparecidas las FARC el foco de la opinión pública se dirigió por fin a los problemas más acuciantes de la realidad colombiana como la corrupción, la salud, los ingresos, para mencionar los más importantes.

Pero también en la coyuntura se han conocido los hechos de corrupción propiciados en Colombia por la firma brasilera Odebrecht y judicializados por los informes de la Justicia Norteamericana, pues la justicia colombiana, ha brillado por su ausencia. A los ojos de todo el país un politiquero organismo como el Consejo Nacional Electoral, CNE, ha exonerado a las campañas electorales de su responsabilidad por haber recibido y no haberlos reportado donaciones de ésta corrupta firma. Tanto las campañas de Santos en 2010 y en el año 2014 como la campaña de Oscar Iván Zuluaga recibieron recursos de esta firma que en Colombia son ilegales pues está prohibido recibir donaciones de empresas extranjeras a las campañas electorales. Contra toda evidencia el CNE ha decidido cerrar las investigaciones arguyendo falta de pruebas contundentes. Entretanto el fiscal General Néstor Humberto Martínez quien era abogado de la firma Corficolombiana del principal grupo económico del país, AVAL, del multimillonario Luis Carlos Sarmiento Ángulo, aliado de Odebrecht en contratos multimillonarios con el Estado persigue a funcionarios intermedios sin investigar a los verdaderos y mayores responsables de los hechos de corrupción protagonizados por esta firma. Otros casos no menos aberrantes también se conocieron en esta coyuntura como los sobrecostos en la construcción de la Refinería de Cartagena, REFICAR, con unos sobrecostos de más de 4 mil millones de dólares donde apenas se han investigado a algunos mandos superiores y mandos medios exonerando a los principales responsables de semejante descalabro económico en contra de las finanzas públicas. Estos hechos y muchos otros como el robo de los recursos destinados a la alimentación de los niños en las escuelas públicas, el desfalco de los recursos de la salud, todos hechos conocidos en estos últimos años movieron a la ciudadanía a respaldar la iniciativa de la consulta popular.

Los temas de la consulta popular

Son siete las preguntas que contiene el tarjetón que se somete a los ciudadanos este 26 de agosto.

1. Reducir los salarios de los Congresistas y altos funcionarios del Estado. Actualmente los Congresistas y unos 390 altos funcionarios del Estado devengan 40 salarios mínimos mensuales lo que a todas luces es un salario demasiado elevado en el promedio de los salarios de los colombianos. La propuesta busca bajar los salarios a 25 salarios mínimos mensuales. Más que una medida efectiva contra la corrupción esta es una medida de equidad social.

2. Cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado.

En la realidad colombiana los principales delincuentes en contra de las finanzas públicas reciben penas irrisorias de cárcel, la mayoría termina en penas de casa por cárcel. Esta medida busca que la totalidad de las penas sean purgadas en cárceles públicas y prohibirles que vuelvan a contratar, con el Estado.

3. Contratación transparente obligatoria en todo el país.

Busca el establecimiento de pliegos tipo que reduzcan la manipulación de requisitos habilitantes y ponderables y la contratación a dedo con un número anormalmente bajo de proponentes, en todo tipo de contratos con recursos públicos.

4. Presupuestos públicos con participación de la ciudadanía.

Busca establecer la realización de Audiencias Públicas para que la ciudadanía y los corporados decidan el desglose y priorización del presupuesto de inversión de la Nación, los departamentos y los municipios así como la rendición de cuentas sobre su contratación y ejecución.

5. Los congresistas deben rendir cuentas de su Asistencia, Votación y Gestión.

Los Congresistas deben rendir cuentas anualmente sobre su asistencia, iniciativas presentadas, votaciones, debates, gestión de intereses particulares, o de lobbistas, proyectos, partidas e inversiones públicas que haya gestionado y cargos públicos para los que hayan presentado candidatos.

6. Hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos y extinguirles el dominio.

Busca hacer públicos las declaraciones de bienes, patrimonio, rentas, pago de impuestos y conflictos de intereses como requisito para posesionarse y ejercer el cargo para el cual fue electo.

7. No más atornillados en el poder: máximo tres períodos en Corporaciones Públicas.

Busca establecer un límite de máximo tres periodos para ser elegido y ejercer en una misma Corporación de elección popular como el Senado de la República, la Cámara de Representantes, las Asambleas Departamentales, los Concejos Municipales y las Juntas Administradoras Locales.

El reto es conseguir los votos necesarios para su aprobación

Para su convocatoria se necesitaba que el Senado de la República la aprobara, lo cual se logró el pasado martes 5 de junio con 84 votos de 100 posibles, es decir, con una amplia mayoría, lo cual se explica porque el país se encontraba en campaña para la segunda vuelta presidencial y ningún partido político quería correr con el costo de oponerse a esta iniciativa popular en la lucha contra la corrupción. Pero elegido el candidato de la derecha Iván Duque Márquez las cosas son a otro precio.

Como hemos advertido la clase política no iba a renunciar a sus privilegios y a la forma predominante de ejercicio de la política. El Centro Democrático ha asumido, como es muy propio de su actuación política signada por la mentira y el engaño a los electores, como ya sucedió en el plebiscito que buscaba la refrendación de los Acuerdos de paz el pasado 2 de octubre, el 5 de junio manifestó su respaldo y voto afirmativamente la convocatoria de la Consulta Popular. En pleno festejo el día 7 de agosto después de la posesión de Duque como presidente de la República se escucha decir a Álvaro Uribe que menos mal que Duque no se había referido al respaldo a la Consulta Anticorrupción con lo que no le quedó otra salida que confesar públicamente el día 9 de agosto que su partido no apoyaría la consulta porque prefería apoyar cuatro proyectos de ley presentados por el Gobierno de Duque que contienen cuatro de los siete temas de la consulta. Quedo así al desnudo la estrategia del uribismo de apoyar de dientes para afuera mientras que en realidad se oponen a la consulta.

El resto de partidos de la coalición de Gobierno como el Partido Conservador y el Partido Liberal en la fracción que dirige César Gaviria no han manifestado su rechazo pero no mueven un dedo para hacer campaña para que los ciudadanos/as concurran a las urnas, lo mismo pasa con los partidos Cambio Radical y Partido de la Unidad Nacional. El Gobierno de Duque que había asumido el compromiso no se ha manifestado en contra ha dicho públicamente que respalda la consulta pero sus esfuerzos no se ven en la necesaria pedagogía de masas y en el llamado a participar en ella. Así que el peso de la campaña ha corrido por parte de los partidos de la oposición que confluyeron en la segunda vuelta presidencial en favor de la campaña de la Colombia Humana de Gustavo Petro así como de los movimientos y organizaciones sociales. La pregunta es si nos alcanzará para lograr los 12.3 millones de votos que se requieren para que sea aprobada.

Todos los esfuerzos se dirigen ahora a lograr ese umbral de participación. Hay que redoblar esfuerzos en esta larga semana que resta para que los ciudadanos se movilicen. Sería una derrota muy dolorosa no lograr el umbral en un acontecimiento político de la mayor trascendencia para la lucha contra la corrupción que debe verse como un instrumento de educación ciudadana y de sensibilización en la lucha contra este flagelo que se hace con un quinto del presupuesto anual de la nación. Por eso la consulta es antes que nada un proceso de movilización social, de apropiación de la lucha contra la corrupción y de la exigencia de transparencia en la ejecución de los recursos de todos, de los recursos públicos.

Bogotá 16 de agosto de 2018.

Pedro Santana Rodríguez

Director Revista Sur