Los temores expresados por el retorno del uribismo al poder con la victoria electoral de Iván Duque se han materializado en estos casi tres meses desde que Duque asumió la presidencia de la República. Desde el mismo 7 de agosto día de su posesión quedó claro que habría dos agendas paralelas. La del Centro Democrático con el expresidente Uribe a la cabeza que no oculta sus intenciones de hacer trizas los acuerdos de paz, al tiempo que busca todo tipo de reformas para extender su poder e intentar de forma tramposa reformas legales y constitucionales que afiancen sus posibilidades de permanecer en el poder más allá del periodo presidencial de Duque que termina en el año 2022.

La otra agenda es la del Gobierno que trata de ser menos agresiva aunque también contempla mecanismos y propuestas regresivas que por supuesto no apuntan a resolver los problemas más importantes que afloraron en la pasada campaña electoral tales como el desfinanciamiento de la educación pública y sobre todo de la educación superior, la crisis profunda de un sistema de salud privatizado que privilegia los negocios y el fin de lucro por encima de la protección de la salud de millones de Colombianos, la lucha contra el flagelo de la corrupción, una reforma política que resuelva el problema del financiamiento ilegal de las campañas políticas y la infiltración de dineros del narcotráfico y de las grandes compañías multinacionales y por supuesto el cumplimiento de los Acuerdos de Paz que apenas se han desarrollado según todos los grupos de seguimiento en un 27% del total de lo acordado. Aún menos el problema de un modelo de desarrollo cuya locomotora principal  no es la productividad ni la innovación y las energías limpias sino el extractivismo y la reprimarización de la economía.

Como se había advertido en la campaña presidencial ningún cambio de fondo habría en el manejo y la orientación de la economía. Desde que Duque nombró a Alberto Carrasquilla  como ministro de hacienda que ya lo había sido durante el gobierno de Uribe (2003-2007) y se dice que quien realmente lo nombró fue el propio Uribe, se sabía que la orientación de la economía seguiría bajo la egida rígida del neoliberalismo. Más extractivismo y explotación de los recursos naturales, más impuestos a las clases medias y a los pobres mediante la extensión del Impuesto al valor agregado, IVA, incluidos los productos básicos de la canasta familiar hasta ahora excluidos del mismo, exenciones de impuestos y rebaja de las tasas impositivas a las grandes empresas y al sector financiero. De eso es de lo que trata la reforma tributaria que aún no se atreve a presentar el gobierno. Pero que sin duda lo hará en los primeros meses del próximo año.

Ahora bien en el manejo de la economía a corto plazo se mantiene la matriz que se impuso en Colombia desde el Gobierno de César Gaviria (1990-1994) contención del gasto público, sobre todo en materia social; endeudamiento externo para suplir el déficit fiscal y recortes en gastos que son muy bajos en rubros como ciencia y tecnología, sector agrario donde no hay políticas públicas de fomento o apoyo a la economía campesina. En general esa es la matriz del presupuesto que fue aprobado esta semana en las Comisiones económicas del Congreso y que irá para las plenarias en donde se aprobará sin mayores dificultades, pues, es más de lo mismo. El déficit  de 25 billones que presentó Carrasquilla será suplido con recortes en varios sectores y con la minibonanza por los altos precios del petróleo. Siempre se ha señalado que las diferencias entre el uribismo y el santismo no eran de fondo y menos en materia económica, en este aspecto con Duque las clases dominantes garantizaban la continuidad y la profundización del modelo que opera en Colombia desde los años noventa del siglo XX.

Reformas a granel para la continuidad en el poder        

El gobierno de Duque por su propia iniciativa ha presentado dos proyectos de reformas constitucionales que se encuentran en su trámite en el Congreso de la República. Una reforma política que tenía como propósito el fortalecimiento de los partidos mediante la aprobación de la lista cerrada y bloqueada que acaba con el voto preferente, es decir, con la posibilidad que los electores voten por un candidato específico en las elecciones para los cuerpos colegiados. Es el cuarto intento que se hace, los otros tres han fracasado en el Congreso que siempre se ha negado a pesar que existe un amplio consenso que el voto preferente ha debilitado a los partidos y ha encarecido las campañas políticas sobre todo las campañas al senado de la República que se elige en circunscripción nacional. Cada candidato hace su propia campaña en todo el territorio nacional que las hace sumamente costosas con los consabidos enroques con el financiamiento ilegal. Este punto de la reforma se ha aprobado en los dos primeros debates de ocho que tiene que surtir para ser aprobada.

En su paso por el Congreso la reforma como siempre sucede se fue llenando de otros contenidos. Como la propuesta inicial no tenía cambios de fondo sobre el sistema electoral profundamente cuestionado por la inoperancia del mismo, en el Congreso se adicionaron dos. El primero la reducción a tres de nueve miembros que actualmente tiene el Consejo Nacional Electoral fortaleciéndolo financieramente y con otras funciones administrativas sin tocar para nada el origen partidista de sus miembros que seguirán siendo elegidos por el Congreso de la República con un agravante al reducir su número desparecerán en su integración los representantes de los pequeños y medianos partidos que en este caso son los independientes y los partidos de oposición. Es decir una reforma antidemocrática. Para profundizar esa antidemocracia se ha aprobado elevar el umbral para acceder a los concejos municipales, a las Asambleas Departamentales y a la Cámara de representantes. Como se ha denunciado se pretende incrementar el umbral en más del 100% del que rige actualmente; con ello se pretende restringir la renovación de la política y sobre todo se busca afectar a las nuevas tendencias políticas independientes y de  oposición que vienen avanzando de manera significativa como quedó demostrado en las elecciones parlamentarias del pasado 11 de marzo. Es la reacción del viejo establecimiento político que quiere perpetuarse en el poder acudiendo a reformas legales para detener a las fuerzas del cambio. En ese empeño se conjugan los intereses del Centro Democrático y de Cambio Radical expresiones de la derecha que son las dos principales locomotoras de estos pretendidos cambios en la legislación electoral.

Lo único positivo de esta reforma además de la eliminación de las listas abiertas es la introducción en su paso por el Congreso de un Tribunal Electoral independiente como instancia judicial de primera instancia para resolver el tema de las transgresiones a la normatividad electoral que no sería nominado por los partidos sino que se conformaría de forma autónoma. La segunda instancia se mantendría en la sección quinta del Consejo de Estado. El resto de la reforma es totalmente regresiva como por ejemplo la posibilidad de que el 25% de los parlamentarios puedan escindir un partido y conformar nuevas agrupaciones políticas lo que llevaría de un tajo a la multiplicación de partidos y a la fragmentación política de dónde venimos. En el año 2002 había 72 partidos por lo cual se hizo necesaria una reforma política que estableció el umbral inicialmente del 2% y ahora del 3% para el reparto de las curules además de establecer la cifra repartidora para favorecer a los más grandes partidos en la asignación de las curules. Esto ha sido beneficioso para el sistema de partidos pues hoy solo existen 14 partidos con lo cual se ha facilitado la labor de gobierno y se han eliminado las microempresas electorales que se habían tomado la política nacional.

Otra propuesta sumamente negativa es la que permite el transfuguismo político o sea que los parlamentarios se puedan cambiar de partido sin perder su curul con lo cual se busca fortalecer al Centro Democrático que no logra consolidar una mayoría sólida en el Congreso. Si bien estos dos artículos fueron negados en la plenaria del Senado de la República ellos pueden volver a ser introducidos en los próximos debates y en ello tiene interés el Gobierno que busca resolver el problema de sus precarias mayorías en el Congreso.

La segunda reforma presentada por el Gobierno es la reforma a la justicia. También en ella se pretende fortalecer el poder del clientelismo en contra de la independencia del poder judicial y restringir el acceso a la  justicia limitando la Acción de Tutela, realmente el único mecanismo que tienen los ciudadanos en sus manos para hacer posible la satisfacción de sus derechos. Todavía es incierto el futuro de esta reforma. Pero no marcha en el camino de facilitar el acceso a la justicia y combatir la impunidad que son los dos problemas mayores del poder judicial en el país.  

Pero el proyecto que más polémica ha generado que también tiene origen en el Centro Democrático y en Cambio Radical partido del exvicepresidente Germán Vargas Lleras ahora socio incondicional del proyecto antidemocrático es el que busca prorrogar el período de los actuales alcaldes y gobernadores que terminan el 31 diciembre de 2019.

Los argumentos son realmente Baladíes. El primero es que si no hay elecciones regionales en el año 2019 el país se ahorraría 850 mil millones de pesos que valen esas elecciones regionales, unos 300 millones de dólares. El segundo que para resolver los desencuentros entre los programas de gobierno nacional y los programas de gobierno de departamentos y municipios es conveniente e importante unificar los períodos del presidente con los períodos de los alcaldes y gobernadores. El tercero es aún más superfluo y es que la ley de garantías electorales  impide que con seis meses  de antelación se puedan adelantar procesos de contratación pública y convenios interadministrativos. Que para evitar esa situación que paraliza la actividad pública se debe cambiar la Constitución para reducir el número de elecciones. Realmente nos creen tontos.    

El verdadero motivo por el que buscan aprobar este adefesio inconstitucional - la Corte Constitucional en Sentencia del año 2003 estableció que es inconstitucional que se pretenda ampliar el período de las autoridades elegidas por voto popular para un mandato especifico- es el de detener el avance de las fuerzas progresistas que ha mostrado músculo electoral en medio país tanto en las elecciones de primera vuelta como en las elecciones de segunda vuelta y en la reciente consulta popular anticorrupción. Es el miedo al cambio, el miedo a perder el poder en ciudades y departamentos importantes del país. En esa sentencia la Corte estableció que ni siquiera por el mecanismo de un referendo se podría ampliar el período de autoridades elegidas por voto popular para un período específico. Y si no lo podría hacer el pueblo en un mecanismo de participación popular como el referendo mucho menos lo podrá hacer el Congreso mediante una reforma constitucional.

Pero además la propuesta es inconveniente porque afecta uno de los pilares de la Constitución de 1991 cuál es el de la descentralización. Que se separaran las elecciones regionales de las elecciones nacionales fue una decisión ampliamente discutida en la Constituyente de 1991. Con ello se buscaba proteger y garantizar en primer lugar el pluralismo político. Evitar el predominio político de una mayoría nacional sobre el conjunto de los poderes locales, evitando así la concentración del poder en unos mismos partidos. Con ello garantizar el pluralismo político como un valor del sistema democrático. En segundo lugar la Constituyente consideró sano para la democracia que en las elecciones regionales se votara por agendas locales y regionales y que no se subsumieran los intereses de las comunidades en una agenda única nacional. La separación de las elecciones permite que los ciudadanos resuelvan frente a las alternativas diversas que se presentan para enfrentar su problemática local y regional. En tercer lugar limitar el centralismo asfixiante poniendo un fuerte contrapeso a los intereses del centro en contra de los intereses de la periferia. Esto es central pues veníamos de un centralismo centenario que sacrificó a la mayoría de los territorios del país en beneficio de lo que entonces se llamó el triángulo de oro Bogotá, Medellín y Cali en contra del resto del país. Colombia es un país de regiones y el arreglo constitucional de 1991 buscó y en buena medida lo ha logrado que haya un desarrollo más equilibrado aunque aún no es suficiente.

Finalmente se buscó mediante el pacto constituyente que los ciudadanos eligieran democráticamente a sus autoridades municipales y departamentales. Hay que recordar que en Colombia y hasta la reforma  de 1986 los alcaldes y gobernadores eran designados a dedo por el presidente de la República que nombraba a los gobernadores y al alcalde de Bogotá y los gobernadores nombraban a dedo a los alcaldes municipales. Primero la reforma constitucional de 1986 estableció la elección directa por los ciudadanos de sus alcaldes cosa que se hizo por primera vez en el siglo XX en el año de 1988 y por primera vez en el año de 1992 se eligieron los gobernadores departamentales por parte de los ciudadanos pues la constituyente de 1991 así lo estableció. Y esas reformas fueron empujadas por un vigoroso movimiento cívico que exigió esa reforma. Una propuesta como la que se presenta por pate de Cambio Radical y el Centro Democrático incrementará las tensiones regionales. Ellos quieren regresar y sueñan con volver a la Constitución de 1886.

Finalmente y sobre eso volveremos más adelante la Agenda del Uribismo quiere hacer trizas los acuerdos de paz, mientras el gobierno de Duque hace malabarismo para convencernos que honrara la palabra de cumplir con los acuerdos de Paz suscritos por el Estado con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, hoy desmovilizadas y en proceso de reinserción a la sociedad. Cuatro proyectos se han presentado con este propósito.

El primero es el que pretende reformar la Ley de Víctimas, ley 1448 de 2011, que garantiza un proceso en el cual se invirtió la carga de la prueba en favor de las victimas despojadas de sus tierras que según la Contraloría General de la República fueron de 7 millones de hectáreas entre 1986 y 2015. Este proyecto busca favorecer a los despojadores eufemísticamente llamados adquirientes o compradores de buena fe. El segundo busca crear unas salas exclusivas para los militares incursos en investigaciones por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra y que actualmente se encuentran en la Jurisdicción Especial de Paz. Allí se encuentran actualmente cerca de 2000 militares que se han sometido a esta jurisdicción. Con ello se busca la impunidad pues sería una justicia de bolsillo en que los jueces de las Salas de juzgamiento con todas las ventajas de la justicia transicional restaurativa serían nombrados por el presidente  de la República. El problema es que este proyecto no cuenta con el respaldo de los altos mandos militares y de la policía que temen que de ser aprobado y puesto en marcha acelere la intervención de la Corte Penal Internacional que ha venido documentando tanto los crímenes cometidos como los responsables.

Un tercer proyecto buscaba, pues ya fue retirado, que el Sistema Integral de Justicia para la Paz no pudiera tener acceso a los archivos de las Fuerzas Armadas para su trabajo tanto judicial como de memoria histórica.

Finalmente un cuarto proyecto busca meter presión a la Guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, al establecer que los delitos de secuestro y narcotráfico no sean como hasta hoy considerados conexos al delito político. Este proyecto no afecta a los Acuerdos ya suscritos pero pone obstáculos a mi juicio insalvables al proceso con el ELN que se encuentra congelado.

Bogotá 25 de octubre de 2018.

Pedro Santana Rodríguez

Director Revista Sur