En el contexto de la hecatombe generada por la pandemia del coronavirus y la caída del precio del petróleo, que está golpeando duramente a la población mundial y profundizando la debacle capitalista a nivel internacional, de la profunda crisis política y social en Bolivia originada en el golpe de estado y la ocupación ilegal del gobierno por grupos minoritarios de la oligarquía apoyados por el imperialismo y de la suspensión de las elecciones nacionales programadas para el 3 de mayo, la situación económica del país se dirige al abismo, después de quince años de crecimiento promedio del PIB de 4.5%.

Los esfuerzos del gobierno de la autoproclamada presidenta Jeanine Añez por desmontar el capitalismo de Estado, las empresas estatales, la fortaleza del mercado interno, los procesos de industrialización, la defensa del consumidor interno, el control social de la democracia participativa y la protección a los productores endógenos, desde el 11 de noviembre pasado, se están convirtiendo en la invitación directa a que nuevamente el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) definan las políticas económicas que, como en el pasado, impulse la economía boliviana al abismo bajo la consigna de “libertad de mercado”.

Si bien serán muy fuertes los efectos de la reducción de la demanda y de los precios de las materias primas bolivianas, como el gas, los minerales o la soya, provocados por el letal virus mundial y la caída de los precios de los hidrocarburos, la garantía de enfrentarlos se encuentra precisamente en las bases construidas por el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), en sus catorce años de gobierno, sobre la base del modelo mixto económico, social, comunitario y productivo. Este modelo determina la prioridad y el impulso de las economías estatal, comunitaria, campesina y autogestionaria que, en las actuales y próximas condiciones internacionales, permitiría enfrentar internamente y con mayores fortalezas la crisis mundial y los efectos sociales y económicos del coronavirus. 

Ante la inminente masificación de infectados con el virus en las próximas semanas, los  directores del complejo hospitalario más importante de Bolivia -el Hospital de Clínicas de La Paz- y médicos, paramédicos y personal administrativo del sector salud del país han manifestado su mayor preocupación por la falta de los insumos mínimos de uso inmediato para enfrentar el coronavirus COVID 19, como ser barbijos, guantes, anteojos, equipos personales de bioseguridad desechables e instrumentos de diagnóstico que son imprescindibles en este momento.

El gobierno, los grandes medios de comunicación (CNN, Pagina 7, UNITEL, Panamericana, Fides, El Deber, Canal 7, entre otros) y el uso de rumores y mentiras en las redes virtuales pretenden responsabilizar el gobierno de Evo Morales Ayma de la situación actual de la salud, sin tomar en cuenta las inversiones millonarias en infraestructura hospitalaria en todas las regiones del país en los años anteriores y la responsabilidad inmediata de la actual gestión en la dotación de insumos, medios de atención y fármacos imprescindibles. 

Las acciones del gobierno, al margen de las instructivas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) puestas en práctica, se orientan fundamentalmente a la represión, la mano dura y la violencia a cago de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para “hacer cumplir las instrucciones de la presidenta”, sin tomar en cuenta la situación de más del 60% de la población que se dedica a la economía informal, a la producción campesina, al comercio minorista y al cuentapropismo y que no tiene los medios necesarios para la sobrevivencia si se la somete a una larga cuarentena sin brindarle soluciones alternativas.

A tiempo de declarar la cuarentena general hasta el 4 de abril, el gobierno ha establecido la suspensión de pagos de créditos e intereses a los bancos y del pago de alquileres, así como la entrega de un bono extraordinario de 500 bolivianos (algo más de 71 dólares) por cada hijo estudiante y una canasta familiar con el objetivo de que las familias necesitadas puedan cubrir gastos emergentes de la situación de cuarentena y aislamiento social determinado por el gobierno, sin embargo importantes sectores de la ciudad de El Alto han continuado realizando sus actividades productivas y comerciales.

Los voceros del gobierno de facto han señalado que la responsabilidad de la situación de la salud recae en el anterior gobierno, el de Evo Morales Ayma, sin tomar en cuenta que en ese gobierno se construyeron hospitales y centros de salud en todo el territorio nacional, se duplicó el número de médicos, paramédicos, enfermeras y personal de salud, se triplicó el número de ambulancias, se creó el Sistema Universal de Salud (SUS), se redujeron las tasas de morbilidad y mortalidad infantil y materno infantil, se redujo la pobreza del 60% al 35% y la extrema pobreza de 38% a 17%, se incrementaron los salarios y el salario mínimo básico en particular y se puso tope a los salarios máximos, se distribuyeron bonos a los ancianos, mujeres embarazadas y estudiantes de todo el país en el marco de la redistribución de la riqueza, se instalaron redes domiciliarias de gas barato, se construyeron viviendas sociales y se implementaron planes de riego y agua potable en la regiones más necesitadas.

Ahora en el aspecto político-electoral, el Tribunal Supremo Electoral, en consulta con los partidos políticos, ha determinado suspender todas las actividades electorales mientras dure la cuarentena, lo cual significa que los comicios no se realizarán el 3 de mayo próximo como estaba previsto, en tanto los candidatos del MAS, Luis Arce y David Choquehuanca, han manifestado su desacuerdo con la determinación. De acuerdo con todas las encuestas conocidas hasta la fecha, los candidatos del MAS podrían ganar las elecciones en la primera vuelta puesto que tienen una preferencia entre el 33% y el 38% mientras que Carlos Mesa y Gustavo Pedraza de Comunidad Ciudadana (CC) y Jeanine Añez y Samuel Doria de JUNTOS se disputan el segundo lugar con menos del 22% cada uno.

El sistema electoral boliviano determina que, si un candidato consigue una preferencia de 40% o más y una diferencia de 10% gana las elecciones en una primera vuelta, si esto no ocurre se produce una segunda vuelta entre las dos candidaturas más votadas.

Este panorama político, sin embargo, está oscurecido tanto por los rumores de un segundo golpe de estado para prorrogar al actual gobierno o, en su caso, con otros actores civiles y militares, de acuerdo con los cálculos del imperialismo, y por la fuerte resistencia y movilización popular organizadas por los movimientos sociales, lo cual podría generar un nuevo escenario histórico en el país.

Eduardo Paz Rada

Sociólogo boliviano y docente de la UMSA. Escribe en publicaciones de Bolivia y América Latina.