A un año de haber recuperado el proceso democrático en Bolivia, el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), bajo la conducción del presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, ha conseguido superar la profunda crisis económica y enfrentar planificadamente la pandemia del COVID 19, continúa sufriendo la conspiración desestabilizadora de la oposición cívica, política y mediática conservadora y tiene desafíos importantes para profundizar el proceso revolucionario con la industrialización, la redistribución social de recursos y la aceleración de la democracia participativa de autodeterminación nacional-popular. 

El crecimiento de la economía alcanzó en los últimos doce meses más del 9%, la reducción del desempleo pasó de 10.5% el 2020 a 6.5% en 2021, la balanza comercial tuvo un superávit de 340 millones de dólares, la inflación está controlada al 3.1%, el tipo de cambio se mantiene estable en 6.96 y las actividades mineras, manufactureras, de construcciones, de servicios y comerciales tuvieron un repunte muy importante; todo esto impulsado por el papel central de las políticas de Estado y del fortalecimiento del mercado interno. 

La vacunación masiva permitió superar el 60% de la población objetivo, el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria y la seguridad médica, la provisión de medicamentos, la atención oportuna y las campañas de sanidad social han permitido reducir notablemente los niveles de enfermedad con los efectos positivos sobre las actividades económicas. 

De esta manera se revirtió el desastre producido por el Golpe de Estado de noviembre de 2019 y el Gobierno de Facto de Jeanine Añez, apoyado por el imperialismo norteamericano y los gobiernos de Jair Bolsonaro de Brasil y Mauricio Macri de Argentina, que no solamente ejecutaron las masacres de Senkata y Sacaba con más de cuarenta muertos, sino que persiguieron y detuvieron a dirigentes sociales y políticos, realizaron actos de corrupción con la fraudulenta compra de respiradores y fármacos y ejecutaron medidas neoliberales a favor de terratenientes, banqueros y grandes comerciantes.  

Los mismos dirigentes que ejecutaron el Golpe de Estado como Carlos Mesa, Fernando Camacho o Jorge Quiroga, los medios de comunicación partidarios de la oposición como UNITEL, Red UNO, CNN, El Deber o Página Siete o la jerarquía de Obispos de la Iglesia Católica nuevamente están desarrollando una campaña de desestabilización encabezados por el Comité Cívico de Santa Cruz que representa a la oligarquía del oriente boliviano y recibe el apoyo de la estructura conspirativa encabezada por Sánchez Berzaín desde Miami y los grupos paramilitares de la Juventud Cochala y la Unión Juvenil Cruceñista. 

Las movilizaciones populares y la resistencia popular al Golpe de Estado y al desgobierno de 2020, que consiguieron la realización de las elecciones de octubre del pasado año con el triunfo del MAS con el 55% de votos, constituidas por los movimientos populares, los sindicatos de la Central Obrera Boliviana (COB), el Pacto de Unidad (PU) de campesinos, indígenas, mujeres campesinas, interculturales y juntas vecinales se encuentran organizados y en emergencia frente a las campañas y acciones opositoras. 

Por su parte, la coordinación social y política del MAS con los movimientos populares, la COB y el Pacto de Unidad la realiza directamente el Jefe del MAS y ex presidente Evo Morales Ayma quien, durante su gestión gubernamental de 2006 a 2019, ganó cinco elecciones con más del 54% de votos, nacionalizó los hidrocarburos y recuperó las empresas estatales, impulsó la industrialización de los recursos naturales, redistribuyó la riqueza nacional, transformó la estructura política de Bolivia con la Asamblea Constituyente y la formación del Estado Plurinacional y proyectó al país a nivel internacional con una posición anticolonial, nacionalista y antiimperialista.