A los innumerables obstáculos que el gobierno del presidente Iván Duque ha intentado poner en la rueda del funcionamiento de la JEP, se suman hechos cotidianos como el pronunciamiento reciente del ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien señaló que las fuerzas de seguridad del Estado no podrían obrar contra un exintegrante de las FARC, señalado de participar en el atentado en que fue asesinada la candidata a la Alcaldía de Suárez en el departamento del Cauca, por el partido liberal, Karina García junto a cinco integrantes de su campaña electoral, hechos acaecidos el lunes 9 de septiembre del presente año.

Botero a través de su cuenta de Twitter escribió que había solicitado a la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, la expulsión de Leyder Johany Noscué Bototó, conocido en las antiguas FARC, con el alias de Mayimbú, “para que (la) Fuerza Pública pueda actuar. Este criminal no puede tener ningún tipo de beneficio de la justicia, debe pagar por cada uno de los delitos que se le imputan”. Lo que se colige de esta afirmación es que las autoridades se encuentran atadas de manos por una supuesta inacción de la JEP. Afirmación que alimenta el relato uribista que la Justicia Transicional en realidad es un pacto de impunidad que además limita la acción en contra de exintegrantes de esa guerrilla que reincidan en conductas criminales. Estas afirmaciones dan pie para la campaña de desprestigio no solo contra la JEP y el sistema de integral de justicia para la paz sino contra los acuerdos de paz suscritos entre el Estado y la desmovilizada guerrilla de las FARC-EP.

A estas afirmaciones de Botero, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, señaló que “la Fuerza Pública no tiene ningunas limitación para perseguir y capturar a los comparecientes que se hayan rearmado y estén delinquiendo” después de la firma del Acuerdo. La competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz es exclusivamente sobre los delitos cometidos antes del 1 de diciembre de 2016 que estén relacionados con el conflicto armado interno. La investigación de cualquier delito cometido por un compareciente de la JEP después del 1 de diciembre es competencia de la Fiscalía General de la Nación. La investigación y persecución de aquellos comparecientes que en la actualidad estén delinquiendo tiene que ser ejercido por la Fiscalía y la fuerza pública, independientemente de que hayan concluido o no los procesos para la exclusión de estas personas de la JEP. Ese es su deber y obligación. (Declaración de la Presidenta de la JEP, Bogotá 18 de septiembre de 2019).

Con la contundente respuesta de la presidenta de la JEP a Botero no le quedó otra alternativa que tratar de enredar lo que es claro y es la incapacidad del Estado para actuar con prontitud y contundencia frente al asesinato de más de 700 líderes sociales, cerca de 150 excombatientes de las FARC también asesinados, desde la firma de los acuerdos en noviembre de 2016. Y también al asesinato de siete candidatos para las elecciones regionales de octubre próximo. Lo concreto a la fecha es que la Fuerza Pública no ha capturado a Myimbú y esto no se debe como afirmó el ministro a que la JEP no haya actuado o haya impedido las acciones de la Fuerza Pública. Así de claro.

Estos señalamientos de Botero, el ministro de la Defensa, se suman a los obstáculos que desde el gobierno se han puesto en marcha para impedir el normal funcionamiento de la JEP, como las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria que define sus alcances y procedimientos, los micos que aprobó el Congreso de la República en la Ley de procedimientos en que se intentó crear una sala y un procedimiento especial para la investigación y el juzgamiento de los militares sometidos a su jurisdicción, y los ataques de todo tipo orquestados desde el Centro Democrático como acusar a los magistrados que decidieron poner en libertad a Jesús Santrich, detenido en su momento por orden de la Fiscalía a solicitud de un juez de la Corte de New York que pedía a Santrich en extradición por un supuesto delito de narcotráfico, los magistrados han sido acusados ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, a lo cual se suman los hostigamientos y señalamientos hechos en su momento por el nefasto fiscal general, Néstor Humberto Martínez en operaciones de entrampamiento no solo en el caso de Santrich sino en el sonado caso del fiscal de la JEP, Carlos Julián Bermeo por supuestas acciones para incidir en el proceso de Santrich sin que tuviera ninguna posibilidad de influir pues no tenía ninguna relación con los magistrados que deberían decidir sobre este caso en particular.

Mientras se ataca sin miramientos y sin medir consecuencias a la JEP y al Sistema Integral de Justicia para la Paz, el gobierno obstaculiza la aplicación de los acuerdos de Paz, intenta reducir el presupuesto de todos los organismos encargados de llevar adelante los acuerdos, hostiga a diario desde el Centro Democrático a los exguerrilleros que como resultado de los Acuerdos ejercen cargos en el Congreso de la República. Todos aquellos temas que tienen que ver con la transformación de las condiciones rurales no se impulsan como el Fondo de Tierras para la paz o la formalización de la propiedad agraria que beneficiaría a campesinos que no han legalizado la propiedad de sus parcelas o no presenta los proyectos para avanzar en las reformas políticas pactadas en el Acuerdo como las 16 circunscripciones especiales de paz o las reformas al sistema político y electoral que fueron presentadas desde el mes de abril del año 2017 por parte de la Misión Electoral Especial.

Cabe toda razón a miembros de la comunidad internacional que simplemente frente a todos estos hechos han pedido en múltiples ocasiones que dejen trabajar a la Jurisdicción Especial para la Paz.

Bogotá, 19 de septiembre de 2019.

-Pedro Santana Rodríguez es director de la Revista Sur (Colombia)