El programa Somos Defensores, una organización no gubernamental que hace el seguimiento a la violencia en contra de líderes sociales y Defensores de Derechos Humanos en Colombia, presentó durante la presente semana el informe correspondiente al año 2018. Según el informe durante el año 2018 fueron asesinados 155 líderes sociales y defensores de derechos humanos. Esta cifra es superior en un 46,2% a la registrada por esta misma ONG que registró para el año 2017 106 homicidios de líderes sociales. También esta cifra es superior a la suministrada por la Oficina de la Alta Comisionada para los derechos humanos en Colombia que registró para este año 113 líderes sociales asesinados.

La mayor parte de los asesinatos se presentaron en regiones en las cuales el Estado ha sido incapaz de controlar y desmantelar a actores armados que siguen actuando en estos territorios. En el departamento del Cauca que fue el escenario reciente de la movilización de la Minga Indígena es el departamento en que se presentó el mayor número de asesinatos con 28 casos seguido por el Departamento de Antioquia en que se registraron 24 asesinatos, Norte de Santander 15, Putumayo 13, Valle del Cauca 10 y Caquetá 10.

De los 155 asesinatos 63 eran líderes comunales, 24 líderes indígenas, 24 defensores de derechos comunitarios, 19 eran dirigentes campesinos, 7 dirigentes sindicales, 6 eran líderes de las comunidades afrodescendientes, 3 defensores de víctimas del conflicto armado, 3 defensores de restitución de tierras, dos líderes de organizaciones medioambientalistas y un líder de las comunidades LGTBI. Nuevamente la mayor parte de los líderes asesinados eran integrantes de las Juntas de Acción Comunal, JAC, que son organizaciones territoriales de las comunidades campesinas principalmente y de las comunidades urbanas. En el año 2017 habían sido asesinados 29 líderes comunales. El incremento de líderes comunales asesinados fue de un 117% subraya el informe.

En cuanto a los autores de los asesinatos el informe registra que en 111 casos, equivalentes al 73%, los presuntos responsables son desconocidos; 16 casos se atribuyeron a los grupos paramilitares (10%); 12 fueron atribuidos a las disidencias de las FARC (8%); 9 al ELN (5%) y 7 a la fuerza pública (4%).

El informe registra que en el año 2018 se presentaron 805 agresiones contra líderes sociales entre amenazas, atentados, desapariciones, detenciones, robos de información y asesinatos. Esto significó un crecimiento del 43,7% con respecto a las 560 agresiones registradas para el año 2017. Esto significa que cada día del año 2018 fueron agredidas 2,2 personas lo que convierte a este año como el año con el mayor número de agresiones en el país. La defensa de la tierra y el territorio, la restitución de tierras, el impulso a los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito siguen siendo las principales causas por las que se asesina a los líderes y lideresas sociales en el país. De las 805 agresiones 503 fueron amenazas, 155 asesinatos, 34 atentados, 19 judicializaciones, 6 robos de información, 4 detenciones y 4 desaparecidos. El 55% de las agresiones fueron perpetradas por grupos paramilitares, en el 33% de los casos no se ha identificado al responsable, el 5% se atribuye a las disidencias de las FARC, el 4% a la fuerza pública y el 20% al Ejército de Liberación Nacional, ELN.

El informe señala que durante los últimos meses del año ya bajo la nueva administración del presidente Iván Duque Márquez se incrementaron tanto las agresiones como el asesinato de los líderes sociales. El informe critica la nueva política puesta en marcha por el nuevo gobierno que se ha denominado Plan de Acción Oportuna, PAO. La realidad es que es un plan insuficiente pues no contempla como eje del mismo el desmantelamiento de los grupos armados en el territorio, la lucha estructural contra el crimen organizado y el mejoramiento del bienestar de las comunidades, que son las principales situaciones que alimentan el circulo de la violencia en los territorios. El enfoque del PAO es militarista, coercitivo y es nuevamente la puesta en marcha de la fracasada política de control militar del territorio que ya se puso en marcha durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) en la estrategia de las llamadas zonas de consolidación y control del territorio. Así mismo el informe señala que es un error subordinar la Comisión Nacional de Garantías salida de los acuerdos de La Habana que debería tener como función central formular y hacer seguimiento a la política pública para el desmonte del crimen organizado y hacerle seguimiento, actualmente esa Comisión ha sido subordinada al PAO y la han convertido en una instancia consultiva, sin funciones claras.

Los acuerdos de La Habana suscritos entre el Estado Colombiano y las FARC-EP contemplaban además de la Comisión Nacional de Garantías la puesta en marcha de una Unidad Especial para el desmonte del paramilitarismo dotada de autonomía, presupuesto y personal propio. El nefasto fiscal general Néstor Humberto Martínez se empeñó en subordinar dicha Unidad y batalló para restarle autonomía e independencia y apoyado por los sectores enemigos de los acuerdos de paz logró su objetivo. Esa Unidad fue subordinada a su dirección y con cerca de dos años de funcionamiento no logra ningún objetivo en cuanto a su función misional. La unidad ha sido convertida en un organismo que busca afrontar la creciente ola de asesinatos de los líderes sociales abandonando su objetivo misional que era el de poner en marcha conjuntamente con la Comisión Nacional de garantías de una política pública de desmonte de las estructuras del paramilitarismo.

La otra respuesta ineficaz dice el informe ha venido desde la Fiscalía General de la Nación, que, aunque a nivel discursivo dice haber alcanzado niveles históricos de esclarecimiento de los crímenes estos anuncios no se materializan en la práctica. La Fiscalía presenta como casos esclarecidos aquellos en los que hay cualquier tipo de avances en las investigaciones mientras que un esclarecimiento real implica que haya habido una sentencia judicial. La Fiscalía habla de niveles de esclarecimiento cercanos al 50% de los casos para el informe de Somos Defensores esos niveles no han superado el 10% de los casos.

Al preocupante incremento de asesinatos contra líderes sociales hay que sumar el asesinato y las agresiones de que han sido víctimas los excombatientes de las FARC-EP. Desde la firma de los acuerdos en noviembre 24 de 2016 han sido asesinados 129 excombatientes de las FARC-EP. Esta impresionante cifra llevó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a reclamar al Gobierno Colombiano la puesta en marcha de medidas que afronte esta dura realidad.

Como lo registra el informe que reseñamos y con lo cual estamos de acuerdo el problema radica principalmente en la ausencia de una política pública dirigida al combate y al desmonte de las estructuras armadas presentes en los territorios y principalmente en aquellos 242 municipios del país que tenían una presencia de las FARC. El Estado pese a las múltiples advertencias sobre la necesidad de copar el territorio no lo hizo. Hoy de acuerdo con una reciente investigación de Paz y Reconciliación en 100 de esos municipios se libra una guerra abierta entre los grupos paramilitares, el ELN, grupos de narcotraficantes por el control del territorio y es allí en dónde ocurrió el 56% del total de los asesinatos de líderes sociales registrado para el año 2018.

Movilización creciente en defensa de los líderes sociales

Frente a las agresiones y asesinatos de los líderes sociales la sociedad civil viene actuando. El 6 de julio del año 2018 se realizó una velatón nacional para repudiar las agresiones y el asesinato de los líderes sociales que contó con una masiva movilización exigiendo del Gobierno Nacional la puesta en marcha de una política pública de protección y defensa de los líderes sociales. Este 25 de abril se realiza una gran jornada de movilización y uno de los puntos centrales de la misma sigue siendo el reclamo por políticas eficaces para la protección de los líderes sociales, en contra del Plan Nacional de Desarrollo que presentó el Gobierno de Duque a consideración del Congreso y por la defensa de la paz y porque se avance en el cumplimiento de los Acuerdos de La Habana.

Desde el próximo domingo 28 de abril y hasta el jueves 2 de mayo cerca de 3000 líderes y lideresas sociales de todo el país pero principalmente de aquellos territorios que presentan mayores niveles de agresión contra los líderes sociales realizarán un campamento de refugio humanitario en la ciudad de Bogotá. El refugio humanitario según sus organizadores busca visibilizar la situación que afrontan los líderes sociales en aquellos territorios afectados por la violencia, busca así mismo llamar la atención de la Comunidad Internacional y busca la realización este martes 30 de abril de una Audiencia Pública en el Congreso de la República donde se debatirá la situación que afrontan los líderes en sus territorios así como presentar iniciativas de política pública para hacer frente a esta crisis.

Estas movilizaciones son importantes para exigir la adopción de medidas y de políticas públicas que protejan a los líderes sociales y para parar las agresiones contra ellos. Esta es una de las tareas más urgentes para avanzar en la construcción de la paz en Colombia.

Bogotá abril 25 de 2019.

- Pedro Santana Rodríguez, Director Revista Sur