Este año se cumplió el octavo aniversario de la sentencia por genocidio emitida el 10 de mayo de 2013 por un tribunal guatemalteco, que en una decisión histórica condenó al general José Efraín Ríos Montt a 80 años de cárcel por los delitos de genocidio e incumplimiento de deberes de humanidad. El fallo se produjo treinta años después de cometidos los crímenes y trece años después de que los sobrevivientes y familias de las victimas denunciaran los hechos ante el Ministerio Público.

La juez Yassmín Barrios, Presidenta del Tribunal dirigió las audiencias del juicio y el día que leyó la sentencia entre el llanto de decenas de indígenas que abarrotaron la sala de juicios, la juez declaró al ex dictador Ríos Montt culpable de la matanza de 1.771 pobladores de la etnia Ixil, ocurrida entre marzo de 1982 y agosto de 1983, durante su régimen. Ese día expresó su interpretación del deber y la responsabilidad de administrar justicia, cito un fragmento: “Cumplimos con nuestro deber. Siempre he sentido alta responsabilidad por mi trabajo (…) Nos estigmatizaron, pero es una cosa sencilla: aquí había suficientes pruebas, más de 100 testigos, peritajes de alto nivel (…) y lo condenamos”. “Me ha tocado juzgar demasiados casos. Me han tratado de matar cuatro veces, he recibido muchísimas amenazas”, explicó al referirse a los juicios contra militares y narcotraficantes.[1]

Actores endógenos (internos) responsables del genocidio guatemalteco. Como todo conflicto armado en cualquier país confluyen grupos sociales aglutinados alrededor de intereses comunes con el fin de defender privilegios de clase y apoyar la represión de los regímenes dictatoriales, autoritarios y violadores de derechos humanos. Eso pasó en Guatemala. Las élites conservadoras, agro exportadores, terratenientes, ganaderos, industriales, comerciantes y el sector financiero, colaboraron estrechamente con las acciones represivas del régimen militar, sea facilitando sus naves aéreas para bombardear comunidades indígenas y campesinas o financiando parte de la represión. Además de las fuerzas represivas de la dictadura el ejército y policías, también numerosos civiles empresarios de élite son cómplices y comparten responsabilidad en el genocidio.

Actores exógenos. En el genocidio guatemalteco también hubo actores externos Gobiernos e instituciones, sobre los que pesa responsabilidad en la matanza de indígenas y su pretendido exterminio. En primer término el Gobierno estadounidense y la Agencia Central de Inteligencia que inspirados en la Doctrina de la Seguridad Nacional DSN, respaldaron a los dictadores guatemaltecos y a otros de América Latina. También son responsables los Gobiernos de Israel, Argentina, Nicaragua, Uruguay que entre 1960 y 1996 apoyaron al ejército suministrando logística, armamento, entrenamiento contrainsurgente, asesores militares y financiamiento para las campañas de tierra arrasada y violación de derechos humanos.

Conclusiones: 1. En Guatemala hubo crímenes de lesa humanidad, genocidio, desapariciones forzadas o involuntarias, ejecuciones extrajudiciales, torturas, tratos crueles e inhumanos, detenciones arbitrarias e ilegales. 2. Como país y sociedad debemos asumir las consecuencias y lecciones aprendidas de este tipo de procesos, saber y entender que juicios de esta naturaleza pueden repetirse, ya ocurrió con el caso CREOMPAZ. 3. Satisfacción por estos pasos trascendentales de la justicia y denunciar, recuperar la palabra, no permitir que la cultura del silencio, del miedo, del terror siga imponiéndose. 4. Avanzar y exigir que el sistema de justicia sea eficaz, independiente e imparcial. 5. No olvidar la memoria histórica.