En otro acto de prepotencia imperial, Estados Unidos amenazó este lunes con arrestar y procesar a jueces y a otros funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI) si el tribunal emprende acciones por crímenes de guerra contra estadounidenses que invadieron y masacraron civiles en Afganistán.

John Bolton, asesor de Seguridad Nacional estadounidense afirmó que esa instancia "está muerta para nosotros" y la calificó de ilegítima, y acusó a la corte internacional encargada de juzgar principalmente crímenes de guerra y de lesa humanidad de ser "ineficaz, irresponsable y francamente peligrosa para Estados Unidos, Israel y otros aliados".

"Vamos a impedir a esos jueces y fiscales la entrada a EEUU. Vamos a aplicar sanciones contra sus bienes en el sistema financiero estadounidense y vamos a entablar querellas contra ellos en nuestro sistema judicial", advirtió.

Desde enero de 2009 la invasión “aliada” ha causado más de 27.000 muertos y casi 50.000 heridos entre la población civil. El reporte anual de 2017 de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, señaló que la mayoría de las 3.448 muertes y 7.015 heridos (para un total de 10.453 víctimas civiles) sólo el año pasado, fueron a causa de ataques suicidas, artefactos explosivos, combates y ataques aéreos.

La guerra contra el “terrorismo” lanzada en 2001 a raíz de los atentados del 11-S en EEUU ha dejado un total de 149.000 muertes directas en Afganistán y Paquistán, según un estudio del Instituto Watson para los Estudios Internacionales de la estadounidense Universidad de Brown, que señala que los muertos por los ataques de drones estadounidenses se sitúan en entre 1.900 y 3.800, la mayoría civiles

"Lo que sí es seguro es que los ataques de drones perturban las vidas de la gente, destruyen infraestructuras y, como resultado, contribuyen al desplazamiento, la malnutrición y la enfermedad", manifestó la directora del proyecto, Neta C. Crawford.

“El costo humano de esta horrible guerra -las muertes, la destrucción y el inmenso sufrimiento- es demasiado alto”, aseguró Tadamichi Yamamoto, el representante especial del Secretario General de la ONU en Afganistán.

Y en un tácito reconocimiento a los crímenes de guerra cometidos por soldados propios y mercenarios a su servicio y de desconocimiento a los tratados internacionales, Bolton señaló ante la organización conservadora Federalist Society, en Washington, que su gobierno hará “lo mismo con cualquier compañía o Estado que ayude a una investigación de la CPI en contra de los estadounidenses".

Para Estados Unidos cualquier iniciativa sobre las acciones de efectivos de seguridad suyos sería "una investigación completamente infundada e injustificable". Cabe recordar en noviembre de 2017, la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, anunció que pediría a los jueces la autorización para investigar crímenes de guerra cometidos en el conflicto armado afgano, principalmente por el ejército estadounidense, que encabeza, aún hoy, una coalición militar que depuso al régimen talibán en 2001.

Bolton, quien fuera embajador de Washington en la ONU durante el gobierno de George W. Bush, dijo que la principal objeción de la administración Trump es la idea de que la CPI podría tener mayor autoridad que la Constitución de Estados Unidos y su soberanía, un alegato dirigido a insuflar el supuesto “nacionalismo” de los ciudadanos, en vísperas de las elecciones parlamentarias que pueden dejar al gobierno sin mayoría legislativa.

"En cualquier momento la CPI podría anunciar la apertura de una investigación formal contra esos patriotas estadounidenses", explicó el consejero de Donald Trump, tras un mensaje amenazador a la Corte: “Utilizaremos todos los medios necesarios para proteger a nuestros conciudadanos y los de nuestros aliados, de enjuiciamientos injustos por parte de esta corte ilegítima".

La Corte Penal Internacional se rige por el Estatuto de Roma, tratado ratificado por 123 países. Su fiscal está capacitado para abrir sus propias investigaciones sin permiso de los jueces, siempre y cuando impliquen a un país miembro, en este caso, Afganistán.

Paralelamente, el gobierno de EEUU anunció el mismo día el cierre de la misión de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en Washington, al acusar a los palestinos de "no haber dado pasos para avanzar en el inicio de negociaciones directas y significativas con Israel".

El gobierno palestino replicó que se trata de una represalia a su decisión de acusar a Tel Aviv de crímenes de guerra, en particular durante la guerra de Gaza en 2014, y los vinculados a la colonización.

Ricardo Carnevali

Doctorando en Comunicación Estratégica, Investigador del Observatorio en Comunicación y Democracia, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la )