La fuga de capitales, la evasión fiscal y el lavado de dinero están íntimamente ligados y constituyen una de las formas más usuales de drenar riqueza desde los países en desarrollo. Este tipo de operatoria criminal adquirió escala industrial hacia comienzos de los años 70´s a partir de la disponibilidad de capital para los países del Tercer Mundo, en forma de créditos a muy baja tasa de interés.

Los principios de la operatoria se mantuvieron a lo largo del tiempo hasta nuestros días: las divisas ingresadas en forma de préstamos desde los países desarrollados a los países acreedores –sean privadas a través de la venta de bonos o préstamos de organismos como el FMI y el Banco Mundial- son apropiadas por un pequeño grupo a través de instrumentos financieros para luego rápidamente, a veces en cuestión de meses o de semanas, reenviarlas al exterior sin registrar esas operaciones, evadiendo impuestos y/o aprovechándose de reglamentaciones extremadamente laxas.

Por este motivo, hay un vínculo histórico entre el dramático aumento de activos financieros no declarados en el exterior y el aumento de la deuda externa en los países en desarrollo.

Como comentó allá por la década del 80 un funcionario de la Reserva Federal de los EEUU, a propósito de este esquema de fraude: “El problema no es que los países que recibieron préstamos no tienen bienes. El problema es que esos bienes están en Miami”. En vez de haberse convertido en hospitales, escuelas u obras de infraestructura en los países de destino de los préstamos -o al menos en una herramienta para estabilizar la economía-, las divisas se transformaron en depósitos bancarios de privados o se convirtieron en yates, mansiones y autos lujosos de un selecto grupo.

La forma más extendida de fuga y evasión es la que se conduce a través de las famosas empresas off-shore. Se trata de entidades jurídicas asentadas en países con leyes muy permisivas para este tipo de actividad que reúnen ciertas características: están registradas bajo legislación local pero la propiedad final es de extranjeros, tienen pocos o ningún empleado, generan poca o ninguna producción en la economía del país donde están localizadas, poseen poca o ninguna presencia física (oficinas, establecimientos, etc.) y generalmente están asociadas a actividades de financiación o tenencia de acciones como su negocio principal. Estas entidades permiten, lisa y llanamente, borrar el origen de los fondos, evitar el pago de impuestos y redireccionar el dinero a su verdadero destino: bancos suizos, británicos y estadounidenses, o directamente activos –mansiones, yates, autos, motos, obras de arte, etc.- en diferentes partes del mundo.

Los Panama Papers se convirtieron en un caso emblemático que le dio visibilidad a un fenómeno que, como vimos, tiene muchos años. A partir de las filtraciones de documentos confidenciales de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, los argentinos y argentinas descubrimos que el ex-Presidente de la Nación Mauricio Macri y sus familiares poseían empresas off-shore, privilegio que no ostentaban en soledad:

Según esa investigación 270 firmas offshore aparecen asociadas a Argentina, mientras que más de 1200 argentinos son directivos u accionistas en paraísos fiscales. Funcionarios públicos y dirigentes del espacio político liderado por Mauricio Macri como Néstor Grindetti (Intendente de Lanús), Waldo Wolff (ex-Diputado Nacional), Gerónimo Venegas (ex Sec. Gral. de UATRE) y Claudio Avruj (ex-Secretario de Derechos Humanos de la Nación) así como los empresarios Héctor Magneto (Clarín), Amalia Lacroze de Fortabat, Gregorio Perez Companc, Carlos Blaquier, Alfredo Coto, Eduardo Eurnekian, Claudio Bellocopit y el propio Club Boca Juniors entre muchos más, aparecen como dueños de empresas off-shore en Panamá.

Sin embargo, lo que salió a la luz a partir de la filtración de los Panama Papers fue apenas una pequeña muestra. Se calcula que en el mundo existen en total 12 trillones de dólares registrados en estas cáscaras vacías que son las empresas off-shore. La mayor parte de estas entidades dedicadas a la promoción de la fuga y facilitación de la evasión fiscal se encuentran en Suiza, Holanda, Luxemburgo, Hong Kong, Bermudas, el Reino Unido y Singapur, en estos lugares están radicadas alrededor del 85% de estas entidades.   

Siendo la Argentina uno de los países que mayor deuda tomó en los últimos 40 años ¿Qué lugar ocupa en este universo de evasión fiscal, lavado de dinero y fuga? Según estimaciones del Instituto Mundial de Investigaciones para el Desarrollo de la universidad de las Naciones Unidas en Tokio –sobre datos del propio FMI- en nuestro país se evade de pagar impuestos una suma que representa el 5,1% de nuestro PBI anual, lo que significa aproximadamente  21.000 millones de dólares a valores del PBI de 2018.

Esto último ubica a la Argentina en el tercer puesto mundial de mayor evasión fiscal, junto a Comoras, Guinea, Pakistán y Zambia, y sólo por detrás de Malta, que está segundo y Guyana y Chad que se encuentran en el primer puesto, todos países de un desarrollo económico muy bajo. El altísimo nivel de evasión fiscal que se registra en la Argentina sextuplica valores de países vecinos como Uruguay y Bolivia.

La evasión está íntimamente ligada al lavado de dinero, ya que es necesario encubrir el origen de los fondos generados a partir de las actividades ilegales. En este caso, la actividad ilegal es la evasión, pero la existencia de mecanismos de lavado aceitados junto a la falta de controles estatales, pueden permitir esconder el origen del dinero proveniente de cualquier actividad ilegal: desde narcotráfico y trata de personas hasta terrorismo o desfalcos al estado.

En lo que respecta a la posibilidad de lavar dinero, la economía argentina  presenta una condición realmente preocupante, pero completamente en línea con el nivel de evasión existente: en un país con índices de evasión tan altos es esperable que el lavado de dinero no sea difícil. Argentina se ubica cuarta en el ranking de las Américas y está 22° en el ranking mundial.

Décadas de endeudamiento externo, inestabilidad económica, permisividad estatal frente a la evasión y lavado de dinero han permitido que un volumen importantísimo de divisas se haya fugado del país. Al año 2010 –se estima que luego del proceso de fuga promovido por el gobierno de Mauricio Macri las cifras sean bastante más grandes- la Argentina se encontraba octava en el ranking de economías emergentes por stock de capital fugado.

Entre 1970 y 2010 se habrían fugado de la Argentina u$s399.000 millones. Estas son cifras conservadoras dado que es muy difícil rastrear ese dinero, por lo que se especula que la fuga podría ser todavía más alta, en el orden del 35/40% más.

Clara Vázquez del Faro

Periodista e investigadora argentina. Colaboradora del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico, CLAE (www.estrategia.la)