El anuncio del gobierno de facto de Bolivia de desconocer el 22 de enero como día del Estado Plurinacional de Bolivia y de celebración del ascenso de Evo Morales Ayma y el Movimiento Al Socialismo (MAS) al gobierno en 2006 provocó la convocatoria de las organizaciones sociales y populares a la movilización en todas las regiones del país, la misma que fue respondida inmediatamente con la emergencia y las operaciones conjuntas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para controlar el territorio nacional, mostrando así la crisis política y social que se vive desde el golpe de estado de noviembre del pasado año.

Desde el 10 de noviembre de 2019, cuando sectores sociales medios y acomodados se movilizaron en las calles de las ciudades denunciando un fraude electoral, las fuerzas policiales se habían amotinado y las Fuerzas Armadas pidieron la renuncia al presidente, el sostén del gobierno de la autoproclamada presidenta Jeanine Añez se concentra en el gobierno de Estados Unidos, los mandos militares y policiales, algunos Comités Cívicos y su minoritario partido Movimiento Demócrata y Social (MDS) que obtuvo sólo el 4% de votos.

Después de la denuncia de fraude en las elecciones del 20 de octubre que ganó el MAS con 47% se desencadenó una campaña mediática y política contra el gobierno y confluyeron en la misma con acciones muy definidas de desestabilización los distintos partidos de oposición, los candidatos perdedores, las plataformas ciudadanas, los Comités Cívicos, el imperialismo norteamericano, las oligarquías locales y el Secretario Ejecutivo de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. Entre las acciones realizadas estuvieron la quema de oficinas electorales, de viviendas de parlamentarios y dirigentes del MAS y la violencia pública en varias poblaciones.

Ante una situación de fuerte presión y violencia, Morales tuvo que salir, junto a su vicepresidente Álvaro García, de manera apresurada y urgente de Bolivia por gestiones del presidente de México, Andrés López Obrador, y de Argentina, Alberto Fernández, que enfrentaron percances de Perú y Ecuador para el tráfico aéreo de una nave de la Fuerza Aérea Mexicana.

Masacres y pacificación

La reacción masiva y violenta de los sindicatos cocaleros del Chapare, las juntas vecinales de El Alto y los campesinos-indígenas de varias regiones del país con movilizaciones contra el golpe de estado hizo que el gobierno de Añez autorice las operaciones militares y policiales combinadas para reprimir las mismas, lo que provocó las masacres de Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba) con alrededor de 25 muertos, de los 34 que se produjeron en esos días.

Paralelamente se produjeron acciones de persecución judicial y policial a ex autoridades de gobierno lo que impulsó a que varios ministros se asilaran en la sede de la embajada de México. Esto provocó un impasse diplomático entre los gobiernos de La Paz y México debido a la negativa de dar salvoconductos a los asilados y de asediar su sede diplomática. Impasse que se amplió después al gobierno de España cuando una representante diplomática de ese país visitó a la embajadora de México en su residencia y se produjo un altercado entre policías bolivianos y agentes de seguridad españoles. El pasado 15 de enero fue detenido el ex Ministro de Gobierno Carlos Romero, quien no se había refugiado en la legación diplomática.

Asimismo, el nuevo gobierno dio un vuelco total en la política internacional al priorizar sus relaciones con Estados Unidos, reconocer como presidente de Venezuela a Juan Guaidó, incorporarse al Grupo de Lima apadrinado por Donald Trump y abandonar los proyectos de integración regional latinoamericana y caribeña de Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA), Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) y Comunidad de Estados Latino Americanos y Caribeños (CELAC).
 

La situación crítica que existía impulsó a que la Conferencia Episcopal y los representantes de la Unión Europea realizaran gestiones de mediación para frenar la violencia y buscar una salida negociada entre el nuevo gobierno y la mayoría parlamentaria del MAS.

Si bien el acuerdo parlamentario impulsado por la Iglesia Católica, la Unión Europea (UE) y una Misión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) permitió definir la convocatoria a nuevas elecciones nacionales para el 3 de mayo, las posibilidades de triunfo del MAS, de acuerdo a las encuestas, abren nuevas interrogantes sobre el futuro político del país tomando en cuenta: Primero la inconstitucional prorroga de mandato de los poderes ejecutivo y legislativo que terminaba el 22 de enero; segundo la persecución judicial, policial y de grupos violentos en contra de ex autoridades y de dirigentes sociales y políticos; tercero la división de los partidos contrarios al MAS con miras a las elecciones; y cuarto la decisión de este partido y su Jefe de Campaña, Evo Morales refugiado en Argentina, de postular al binomio Luis Arce-David Choquehuanca como candidatos.

Incertidumbre electoral

La caída de Evo Morales y el MAS, organizada bajo el mando del imperialismo, unificó a diversos actores políticos, económicos, regionales, internacionales, cívicos, policiales y militares; los mismos que ahora se encuentran divididos defendiendo sus proyectos e intereses políticos, lo cual se manifiesta actualmente en diversas candidaturas anti-MAS para las elecciones de mayo y deberán formalizar sus inscripciones el próximo 3 de febrero.

Han anunciado sus candidaturas:

Comunidad Ciudadana (CC) con Carlos Mesa, ex vicepresidente del neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada expulsado de Bolivia en octubre de 2003, quien consiguió un importante apoyo electoral el pasado octubre con el 36% y participó activamente en el golpe de estado denunciando un “gigantesco fraude electoral”. Mesa manifestó su equidistancia con la izquierda y derecha buscando ubicarse en el centro político electoral del país. El surgimiento de otras candidaturas emergentes de la crisis política de los últimos meses han reducido las chances de esta propuesta.

Aún sin una sigla determinada, aunque recibieron ofertas de varios partidos, los dirigentes cívicos de Santa Cruz, Fernando Camacho, y de Potosí, Marcos Pumari, se presentan como candidatos con una fuerza electoral considerable debido a que ambos fueron los artífices y actores fundamentales en el derrocamiento de Morales, particularmente el primero que, a la cabeza del Comité Cívico Cruceño, fue el conductor principal de las movilizaciones sociales y de las decisiones de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en el golpe de noviembre. Utilizó con gran impacto y respaldo el discurso religioso y conservador al estilo de Jair Bolsonaro en el Brasil.

El partido de gobierno actual, MDS, no ha definido su participación en las elecciones, sin embargo se estima que, teniendo un control importante del aparato del estado, su principal dirigente, el gobernador de Santa Cruz Rubén Costas, podría ser una carta importante, aunque la actual presidente Añez sería otra alternativa tomando en cuenta su aceptación en las encuestas.

Sin la fuerza y el apoyo que tienen los anteriores, han manifestado su decisión de postularse a la presidencia el ex presidente sucesor del que fuera dictador Hugo Banzer, Jorge Quiroga, aún sin partido político; Félix Patzi del Movimiento Tercer Sistema (MTS) que actualmente es gobernador del departamento de La Paz; el boliviano de origen coreano Chi Hyun Chung, quien fue postulado por la Democracia Cristiana y consiguió un sorpresivo 8% de votos en los anteriores comicios y queda pendiente la posibilidad de la candidatura del jefe de Unidad Nacional (UN), el empresario Samuel Doria Medina.

Candidatos masistas

En el caso de los candidatos del MAS: Arce, ex Ministro de Economía y Finanzas, representa la exitosa gestión económica en Bolivia en los últimos catorce años que permitió al país, a través de la nacionalización de recursos naturales y empresas estatales y de la industrialización, utilizar los excedentes económicos para reducir drásticamente la pobreza y la extrema pobreza, desarrollar una política de redistribución de la riqueza, realizar obras de infraestructura en todas las regiones del país, asegurar la energía barata a través de conexiones de gas domiciliario.

En tanto que Choquehuanca, ex Ministro de Relaciones Exteriores, es el gran artífice de la Revolución Cultural que significó el protagonismo de los pueblos indígenas en la vida pública, la inclusión social y política de los sectores discriminados y dominados históricamente, la promoción de centenares de indígenas, campesinos, mujeres populares, trabajadores y jóvenes en las instancias de gobierno nacional, departamental y municipal y el reconocimiento internacional de la diplomacia de los pueblos y el Vivir Bien o Suma Qamaña.

La fuerte tendencia ganadora del MAS, sin embargo, pondría en jaque la estrategia de la dominación geopolítica imperialista por el acercamiento político-ideológico con los gobiernos de Argentina, México, Cuba, Nicaragua y Venezuela, y podría hacer cambiar los planes del actual gobierno y de las fuerzas que lo respaldan poniendo en duda la realización de las elecciones del 3 de mayo.

Los próximos meses serán muy importantes especialmente por las acciones que podrían tomarse no solamente contra los candidatos del MAS, sino contra sus dirigentes y movimientos sociales y populares que los respaldan; así como por las respuestas que pueda generar de los mismos.

Eduardo Paz Rada

Sociólogo boliviano y docente de la UMSA. Escribe en publicaciones de Bolivia y América Latina.