La movilización indígena completa 19 días sin que se vislumbre un acuerdo dada la negativa del presidente de la República, Iván Duque Márquez, a dialogar directamente con los organizadores de esta minga indígena hasta que no se levante el bloqueo de la vía panamericana que comunica todo el suroccidente del país.    La crisis y afectación de las comunidades de los departamentos del Cauca, Huila, Putumayo y Nariño es evidente. El desabastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles se hace sentir con fuerza en toda esta región y afecta principalmente a los productores de alimentos y al pequeño comercio. Muchos de ellos se manifiestan en contra de la movilización que por otra parte cuenta con un gran respaldo ciudadano y de las organizaciones sociales que respaldan la movilización y exigen al gobierno que se siente a negociar el pliego petitorio presentado por las organizaciones indígenas al gobierno nacional desde el pasado mes de enero sin que hayan tenido una respuesta satisfactoria.

La minga social tiene dos exigencias centrales, por una parte el contenido reivindicativo que alude a tierras que las comunidades solicitan al Estado así como inversiones en materia de salud y educación. Como resultado de anteriores movilizaciones el Gobierno y el Estado se han comprometido a realizar planes cuatrienales de inversión contenidos en decretos gubernamentales que las organizaciones indígenas reclaman que se cumplan. Los indígenas han mostrado que el gobierno y en general el Estado ha incumplido con los compromisos firmados. El incumplimiento en el cuatreño anterior según el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, la principal organización indígena del país, fue de 3.5 billones de pesos. La principal reivindicación que exigen los indígenas es que se incorporen sus planes cuatrienales en el Plan Nacional de Desarrollo que actualmente discute el Congreso de la República. La respuesta del gobierno es que en el Plan de desarrollo se ha incluido en uno de sus anexos un rubro de 10 billones de pesos para inversión en las comunidades indígenas lo que apenas representa el 1% del total del presupuesto en el Plan de Desarrollo para atender a los más de 60 pueblos indígenas existentes en el país.

Pero también exigen que estos fondos sean incorporados en el Plan y no como un anexo del mismo. Exigen que la suma de recursos se incremente y que sea desagregada y se incorpore al plan plurianual de inversiones. Así mismo exigen que se contemplen recursos para la compra de tierras que sean adjudicadas a las comunidades indígenas del Cauca, principalmente a las comunidades Nasa y Misak ésta última también conocida como los Guambianos, que son las dos etnias que viven en el departamento del Cauca. Esta reivindicación cuenta con el rechazo de la oligarquía terrateniente del Cauca y de sus voceros y representantes políticos que se niegan a la venta de tierras para ampliar los resguardos indígenas. Este es quizás el principal obstáculo que no es de ahora sino que es la causa histórica que enfrenta a los indígenas con el gobierno no solo regional sino nacional.

El segundo componente del pliego petitorio se relaciona con la protección de la vida de las comunidades indígenas y de sus líderes. Este es parte del contenido del capítulo reivindicativo de cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Exigen las comunidades que se cumplan los acuerdos principalmente en el respaldo y pleno apoyo al Sistema Integral de Justicia para la Paz conformado por la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de personas desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.  También exigen que se ponga en marcha el Fondo de Tierras para la Paz que es parte de los compromisos asumidos por el Estado en las negociaciones de Paz que llevaron a la firma del Acuerdo para poner fin al conflicto del Estado con las ahora desmovilizadas guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Este fondo debería repartir 3 millones de hectáreas entre las víctimas de la confrontación y campesinos e indígenas sin tierra en los próximos 12 años. El Gobierno de Duque no ha dado ningún paso para poner en marcha esta política pese a que la Corte Constitucional declaró exequible el decreto que busca ponerlo en marcha.

Así mismo exigen el cumplimiento de las Leyes de víctimas y específicamente las disposiciones que ordenan la reparación a las víctimas del conflicto armado incluyendo la reparación colectiva a las comunidades  duramente golpeadas durante los más de cincuenta años de confrontación armada, así mismo, exigen medidas eficaces para la protección de las organizaciones indígenas y sus líderes. Los dirigentes de la Minga han señalado que 117 dirigentes indígenas han sido asesinados desde la firma de los Acuerdos de Paz en noviembre de 2016. 61 líderes indígenas han sido asesinados desde que se inició el Gobierno actual, el 7 de agosto de 2018. El departamento del Cauca, sede principal de la Minga Social, es el departamento con el mayor número de líderes asesinados.

Los riesgos de la intervención armada para desbloquear la vía       

El riesgo mayor que enfrenta la minga social hoy es la intervención represiva del Estado. Desde los gremios económicos y desde el alto gobierno se viene orquestando una intervención represiva para según sus voceros garantizar los derechos de los terceros afectados. Contra esa pretensión se han levantado las voces de los gobernadores departamentales y de las organizaciones sociales tanto de la región como del país. Incluso un grupo de más de 50 parlamentarios levantaron las sesiones del Congreso este miércoles 27 de marzo y se trasladaron a la Casa presidencial para exigir que se restablezca el diálogo y la negociación. Duque solo se reunió con tres parlamentarios a quienes reitero que mientras se mantenga el bloqueo de la vía no se trasladará al Cauca para entablar negociaciones directas. Duque exige que se levante el bloqueo de la vía panamericana para iniciar negociaciones. La Minga Social ha rechazado esta exigencia. Ahí está el obstáculo mayor.

Entretanto la minga social se fortalece con el respaldo de otras comunidades indígenas que han anunciado movilizaciones en otros departamentos del país para este próximo fin de semana. No la tiene fácil el Gobierno. El grupo de parlamentarios que se solidarizó con la protesta indígena han anunciado que no sesionarán hasta que no se establezca una mesa de negociaciones entre el alto gobierno y los voceros de la Minga Social. Entretanto avanza en el país la preparación de un paro nacional para el próximo 25 de abril que tendría como reivindicaciones centrales la exigencia del cumplimiento de los Acuerdos de Paz así como el rechazo a políticas antisociales contenidas en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo que discute actualmente el Congreso de la República.

Así pues los saboteos al cumplimiento de los acuerdos de paz se ha trasladado del escenario del Congreso y del gobierno a la calle, a la protesta ciudadana. En realidad es esa movilización la única herramienta eficaz para detener los intentos del gobierno de Duque por hacer trizas los acuerdos. De su fortaleza dependerá el futuro de los acuerdos y del país.

Bogotá, 28 de marzo de 2019.  

Pedro Santana Rodríguez

Director Revista Sur