En Guatemala la justicia para las mujeres evidencia avances, esta semana se cumplieron dos años de la histórica sentencia dictada el 26 de febrero del 2016 por el Tribunal A de Mayor Riesgo, a favor de un grupo de mujeres Maya Q’eqchi’, habitantes de la comunidad Sepur Zarco en el municipio de el Estor, departamento de Izabal, quienes durante 1982 y 1983 en pleno Conflicto Armado Interno (CAI), fueron sometidas a violencia sexual, esclavitud sexual y doméstica por parte de elementos del ejército nacional. El juicio y la condena por esclavitud sexual, dictada contra algunos de los responsables es un precedente mundial pues por primera vez, se logra juzgar y condenar a militares responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, un crimen de lesa humanidad o contra la humanidad, es todo acto tipificado como asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, privación grave de libertad, tortura violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género u otros motivos reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, la desaparición forzada o involuntaria de personas u otro acto inhumano que cause grandes sufrimientos intencionales o atenten de gravedad contra la integridad física o la salud mental, cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra población civil.

En el aludido juicio se encontró culpables al teniente coronel retirado Esteelmes Reyes Girón, ex comandante de la Base Militar de Sepur Zarco, condenado a 120 años y al ex comisionado militar Heriberto Valdez Asig, quien recibió una condena de 240 años. La citada sentencia está firme desde noviembre de 2018, cuando se notificó que se había rechazado el amparo solicitado por la defensa de uno de los sentenciados.

La sentencia también dictó las medidas de reparación para resarcir las secuelas materiales, físicas y sicológicas que provocó en las víctimas y en la población la acción de los militares asignados al destacamento de Sepur Zarco. Son el Organismo Ejecutivo y autoridades de la comunidad y otras instancias, a las que corresponde cumplir con la reparación. Estas son buenas noticias para quienes reclaman justicia, sobre todo, porque se trata de delitos de derechos humanos, que como lo he reiterado varias veces, este tipo de crímenes son imprescriptibles en el tiempo y en el espacio.

En ese sentido, la justicia en Guatemala está avanzando, una muestra es la reciente investigación divulgada por el medio Plaza Pública, indicando que hasta la fecha han sido sometidos a juicio 99 personas, todas por crímenes cometidos durante el CAI, de estas solo 52 han sido condenados. De ese total, 53 procesados fueron miembros de grupos paramilitares como las Patrullas de Autodefensa Civil PAC o ex Comisionados Militares. Hace falta mucho para investigar y aclarar los miles de abusos contra los derechos humanos, cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado contra la población civil. Las investigaciones deben continuar y someter a la justicia a quienes resulten responsables, es el mejor camino para conocer la verdad y reconstruir el tejido social que fue brutalmente desgarrado durante la aplicación de las políticas contrainsurgentes.

Otra buena noticia, congratula que la doctora Claudia Paz y Paz, asumió la Dirección del Centro para la Justicia CEJIL para Centroamérica y México. ¡Felicitaciones!

Guatemala, 01/03/2019.

Factor Méndez Doninelli

Maestro e investigador.

Consultor en Derechos Humanos y métodos alternativos de resolución de conflictos.