Ante el actual escenario de pandemia y crisis, es aún más necesaria la adopción de políticas públicas de control a los flujos ilícitos y de promoción a la producción local, de reactivación de la capacidad instalada, de sustitución de importaciones y retomada del poder de compra de los salarios. El financiamiento de esas y otras medidas está al alcance de la mano: tasar a grandes fortunas y frenar el drenaje de dinero hacia fuera del país.

Esas son algunas de las conclusiones de la VIII reunión online del Observatorio de Integración Económica Suramericana (OBIESUR), realizada el martes 19 de mayo, con una presentación de la economista ecuatoriana Katiuska King. El encuentro ocurrió en marco de la Cátedra Banco del Alba Brasil, amplia agenda ejecutada desde marzo entre la institución financiera y la universidad brasileña de Integración Latinoamericana (UNILA).

Katiuska King es docente de la Universidad Central del Ecuador (UCE) y tiene destacada trayectoria profesional y académica. Fue ministra coordinadora de la Política Económica de Ecuador, subsecretaria nacional de Planificación y Desarrollo y coordinadora del Centro de Investigaciones Económicas y de la Pequeña y Mediana Empresa de FLACSO.

La exposición, que contó con la presencia virtual de investigadores de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, abordó los “Flujos financieros ilícitos en América Latina”, tema que despertó bastante interés, por ser un asunto todavía poco estudiado.

Los flujos ilícitos son recursos obtenidos ilegalmente y, por motivos obvios, de difícil identificación y estimación. En los últimos años el asunto fue ganando relevancia y estudiosos han tratado de crear metodologías para cuantificar esa salida de capitales de los países latinoamericanos. Son materializados en riquezas ocultas, ganancias fraudulentas o simulaciones de crédito, por ejemplo. Según la expositora, los principales agentes son las empresas multinacionales, los ciudadanos de elevado patrimonio y las personas involucradas en actividades ilegales.

Además, se consideran como parte de los flujos ilícitos los movimientos de capital derivados de sobornos, coimas, financiamiento de campañas electorales y resultantes de desvío de dinero, como relaciones público-privadas irregulares. Obviamente, también se incluyen aquellos montos derivados de actividades claramente ilegales, como la trata de personas y los tráficos de armas, drogas y órganos, así como el lavado de activos.

Un momento fundamental en las investigaciones sobre los flujos financieros ilícitos fue la Tercera Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo, realizada en 2015, en Adís Abeba, capital de Etiopía. Desde aquel encuentro, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que en la ocasión cumplió 70 años, aprobó los denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En la propuesta número 16.4 se planteó reducir de manera significativa los flujos financieros y de armas ilegales, buscando la recuperación y devolución de los recursos robados, además del combate a todas las formas de crimen organizado.

Con la divulgación de los llamados Panamá Papers, en 2016, el tema ganó todavía más relevancia en la agenda multilateral. En la ocasión, hubo gran fuga de informaciones sensibles, como documentos confidenciales sobre ganancias y evasión tributaria de empresas, trampas mil millonarias de líderes políticos y de personalidades mundiales. Las investigaciones ganaron aliento al acceder a gran cantidad de detalles sobre empresas, dueños del capital, ventas e impuestos no pagados.

Pese a las expectativas, el Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, publicado por la ONU, en 2019, hace pocos meses, revela que, en ese aspecto, hubo pocos avances. Uno de los obstáculos para hacer el seguimiento de los flujos financieros son los llamados paraísos fiscales (centros financieros offshore) y las denominadas Entidades de Propósito Especial (Special Purpose Entities -SPE), que pueden ser establecidas en algunos países, como Austria, Dinamarca, Holanda, Hungría, Luxemburgo y Portugal. Muchas empresas recurren a dichos mecanismos como forma de obtener ventajas y esconder sus capitales.

Históricamente los flujos financieros ilícitos en América Latina se dieron por medio del comercio intra-firma y de la manipulación de precios de compra-venta. Es famoso el ejemplo de una sucursal establecida en un país periférico, que importa tornillos con sobreprecio de la sede de la empresa establecida en el centro. Eso es, en última instancia, envío fraudulento de recursos hacia el exterior.

Pese a los avances económicos, políticos y sociales alcanzados en América Latina durante los años 2000, incluso como fruto del superciclo de las commodities, la mayoría de los gobiernos progresistas continuó favoreciendo Inversiones Extranjeras Directas (IED), con ingresos de capital que estimularon la sustitución de producción nacional por bienes importados, consolidaron la exportación de insumos o productos de bajo valor agregado e impulsaron el aumento acelerado de las remesas de lucros al exterior. Por lo cual el impacto de estas inversiones ha sido limitado sobre el desarrollo científico-tecnológico, la generación de empleos y la recaudación tributaria.

Al mismo tiempo, es importante notar que las IED están estrechamente relacionadas con los flujos financieros ilícitos. Muchas multinacionales ejercen muchas prácticas de evasión, desde el comercio intra-firma con manipulación de precios hasta el recibimiento de incentivos fiscales y atractivos, que al fin representan elevados gastos tributarios para los Estados nacionales.

La docente ecuatoriana resaltó que el grupo Global Financial Integrity (GFI), con sede en Estados Unidos, elabora análisis anuales sobre flujos financieros ilícitos y asesora a gobiernos. La institución, creada en 2006, se presenta como referencia mundial en el combate al crimen financiero, sobre todo relacionado con flujos comerciales ilícitos. Según el trabajo “Flujos financieros ilícitos relacionados con el comercio en 135 países en desarrollo: 2008-2017”, publicado en marzo de 2020, los análisis están basados en facturaciones erradas, lo que se denomina fraude comercial.

El referido estudio concluye que la brecha del valor en el comercio entre 135 países en desarrollo y 36 economías avanzadas durante los diez años considerados asciende a impresionantes US$ 8,7 millones de millones (billones de dólares). Solamente en 2017, último dato disponible, el monto habría llegado a US$ 817,6 mil millones. En América Latina, el informe del GFI llama la atención para los casos de México y Paraguay, como países con mayor nivel de fraude comercial.

La docente ecuatoriana hizo referencia a diferentes autores y metodologías, informando que pese a las grandes dificultades de alcanzar montos definitivos, existen algunas estimaciones específicas para los casos de las transacciones internacionales de soja, banana y productos de la minería.

Por fin, fueron abordados los llamados Tratados Bilaterales de Inversión (TBI). Como se sabe, dichos mecanismos tienen la supuesta finalidad de proporcionar un ambiente seguro para los inversionistas. Sin embargo, en la práctica, los TBI fortalecen el peso de los inversores y debilitan el de los Estados cuando hay necesidad de solución de controversias. La nueva ola de gobiernos liberales en América Latina viene rescatando ese asunto, cada vez más asociado al planteamiento de Tratados de Libre Comercio (TLC).

Es evidente que el escenario de pandemia y crisis exige creciente intervención del Estado. El financiamiento de la reactivación está al alcance de la mano: tasar a grandes fortunas y frenar el drenaje de dinero hacia fuera del país. La gravísima crisis hace viable la adopción de políticas extremadas, radicales, menos aceptables en momentos de normalidad. Los esfuerzos ganarían todavía más impulso si se considera la acción coordinada, conjunta, por medio de instituciones y mecanismos de Integración Regional.

- Luciano Wexell Severo es docente de UNILA, coordinador del OBIESUR y editor de la revista La Espada. luciano.severo@unila.edu.br