Recientemente se dio a conocer por la firma Cifras y Conceptos los resultados de un sondeo de opinión en que nuevamente y después de un despegue en las encuestas durante los primeros meses del año el gobierno de Duque cae en niveles altos de desaprobación. Según esta encuesta la imagen negativa del gobierno es del 59% que lo desaprueba y una aprobación del 39%. El repunte de los primeros meses del año se debió principalmente, a mi juicio, al condenable atentado perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional, ELN, en el mes de enero, contra la las instalaciones de la Escuela de cadetes General Santander en Bogotá, a la promesa de que con la intervención en Venezuela estaba próximo a caer el régimen de Nicolás Maduro y a las aparentemente fluidas relaciones con el gobierno norteamericano de Donald Trump en el candente tema de las drogas.

La mano dura de Duque frente al ELN junto a los otros dos temas mencionados, hicieron crecer la imagen positiva a niveles ligeramente superiores al 50% aunque también con una desaprobación superior al 46%. Pero estos aparentes logros fueron flor de un día. Maduro sigue en el poder y el intervencionismo no ha logrado su objetivo hasta ahora. Cada vez se abre un mayor espacio a la necesidad de  apoyar salidas dialogadas entre el gobierno de Maduro y la oposición para el logro de acuerdos que logren poner en marcha una transición y una solución negociada entre los venezolanos respetando el principio de la soberanía nacional. Y los aparentemente sólidos respaldos de Trump a Duque se han diluido con las dos recientes declaraciones del presidente norteamericano en que ha señalado que “Duque no ha hecho nada por nosotros” y la más reciente en que señala que bajo el gobierno de Duque han aumentado las exportaciones de drogas ilícitas a los Estados Unidos y que Colombia junto a Honduras, El Salvador y Guatemala exportan criminales a su país. Duro golpe a Duque que proviene de su principal aliado. Así paga el diablo a quien bien le sirve dice el adagio popular. No le han bastado a Trump los buenos oficios de Duque a su estrategia de desestabilizar a Venezuela y defender los intereses norteamericanos en la región latinoamericana.

La caída reciente en los niveles de aprobación se debe también al manejo desastroso dado a la movilización social expresado en la Minga Indígena que afecto durante cerca de un mes a todo el suroccidente del país con los problemas de desabastecimiento alimentario pero también a las cifras del desempleo que superan el 12% de la población económicamente activa junto a una tasa de informalidad que se aproxima al 60%.  También influye obviamente el manejo dado al cumplimiento de los acuerdos de paz. El Instituto Kroc de Estudios Internacionales para la Paz de la Universidad de Notre Dame que oficialmente es el organismo encargado de hacer el seguimiento al cumplimiento de los Acuerdos de Paz suscritos desde el pasado mes de noviembre de 2016, publicó su más reciente informe en el que señala que el cumplimiento de los acuerdos se ha estancado durante este gobierno. El informe señala que solo se ha cumplido el 23% de los acuerdos y que el 31% de los mismos no ha comenzado o muestra muy pocos avances. Este resultado es obvio puesto que en vez de poner en marcha aspectos centrales del acuerdo como el de la reforma rural integral o los proyectos productivos para los  excombatientes, el gobierno de Duque se ha dado a la tarea de impedir su avance como queda claro con los esfuerzos que se hacen por parte del uribismo al cual se sumó Duque ahora de manera más decidida, con las objeciones presidenciales a la Ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, para que esta no avance o al poner al frente de agencias estatales claves para el avance de los acuerdos a personas enemigas del proceso de Paz como sucedió en la Agencia Nacional de Tierras, el Centro Nacional de Memoria Histórica para solo  mencionar  dos casos relevantes. Con enemigos del proceso al frente de organismos claves del Estado que tienen como función primordial poner en marcha los acuerdos no se puede esperar que estos avancen.

Con el regreso de la extrema derecha, que representa el uribismo, al poder, también regresaron las arbitrariedades, los métodos autoritarios y mafiosos que han caracterizado a este sector político en el país. El desconocimiento a la división de poderes como se ha pretendido con las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP que fueron rechazadas por la plenaria de la Cámara de Representantes este lunes 8 de abril con una votación de 110 representantes contra 44. La ponencia aprobada señala como argumento central que las objeciones no son por inconveniencia social, económica o política sino que se trata  de desconocer las decisiones de la Corte Constitucional que ya reviso la constitucionalidad del proyecto de ley que debe ser sancionada por el presidente para que entre en vigencia.

O para mencionar otro botón de la muestra, el asalto que se pretende contra las fuerzas de oposición en la Alcaldía de Santa Marta en el departamento caribeño de Magdalena. El Alcalde en ejercicio, Rafael Martínez,  ha sido cobijado con una medida de aseguramiento por presuntos malos manejos en la contratación pública de unos puestos de salud. El caso está en investigación sin garantías en la Fiscalía y tiene  claros signos de persecución política. La ley establece que cuando un alcalde es separado de sus funciones por autoridad judicial el partido al que pertenece debe enviar una terna para que en este caso, por tratarse de un Alcalde Distrital, el Presidente de la República proceda a nombrar un alcalde encargado de la terna. El movimiento Político Fuerza Ciudadana envió la terna para que de allí el presidente nombrara a un alcalde encargado mientras se resuelve el proceso judicial. El Movimiento Fuerza Ciudadana al que pertenece el exalcalde y precandidato presidencial, Carlos Caicedo, puso fin a estos poderes tradicionales y mafiosos desde hace siete años en esta ciudad.  Duque ignoró la terna y procedió a nombrar como alcalde encargado a su secretario presidencial de Transparencia, Andrés Rugeles. Rugeles es una ficha del clan tradicional y politiquero de la región ligado a la familia Cotes que con otros clanes ha dominado en alianza con fuerzas corruptas, paramilitares  y clientelistas durante decenios la vida política del departamento y de la ciudad de Santa Marta. Pero también es una ficha de la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez. Una de las primeras acciones de Rugeles fue ordenar un allanamiento a la oficina del Alcalde para sustraer información sin ninguna orden judicial. ¡Qué transparencia!. Las cámaras del noticiero de televisión Noticias Uno muestran cuando uno de los funcionarios de la Agencia Nacional de Inteligencia cubre con un trapo las cámaras de seguridad del Despacho del Alcalde, como si se tratara no de una diligencia judicial que en realidad no lo es sino de un asalto criminal e ilegal como me parece que sí es. Los métodos mafiosos de que hemos hablado que han regresado así como nuevamente los robos de información de organismos de Derechos Humanos como sucedió recientemente contra la Corporación Nuevo Arco Iris en su sede de Bogotá. Vuelven estos métodos ampliamente practicados en los largos ocho años de presidencia de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).

Pero como dijo el filósofo la historia se repite dos veces primero como tragedia y después como farsa.  Aquí estamos en la farsa.  Las fuerzas uribistas que retornaron al poder del Gobierno quieren imponer nuevamente sus métodos autoritarios y fascistoides.  Pero no se dan cuenta que la realidad ha cambiado. La guerrilla más vieja y violenta del continente se ha desarmado producto de una negociación y más de medio país, el 65% de los encuestados, según los últimos sondeos respalda este proceso. Duque no cuenta con mayorías sólidas en el Congreso. El poder judicial se ha manifestado contundentemente en defensa del proceso de paz. Es muy probable que las objeciones presidenciales también se hundan en el Senado de la Republica y hay un vigoroso movimiento social y popular que reclama espacio y se mueve en defensa de sus intereses. Estas fuerzas vienen preparando un paro  nacional en contra del proyecto de Plan Nacional de Desarrollo y en defensa de los Acuerdos de Paz para el próximo 25 de abril. Esperemos que la movilización sea amplia, sólida y pacífica. Es lo que requiere el país. Que la farsa quede al desnudo con una contundente movilización por la paz.

Bogotá 11 de abril de 2019.

Pedro Santana Rodríguez

Director Revista Sur