Ante la crisis ambiental global que enfrenta la humanidad, cada vez aumenta el debate entre los sectores sociales organizados, como ciudadanos panameños. Ello, debido a los impactos negativos que generan las grandes corporaciones extractivas, y el hecho de que no contribuyen a disminuir el cambio climático.

Bajo ese marco crítico, para el sector empresarial en Panamá, las consecuencias por la falta de bienes y servicios sociales se deben a una sociedad sin cultura, ni responsabilidad civil.

Pero el sector popular, rechaza ese posicionamiento cínico, carente de fundamentos para enjuiciar a miles de familias que se mantienen en una desigualdad social, sin servicios sociales como es el caso del acceso al agua potable.

Aquello es a raíz, de los comentarios realizado en un programa televisivo por la presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas APEDE, Mercedes Eleta de Brenes, quién señalo que, para disminuir el mal uso del recurso hídrico potabilizado, los panameños tendrían que asumir el aumento de la tarifa. Propuesta que se considera un mal remedio, y retórica histórica empresarial, que no representa una solución coherente a la crisis del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales IDAAN.

En Panamá, los niveles comparativos de los sectores consumistas son dispares. Aunque nuestra economía es de carácter de servicios, no hay justificación para la inversión exorbitante, para que grandes corporaciones se sostengan de las fuentes hídricas de nuestro istmo. Imaginar que esta dinámica comercial sostiene o mejora una sociedad es una falacia. Basta ver que de los 74 millones de morosidad que se le adeuda al IDAAN, 8.5 millones corresponden al sector comercial industrial, a diferencia del sector gubernamental que es de 15 millones y el resto al sector residencial.

Ante las declaraciones de Eleta de Brenes, la ciudadanía rechazó su posicionamiento. También fue muy cuestionada, como representante del Grupo Eleta, por la política de persecución y expulsión de los moradores de la Isla Pedro González para imponer una megaobra de perfil turístico, hechos que han sido denunciados por la Red de Derechos Humanos de Panamá y presentados en instancias internacionales de los DDHH.

El Comité de Moradores en Defensa de la Isla Pedro González por este medio pidió urgente solidaridad y apoyo por los daños y desalojos.

- Olmedo Carrasquilla II, ecologista.